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Sentencia A.P. Castellón 93/2010 de 26 de mayo


 RESUMEN:

Arrendamiento de obra con suministro de materiales: Calificación jurídica del contrato. No simple compraventa civil de bienes muebles. Prescripción: Plazo genérico de quince años.

SECCIÓN PRIMERA

Rollo de Apelación Civil Núm. 60 del año 2.010.

Juicio Ordinario Núm. 1182 del año 2.008.

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2 de Castellón.

SENTENCIA N.º 93

Iltmos. Sres.:

Presidente:

Don CARLOS DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

Magistrados:

Don ESTEBAN SOLAZ SOLAZ

Doña AURORA DE DIEGO GONZÁLEZ

En la ciudad de Castellón, a veintiséis de mayo de dos mil diez.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida por los Iltmos. Sres. anotados al margen, ha visto y examinado el presente Rollo de Apelación Civil Núm. 60 del año 2.010, incoado en virtud de recurso interpuesto contra la Sentencia dictada el día 1 de julio de 2.009 por la Sra. Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia Núm. 2 de Castellón, en los autos de Juicio Ordinario, sobre reclamación de cantidad, seguidos con el Núm. 1182 del año 2.008 en el citado Juzgado.

Han sido partes en el recurso, como APELANTE, la mercantil demandante Talleres Mecánicos Castellón S.L., representada por el Procurador Don Jesús Rivera Huidobro y dirigido por el Abogado Don Víctor Escuder Martín, y como APELADA, la demandada Doña Matilde, representada por la Procuradora Doña Eva M.ª Pesudo Arenós y dirigida por el Abogado Don José Vicente Alegre Martínez, y Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don ESTEBAN SOLAZ SOLAZ, que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia cuyo fallo literalmente dice:"Que desestimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los tribunales D. JESÚS RIVERA HUIDOBRO en Representación de TALLERES MECÁNICOS CASTELLÓN S.L., DEBO ABSOLVER a D.ª Matilde, representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª EVA MARÍA PESUDO ARENÓS, y a D. Juan María, en situación de rebeldía procesal, de todas las peticiones habidas en su contra, debiendo la demandante ser condenada al abono de las costas procesales."

Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de la mercantil Talleres Mecánicos Castellón S.L. interpuso recurso de apelación contra la misma que, por serlo en tiempo y forma, se admitió en ambos efectos, evacuándose el trámite de oposición, con remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Castellón para su resolución.

Tercero.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se turnaron a la Sección Primera, donde se formó el oportuno Rollo de Apelación, tramitándose el recurso y señalándose para la deliberación y votación del Tribunal el pasado día 25 de mayo de 2010, a las 9Z40 horas en que ha tenido lugar.

Cuarto.-En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado, en lo esencial, todas las formalidades y prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
NO SE ACEPTAN los de la Sentencia recurrida, que se rechazan y sustituyen por los siguientes, y

Primero.-En la demanda rectora del procedimiento, la mercantil Talleres Mecánicos Castellón S.L. (en adelante sólo TAMECASA) reclamó de los promotores que la habían contratado, Don Juan María y Doña Matilde, la cantidad de 6.973Z08 euros más intereses legales y costas, cantidad que restaba por abonar (se habían satisfecho 2.404Z05 euros) por el suministro para su puesta en obra, de una barandilla con pasamanos y varillas, bastidores en lavaderos, paneles de cuartos trasteros, barbacoa mantenida y protección de compresor que se instalaron en el inmueble sito en la nave 1.2.º del Polígono "El Estadio" en la Avda. Benicassim de Castellón propiedad de los demandados.

La Sentencia dictada en primer grado jurisdiccional y que ahora es objeto de esta alzada, después de declarar probada la relación contractual entre los litigantes, el suministro e instalación de materiales por TAMECASA y la obligación de pago de su precio por los demandados, desestimó la reclamación de cantidad formulada por la mercantil TAMECASA por considerar que había prescrito la acción ejercitada, al calificar como simple compraventa la relación contractual entre los litigantes sujeta al plazo de tres años de prescripción previsto en el artículo 1967.3 CC.

Frente a esta Sentencia se alza la mercantil demandante, ahora apelante, TAMECASA solicitando de esta Sala su revocación y el dictado de otra nueva por la que se estimen íntegramente los pedimentos contenidos en su demanda, cuya pretensión revocatoria se ampara y funda en una errónea calificación de la relación contractual existente entre los litigantes así como la indebida aplicación del plazo de prescripción del artículo 1967.4 CC, sosteniendo que la relación entre la recurrente y los demandados se encuadraba en el marco del arrendamiento de obra con suministro de materiales cuyo plazo de prescripción es el general de quince años previsto en el artículo 1964 CC.

Solicitud revocatoria que ha sido impugnada por la parte contraria, que interesa la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Segundo.-Como cuestión previa plantea la parte apelada la inadmisión del recurso por falta de consignación del depósito en tiempo. Se afirma que el recurso de apelación se formalizó el 27 de noviembre de 2009 sin haber constituido el preceptivo depósito, y que sólo tras el requerimiento efectuado por el Juzgado se acompaño justificante de tal consignación con fecha 28 de diciembre de 2009, esto es, prácticamente un mes después de formalizar el recurso, por lo que a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional 15 de la LOPJ el recurso no debía haberse admitido por no cumplir con los requisitos legalmente exigidos.

El requisito del depósito para recurrir fue instaurado por la Disposición Adicional 15.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, siendo el plazo legal para hacer el pago del mismo - para su constitución-, según dispone el párrafo 2.º del apartado 6 de la D.A. 15 LOPJ, el que esté previsto para la formulación del recurso, por lo que el límite preclusivo será, para los recursos devolutivos como el presente de apelación, el de su preparación. Y se dice todo ello porque al momento en que se preparó el recurso de apelación, esto es, en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación de la sentencia durante el que debía prepararse la apelación (art. 457.1 LEC), el depósito para recurrir no era exigible por no haber entrado en vigor la Ley que lo impuso. El Boletín Oficial del Estado de 4 de noviembre de 2009 publicó la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que entró en vigor al día siguiente, el 4 de noviembre de 2009. Por todo ello, sin perjuicio que no se indicara el depósito en la instrucción del recurso (Aptado. 6 DA 15 LOPJ) o que se subsanara su constitución en el trámite de formalización (Aptdo. 7 DA 15 LOPJ), ninguna obligación legal existía de constituir dicho depósito, por lo que el motivo de inadmisión del recurso debe ser rechazado.

Tercero.-La principal cuestión que centra el recurso del que ahora conocemos acusa la errónea calificación de la relación contractual existente entre los litigantes así como la indebida aplicación del plazo de prescripción del artículo 1967.4 CC realizada por la Juez a quo. Se argumenta en defensa de esta tesis que la relación contractual entre la mercantil recurrente y los demandados se encuadraba en el marco del arrendamiento de obra con suministro de materiales cuyo plazo de prescripción es el general de quince años previsto en el artículo 1964 CC.

Procede, por lo tanto, revisar la calificación jurídica que del contrato litigioso llevó a cabo la Juez a quo. No sin antes recordar que la correcta calificación de un contrato ha de hacerse no en razón del resultado que, por unas u otras circunstancias, haya llegado a producirse, sino en función del verdadero fin jurídico (actual o potencial) que los contratantes pretendían alcanzar con el mismo o, lo que es igual, de la verdadera intención que los contratantes tuvieron al celebrarlo (STS, Sala 1.ª, de 4 Jul. 1998 [Rec. 1998, 5413 ]). Asimismo, la doctrina jurídica ha señalado que la naturaleza de un negocio jurídico depende de la intención de los contratantes y de las declaraciones de voluntad que la integran y no de la denominación que le hayan atribuido las partes, siendo el contenido real del contrato el que determina su calificación (SSTS, Sala 1.ª, de 18 Feb. 1997 [RJ 1997, 1004], 3 May. 1999 [RJ 1999, 3366] y 16 Nov. 2000 [RJ 2000, 9339 ], entre otras).

Si atendemos al documento de aceptación de la oferta de trabajo efectuada por TAMECASA S.L. a Don Juan María (F. 18) donde se habla de la fabricación de "barandilla formada por pilares (...) incluido montaje en obra de los módulos", el albarán de entrega (F. 16) donde se indica "barandilla s/oferta" y la factura emitida por TAMECASA S.L. (F. 17) donde al hablar de la "barandilla" se especifica "incluido montaje en obra de los módulos" o "barbacoa montada", en relación con los interrogatorios de las partes y el testimonio del LR de Construcciones Villegas S.L., Don Mateo (CD2: 15:40 a 18:44) que manifiesta cómo la instalación de la barandilla en el inmueble se llevó cabo por operarios de la mercantil demandante, resulta con claridad que la actividad contractual llevada a cabo por TAMECASA consistió tanto en la fabricación como la instalación en el inmueble de los demandados de la barandilla que se dice "suministrada para poner en obra", relación contractual que no parece tener su encaje dentro de la simple compraventa civil de bienes muebles, sino que merece la calificación de un arrendamiento de obra con suministro de materiales (art. 1588 CC), contrato que incorpora algunos caracteres propios de la compraventa, siquiera sea de cosa futura, pero manteniéndose como esencial la actividad dirigida, no a recibir los materiales, sino la instalación de los mismos en un lugar determinado y según un proyecto previo. Y a esta calificación llegamos en función de la descripción del trabajo realizado que se contiene, esencialmente, en el documento de aceptación por el demandado Don Juan María de la oferta de trabajo efectuada por TAMECASA S.L. (F. 18) donde claramente se recoge que la prestación contractual para la actora era la fabricación y posterior instalación de la barandilla en el inmueble de los demandados, y para éstos, el pago del precio por tales trabajos.

Calificada así la relación contractual que ligó a los litigantes como un arrendamiento de obra con suministro de materiales (artículo 1588 CC) no podemos sostener, como hizo la Juzgadora de instancia, que le sea aplicable la prescripción trienal del art. 1967.4 CC a la reclamación del precio de este arrendamiento de obra, pues una reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS, Sala 1.ª, de 7 Jul. 1982 [RJ 1982, 4220], 10 Jul. 1995 [RJ 1995, 5559] y Núm. 591/2002, de 17 Jun. [Rec. 77/1992], entre otras) ha venido sosteniendo que a tales reclamaciones, al no tener plazo de prescripción especialmente señalado, les resulta aplicable el plazo genérico de los quince años del artículo 1964 del CC, como con acierto sostiene la mercantil recurrente, lo que debe conducir a la estimación del recurso y al éxito de la reclamación de cantidad deducida en la demanda, al no estar prescrita la acción ejercitada y haber sido reconocida en la propia sentencia recurrida la existente obligación de los demandados de satisfacer el precio de los materiales instalados en su inmueble.

Cuarto.-En virtud de cuantas razones se han expuesto con anterioridad procede, con la estimación del recurso de apelación interpuesto, la revocación de la Sentencia recurrida y la íntegra estimación de la demanda formulada, lo que conduce a que las costas de primera instancia se impongan a los demandados (artículo 394.1 LEC) y que no se haga especial declaración sobre las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,


FALLAMOS


 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Construcciones Talleres Mecánicos Castellón S.L., contra la Sentencia dictada el día 1 de julio de 2.009 por la Sra. Juez Sustituta del Juzgado de Primera Instancia Núm. 2 de Castellón, en los autos de Juicio Ordinario Núm. 1182 del año 2.008, de los que este Rollo dimana, debemos revocar y REVOCAMOS la expresada resolución, y en su lugar, estimamos la demanda formulada por la representación procesal de la mercantil Talleres Mecánicos Castellón S.L. y condenamos a los demandados Doña Matilde y Don Juan María a pagar a la mercantil demandante, o a quien legalmente la represente, la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (6.973Z08 euros), mas los intereses legales correspondientes desde la interpelación judicial, con imposición de las costas de primera instancia a los demandados, y sin hacer especial declaración sobre las costas de esta alzada.

Expídase testimonio de esta Sentencia que, junto a los autos originales, serán remitidos al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

INFORMACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

De conformidad con la D.A. 15.ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. SE ADVIERTE que de no efectuar dicho depósito, quedará firme la resolución que se impugna.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente (1322 0000 12 0060 10) indicando, en el campo "concepto" el código "06 Civil-Casación " y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (0030 1846 42 0005001274), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta, el código y la fecha en la forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.

De conformidad con la D.A. 15.ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso extraordinario por infracción procesal contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. SE ADVIERTE que de no efectuar dicho depósito, quedará firme la resolución que se impugna.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a este expediente (1322 0000 12 0060 10) indicando, en el campo "concepto" el código "04 Civil-Extraordinario por infracción procesal" y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente (0030 1846 42 0005001274), se indicará en el campo "concepto" el número de cuenta, el código y la fecha en la forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de los tres anteriores.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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