Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Barcelona 297/2010 de 25 de mayo


 RESUMEN:

Liquidación de herencia: Cálculo de la legítima. Naturaleza jurídica de los contratos de pensión vitalicia inmediata. Póliza de vida. Inclusión en el caudal relicto. Valoración de inmueble relicto.

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSEXTA

ROLLO N.º 641/2008-B

JUICIO ORDINARIO N.º 77/2007

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 28 DE BARCELONA

SENTENCIA n.º 297/2010

Ilmos. Sres.

D. AGUSTIN FERRER BARRIENDOS

D. JORDI SEGUÍ PUNTAS

D. JOSE LUIS VALDIVIESO POLAINO

En la ciudad de Barcelona, a veinticinco de mayo de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario n.º 77/2007, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Barcelona, a instancia de D. Adrian, representado por el Procurador D. Ricard Simó Pascual y dirigido por el Letrado D. Xavier Tatché Torres, contra D. Damaso, representado por el Procurador D. Xavier Ranera Cahís y dirigido por el Letrado D. José Palaciàn Rafales; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la Sentencia dictada en los mismos el día 30 de abril de 2.008, por la Juez del expresado Juzgado.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: ESTIMAR la demanda formulada por el Procurador D. Ricard Simó Pascual en representación de D. Adrian bajo la dirección letrada del Sr. D. Xavier Tatche Torres contra D. Damaso y en consecuencia.

1.- Declaro que el importe de la legítima a que tiene derecho el demandado es de 26.623,22 euros.

2.- Declaro que al demandado corresponde de la herencia de su madre un 40% del saldo existente en la libreta entidad La Caixa n.º NUM000 o sea 794,32 euros.

3.- DECLARO el derecho del demandado a percibir la legítima más el interés legal desde la fecha de defunción del causante hasta el momento de la consignación judicial, debiendo estar al respecto a la fecha en que se efectuó la consignación por la cantidad que consta.

4.- DECLARO la obligación del demandado de concurrir con el actor en el acto de la aceptación de la herencia notarial y entrega de legado al actor.

5.- CONDENO al demandado a comparecer ante Notario en compañía de aquel en el plazo de 15 días desde la firmeza de la sentencia con apercibimiento del perjuicio a que hubiere lugar y que se acordara en ejecución de sentencia si a ello hubiere lugar.

Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a costas.".

Segundo.-Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte DEMANDADA mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso en tiempo y forma legal; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-Se señaló para votación y fallo el día 30 de abril de 2.009.

Cuarto.-En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales, salvo la del término para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JORDI SEGUÍ PUNTAS.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Antecedentes del litigio en primera y segunda instancia.

Se debate en los presentes autos la liquidación de la herencia dejada por Alicia, fallecida en fecha 9 de mayo de 2006, a sus dos herederos testamentarios, sus hijos Adrian y Damaso.

La sentencia de primera instancia acoge sustancialmente la demanda promovida por Adrian, fijando el crédito legitimario del demandado Damaso en 26.623,22 euros, tras declarar motivadamente (1) que la finca radicada en el PASAJE000 de esta ciudad dejada por la causante tiene un valor de 211.000 euros y (2) que las pólizas de seguro concertadas por Alicia con VidaCaixa SA quedan excluidas del caudal relicto.

La expresada sentencia es impugnada por Damaso.

Desde un punto de vista estrictamente procesal, conviene indicar de entrada que, pese a lo debatido por las partes en las dos sucesivas audiencias previas celebradas en este proceso, la cuestión relativa a la inclusión o no de las pólizas de seguro de vida en el cálculo de la legítima de los hermanos Adrian Damaso en la herencia de su madre es objeto indiscutido del proceso, como lo prueba que la propia parte actora introdujera abiertamente en esa cuestión en el escrito de demanda (hecho 7.º), que propusiera prueba encaminada a reforzar su tesis (documental VidaCaixa) y que la propia sentencia de primera instancia analice el contenido de esos contratos y su virtualidad en el cómputo de la legítima sucesoria controvertida.

Ello se compadece además con la peculiar configuración del presente litigio, en que la pretensión principal del demandante consiste en el reconocimiento de un derecho patrimonial no a favor suyo sino del demandado (la cuota legitimaria líquida en la herencia de la madre), de tal manera que la oposición de este último podía consistir, sin necesidad de reconvención expresa (ésta ni siquiera era imprescindible, pese a lo convenido por las partes en la audiencia previa, para la impugnación por razón de nulidad de la designa convencional de beneficiario en un seguro de vida, a tenor de lo prevenido en las SSTS 26 de septiembre de 2006 y 17 de julio de 2009), en la afirmación de que en el cálculo de la legítima se incluyesen cuantos bienes o derechos aparecían mencionados en la demanda, no en vano el rótulo del escrito rector del proceso no es otro que el de "determinación de la legítima" de Adrian y Damaso en la sucesión de su madre.

Segundo.-Naturaleza jurídica de los contratos concertados por la causante y su esposo con VidaCaixa.

Vuelve a plantearse en esta segunda instancia la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del producto denominado 'pensión vitalicia inmediata' (PVI) contratado por Alicia con el asegurador VidaCaixa, cuyo producto es calificado por el heredero demandante como seguro de vida, excluido por tanto del caudal relicto, y que el también heredero demandado tilda de simple "libreta de ahorro de La Caixa", a computar en el haber partible.

La sentencia de primera instancia parte de que "la doctrina jurisprudencial se inclina por considerar estas operaciones no como seguro de vida sino como operación de capitalización". Así lo sostienen, en efecto, las sentencias de esta Audiencia de 4 de abril de 2000 y 22 de enero de 2001, pero la auténtica doctrina jurisprudencial, que es la emanada del Tribunal Supremo (art. 1.6 CC), no se pronuncia en ese sentido, como lo evidencian las SSTS de 14 de marzo de 2003 y 8 de noviembre de 2007. Esta última se limita a proclamar -en contra de lo razonado en la sentencia aquí recurrida- que la solicitud de ingreso en una mutualidad de previsión social debe sujetarse a las normas específicas de las mutualidades pero también a las comunes de los seguros, en particular en lo relativo a la designa del beneficiario. Por lo demás, la sentencia de la Sala contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de enero de 2001 invocada por el demandado analiza desde una perspectiva tributaria un determinado producto, libreta KD de La Caixa, similar al que motiva la presente litis, cuya naturaleza de auténtico seguro de vida a efectos civiles sentó claramente la ya citada STS Sala 1.ª de 14 de marzo de 2003 en contra de lo establecido en ese litigio por los órganos de instancia.

En coherencia con lo anterior, la juez a quo califica los contratos litigiosos, concertados en febrero de 1996 y marzo de 1998 por los consortes Eulogio y Alicia con VidaCaixa, como "pólizas de pensión vitalicia inmediata (PVI) con prima única desembolsada"; sin embargo, concluye que la falta de reconvención expresa por parte del demandado convierte en indiscutible la designa como beneficiario efectuada por la tomadora Alicia a favor de su hijo Adrian. Por todo lo cual concluye que el capital (70.679,02 €) vinculado a esos contratos a la fecha de la muerte de la tomadora-causante pertenece en exclusiva a dicho beneficiario y que no debe ser computado a los efectos sucesorios previstos en el artículo 355 del Codi de Successions vigente en esa fecha (el Llibre quart del Codi civil de Catalunya aprobado por medio de la Llei 10/2008, de 10 de julio, no es aquí aplicable dada la irretroactividad de las normas).

El recurso de Damaso insiste en que las indicadas pólizas no son más que simples "libretas de ahorro" (depósito de dinero), por lo que su capital debe considerarse integrante del caudal relicto dejado por su madre en la fecha del fallecimiento.

A la luz del clausulado general de las pólizas en conflicto (doc. 14 contestación), no podemos compartir la tesis que los concibe como un mero contrato bancario de ahorro o capitalización.

En primer lugar, porque ello supone desconocer que las entidades de seguro tienen prohibidas expresamente por ley las operaciones que "carezcan de base técnica actuarial" (art. 5.1, a/ Ley 30/95, de ordenación y supervisión de los seguros privados), y que la vigilancia del cumplimiento de sus fines está sujeta a una intensa supervisión administrativa. Desde esa perspectiva no consta -ni es presumible que sea así, dada la publicidad de esos productos- que las pólizas de seguro PVI de VidaCaixa carezcan de la preceptiva autorización de la Dirección General de Seguros.

En segundo lugar, porque el clausulado de la póliza 'PVI oberta' ofertada por VidaCaixa revela que se trata de una póliza de vida por la que el beneficiario obtiene, a la muerte del asegurado, el capital aportado por el tomador con un incremento porcentual en función de la edad de la persona cuyo fallecimiento constituye el riesgo aleatorio de la operación, dándose la circunstancia de que en el caso de que la aportación inicial sea rescatada en cualquier momento anterior -el derecho de rescate es contenido natural de los seguros sobre la vida como se desprende del artículo 96 LCS -, simplemente desaparece el beneficioso tratamiento fiscal asignado por la ley tributaria a esas operaciones.

En tercer lugar, porque, aun de no ser así, una de las actividades expresamente autorizadas a las compañías de seguros, junto a las de seguro directo de vida o distinto del seguro de vida, son las "operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial que consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente fijados" (art. 3.2 LOSSP). Pues bien, las pólizas enjuiciadas fijan el capital asegurado en función de la edad del asegurado, es decir, partiendo de la duración de la vida humana, lo que constituye un cálculo genuinamente actuarial.

Tercero.-Significado del capital y de las primas del seguro de vida en la determinación de la legítima.

Sentado cuanto antecede, es principio inconcuso de derecho sucesorio que en la operación de determinación del caudal relicto para el cálculo de la legítima global (art. 355, 1.ª CS) no ha de incluirse el capital de los seguros de vida, ya que el beneficiario adquiere ese capital en virtud de una relación contractual aleatoria y no por vía sucesoria.

Buena prueba de ello es que la propia Ley de contrato de seguro establezca, para los seguros sobre la vida, que en caso de falta de beneficiario designado en el momento de fallecimiento del asegurado, "el capital formará parte del patrimonio del tomador" (art. 84 III LCS), con lo que está indicando que si existe un beneficiario el capital del seguro pertenece a éste por vía contractual y no sucesoria, lo que se corrobora también cuando la propia ley preceptúa que "la prestación del asegurador deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro" (art. 88 I, primer inciso, LCS).

Tal previsión legal explica que VidaCaixa, no sin una equivocación inicial (nada casualmente de la misma índole que la que motivara el supuesto de hecho resuelto por la ya citada STS de 8 de noviembre de 2007), decidiera finalmente atribuir la totalidad del saldo de las pólizas PVI números NUM001 y NUM002 al beneficiario convencional Adrian (docs. 15-18 demanda).

Cuestión distinta es que, fruto de la libérrima voluntad del causante-tomador, éste pueda establecer que el capital del seguro que perciba alguno de los herederos forzosos sea imputado a su cuota legitimaria (art. 359 II CS). Se trata, no obstante, de una hipótesis que ninguna de las partes ha mencionado siquiera para el supuesto enjuiciado.

Y otra cosa distinta es también que las primas satisfechas por el tomador-causante sean efectivamente computables a los efectos del artículo 355, primer párrafo, regla 2.ª, CS, en tanto que desembolsos gratuitos no usuales del tomador-estipulante a favor del asegurador-promitente que reducen el caudal relicto y benefician por vía indirecta al beneficiario-donatario (en la misma dirección, art. 88, primer párrafo, segundo inciso, LCS).

Se trata de una previsión normativa de derecho necesario -como toda la relativa a la computación de donaciones, institución distinta de la imputación y la colación de donaciones ex arts. 358-359 y 43-44 CS respectivamente- que acude en defensa de la intangibilidad de la legítima, que de otro modo podría verse fácilmente burlada mediante la total o mayoritaria colocación del capital dinerario del causante en pólizas de vida, como subraya acertadamente el demandado apelante. Protección de la legítima tanto más acusada en los seguros de prima única que en los de prima periódica, ya que en aquéllos la correspondencia entre el capital asegurado y la prima es mucho mayor que en los segundos; en los seguros sobre la vida para caso de muerte de prima periódica la aleatoriedad es mayor, ya que la prima total satisfecha dependerá a la postre de lo que el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura -fallecimiento del asegurado- diste en el tiempo de la fecha de inicio del seguro.

Dicha previsión normativa es plenamente operativa en el supuesto enjuiciado, de tal manera que en el cálculo de la legítima global de los hermanos Adrian Damaso en la herencia de su madre se incluirá la prima única satisfecha por Alicia al momento de concertar las pólizas PVI de constante referencia. A título meramente informativo cabe destacar que, de ser aplicable el régimen introducido por la Llei 10/08 y el desembolso no hubiese favorecido a un heredero forzoso, esa computación sólo comprendería la póliza número NUM002, constituida en marzo de 1998, y no la número NUM001, constituida en febrero de 1996, ya que el novedoso artículo 451-5 CCC limita el donatum computable a los bienes dados o enajenados por título gratuito por el causante en los diez años precedentes a su muerte.

Debe precisarse, por último, que habiendo sido ambas pólizas concertadas al alimón por los consortes Eulogio y Alicia y no constando la procedencia del dinero con que se abonaron las correspondientes primas únicas (11.200.000 pesetas en total, equivalentes a 67.313,36 euros), se considerará que Alicia aportó una mitad de las primas, esto es, 33.656,68 euros. Ello explica que el clausulado de las pólizas en cuestión prevea que en caso de ser dos los titulares, al fallecimiento de uno de ellos, el otro debe tributar por el impuesto de sucesiones la mitad de la prima aportada.

Cuarto.-Valoración contradictoria del inmueble relicto.

La determinación del valor en venta de la casa del PASAJE000 NUM003 de esta ciudad también sigue suscitando controversia en esta segunda instancia.

El recurrente atribuye a la sentencia apelada una serie de errores en la valoración de las tres diversas periciales que versan sobre esa cuestión.

Con carácter preliminar descartaremos que la valoración de la prueba, como expone con manifiesta impropiedad la parte recurrida, sea función exclusiva del juez de 1.ª instancia. El carácter ordinario del recurso de apelación, a diferencia del de casación, obliga al tribunal de segunda instancia a efectuar un segundo juicio sobre la base de un "nuevo examen" de lo actuado en el Juzgado y eventualmente en la Audiencia (prueba en segunda instancia), como declara el artículo 456.1 LEC.

En el caso enjuiciado las diferencias de criterio entre los tres peritos informantes son ciertamente llamativas.

Nótese que incluso la superficie de la finca litigiosa es motivo de controversia, ya que el perito Secundino toma como punto de partida la medición efectuada por él mismo en la finca (114 m2), mientras que los dos restantes peritos, el agente de la propiedad inmobiliaria Juan Francisco y el arquitecto Baldomero, que no pudieron acceder a su interior, utilizan datos del Catastro (133 m2) y del Ayuntamiento (132,8 m2).

Siendo así que hay acuerdo acerca de que el solar en que se asienta la casa del PASAJE000 ocupa una superficie de 70 metros cuadrados y que su planta baja está parcialmente ocupada por un patio (fotografía folio 30), y visto que sólo el API Secundino visitó el interior del inmueble, describiendo una terraza en la planta piso, parece razonable acoger las mediciones por él efectuadas (cierto es que refiere las superficies de una manera flexible con la fórmula de "[...] unos 59 metros", pero también utiliza idéntica expresión el arquitecto Baldomero pese a que fija las superficies en fracciones incluso de metro cuadrado), en detrimento de las postuladas por los peritos Juan Francisco y Baldomero en base únicamente a unos documentos públicos -se ignora si gráficos- que tampoco acompañan.

De otro lado, pese a que el arquitecto Baldomero utilice un método de valoración racional (en contra de lo aducido por el apelado, el expresado perito parte del valor de repercusión del suelo y le agrega el de la construcción, para lo cual, dado el lamentable estado de conservación del inmueble litigioso, toma el 30% del teórico valor de una nueva construcción), resulta de mayor interés el coincidente método empleado por los peritos Secundino y Juan Francisco, que parte de la base de que el aprovechamiento urbanístico de la finca autoriza un uso y un volumen idéntico al que presenta el inmueble en la actualidad.

Ello sentado, se preferirá el precio medio de mercado (3.104 €/m2) aplicado por el perito Juan Francisco, ya que dicho perito y también el arquitecto Baldomero subrayan un factor -apenas mencionado por el perito Secundino - que cabe reputar de plena notoriedad en esta ciudad, cual es la intensa transformación urbanística del denominado distrito 22@, antes dedicado en exclusiva a usos industriales y hoy máximo exponente de una de las zonas más dinámicas de Barcelona que combina usos residenciales y hoteleros con las industrias y negocios más innovadores, lo que revaloriza sensiblemente toda propiedad inmobiliaria en esa zona.

Así las cosas, el valor en venta en mayo de 2006 de la finca registral número NUM004 (PASAJE000 número NUM003) ha de cifrarse en 353.856 euros, resultado de aplicar a una superficie de 114 metros cuadrados de suelo edificable el módulo de 3.104 €/metro cuadrado.

Quinto.-Recapitulación de los bienes computables para el cálculo de la legítima de los hijos de la causante.

A tenor de cuanto se lleva expuesto, las operaciones de cálculo de la legítima de los hermanos aquí litigantes en la herencia de su madre arrojan un total de 389.498,48 euros, resultado de la suma del valor del depósito bancario (1.985,80 €) y del bien inmueble relictos (353.856 €) y de la agregación de las primas únicas abonadas por la señora Alicia en 1996 y 1998 para la contratación de sendas pólizas de seguro de vida (33.656,68 €).

En consecuencia, la legítima de Damaso ascenderá a 48.687,31 euros.

Sexto.-Costas del litigio en primera y segunda instancia.

El cabal pronunciamiento acerca de las costas de la primera instancia no ha sido materia del recurso, sin que tampoco haya motivos para hacer imposición de las causadas en la segunda instancia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 398.2 LEC.

Vistos los artículos citados y los demás de pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por Damaso contra la sentencia de fecha 30 de abril de 2008 dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia número 28 de Barcelona, en los autos de que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos la misma en el sentido de establecer la legítima de Damaso en la herencia de su madre en la cantidad de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete con treinta y un euros (48.687,31 €), confirmando expresamente el resto de la sentencia impugnada, sin hacer imposición de las costas originadas en la alzada.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación