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Sentencia A.P. Castellón 187/2010 de 21 de mayo


 RESUMEN:

Intromisión ilegítima en el derecho al honor: Manifestaciones de un portavoz municipal de un grupo político ante medios de comunicación. Libertad de expresión: Doctrina y Jurisprudencia sobre el conflicto de ambos derechos fundamentales. Se han rebasado los límites de expresión y crítica política. Presunción legal de producción del daño.

SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación civil número 517 de 2009

Juzgado de 1.ª Instancia número 4 de Vinaròs

Juicio Ordinario número 94 de 2007

SENTENCIA NÚM. 187 de 2010

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS

Magistrados:

Doña ADELA BARDÓN MARTÍNEZ

Don RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN

______________________________________

En la Ciudad de Castellón, a veintiuno de Mayo de dos mil diez.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día veinticinco de junio de dos mil nueve por la Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número 4 de Vinaroz en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 94 de 2007.

Han sido partes en el recurso, como apelante, Gregorio, representado/a por el/a Procurador/a D/.ª Teresa Díaz Porcar y defendido/a por el/a Letrado/a D/.ª Alberto Gracia Fores, y como apelado, Millán, representado/a por el/a Procurador/a D/.ª Agustín Cervera Gasulla y defendido/a por el/a Letrado/a D/.ª Javier Espuny Olmedo. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARCO COS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por D. Millán contra D. Gregorio, declarando que D. Gregorio llevó a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor de D. Millán en la rueda de prensa que dio como portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Vinaròs el 27 de septiembre de 2006 al afirmar que había sido invitado a un viaje a Nueva York por la empresa que imprimía el semanario de Vinaròs; y en consecuencia debo condenar a D. Gregorio a estar y pasar por esta declaración, a satisfacer a D. Millán en concepto de indemnización la cantidad de 3.000 €, a publicar el encabezamiento y fallo de esta sentencia en los mismos medios de comunicación en los que se vertió la información falsa y con la misma difusión que tuvo en aquel momento; y a satisfacer las costas del procedimiento.-Notifíquese a las partes.- Así lo acuerdo.....- ".

Segundo.-Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Gregorio, se preparó en tiempo y forma recurso de apelación contra la misma, y una vez admitido a trámite, se interpuso recurso en el plazo conferido al efecto y mediante escrito razonado, solicitando se dicte sentencia que revoque la sentencia apelada y condene en costas de primera instancia al actor.

Se dio traslado a la parte contraria, que presentó escrito oponiéndose al recurso, solicitando que dicte sentencia confirmando la recurrida, con expresa imposición de costas al recurrente

Tercero.-Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, que tras tener entrada en el Registro General el día 20 de noviembre de 2009 correspondiendo su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. Por Providencia de fecha 9 de diciembre de 2009 se formó el presente Rollo y se designó Magistrado Ponente, se tuvieron por personadas las partes y por Providencia de fecha 14 de abril de 2010 se señaló para la deliberación y votación del recurso el día 19 de abril de 2010, llevándose a efecto lo acordado.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
SE ACEPTAN los expuestos en la Sentencia apelada.

Primero.-La sentencia de instancia estimó en lo sustancial la demanda interpuesta por D. Millán contra D. Gregorio y declaró que el demandado había efectuado una intromisión ilegítima en el derecho al honor de D. Millán y condenó al Sr. Gregorio a abonar al actor una indemnización de 3.000 € y a publicar el encabezamiento y fallo de la sentencia en los mismos medios de comunicación en los que se vertió la información falsa y con la misma difusión que tuvo en aquel momento. Conviene precisar que el demandante era Alcalde de Vinaròs cuando el demandado vertió las expresiones que se consideran atentatorias del derecho al honor y Don Gregorio era el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, a la sazón en la oposición.

Contra la sentencia que le ha sido adversa recurre el demandado, que pretende que en esta alzada sea la misma revocada por otra de sentido absolutorio.

Segundo.-A fin de abordar correctamente la resolución del debate jurídico entablado hemos de comenzar recordando que los hechos en que se basa la demanda consisten en determinadas manifestaciones que el día 27de septiembre de 2007 efectuó el demandado, en su condición de portavoz municipal del Grupo Popular y en una rueda de prensa convocada al efecto, a la que asistieron (según se ve en la grabación aportada por la parte actora) varios medios de comunicación, tanto de radio como de la televisión local o comarcal, así como de información escrita (asistió la testigo Sra. Jacinta que, según dijo, trabaja en el semanario municipal "Vinaròs").

En este escenario, no se ha discutido y se verifica mediante el visionado y audición de la grabación del acto, el demandado criticó a los cargos municipales que, según dijo, piden favores a empresas para desplazarse a San Sebastián. Criticó el que denominó "ir a empresas a condicionarlas para hacer los cargos municipales viajes de placer". Se refirió a que no hacía mucho tiempo se había llevado a cabo un viaje a Mallorca. Y, en este contexto, dijo lo que ha motivado la interposición de la demanda. Concretamente, que no hacía mucho tiempo había ido el alcalde (el de Vinaròs, que era el actor Sr. Millán) a Nueva York, invitado por la empresa que imprime el semanario, para remachar que "es el día a día".

El demandante viene sosteniendo que el demandado dijo y dio a entender, a tenor de sus palabras, que los gastos del viaje que había realizado a Nueva York había sido pagados por la empresa que imprime el semanario "Vinaròs", editado por el Ayuntamiento, cuando es lo cierto que los afrontó el interesado, tal como ha acreditado mediante la factura expedida a su nombre y la prueba del cargo correspondiente en su cuenta bancaria (folios 6 y 7).

Concluyó la juzgadora que el Sr. Gregorio había rebasado el ámbito del derecho a la libertad de expresión para lesionar el derecho al honor del actor y pronunció la condena a la que se ha hecho referencia.

Por su parte, el recurso de apelación se basa en tres motivos, a saber: 1.º: que no dijo que la empresa que imprime el semanario de información local había sufragado los gastos del viaje del alcalde, sino solamente que le había sugerido la posibilidad de hacer el viaje, si bien a su propia costa; 2.º: que sus palabras se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión y, por último, 3.º: que no se produjo perjuicio.

Analizaremos por separado las indicadas cuestiones:

1. Claro es que, como dice el recurrente, la expresión verbal "invitar" no significa necesariamente pagar los gastos de otro, sino que también puede querer decir sugerir a alguien la conveniencia u oportunidad de ir a algún lugar. En realidad, cuatro son las acepciones de "invitar" que recoge el Diccionario de la Lengua (1. Llamar a alguien para un convite o para asistir a algún acto. 2. Pagar el gasto que haga o haya hecho otra persona, por gentileza hacia ella. 3. Incitar, estimular a alguien a algo. 4. Instar cortésmente a alguien para que haga algo). De ellas, solamente la segunda tiene el sentido de pagar el gasto de otro y, en su defensa, aduce el demandado que a él mismo le habló el titular o legal representante de la mercantil impresora acerca de la posibilidad de ir a Nueva York, lo que entendió en el sentido de invitación cortés, pero a su propio cargo, por lo que contestó que en ese momento no le iba bien económicamente.

Ahora bien, lo que interesa para la resolución del debate jurídico no es lo que el demandado pudo entender cuando otra persona le sugirió la posibilidad de ir a Nueva York, sino lo que él mismo dio a entender, esto es, dijo, cuando en la rueda de prensa de 27 de septiembre de 2007 pronunció las expresiones litigiosas. Y para ello ha de tenerse en cuenta el contexto.

Recordemos que la invitación al viaje a Nueva York se mencionó a continuación de varias referencias a viajes que, al decir de quien realizaba las declaraciones, se habían llevado a cabo por miembros del equipo de gobierno municipal sin que tuvieran que hacer por ello desembolso alguno. Si en este contexto y sin solución de continuidad se dice que no hace mucho ("no fa molt temps") el Alcalde ha ido a Nueva York invitado por la empresa que imprime el semanario de información local, no hay que ser especialmente sagaz, ni tampoco malintencionado, para de tales expresiones y en el contexto visto colegir que quien lo dice está afirmando que el alcalde Sr. Millán ha efectuado un viaje, que obviamente es costoso, a costa de la impresora, con la que el Ayuntamiento mantiene relaciones mercantiles. Cuando una palabra o expresión del idioma admite varias acepciones o significados, en ocasiones muy diferentes como es el caso, el que haya de atribuírsele en cada caso depende, obviamente, del contexto en que aquélla se pronuncia. Y no cabe duda de que en el caso de autos el que debe asignarse a la expresión de continua referencia es el que venimos indicando. Así parece que los entendieron los destinatarios de las declaraciones, por otra parte: lo ha dicho el legal representante de la empresa encargada de la impresión del semanario, que dijo al declarar como testigo que vio por televisión la rueda de prensa; y lo mismo entendió la testigo Doña. Jacinta, que asistió al acto como informadora.

Decae, por lo tanto, el primer motivo del recurso.

2. Dice el apelante que sus expresiones se encuentran amparadas por la libertad de expresión, que ha de primar en el presente caso sobre el derecho al honor.

Sobre la materia existe un abundante cuerpo de doctrina legal.

Señala la STS de 30 de junio de 2009 (RJ 2009,4705) que

"El art. 20.1.a) y. d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el art. 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de expresión, reconocida en el art. 20 CE, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio (RTC 1986\104), y 139/2007, de 4 de junio (RTC 2007\139)), porque no comprende como ésta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (SSTS de 13 de enero de 1999, 29 de julio de 2005 y 22 de julio de 2008 (RJ 2008\7062)).

La libertad de expresión protege la emisión de opiniones".

En la misma línea, nos dice la STS de 22 de junio de 2009 (RJ 2009,3410):

"El conflicto o colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión se explica porque ni siquiera los derechos fundamentales gozan de un carácter absoluto, siendo así que el propio derecho al honor se encuentra limitado por los también fundamentales a opinar e informar libremente (por todas, STS de 20 de julio de 2004 (RJ 2004\7870), citada por la de 22 de julio de 2008 (RJ 2008\4494)), siendo necesario ante esa ya clásica confrontación, determinar, en cada caso concreto, cuál de ellos ha de considerarse preeminente y más digno de protección, o, dicho de otro modo, cuál de los dos derechos en conflicto ha de ser sacrificado en beneficio del otro, lo que se hará por el tribunal a través de un juicio de ponderación que ha de partir, según reiterada doctrina de esta Sala, de las premisas siguientes: la delimitación de la colisión ha de hacerse caso por caso, sin que puedan establecerse apriorísticamente límites o fronteras entre uno y otro derecho; en el ejercicio de la libertad de expresión, se repelen los términos vejatorios o injuriosos, innecesarios porque la Constitución (RCL 1978\2836) no reconoce el derecho al insulto; para que una expresión se valore como indudablemente ofensiva o injuriosa, y por tanto lesiva para el honor de otra persona, ha de estarse al contexto en que se producen las expresiones, a la proyección pública de la persona a que se dirigen las expresiones y a la gravedad de las expresiones, objetivamente consideradas, que no han de llegar al tipo penal, pero tampoco ser meramente intranscendentes. En este sentido, y cuando la pretendida ofensa se produce en un estado de confrontación o incluso crispación política, (.../...) la jurisprudencia ha destacado la debilidad de la protección del derecho al honor en los supuestos de crítica política que se considera amparada por el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y comunicación y que resulta incuestionable el interés público y relevancia general de la temática determinante de la crítica (así, sentencias de 11 de octubre de 2001 (RJ 2001\8630) y 6 de junio de 2003 (RJ 2003\4125)).

En relación con este último aspecto, son frecuentes las sentencias de esta Sala que reiteran la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor en contextos de contienda política o, dicho desde otro punto de vista, no se considera intromisión en el honor la confrontación política que lleva consigo críticas, descalificaciones y expresiones. Así, centrándonos tan sólo en las del año 2008, la STS de 31 de enero de 2008 (RJ 2008\1303) se pronuncia claramente en este sentido analizando con detalle los "requisitos que debe reunir la información para poder ser considerada prevalente al derecho al honor que son, en suma, las de interés público, veracidad y exposición no injuriosa o insultante". Poco antes, la STS 17 de enero de 2008 (RJ 2008\9) había dicho que "a ello hay que sumar el contexto. En el ámbito de la política, no decae la protección del derecho al honor,, pero no se considera éste con un criterio rígido y aislado, sino en relación con la confrontación política, de la que no cabe aislarse". La de 3 de noviembre de 2008 (RJ 2008\6927) recoge y reitera la jurisprudencia en un caso de confrontación y conflictividad política "aunque sea futbolística, pero conflictiva al fin y al cabo". Todo ello ha sido reiterado en la Sentencia de 21 de enero de este año (RJ 2009\1976), dictada en el recurso n.º 1888/2006."

Pues bien, pese al extenso ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión, en el que se enmarca la crítica política, y aunque la cobertura del derecho al honor adolezca de una mayor debilidad cuando se trata de personajes públicos o protagonistas de la vida política, sometidos a la crítica que es propia del sistema democrático, concluimos, con la juez de instancia, que los límites de la libertad de expresión y la crítica política, pese a su amplitud, han sido rebasados.

Téngase en cuenta que las litigiosas no fueron expresiones críticas, o de valoración negativa. Fue la afirmación de un hecho inveraz, con arreglo al cual una empresa con relaciones mercantiles o económicas con el Ayuntamiento habría sufragado el viaje a Nueva York del Alcalde. Dicho de otro modo, se afirmaba sin empacho que la empresa de referencia había obsequiado al Alcalde con el regalo de un costoso viaje lo que, de forma poco sutil, redundaba de forma inevitable en una valoración negativa del grado de imparcialidad del primer edil en las relaciones del Ayuntamiento que presidía con la empresa que se decía donante del importe del viaje.

Se trata de la afirmación de un hecho falso, que redunda negativamente en la opinión que los destinatarios pudieran tener de quien decía del demandado que había sido protagonista del mismo, pese a que su verificación por parte del demandado antes de decir lo que dijo no requería gran esfuerzo.

Consideramos, por lo dicho, que sí ha existido lesión del derecho al honor del demandante y notable exceso del ámbito de la mera critica política.

3. Lo anterior conlleva el rechazo del siguiente motivo del recurso.

Constatada la lesión del derecho fundamental, existe una presunción legal de producción del daño.

El art. 9.3 de la L.O. 1/1982 dispone que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido".

Sin perjuicio de dicha presunción, es obvia la potencialidad dañosa del tenor y significado de las expresiones litigiosas e inevitable la conclusión de que se produjo un daño al demandante, por lo que ha sido adecuada la prudente fijación judicial de la indemnización en los 3.000 euros a cuyo pago se ha condenado al demandado recurrente.

Tercero.-La desestimación del recurso da lugar a la imposición a la parte apelante de las costas causadas por el mismo (art. 398 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que, DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Don Gregorio contra la Sentencia dictada el día veinticinco de junio de dos mil nueve por la Juez del Juzgado de 1.ª Instancia número 4 de Vinaroz en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 94 de 2007, debemos confirmar y CONFIRMAMOS la resolución apelada e imponemos a la parte recurrente las costas causadas por su recurso.

Contra la presente sentencia puede interponerse recurso de casación.

Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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