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Jurisprudencia
 
 
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Sentencia A.P. Jaén 165/2010 de 28 de mayo


 RESUMEN:

Arrendamiento de servicios: Reclamación de cantidad a letrado por daños. Jurisprudencia sobre naturaleza del contrato. Prueba de la negligencia profesional. Diligencia normal.

SECCIÓN TERCERA

SENTENCIA Núm. 165/10

Iltmos. Sres.:

Presidente

D. JOSE CALIZ COVALEDA

Magistrados

D. JESÚS MARIA PASSOLAS MORALES

D. SATURNINO REGIDOR MARTINEZ

En la Ciudad de Jaén, a veintiocho de mayo de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio de Procedimiento Ordinario, seguidos en primera instancia con el núm. 268/09, por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Cazorla, Rollo de Apelación de esta Audiencia núm. 133/10, a instancia de D. Eugenio, representado en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sola Muñoz y en esta por el Procurador del Turno de Oficio Sr. Jaraba Garcia y defendido por el Letrado Sr. Viedma García, contra D. Florentino, representado en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Masdemont Cabezuelo y en ésta por el Procurador de los Tribunales Sr. Mediano Aponte y defendido por el Letrado Sr. García Gómez y contra la Cia de Seguros CASER, representada en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Masdemont Cabezuelo y defendida por el Letrado Sr. Carcelen Barba.

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, de fecha 26 de Enero de 2010.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por dicho Juzgado y en la fecha indicada se dictó Sentencia que contiene el siguiente Fallo: "Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA propuesta por la Procuradora Dña. Manuela Masdemont Cabezuelo en nombre y representación de CÍA. ASEGURADORA CASER.

Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora Dña. Inmaculada Sola Muñoz en nombre y representación de Eugenio, contra D. Florentino, representado por la Procuradora Dña. Manuela Masdemont Cabezuelo; y CÍA. DE SEGUROS CASER, representada por la Procuradora Dña. Manuela Masdemont Cabezuelo; debo ABSOLVER Y ABSUELVO a los indicados demandados de todos los pedimentos obrados en su contra.

Se hace expresa condena de las costas causadas al actor."

Segundo.-Contra dicha Sentencia se preparó e interpuso, en tiempo y forma por D. Eugenio, Recurso de Apelación, que fue admitido en ambos efectos por el Juzgado de Primera Instancia, presentando para ello escrito de alegaciones en el que basaba su Recurso.

Tercero.-Dado traslado a las demás partes del escrito de Apelación, se presentó escrito de oposición por D. Florentino y por la CÍA. DE SEGUROS CASER; remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, en la que se formó el rollo correspondiente, y al no haberse practicado prueba, ni celebrado vista se declararon conclusas las actuaciones para dictar la Resolución procedente.

Cuarto.-Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente Recurso el día referido en los Autos, en que efectivamente tuvo lugar.

Quinto.-En la tramitación de este Recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSE CALIZ COVALEDA, que expresa el parecer de la Sala.

ACEPTANDO los Fundamentos de Derecho de la Resolución impugnada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En la demanda rectora de esta litis se ejercita por el actor una acción de responsabilidad civil de reclamación de daños frente a su Abogado con motivo de su actuación profesional en los Autos de Procedimiento Abreviado n.º 59/07 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Cazorla, por asunto de "Violencia de Género", que originó los Autos de Procedimiento Abreviado de la Audiencia Provincial de Jaén, Rollo de Sala n.º 10/2008, de la Sección Tercera, en el que el actor fue asistido por el Letrado, hoy demandado, D. Florentino, basando el actor su demanda en que el demandado realizó una deficiente defensa de sus derechos, y consecuencia de la cual ha sido la grave condena que el actor ha sufrido en virtud de Sentencia n.º 151/2008, de fecha 10 de junio de 2008, de la Sección Tercera de la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén, y todo ello al amparo de los arts. 1902, 1108 y concordantes del Código Civil y Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de Seguro.

La sentencia de instancia, desestima la demanda por considerar, en síntesis, que el letrado demandado, actuó en nombre de su compañera, sin que esa circunstancia supusiera que el mismo dejase de atender las obligaciones que como letrado contraía con respecto al actor, y defendió al mismo en el acto del juicio oral debidamente, obrando con la pericia y diligencia profesional exigible, ajustando su actuación a las normas de su profesión, y sin que, por otro lado se haya acreditado que haya padecido depresión en ninguna de sus formas clinicas determinante de la existencia del daño moral por el que reclama; de todo lo cual concluye que no concurren los requisitos jurisprudencialmente exigidos para que prospere la acción ejercitada.

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la parte actora, insistiendo, de un lado, en que la actuación profesional del letrado demandado no observó la diligencia exigida a los letrados, como profesionales de la abogacía, que imponen al abogado el cumplimiento de con el máximo celo y diligencia la misión o trabajo que le ha sido encomendado, ya que en ningún momento se entrevistó con su representado en el Centro Penitenciario para obtener información directa de los hechos por los que había de defenderlo en el proceso penal y ello pese a haber asumido la defensa por sustitución de otra compañera, y de otro lado, que aunque la sentencia de instancia niega la existencia de daño moral, sin embargo se obvia lo suplicado en el escrito de demanda en el que se pidió una indemnización en concepto de daños y perjuicio y no cabe duda de que el actor tuvo una pérdida por consecuencia de la condena penal traducida en la pérdida de su puesto de trabajo, consecuencia de la cual dejó de obtener las ganancias propias de aquella actividad.

Por su parte los demandados, ahora apelados, se oponen al recurso y solicitan la confirmación de la sentencia recurrida por considerarla totalmente ajustada a derecho.

Segundo.-Tal y como tiene declarado reiteradamente la Jurisprudencia, entre otras, sentencias de 7 de marzo de 1988, 16 de julio de 1990, 15 de diciembre de 1994, 16 de diciembre de 1996, 28 de enero de 1998, y 25 de marzo de 1998, la relación de derecho que vincula a los abogados con sus clientes constituye un contrato de arrendamiento de servicios por el que se encomienda a aquellos su defensa ante los Tribunales de Justicia. Igualmente que el contrato de arrendamiento de servicios esta deficientemente contemplado en los arts. 1583 a 1587 del Código Civil, la mayoría de ellos derogados tácitamente, por lo que se regula por lo pactado y en el caso de los abogados por lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía.

Dicha norma constituida inicialmente por el R.D. 2090/1982 de 24 de julio impone a los abogados en el ejercicio de su profesión y en lo atinente a la relación con sus clientes, las obligaciones de cumplir con el máximo celo y diligencia la misión de defensa que le ha sido encomendada, guardar el secreto profesional y atenerse a las exigencias técnicas, deontológicas y morales adecuadas a la tutela jurídica del asunto (art. 53); asi como realizar diligentemente las actividades que le imponga la defensa del asunto confiado (art. 54), e informar a sus clientes del eventual éxito o fracaso de la pretensión a ejercitar (S.T.S. de 16 de diciembre de 1996); Estatuto ahora derogado por el R.D. 658/2001, de 22 de junio, que regula en sus artículos 1.º, 42 y 78 las obligaciones citadas.

El incumplimiento de tales obligaciones a cargo del Abogado, sin perjuicio de la responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad civil por dolo o negligencia por el perjudicado o por quienes le sustituyan (art. 102 a 106).

Tercero.-De todo lo anterior se extrae que nos encontramos ante una acción mixta, aunque predominantemente dentro de la esfera contractual, cuyo punto de referencia será el art. 1101 del Código Civil, en relación con el art. 1542 y 1544 del mismo texto legal, en el ámbito de la responsabilidad civil contractual, complementado con el art. 1902 del mismo texto legal, para la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo tal dicotomía en la normativa es irrelevante, en cuanto para la aplicación de ambos preceptos (1101 y 1902 del Código Civil), se requieren los mismos presupuestos:

a)la existencia de una previa obligación; b) que la actuación del Abogado haya incurrido en el reproche de negligencia o falta de diligencia conforme a los deberes que le eran exigibles en aquel marco normativo; c) la realidad de los perjuicios ocasionados a la otra parte; y d) el nexo causal eficiente entre aquella conducta y el quebranto patrimonial producido.

Cuarto.-En el caso que nos ocupa el reproche que se formula al demandado es la falta del máximo celo y diligencia en el cumplimiento de su deber de defensa en el proceso penal por no entrevistarse con su defendido en el Centro Penitenciario para obtener información directa de los hechos por lo que había de defenderlo, pese a haber asumido la defensa por sustitución de otra compañera, aduciendo además que le engañó diciéndole que dijera la verdad ya que esa misma noche se iria a su casa.

La primera cuestión a dilucidar será determinar cual era la obligación del abogado, para aplicando tal doctrina al caso de autos concluir si ha habido incumplimiento contractual. Pues bien, hay que convenir que la obligación del abogado, entendido de manera genérica, no puede ser la de obtener un resultado, sino la de desarrollar una actividad de manera adecuada a los imperativos de su profesión, y que consistirá en la aplicación de su lex artis, o conocimientos técnicos en la materia por la que ha sido contratado para defender los intereses de su patrocinado. Y en esta tesitura, a la luz de las pruebas practicadas se observa lo siguiente:1.º) Que el demandado sustituyó a su compañera designada primeramente de oficio, D.ª María Consuelo, compañera de despacho, y en la que obviamente comparten asuntos y tienen todos los antecedentes del expediente en cuestión; 2.º) que el actor fue ingresado en prisión por orden judicial, desde el 27 de septiembre de 2007, manteniéndose dicha medida hasta la celebración del juicio oral, habiendo interesado su abogado hasta en dos ocasiones diferentes su puesto en libertad (doc. 1 y 2 del escrito de contestación); 3.º) no consta que durante este tiempo el letrado demandado ni su compañera visitaran al acusado en prisión, pero tampoco consta que el actor requiriera su presencia en ningún medio (telefónicamente, por carta, etc). En cambio si aparece acreditado que el letrado tuvo alguna entrevista con el acusado pues éste afirma que "le engañó diciéndole que dijera la verdad ya que esa misma noche se iría a su casa"; 4.º) consta acreditado por la lectura de la sentencia de la Sección 3.ª de la Ilma. Audiencia Provincial, que el letrado defensor del acusado (hoy actor) solicitó, en primer lugar, la libre absolución de su patrocinado, por la circunstancia eximente de embriaguez, y subsidiariamente solicitó la reducción de las penas solicitadas por el Ministerio fiscal y la acusación particular al grado mínimo, por concurrencia de las circunstancias atenuantes del art. 21.3 del Código Penal, por arrebato, obcecación, u otro estado pasional semejante, y se opuso a la apreciación del delito de lesiones imputado por la acusación particular por inexistentes y por falta de prueba durante la instrucción del procedimiento; 5.º) igualmente, de la lectura de la sentencia, queda acreditada la minoración de las penas impuestas al acusado por los delitos y faltas por los que fue condenado, si se compara con las solicitadas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.

Quinto.-Como señala la Sentencia T.S. de 23 de mayo de 2007, la negligencia profesional de un abogado exige la demostración -por la parte actora- que la resolución judicial ha sido consecuencia de la deficiente actuación o desconocimiento de las normas profesionales del letrado encargado de la defensa, y que distinto habría sido el resultado del juicio si la defensa del cliente hubiera sido acorde a la "nex artis" propia de un abogado normal.

Pues bien, a la vista de los hechos anteriormente constatados cabe indicar que no es de apreciar en el supuesto de autos que la diligencia del letrado demandado no haya sido la normal en un supuesto como el de autos, máxime cuando el acusado obtuvo una minoración de una de las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y la absolución por el delito de lesiones que le imputaba la acusación particular. En consecuencia, al no darse los requisitos anteriormente mencionados para la viabilidad de la acción ejercitada la sentencia de instancia habrá de ser confirmada y desestimado el recurso interpuesto frente a la misma.

Sexto.-Dado el sentir de esta Sentencia, por imperativo del Art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se habrán de imponerse al apelante las costas del presente Recurso.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Cazorla, con fecha 26 de enero de 2010, en Autos de Juicio Procedimiento Ordinario, seguidos en dicho Juzgado con el número 268/09, debemos de confirmar y confirmamos la referida Sentencia, con imposición de las costas del Recurso al apelante.

Notifíquese esta Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de Casación y en su caso por Infracción Procesal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en los artículo 477 y ss., 469 y ss., en relación con la Disposición Final 16 de la LEC y demás preceptos concordantes, que habrá de prepararse mediante escrito que se presentará ante este Tribunal dentro de los cinco días siguientes a su notificación, previa constitución de depósito en cuantía de 50 euros, que deberá ser ingresado en la cuenta de ésta Sección abierta en Banesto al n.º 0713-0000-06-0133/10, todo ello de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos, así como quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita).

Comuníquese esta Sentencia por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia de procedencia, con devolución de los Autos originales para que lleve a cabo lo resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha durante las horas de Audiencia Ordinaria; doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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