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Sentencia A.P. Madrid 249/2010 de 18 de mayo


 RESUMEN:

Contrato de obras: Reclamación de cantidad por defectuoso cumplimiento. Nulidad de actuaciones: Admisión de prueba documental. No consta indefensión ni infracción procesal. Prueba: Error en la valoración de la prueba. Cantidades indemnizables. Responsabilidades: Reclamación contractual entre dos agentes de la construcción. No responsabilidad del arquitecto técnico por falta de vigilancia y control.

MADRID

SENTENCIA: 00249/2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 241 /2010

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 957 /2007

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 40 de MADRID

PONENTE: ILMA. SRA. D.ª GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ

APELANTE: Casiano, ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

PROCURADOR: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, GLORIA MESSA TEICHMAN

APELADO: Daniel, Ernesto, V.B. LANDTRADE S.L.

PROCURADOR: JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ, JOSE PEDRO VILA RODRIGUEZ, ANTONIO ALBADALEJO MARTINEZ

En MADRID, a dieciocho de mayo de dos mil diez.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

ILMA. SRA. D.ª GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ

ILMO. SR. D. LORENZO PÉREZ SAN FRANCISCO

ILMO. SR. D. PEDRO POZUELO PÉREZ

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre negligente cumplimiento contractual y reclamación daños en edificación, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 40 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante demandada ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. representada por la Procuradora Messa Teichman y como apelante demandado incomparecido D. Casiano y de otra, como apelada demandante V.B. LANDTRADE S.L. representada por el Procurador Sr. Albaladejo Martínez y como apelados demandados D. Ernesto y D. Daniel representados por el Procurador Sr. Vila Rodríguez, seguidos por el trámite de Juicio Ordinario.

Visto, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 40 de Madrid, en fecha 29 de abril de 2009, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por V.B. Landtrade S.L. representada en juicio por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Alvadalejo Martínez, contra Acciona Infraestructuras S.A., representada en juicio por la Procuradora de los Tribunales Doña Gloria Messa Teichman, debo condenar y condeno a dicha mercantil demandada a pagar a la actora la cantidad de 256.278,62 euros, más los intereses legales devengados por dicha cuantía desde la fecha de interposición de la demanda, sin realizar expresa condena en las costas causadas en la presente instancia.

Procede reconocer a V.B. Landtrade el derecho a compensar el importe de la factura pendiente de pago a la demandada, n.º A4034/27 de fecha 29 de junio de 2006, por importe ascendente a 27.435,30 euros, del importe de la indemnización que se le reconoce.

Se imponen a la demandada Acciona Infraestructuras S.A. las costas derivadas de la intervención en la presente causa de Don Ernesto y Don Daniel.

No se realiza expresa condena de las costas generadas por intervención de Don Casiano ".

Segundo.-Por la parte demandada se interpuso recurso de apelación contra la meritada sentencia, admitiéndose a trámite y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los autos a esta Audiencia.

Tercero.-Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 11 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución objeto de recurso, en tanto no se opongan a los que siguen.

Segundo.-Alega la parte apelante ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, como motivos en los que funda su recurso, en primer lugar la infracción de los artículos 426, 412, 265, 269 y 270 de la LEC, en tanto en la primera parte de la audiencia previa, la actora introdujo al amparo del artículo 426.4 y 426.5 de la LEC, un hecho complementario para cuyo soporte aportaba una serie de facturas justificativas de la realización de las obras de reparación por las cuales en la demanda se reclamaba un presupuesto de reparación. En la demanda iniciadora de estos autos se reclamaba por VB LANTRADE la cantidad de 404.345,67 euros que es la cantidad presupuestada por los peritos de la actora Sres. Jose Luis. Pues bien, si lo que se reclamaba en la demanda era un presupuesto de reparación de las deficiencias constructivas mal se entiende que la actora aportara en el acto de la audiencia previa facturas acreditativas de las reparaciones efectuadas. Así, partiendo de que la demanda rectora de este litigio fue presentada el día 26 de Junio de 2007, se encuentra que las fechas de las facturas, o de la mayoría de ellas, son anteriores a la demanda. En el acto de la audiencia previa, la actora trató de variar el Suplico de la demanda pretendiendo que la cuantía reclamada quedará fijada en la cantidad de la suma de las facturas ascendente ala cantidad de 459.290,60 euros, en vez de los 404.345,67 euros, del presupuesto de los Sres. Jose Luis. Esa variación del suplico, no fue admitida por el Juzgador de Instancia pero lo cierto es que admitió tanto las facturas, como el hecho que ellas sustentaban, cual es la reparación de las deficiencias, proceder este, que estima infringe lo dispuesto en el artículo 269 de la LEC. El Juzgador, para fijar el monto indemnizatorio parte de la cifra de 459.290 euros, suma de los importes de las facturas, en vez de la efectivamente reclamada, que se basaba en el informe de Sres. Jose Luis. Por ello, se solicita al amparo del artículo 225.3 de la LEC, la nulidad de actuaciones al haberse prescindido de las normas procedimentales tanto en lo que afecta a la admisión de un hecho nuevo, como por la infracción de los preceptos reguladores de la aportación de documentos en momentos no iniciales, cuestión que causa indefensión a esta parte. En segundo lugar alega, el error en la valoración de la prueba en relación a la vulneración del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 118 de la Constitución y la concurrencia de mala fe en la parte actora. Y ello dado, que desde el día 25 de Junio de 2007 al 14 de Febrero de 2008, VB LANTRADE no debía ejecutar ninguna obra. El hecho de que el jefe de obra pudiera comprobar los daños no significa que ACCIONA no quisiera o no tuviera derecho a contar con un informe pericial que se vio abocado a solicitarlo a través de un expediente de prueba anticipada, precisamente porque VB LANTRADE no permitió la entrada a un perito de parte. Añade, que a tenor de las fechas de las facturas la mayor parte de las reparaciones fueron ejecutadas con anterioridad a la presentación de la demanda. Por esto, estima que el monto indemnizatorio habría de fijarse en el importe establecido por el perito D. Victor Manuel que fue el perito judicial insaculado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Madrid. Para el caso de que la Sala no estimara dicho importe, entiende que debería minorarse el establecido, aparte de en la factura de GERENCY MANAGMENT por importe de 103.821 euros, porque como dice la Sentencia esta factura no obedeció a reparaciones por defectos, en la cantidad que suponga la suma de todas las facturas comprendidas entre la fecha de notificación del requerimiento de no hacer y el levantamiento del mismo, por un importe de 169.483,47 euros. Del mismo modo se incurriría en error en la valoración de la prueba, ya que el Juzgador no ha tenido a bien examinar si existe correspondencia entre las facturas y el peritaje, porque en muchos casos esa correspondencia no existe. También concurriría error en la valoración de la prueba acerca de los gastos de proyecto y dirección de obra, puesto que el Juzgador de Instancia se comprueba en el Fallo, que no ha procedido a la reducción de la condena en el citado importe de 19.359,92 euros. Incurriéndose en incongruencia desde el momento en que acudiendo a la demanda, se comprueba como por propia voluntad de la actora, no se incluyó en la reclamación ningún aspecto relativo ala vivienda n.º 14, que de hecho no fue peritada por los Sres. Jose Luis. El Juzgado como ha condenado con base en las facturas aportadas en el Acto de la Audiencia Previa, no se ha percatado que en las mismas aparecen conceptos facturados relativos a la vivienda n.º 14 que había quedado fuera del presupuesto de los Sres. Jose Luis y por tanto fuera de la condena que se interesaba, lo que ha propiciado dar más de lo pedido incurriendo así la Sentencia en el vicio de incongruencia, especificando que según las facturas presentadas la cantidad que habría de detraerse por este concepto, sería la de 26.502,95 euros.

Y acaba solicitando la revocación de la resolución de Instancia para que en su lugar se dicte otra en la que: A) Se acuerde la nulidad de actuaciones mandando reponer las mismas al acto inmediatamente anterior a la celebración de la Audiencia Previa. B) En caso de que no acceda a la petición anterior, se absuelva a esta parte por la mala fe de la actora. C) Subsidiariamente acuerde fijar el monto indemnizatorio en la cuantía establecida por el perito insaculado por el Juzgado de Primer Instancia n.º 16 D. Victor Manuel. D) Subsidiariamente acuerde aminorar el monto indemnizatorio en la cantidad de 169.483,47 euros más la cantidad correspondiente a la suma de los trabajos facturados que no tengan relación con el informe de Sres. Jose Luis, minorando igualmente la cantidad de 19.359,92 euros y las cantidades facturadas por la vivienda n.º 14 ascendente a 26.502,95 euros IVA ya incluido.

Tercero.-Por la parte recurrente D. Casiano se alegaron como motivos de su recurso, que se esta en presencia de una reclamación de tipo contractual entre dos agentes de la construcción, sin que se haya iniciado el computo de los plazos de responsabilidad y garantía previstos en la LOE. No cabe desconocer que el conflicto en este litigio esta planteado entre la entidad promotora y la entidad constructora, o sea figuras que, lejos de ser "usuarios" en la LOE, vienen definidos en los artículos 9 y 11 respectivamente como "agentes" de la edificación, luego aquí no se debate su responsabilidad individual, común o solidaria frente a un tercero, sino simplemente el cumplimiento de los compromisos o prestaciones contractuales de un contrato, en el más estricto ámbito interno de dos agentes constructivos. Además, y sobre la cuestión de falta de legitimación pasiva, alega, que parece que en la Sentencia de instancia se realiza una equiparación de las funciones de esta parte, en la obra, idénticas a la de la constructora, cuando a tenor de la vigente Ley de Ordenación de la Edificación, se individualizan y delimitan las funciones de cada uno de los agentes del proceso constructivo, así como su régimen de responsabilidades en función del daño de que se trate. Y estima que a tenor de la prueba realizada a instancia de esta parte, no se podría inferir un incumplimiento de las funciones de esta parte en la obra, para entender respecto a los defectos constructivos surgidos en revestimientos de fechada y cubierta que existía incumplimiento de esta parte en sus obligaciones en la obra. No habiéndose justificado una hipotética falta de vigilancia y control de la obra por esta parte. Y acaba solicitando la revocación de la resolución de instancia para que en su lugar se declare la nulidad de la Sentencia de Instancia o subsidiariamente en el caso de entrar en el fondo del asunto, se revoque la Sentencia en el sentido de declarar que no existe infracción por esta parte de sus funciones en la obra, por cuanto en este caso no se ha producido la recepción definitiva de la obra, con condena en costas de la parte que ha propuesto la llamada al pleito de esta parte apelante.

Cuarto.-Comenzando por el análisis de los motivos de impugnación alegados por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, y en concreto examinando la nulidad de actuaciones que se alegó concurría en autos, por la admisión de la prueba documental, ha de estimarse, a la vista de las actuaciones, que no consta la indefensión de la parte hoy apelante, ni la infracción procesal, que pueda sustentar tal nulidad de actuaciones. Así, es de apreciar, que negados los defectos en las construcciones por la parte demandada-apelante, las facturas aportadas en el Acto de la Audiencia Previa, únicamente servían de base probatoria en aras a reforzar la necesidad de efectuar las reparaciones por dichas deficiencias, sin que en modo alguno pudiera tal y como estimó el Juzgador de Instancia, variar la cuantía del Suplico de la demanda, que establecido en 404.345,67 euros, no podía ser cambiado como se pretendió y no se acogió por el Juzgado a la cifra de 459.290,60 euros. Del mismo modo debe resaltarse que el monto esencial de las facturas aportadas en el Acto de Audiencia Previa, datan de fecha posterior a la demanda presentada por la actora, de 26 de Junio de 2007, por lo que en definitiva no puede considerarse que se haya infringido lo dispuesto en el artículo 269 de la LEC, tal y como se pretendía por la apelante. Máxime cuando el límite de la cuantía señalado en la demanda, 404.345,67 euros, debe servir en todo caso, como límite de la indemnización si procediere a establecer a favor de la actora, límite que además respetó la resolución de instancia al fijar efectivamente dicho quantum.

En relación al alegado error en la valoración de la prueba, en que basa la recurrente, su alegación de que a la postre el monto indemnizatorio debía de fijarse en el importe establecido por el perito D. Victor Manuel que fue el perito judicial insaculado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 16 de Madrid, en primer lugar, y subsidiariamente que debía aminorarse la cantidad objeto de indemnización en la cantidad que suponga la suma de todas las facturas comprendidas entre la fecha de notificación del requerimiento de no hacer y el levantamiento del mismo, que supondría la cantidad de 169.483,47 euros, debe estimarse, que esta pretensión de la apelante, carece de posibilidad de apreciación. Y ello, puesto que a la vista del informe del Perito Sr. Victor Manuel, no se tuvieron en consideración, y en gran medida al haber sido ya objeto de actuación por la actora, los vicios constructivos esenciales, no habiendo podido apreciar el perito las deficiencias constructivas, que por el contrario, aparecían no ya solo en el Presupuesto y facturas aportados por la actora, sino incluso en la propia relación de defectos realizada al momento de la recepción provisional de las construcciones. No pudiéndose del mismo modo acoger la minoración pretendida por la recurrente, al haberse acreditado en autos, la efectiva existencia de los defectos, cuyo importe de reparación se alega debe ser reducido. De igual manera debe rechazarse la pretendida no correspondencia entre las facturas y el peritaje, puesto que a la vista de unas y otras, si bien no existe una correspondencia literal, si existe una equivalencia sobre las cuestiones que por un lado se presupuestan, y por otro se facturan como reparaciones y subsanaciones ya efectuadas.

No obstante, si debe estimarse, partiendo del hecho de que el importe de las reparaciones efectuadas, suponen un importe menor al en primer lugar presupuestado, que efectivamente y tal y como manifestaba la recurrente, la resolución de instancia, si bien reconoció el hecho de haberse de aminorar la cantidad la cantidad de 19.359,92 euros, correspondiente a la realización del proyecto técnico de reparación y dirección de obras, que finalmente no tuvo lugar, después en el cálculo de las cantidades, no se llevó a efecto. Debiéndose del mismo modo estimar, que efectivamente se incluyó como cantidad indemnizable, las correspondientes a las reparaciones habidas en la vivienda n.º 14, que no era objeto de la demanda, y que en modo alguno sería indemnizables, dado que incluso no se recogían en el presupuesto aportado junto a la demanda. Y de este modo, efectivamente a tenor del contenido de las facturas de GERENCY MANAGEMENT, SISWELD, SUCOMAGA Y QUIMICROS, efectuando las correspondientes deducciones sobre aquellos elementos donde se dice actuaron, que incluían la vivienda n.º 14, o bien deduciendo las cantidades que directamente afectan a dicha vivienda n.º 14, se llega a la cantidad de 26.502,96 euros, que deberá ser deducida.

En conclusión, siendo las cantidades objeto de minoración de aquella en la que debe ser resarcida la actora, en primer lugar la de 27.435,30 euros, factura adeudada por esta a la demandada, 99.190,60 euros, cantidad cobrada por la actora del aval entregado por la demanda, 103.821,38 euros, por la factura ya deducida por la resolución de instancia, correspondiente a trabajos no de reparación en las construcciones, 19.359,92 euros correspondientes a la factura efectivamente no deducida en la Sentencia impugnada, y 26.502,95 euros, correspondientes a las reparaciones imputables a la vivienda n.º 14, que no eran objeto de este procedimiento, la cifra final que debe abonar la demanda a la parte actora se cifra en la cuantía de 182.480,45 euros. Estimándose con ello parcialmente el recurso planteado.

Quinto.-En lo que respecta a la apelación planteada por D. Casiano, efectivamente debe estimarse que dicho apelante, en su día fue llamado al proceso como tercero, destacándose que en modo alguno la parte actora amplió su demanda contra el mismo. Y siendo así, además habrá de apreciarse que en este proceso nos encontraríamos ante una reclamación de tipo contractual entre dos agentes de la construcción, como son la actora y la demandada. Por ello, no se discutía en el procedimiento la responsabilidad individual, común o solidaria frente a un tercero, sino en exclusividad el cumplimiento de las prestaciones contractuales pactadas entre actora y demandada. Además, en autos, se reveló que la recepción de las obras solo es provisional, constando explícitamente que el Arquitecto Técnico hoy recurrente, si evidenció en el seguimiento de la obra las reparaciones y remates que estaban pendientes de realización, por lo que no puede imputársele la responsabilidad de los defectos habidos y no reparados por la demandada, ya que no se justifica la hipotética falta de vigilancia y control, de dicho Arquitecto Técnico en relación con los defectos habidos cuya reparación es objeto del proceso. Por lo expuesto, y si bien debe rechazarse la solicitud de nulidad de actuaciones que se solicitaba por dicha parte recurrente, por las mismas razones ya explicitadas en la contestación al recurso planteado por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, debe acogiéndose el recurso planteado de forma subsidiaria, imponerse las costas procesales causadas a D. Casiano, a ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, parte que propuso la llamada al pleito de dicha parte.

Sexto.-A tenor de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, no procede especial pronunciamiento sobre las costas procesales generadas en esta segunda instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Por cuanto antecede en nombre de Su Majestad El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.


III.- FALLAMOS


 
ESTIMANDO el recurso planteado por ACCIONA INFRAESTRUCTRAS SA representada por la Sra. Procuradora Dña. Gloria Messa Teichman y ESTIMANDO el recurso de apelación planteado por D. Casiano, ambos contra Sentencia de fecha 29 de Abril de 2009 dictada por el Ilmo. SR. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 40 de Madrid en autos de Juicio Ordinario n.º 957/07 promovidos a instancia de V.B. LANDTRADE SL, representada por el Sr. Procurador D. Antonio Alvadalejo Martínez, contra las ya citadas partes y contra D. Ernesto y D. Daniel representados por el Sr. Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE la referida resolución, en el sentido de fijar en la cantidad final de 182.480,45 euros, ya deducida la factura pendiente de pago por la actora a la demandada, la cifra que deberá ser abonada por la parte demandada a la actora. Y de imponer las costas procesales causadas en la primera instancia a D. Casiano a la demandada ACCIONA INFRAESTRUCTRAS SA. MANTENIENDO el resto de los pronunciamientos de la Sentencia de Instancia. No procede especial pronunciamiento sobre las costas procesales generadas en esta segunda instancia.

CONTRA ESTA RESOLUCIÓN CABE INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN Y RECURSO EXTRAORDINARIO DE INFRACCIÓN PROCESAL EN LOS TÉRMINSO PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 477 Y 469 DE LA LEC.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Extendida y firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, e incorporada al libro de resoluciones definitivas, se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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