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Sentencia T.S.J. Aragón 426/2010, de 14 de junio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Seguro de accidentes. Valoración de la prueba: Corresponde al juzgador la libre facultad para valorar la prueba con arreglo a la sana crítica, sólo constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas. Formulación del recurso: No se formula adecuadamente ningún motivo dirigido a la modificación fáctica, ni se propone texto alternativo sobre el relato fáctico de la sentencia de instancia, ni se cita prueba documental o pericial que pudiera fundamentarlo. Resulta precisa la denuncia de preceptos normativos infringidos por la sentencia de instancia. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00426/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100376

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000383 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA: 0000383 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 005

Recurrente/s: Clara Y OTROS

Abogado/a: PATRICIA MEDINA PEREZ

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s:

Abogado/a:

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 383/2010

Sentencia número: 426/2010

M.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a catorce de junio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 383 de 2010 (Autos núm. 602/2009), interpuesto por la parte demandante D.ª Clara, D. Jose Luis y D. Juan Luis, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5, de Zaragoza de fecha 3 de marzo de 2010; siendo demandado GILMA PARQUETS SL, MAPFRE FAMILIAR SA. MAPFRE EMPRESAS SA, sobre reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D.ª Clara, D. Jose Luis y D. Juan Luis, contra Gilma Parquets SL. y otros ya nombrados, sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Zaragoza, de fecha 3 de marzo de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D.ª Clara, D. Jose Luis y D. Juan Luis, contra la empresa GILMA PARQUETS S.L., y las aseguradoras MAPFRE SEGUROS GENERALES (MAPFRE FAMILIAR) y MAPFRE EMPRESAS debo condenar y condeno a la empresa GILMA PARQUETS S.L. a abonar a los actores la suma de 25.000 euros, de la que responderá solidariamente, hasta el límite de 24.000 euros, la aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES (MAPFRE FAMILIAR); absolviendo a la aseguradora MAPFRE EMPRESAS de toda responsabilidad en los hechos enjuiciados".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- Que D. Darío, con N.I.E. núm. NUM000, prestó servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa GILMA PARQUETS S.L. hasta su fallecimiento el 11-12-08 a causa de un infarto, que tuvo lugar en la obra en la que estaba trabajando, sita en la Avda/ de los Monegros, polígono núm. 29 de Huesca.

Segundo.-Que el trabajo que desarrollaba el fallecido era la colocación de puertas en la citada obra. Dedicándose la empresa para la que prestaba servicios a la instalación de carpintería y suelos de madera.

Tercero.-Que la empresa GILMA PARQUETS S.L. tiene concertada con la entidad MAPFRE SEGUROS GENERALES (MAPFRE FAMILIAR) una póliza de seguros que cubre el riesgo profesional, incluido el fallecimiento accidental, siendo la suma asegurada por persona para este riesgo de 24.000,00 euros. En la póliza figura como actividad del colectivo: Industria de la Madera. Los beneficiarios a efectos de la garantía de fallecimiento son, por orden preferente: el cónyuge, los hijos, los padres o los herederos legales del asegurado (folios 109 y siguientes).

Cuarto.-Que D.ª Clara era esposa del trabajador fallecido en virtud de matrimonio celebrado el 30-07- 78 en la localidad de Teisani (Rumanía). Del referido matrimonio nacieron D. Jose Luis, el 28-10-79 y D. Juan Luis, el 13-12-82 (documentación aportada como diligencia para mejor proveer).

Quinto.-Que celebrado acto de conciliación terminó con el resultado de intentado sin acuerdo.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada Gilma Parquets SL, Mapfre Familiar SA. Mapfre Empresas SA.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el escrito de formalización del presente recurso de suplicación se enuncian tres motivos, solo en el primero de ellos se hace referencia al apartado b) del artículo 191 TRLPL, y en los tres, en un totum revolutum, se realizan afirmaciones fácticas desprovistas de amparo en el relato fáctico de la sentencia de instancia, se formulan críticas a los medios de prueba actuados a instancia de las demandadas, se discrepa sobre la valoración dada por el juzgador de instancia a los distintos medios probatorios actuados -con manifiesta, y natural, prevalencia respecto a los practicados a instancia de los recurrentes- y se trata de formular razonamientos y argumentaciones con ánimo de contradecir las afirmaciones fácticas efectuadas en la resolución recurrida respecto a la actividad laboral desarrollada por el causante de los demandantes, la actividad industrial de la empresa empleadora y el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral existente entre el causante de los demandantes y esta, y a la póliza de seguros suscrita entre las codemandadas Gilma Parquet S.L. y Mapfre Familiar S.A.

No se formula motivo alguno relativo a la censura jurídica de la resolución impugnada (la cita del Convenio Colectivo que estima aplicable se efectúa en el contexto de la discusión respecto a la modificación del relato de hechos probados, pero no contiene censura jurídica de ninguna clase). Ni menos se propone texto alternativo respecto a los ignorados ordinales del relato fáctico de la sentencia de instancia de cuya modificación pudiera tratarse, ni tampoco se cita prueba documental o pericial alguna que pudiera fundamentar tal, ¿posible?, pretensión.

Segundo.-Se hace preciso recordar, nuevamente, que en el proceso laboral no existe la segunda instancia, sino un recurso extraordinario de suplicación que solamente puede fundamentarse en los motivos establecidos con carácter tasado por la ley. Así se deduce sin dificultad de los arts. 191 y 194 apartados 2 y 3 de la LPL. En los motivos de infracción de normas jurídicas sustantivas del apartado c) del art. 191 LPL, debe partirse de la relación fáctica de la sentencia salvo que se logre su modificación por el cauce del art. 191.b) en relación con el 194.3, y deben señalarse expresamente los preceptos y jurisprudencia que se consideren infringidos por el juzgador de instancia.

La naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, en el que no rige el principio iura novit curia y en el que, salvo la concurrencia de infracciones de orden público, la Sala ha de decidir dentro de los motivos de suplicación (STS, 4.ª de 13.12.2002) y en el que, por ello mismo, se deben respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley.

El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido (sentencias del TC. 29 de junio de 1998, 93/97, de 8 de mayo de 1997 y 18/93 de 18 enero de 1993).

Y para la modificación del relato de hechos probados de la sentencia de instancia es doctrina jurisprudencial constante y uniforme la que exige, para que tal clase de pretensión progrese, los siguientes requisitos:

a) Solamente puede solicitarse la revisión de hechos probados en base a prueba documental, que obre en autos, (ya por haber sido aportada en la instancia, bien porque haya llegado a ellos en base al mecanismo especial contemplado en el artículo 231), practicada, dice la Ley, o pericial practicada en la instancia.

b) Existencia de error en la apreciación del juzgador de instancia que debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador, sin que, tampoco, sea admisible la alegación de prueba negativa, aquella que entiende insuficiente el medio de prueba en que el juzgador apoya su declaración.

c) Que el hecho cuya modificación se pretende sea trascendente en el fallo, es decir ha de servir de soporte al motivo jurídico que alterará el pronunciamiento.

d) Proposición de un texto alternativo a la redacción cuya modificación se pretende.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 25 de enero de 2005, RCUD n.º 24/2003, constante doctrina de esta Sala expresiva de que "la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, STS 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1.º-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2.º-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3.º-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4.º-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

En las sentencias de 12.5 y 5.11.2008 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo añade:

La valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado ó no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" (arts, 316, 348, 376 y 382 de la LEC), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas ó absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas (arts. 1218 y 1225 del Código Civil, 319.1 y 2, y 326.1 de la LEC, respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos).

Tercero.-La aplicación al presente recurso de la anterior doctrina, produce la desestimación del recurso. Ni se formula, de manera adecuada, motivo alguno dirigido a la modificación fáctica (dicho queda que lo que se hace es, en un totum revolutum, realizar afirmaciones fácticas desprovistas de amparo en el relato fáctico de la sentencia de instancia, formular críticas a los medios de prueba actuados a instancia de las demandadas, discrepar sobre la valoración dada por el juzgador de instancia a los distintos medios probatorios actuados -con manifiesta, y natural, prevalencia respecto a los practicados a instancia de los recurrentes- y aportar razonamientos y argumentaciones dirigidas a contradecir las afirmaciones fácticas efectuadas en la resolución recurrida respecto a la actividad laboral desarrollada por el causante de los demandantes, la actividad industrial de la empresa empleadora y el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral existente entre el causante de los demandantes y esta, y a la póliza de seguros suscrita entre las codemandadas Gilma Parquet S.L. y Mapfre Familiar S.A.), ni se propone texto alternativo respecto a los ordinales del relato fáctico de la sentencia de instancia de cuya modificación pudiera tratarse, ni tampoco se cita prueba documental o pericial alguna que pudiera fundamentarlo.

Ni existe motivo dirigido a la censura jurídica y, si bien es cierto que, para casos concretos y determinados [vid. sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 10.11.2004 (rec. 4531/2003)] es posible la interposición de recurso de suplicación en base simplemente a solicitud de revisión fáctica, sin formulación de motivo de censura jurídica; no es menos cierto que, al menos en el presente caso, resulta absolutamente precisa la denuncia de preceptos normativos infringidos por la sentencia de instancia, dado el objeto del recurso.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 383/2010, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 90/2010 dictada en 3 de marzo del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 5 de los de Zaragoza que confirmamos en toda su integridad. Sin costas

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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