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Sentencia T.S.J. Aragón 538/2010, de 14 de julio


 RESUMEN:

Incapacidad temporal: Impugnación de alta médica. Tras el tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación de las lesiones sufridas con ocasión de accidente no laboral (fractura de tibia), el alta médica emitida identifica una situación en la que la patología se estima suficientemente estabilizada como para no ser previsible una mejoría sustancial, aunque sea susceptible de tratamiento paliativo o de continuación del rehabilitador, valorando que no incapacita para el trabajo. Se declara adecuada a lo dispuesto en los arts. 128 y 131 de la LGSS el alta médica impugnada. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00538/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100446

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000453 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001365 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 006

Recurrente/s: Pedro Jesús

Abogado/a: AMALIO SANCHEZ PEREZ

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: MUTUA ACCIDENTES ZARAGOZA

Abogado/a: MARTA MARTINEZ PEREZ

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 453/2010

Sentencia número: 538/2010

P.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARIA MEDINA Y ALAPONT

En Zaragoza, a catorce de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 453 de 2010 (Autos núm. 1365/2009), interpuesto por la parte demandante Pedro Jesús, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza, de fecha 19 de abril de 2010; siendo demandados INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SERVICIO ARAGONES DE SALUD y MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA, sobre impugnación alta médica. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Pedro Jesús, contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y otros ya nombrados, sobre impugnación alta médica, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 6 de Zaragoza, de fecha 19 de abril de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que con desestimación de las excepciones formuladas de incompetencia y desestimando la demanda interpuesta por Pedro Jesús contra el INSS, TGSS, SALUD y MAZ debo absolver y absuelvo a las codemandadas de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- El demandante D. Pedro Jesús, nació el 10/10/1963 y está afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social con n.º NUM000.

Es único socio y Administrador de la mercantil Lostal 2000 S.L. dedicada a la actividad económica de servicios de restaurantes; es titular de un establecimiento abierto al publico sito en la calle Santiago n.º 14 de esta ciudad, con 4 trabajadores por cuenta ajena (f. 98, 100, y 102).

Tiene cubierto el riesgo de incapacidad temporal por contingencias comunes con la mutua codemandada MAZ, se encuentra al corriente en el pago de las cotizaciones. Es además, socio de la mercantil Inversiones Tasol S.L. dedicada a la actividad económica de servicios de hospedaje.

Segundo.-El demandante sufre -en accidente no laboral ocurrido el 9/8/2008, al ser arrollado por una vaquilla- fractura de la meseta tibial derecha. Inició situación de IT por contingencias comunes el 10/8/2008, con baja médica de la Seguridad Social (f. 111).

Es intervenido quirúrgicamente el 14/8/2008 realizándose osteosíntesis con placa; es reintervenido el 17/9/2008 para extracción de material de osteosísntesis y desbridamiento de herida quirúrgica; es reintervenido el 15/1/2009 para retirada de tornillo.

Tercero.-El 6/10/2009 se emite informe médico evaluador de la situación de IT por transcurso de 12 meses (ex art. 128 de la LGSS), en el que se hace constar que no existen signos inflamatorios con movilidad 120 (f. 56).

El EVI propone alta médica (f. 57).

Cuarto.-El INSS acuerda alta médica con fecha de 15/10/2009 (f. 28). Formulada discrepancia por el demandante, y tras los trámites pertinentes (sin pronunciamiento en contra del Servicio Público de Salud) el alta médica se eleva a definitiva en Resolución del INSS de 21 de Octubre de 2009 (f. 36). Se abona prestación de IT hasta el 21/10/2009 por parte de MAZ.

Quinto.-Se ha formulado la pertinente Reclamación Previa, que ha sido desestimada.

Sexto.-La base reguladora diaria de la prestación por IT es la señalada por la mutua MAZ respecto de la cual no ha existido controversia (50 euros/día).

Séptimo.-A la fecha de emisión del alta médica el demandante se encontraba limitado para la deambulación y/o bipedestación mantenida, con buen aspecto general, amiotrofia de cuádriceps, movilidad dentro de la normalidad, balance articular normal, y sin signos infamatorios".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada MAZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Por el cauce procesal previsto en el apdo. b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, T. R. de 7 de abril de 1995, pretende el recurso la revisión del Hecho Probado Séptimo, con apoyo probatorio en la documental y pericial que señala.

La jurisprudencia (entre otras, SsTS de 25-1-2005, r. 24-03 y de 20-6-2006, r. 189-04), respecto a la revisión en casación de los Hechos Probados, con doctrina aplicable al recurso de suplicación, tiene declarado que los Hechos sólo pueden adicionarse, suprimirse o rectificarse si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que haya sido negado u omitido en la resultancia fáctica recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias divergentes o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas; c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, es decir, que la modificación haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación; y e) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

La sustitución buscada en el caso no puede prosperar, de acuerdo con la citada jurisprudencia, teniendo en cuenta que la conclusión que la sustenta no resulta de una forma clara y patente de la prueba documental y pericial citada en apoyo del Motivo, pues existen otros informes médicos, concretamente los del EVI de la Entidad Gestora, al que hace remisión expresa la Sentencia en el Hecho Tercero, y del SALUD, que avalan la convicción de la juzgadora, de modo que la propuesta que presenta el recurso es consecuencia de una valoración de la prueba desde un punto de vista unilateral y de parte, mientras que la valoración imparcial y objetiva está reservada al juzgador de instancia, conforme al art. 117. 3 de la Constitución, art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral, y art. 348 de la Procesal civil respecto a la pericial.

Plasmar en el relato un contenido específico de algunos de los informes médicos obrantes en autos, aunque sean de facultativos del sistema público de salud, y no de otros, implica, no la demostración de un error claro y patente en la apreciación probatoria del juzgador, sino la sustitución de la conclusión judicial por la de la parte demandante, lo que no puede ser objeto de la revisión fáctica prevista en el art. 191 b) de la LPL, porque, conforme al art. 97 de la misma Ley, es al juzgador a quien corresponde valorar los elementos de convicción derivados de la prueba practicada, y así lo ha hecho en la Sentencia, sin que los matices existentes en los informes señalados por el recurso evidencien error en la apreciación judicial de la prueba sino diferente criterio médico al emitido por otros facultativos.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 81/88 de 28 de abril, señala que el Juez de lo Social incardina los hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta". La conveniencia o no de los dictámenes médicos, corresponde al Juez de instancia quedando sustraída a la valoración subjetiva de la parte recurrente. Es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras, STS 17 de diciembre de 1990) la de que es al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio éste que el de los medios de prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el art. 97.2 de la LPL en relación con el art. 348 de la LEC: "El tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica".

Se desestima, en consecuencia, el Motivo de revisión fáctica formulado en el recurso.

Segundo.-Al amparo del art. 191. c) de la Ley de Procedimiento Laboral de 7 de abril de 1995, motiva el actor su recurso en la infracción del art. 128 de la Ley General de la Seguridad Social, T.R. de 20-6-1994, y del art. 3 del R. Decreto 1030/2006, entendiendo como núcleo de su argumentación, que por las lesiones y limitaciones existentes en la fecha del alta médica declarada por el INSS, carecía de aptitud laboral para la realización de su trabajo de autónomo de restaurante.

La necesidad de asistencia sanitaria que el art. 128 1. a) de la LGSS requiere para la existencia de la incapacidad temporal se refiere a la necesaria para la curación, pero el alta médica, y con ella la extinción de la incapacidad, según el art. 131 bis de la misma ley, procede cuando el proceso de curación o de rehabilitación ha alcanzado el nivel que, a juicio del facultativo, ya no es impeditivo del trabajo, aunque la lesión subsista o se cronifique.

En el caso enjuiciado, según los Hechos que se declaran probados, tras el tratamiento médico, quirúrgico y de rehabilitación de las lesiones sufridas en agosto de 2008 con ocasión de accidente no laboral, esencialmente consistentes en fractura de tibia, el alta médica emitida el 9-10-2009, con efectos de 15-10-2009, identifica una situación en la que la patología se estima suficientemente estabilizada como para no ser previsible una mejoría sustancial, aunque sea susceptible de tratamiento paliativo o de continuación del rehabilitador, valorando que no incapacita para el trabajo, sin perjuicio de que, en el futuro, el estado del interesado pueda mejorar por posible implantación de prótesis.

En la Sentencia se concluye que no se ha desvirtuado en el juicio el carácter no invalidante del estado actual, a fecha del alta médica, de las lesiones, pese a la subsistente posibilidad de aliviar la sintomatología, conclusión que se comparte puesto que no demuestra la pericial practicada que en esa fecha el demandante no tuviera aptitud para el desarrollo de su trabajo, lo cual conduce a declarar, como se hace, adecuada a lo dispuesto en los arts. 128 y 131 de la LGSS el alta médica ahora impugnada.

En consecuencia no existe la infracción legal denunciada, por lo que procede la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia dictada.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 453 de 2010, ya identificado antes, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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