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Sentencia T.S.J. Aragón 539/2010, de 14 de julio


 RESUMEN:

Infracción: Falta de alta en la Seguridad Social. Nulidad de actuaciones: En el juicio oral se omitió el trámite de conclusiones. Debe citarse de nuevo a las partes al juicio y en él, manteniendo la validez de las actuaciones previas a la formulación de las conclusiones por las partes, así como de la diligencia final practicada, se dé ocasión a las partes para formular las conclusiones indicadas, incluyendo en ellas las que suscite la diligencia final practica, subsanándose de este modo los defectos procesales denunciados en el recurso, tanto sobre la omisión del trámite de conclusiones como sobre el traslado para alegaciones respecto a la citada diligencia. Estimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00539/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100450

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000457 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001015 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 007

Recurrente/s: INSPECCION TRABAJO S.S.

Abogado/a: ABOGADO DEL ESTADO

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: CENTRO MEDICO REY FERNANDO SL

Abogado/a: ARTURO ACEBAL MARTIN

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 457/2010

Sentencia número: 539/2010

A.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARIA MEDINA Y ALAPONT

En Zaragoza, a catorce de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 457 de 2010 (Autos núm. 1015/2009), interpuesto por la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de ZARAGOZA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza, de fecha 5 de Mayo de 2010; siendo partes el CENTRO MEDICO REY FERNANDO SL, D.ª Rafaela Y D.ª Vicenta, sobre procedimiento de oficio. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda de oficio por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, contra Centro Médico Rey Fernando S.L., D.ª Rafaela y D.ª Vicenta), sobre procedimiento de oficio, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 7 de Zaragoza, de fecha 5 de mayo de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que desestimando la demanda formulada por la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ZARAGOZA contra la mercantil CENTRO MEDICO REY FERNANDO S.L., DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la misma de la demanda formulada en su contra.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"Primero.- Mediante acta de infracción de fecha de 01/07/2009 se propuso por la Inspección de Trabajo la imposición a la mercantil CENTRO MEDICO REY FERNANDO S.L. de una sanción por importe de 2.500 € por la comisión de dos infracciones calificadas como graves en su grado mínimo por no haber comunicado en tiempo y forma debida el alta en la Seguridad Social de las codemandadas Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta, extendiéndose igualmente actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social respecto de cada una de las citadas codemandadas.

Segundo.-Formulada impugnación de aquellas actas, se presentó por la Autoridad Laboral ante este Juzgado demanda de procedimiento de oficio para que se declarara la existencia de relación laboral entre la demandada CENTRO MEDICO REY FERNANDO S.L. y Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta.

Tercero.-Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta forman parte del equipo médico de la demandada CENTRO MEDICO REY FERNANDO S.L, la primera dentro del equipo de medicina general y la segunda dentro del de pediatría que comparten cada una de ellas con otros dos facultativos de la misma especialidad, prestación de actividad que se realiza en virtud de sendos contratos de arrendamientos de servicios de fechas de 01/01/2007. El citado Centro Médico cuenta con un total de diecinueve facultativos en total, de catorce especialidades médicas.

Cuarto.-Las referidas Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta prestan su actividad en el establecimiento denominado MARÍN VALLE SC que la mercantil demandada tiene en la c/ Jorge Guillén n.º 33 local de Zaragoza y la compatibilizan con sus actividades profesionales como facultativas en la medicina pública y privada, fijando para ello a través de las correspondientes agendas individualizadas - al igual que el resto de facultativos del Centro - los días y horas en que pasan consulta, dando las instrucciones pertinentes al respecto a los trabajadores de recepción del Centro, encargados de dar cita a los usuarios. La prestación de actividad de aquellas se realiza los días y en el horario en que el Centro está abierto al público, no existiendo en el mismo Servicio de Urgencias, sin sujeción a órdenes o instrucciones por parte del Centro demandado en cuanto a ese aspecto. Para las vacaciones o puentes las facultativas se ponen de acuerdo con los demás facultativos de su especialidad, si bien en ocasiones el servicio ha quedado vacío al no haber podido ser cubierto por ningún facultativo, ya por razón de trabajo o de otras circunstancias personales, sin que exista tampoco intervención por parte del Centro en cuanto a la necesidad de cobertura permanente del servicio ni en cuanto a la autorización de las vacaciones o descansos de aquellas.

Quinto.-Para el desarrollo de su actividad en el Centro Médico demandado Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta utilizan las instalaciones (consultas), medios materiales (mesas, sillas, ordenador, etc.) y personales (recepcionistas, limpiadoras, etc) del citado centro, empleando en las actuaciones médicas su propio instrumental, muchas veces regalado por laboratorios farmacéuticos. Dñ.ª Rafaela y Dñ.ª Vicenta, al igual que el resto de facultativos del Centro, fijan, de manera individualizada y sin intervención del Centro demandado, para los usuarios no asegurados en alguna compañía sanitaria privada un precio por acto médico, el cual modifican libremente, dando a los recepcionistas las instrucciones pertinentes y siendo éstas quienes se encargan de su cobro, encargándose asimismo de pasar la tarjeta sanitaria a los usuarios asegurados. El Centro Médico demandado percibe una parte del precio fijado por acto médico realizado por cada facultativo del mismo, expidiendo las correspondientes facturas mensuales en cuanto al resto y cuyos importes varían en función del número de actos médicos realizados. Los facultativos del Centro se encuentran dados de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo impugnado dicho escrito por el Centro Médico Rey Fernando S.L.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Con amparo en el ap. a) art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, T. R. de 7 de abril de 1995, interesa la recurrente que se declare la nulidad de la sentencia recurrida, mandando reponer los autos al momento anterior al que fue dictada, con denuncia de infracción de los preceptos constitucionales y legales que refiere, en cumplimiento de las garantías, derechos e intereses de las partes.

A la Sala incumbe valorar su cumplimiento a través del proceso, hallándose facultada para el examen de las actuaciones sin sujeción alguna a los hechos probados, ni a los motivos de suplicación esgrimidos, determinando si por el Juzgador se han cumplido las exigencias establecidas por los arts. 74.1 y 87.4 de la Ley procesal laboral, en relación con el art. 24.2 de la Constitución, en relación con trámite dispuesto en el citado art. 87.4 LPL de que "practicada la prueba, las partes o sus defensores, en su caso, formularán oralmente sus conclusiones de un modo concreto y preciso...".

Segundo.-En el juicio oral, según la grabación obrante en autos, una vez practicada la prueba propuesta por ambas partes, se acordó por el juzgador la práctica de diligencia final o para mejor proveer, dando a continuación por terminado el acto.

Tras la práctica del mejor proveer, y dado traslado a las partes para alegaciones sobre su resultado, si bien este traslado es tachado también de defectuoso por el Abogado del Estado, se dictó sentencia en la instancia.

Así pues, por inadvertencia o lapsus sin duda no intencionado y posiblemente provocado por la incidencia en el juicio oral de la Diligencia Final que el Juzgador, en el mismo acto, decidió practicar, no se abrió ni practicó el trámite de conclusiones orales establecido en el art. 87.4 de la LPL.

Tercero.-La STS de 29-6-2001, r. 1886/2000, declara: "Nuestra sentencia - la de 14-10-80 - anuló las actuaciones porque "el juicio se dio por terminado una vez que fueron practicadas las pruebas propuestas, sin que hubiera tenido lugar el trámite de conclusiones (...)"; omisión que puede dar lugar, ciertamente, a posibles situaciones de indefensión para las partes que se ven privadas de un trámite previsto para criticar la prueba practicada y exponer los argumentos de su defensa o resistencia ante el juzgador, con plenas garantías".

En efecto, la STS de 14-10-1980 (ROJ: STS 419/1980) declaró: "...se recoge (en) la correspondiente acta de juicio, se dio éste por terminado una vez que fueron practicadas las pruebas propuestas sin que hubiera tenido lugar el trámite de conclusiones a que de manera expresa se refiere el art 78 del Texto Procesal Laboral, y todo ello de conformidad con la constante doctrina jurisprudencial imperante sobre la materia, que viene sosteniendo reiteradamente que la omisión del trámite de conclusiones en el acto del Juicio lleva consigo la nulidad de actuaciones, que debe ser declarada de oficio por ser atribución de los Tribunales velar por la correcta aplicación de las normas de derecho necesario que regulan el procedimiento, la que indudablemente ha de originarse después de terminado el periodo de prueba, por presuponer no solo el quebrantamiento de aquellos preceptos enunciados con anterioridad, sino también dar lugar a posibles situaciones de indefensión por las partes (Sentencias de 14-11-1964, 19-10-1965 y otras muchas), razones que traen como consecuencia la nulidad de actuaciones, del procedimiento de que el recurso dimana, que hayan sido realizadas después de terminado el periodo probatorio, a cuyo momento procesal se reponen devolviéndolas para que en su tramitación se ajusten a un todo a las disposiciones de índole procesal de forma inexcusable, con severa observancia de las mismas, nulidad acordada que por tanto ha de llevar acarreada la de la sentencia, todo lo cual a su vez ha de impedir el examen de las restantes cuestiones planteadas en los demás motivos en los que el recurso se apoya..."

De igual modo, STS de 23-11-1987 (ROJ: STS 7441/1987): "Si a ello se une que en el supuesto concreto no se observó el principio de unidad de acto del art. 76 LPL al suspenderse el juicio sin necesidad de traslado de la Magistratura, y que se omite en el juicio el trámite de conclusiones, cuya falta -que puede ser acusada de oficio (Sentencia de 14-10-1980)- lleva a la consecuencia de determinar nulidad de lo actuado desde entonces".

Cuarto.-Es, en consecuencia, inexcusable para la Sala declarar la nulidad de lo actuado desde el omitido trámite de conclusiones del juicio oral, para que se cite de nuevo a las partes al acto del juicio y en él, manteniendo la validez de las actuaciones previas a la formulación de las conclusiones por las partes, así como de la Diligencia final practicada, se dé ocasión a las partes para formular las conclusiones indicadas, incluyendo en ellas, por elemental economía procesal, las que suscite la diligencia final practicada, subsanándose de este modo los defectos procesales denunciados en este recurso, tanto sobre la omisión del trámite de conclusiones como sobre el traslado para alegaciones respecto a la citada diligencia, Motivo éste del recurso en cuyo más extenso estudio no procede entrar, pues la formulación por ambas partes de las conclusiones omitidas en su día permitirá alegar al respecto lo que proceda, evitándose cualquier asomo de indefensión.

En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente


FALLO


 
Estimamos el recurso de suplicación n.º 457 de 2010, ya identificado antes, y, en consecuencia, anulamos la sentencia recurrida y actuaciones practicadas después, con retroacción del procedimiento a la fase de formulación de conclusiones en el juicio oral.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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