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Sentencia T.S.J. Aragón 568/2010, de 21 de julio


 RESUMEN:

Despido disciplinario: Improcedencia. No todo incumplimiento del contrato por parte del trabajador es constitutivo de despido, sino tan sólo cuando se produzca de forma grave y culpable, siendo exigible que la conducta sancionada sea maliciosa, a través de actos voluntarios que denoten una intencionalidad u omisión culpable imputable a una torcida voluntad de su autor. La gravedad de la sanción obliga a una interpretación restrictiva de la misma. No se ha acreditado la existencia de una conducta imprudente por parte de la actora, víctima de un timador. No se produce incumplimiento contractual que justifique su despido disciplinario. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00568/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100490

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000497 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000025 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 003

Recurrente/s: "PC CITY SPAIN S.A.U."

Abogado/a:

Procurador: ELISA CASANUEVA ROYO

Graduado Social:

Recurrido/s: Estefanía

Abogado/a: VANESA PELEGRIN GRACIA

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 497/2010

Sentencia número: 568/2010

E

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a veintiuno de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 497 de 2010 (Autos núm. 25/2010), interpuesto por la parte demandada P.C. CITY SPAIN SAU, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza, de fecha siete de abril de 2010; siendo demandante D.ª Estefanía, sobre despido. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D.ª Estefanía, contra P.C. CITY SPAIN SAU, sobre despido, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 3 de Zaragoza, de fecha siete de abril de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda formulada por D.ª Estefanía, contra la empresa PC CITY SPAIN SAU declaro la improcedencia del despido efectuado en fecha 27-11-09, condenando a la empresa demandada, a su elección, a la readmisión del actor en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que regían antes del despido, o a que le indemnice con 701,25.- euros, y al abono, en todo caso, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 27-11-09, a razón de 18,70.- euros diarios, hasta la fecha de notificación de esta resolución.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- La actora D.ª Estefanía ha venido prestando sus servicios para la empresa PC CITY SPAIN SAU desde el 23-2-09 con la categoría de Asesor en planta, con retribución mensual de 561`09.- euros incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, en virtud de contrato de carácter indefinido y a tiempo parcial de 20 horas semanales, en el centro de trabajo del Centro Comercial Augusta, de Zaragoza.

La trabajadora no ostenta ni ha ostentado representación legal ni sindical de los trabajadores ni consta su afiliación a sindicato alguno.

Segundo.-La actora fue despedida por causas disciplinarias mediante carta de 27-11-09, por trasgresión de la buena fe y abuso de confianza en el desempeño del trabajo al amparo de los arts. 54.2 d) ET y 64.13 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes. Se imputan a la actora los siguientes hechos:

"El pasado día 25 de noviembre de 2009, la Dirección de la Empresa ha tenido conocimiento de la existencia de un descuadre de caja imputable directamente a su persona de 399 euros. Ante tal hecho, la Dirección de la Empresa, procedió a realizar la correspondiente investigación interna para conocer las causas de dicho descuadre, tras la cual, ha podido constatarse lo siguiente.

En fecha 24 de noviembre de 2009, usted estuvo prestando sus servicios durante su jornada laboral en la caja número 254. Ese día, las cámaras de seguridad del centro de trabajo en el que usted presta sus servicios, y que como conoce, graban tanto a clientes como a los propios empleados, captaron una imágenes mientras usted se encontraba trabajando en la caja 254 de la tienda, concretamente a las 20:10 horas, en las que se observa como usted mientras se encontraban cobrando a un cliente, permitió que éste metiera la mano en la caja hasta en dos ocasiones. En dicha grabación puede observarse cómo usted es perfectamente consciente del hecho y permite que éste ocurra.

A mayor abundamiento, se observa en las citadas imágenes que usted en el momento en que iba a devolver el cambio al cliente al que estaba cobrando, extrae de la caja un fajo de billetes sin contarlos, lo cual no está permitido pues como usted conoce, sólo debe cogerse el dinero necesario para entregar el cambio al comprador y así evitar posibles hurtos de efectivo. A pesar del conocimiento que usted tiene de ésta obligación, extrajo el citado fajo de billetes de la caja, de manera que el cliente, tras varios intentos consiguió coger él mismo el referido fajo de billetes, calculando él mismo su cambio, lo cual es de todo punto inadmisible, pues en ningún momento usted intentó quitarle el dinero de la mano a pesar de observar lo que estaba ocurriendo, con el consiguiente desconocimiento por su parte de qué cantidad de dinero finalmente cogió el cliente.

Dicho comportamiento supone una negligencia absoluta en el cumplimiento de sus funciones, con el consiguiente perjuicio económico que para la compañía implica.

Al finalizar dicha jornada del día 24 de noviembre, se observó que en la caja número 254 en la que estuvo trabajando, existió un descuadre en la misma que ascendía a 399,98 euros que, como le indicamos, tras la realización de la oportuna investigación, ha podido contarse que es exclusivamente imputable a su persona."

Tercero.-Se declara probado que sobre las 20Z10 horas del día 24-11-09, la actora se encontraba prestando servicios para la demandada en la caja n.º 252 del centro de trabajo, cuando la demandante procede a cobrar a un cliente por la compra de un "pen drive", cuyo precio era de 9,50.-euros, éste lo hace con un billete de 50.- euros y, antes de que la Sra, Estefanía pueda entregar los cambios, el cliente requiere un billete pretextando que contiene un número de teléfono que le es imprescindible y que quiere recuperarlo, intentando a su vez meter la mano en la caja reiteradamente, caja que se encuentra abierta para la operación de cobro y devolución de cantidad sobrante, así como también el cliente insta a al actora a que revise los billetes de cincuenta euros, lo que hace sin soltar el manojo a pesar de que el cliente intenta asirlos en varias ocasiones, sucediendo toda la secuencia en el lapso de tiempo de alrededor de un minuto y medio.

La caja atendida por la actora se encuentra situada a dos metros del vigilante de seguridad de la tienda.

Cuarto.-A la finalización de la jornada del 24-11-09 y, al cuadrar la caja, la actora detecta un descuadre en la misma, cuyo importe es de 399Z98.- euros, procediendo a avisar una compañera para detectar el fallo sin lograrlo. Al día siguiente, dos empleados del departamento de administración, sin que esté presente la trabajadora, investigan la causa del descuadre sin conseguirlo. Posteriormente, el encargado de cajas D. Eloy procede al visionado de la grabación de las cámaras de seguridad de la tienda constatando que la causa es que un cliente ha cogido el dinero de al caja.

Quinto.-Cuando el día 27-11-09 el encargado de tienda le entrega la carta de despido a la trabajadora, se le exhibe la grabación de la secuencia del cliente que coge el dinero de la caja y es cuando la actora toma conciencia de que el cliente se ha apropiado de dinero e la caja.

La empresa reconoce que en la grabación se ve que es un timo y que la actora no debió darse cuenta de que el cliente metía la mano en la caja.

Sexto.-No resulta acreditado que la trabajadora demandante haya firmado o que conozca normativa de la empresa sobre manejo de dinero de la caja registradora ni prohibición de sacar los billetes en fajo de la misma.

Séptimo.-Es de aplicación el Convenio Colectivo de Grandes Almacenes, Resolución de 23-9-09 (BOE 5-10-09).

Octavo.-Instado el preceptivo acto de conciliación ante el S.A.M.A. fue intentado sin avenencia entre las partes en fecha 8-1- 10.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-D.ª Estefanía interpuso demanda de despido contra la mercantil PC City Spain, SAU. La sentencia de instancia estimó la demanda, declarando improcedente el despido disciplinario de la actora. Contra ella recurre en suplicación la parte demandada, formulando un primer motivo al amparo del apartado b) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), en el que postula la revisión del hecho probado tercero.

La parte recurrente basa esta pretensión revisora en el DVD que aportó al juicio conteniendo la grabación de los hechos enjuiciados efectuada por una cámara de seguridad situada en la tienda demandada, que estaba enfocada hacia la caja en la que se produjeron los hechos de autos.

En primer lugar, es menester examinar si la citada grabación tiene la condición de prueba documental a efectos de la revisión fáctica suplicacional formulada al amparo del apartado b) del art. 191 de la LPL. Los medios audiovisuales y soportes electrónicos están regulados en los arts. 382 a 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Pero esta concisa normativa, de únicamente tres artículos, no está regulando un medio de prueba autónomo y distinto de los tradicionales (documental, testifical, reconocimiento judicial...) sino que se limita a regular unas fuentes de prueba, surgidas como consecuencia de los avances tecnológicos, pero que se aportan al litigio como medio probatorio documental, por las razones siguientes:

I. La LEC emplea un concepto amplio de prueba documental en varios preceptos.

1) El art. 270 LEC, bajo el epígrafe: "presentación de documentos en momento no inicial del proceso", se refiere indistintamente a "documentos, medios o instrumentos". El término "instrumentos" lo utilizan los arts. 382 y 384 LEC para referirse a los "instrumentos de filmación, grabación y semejantes" y a los "instrumentos que permiten archivar, conocer o reproducir datos relevantes para el proceso".

2) El art. 326 LEC regula la fuerza probatoria de los documentos privados. El apartado 3 de este precepto, introducido por la Ley 59/2003, de 19-12, de Firma Electrónica, establece que cuando se pida la eficacia de un documento electrónico o se impugne su autenticidad habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 3 de esta Ley 59/2003.

3) El art. 327 LEC, incluido asimismo dentro de la sección correspondiente a la prueba documental privada, se ocupa de los libros de los comerciantes. En la primera frase se remite a lo dispuesto en las leyes mercantiles. Y a continuación añade "de manera motivada, y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presenten ante él los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados". Por consiguiente, equipara los libros escritos y los soportes electrónicos, regulando estos últimos dentro de la prueba documental privada. Y no parece que sea coherente que los soportes electrónicos de los comerciantes sean prueba documental privada y los restantes soportes electrónicos no lo sean.

4) El art. 812.1.1.º de la LEC faculta para acudir al proceso monitorio cuando se acredite la correspondiente deuda "mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o (...) con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor".

Este precepto no solo hace referencia a la prueba documental sino a algo más: a un título apto para acudir al proceso monitorio. Y en él, el legislador procesal ha admitido el concepto amplio de documento que se ha venido imponiendo fuera del proceso. Ello supone que para ejecutar deudas el legislador acoge una noción amplia de documento, a fin de favorecer el tráfico jurídico, permitiendo acudir al proceso monitorio cuando se acredite la deuda con un soporte electrónico.

II. Gran parte de los preceptos de la LEC que regulan la prueba documental pueden aplicarse a los medios audiovisuales y soportes informáticos.

1) Los arts. 317 a 327 LEC regulan el valor probatorio de la prueba documental, que está en función de su impugnación por la parte a quien perjudique y de su autenticación. Este trámite de impugnación y autenticación es aplicable a los soportes electrónicos y medios audiovisuales que contengan declaraciones en las que se identifique su autor y fecha.

2) Las disposiciones comunes a la documental pública y privada de los arts. 328 a 333 LEC son aplicables a los medios audiovisuales y soportes electrónicos. Si una de las partes litigantes o un tercero, en vez de tener en su poder un documento escrito relevante para el proceso, tiene un DVD o una cinta de vídeo que contiene información trascendente para la resolución del litigio, en aras a la tutela judicial efectiva forzoso es concluir que tiene el mismo deber de exhibición que tendría en el caso de que se tratase de un documento escrito, pues no cabe establecer diferencia alguna por el hecho de que la información esencial para el litigio esté recogida en un papel o en un medio audiovisual o soporte informático. Entender lo contrario vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.

3) También es aplicable a estos medios y soportes lo dispuesto en el art. 334 LEC. Si se aporta al juicio una copia de una cinta de vídeo y se impugna su exactitud (es decir, su concordancia con la cinta original) será preciso, tal y como previene la citada norma, proceder a su cotejo con el original, si es posible.

4) Lo mismo sucede con la obligación de aportar copias de los documentos para las restantes partes impuesta por el art. 273 de la LEC. Carecería de sentido que, pese a que la LEC obliga a aportar "ad limine litis" tanto los documentos en soporte papel como los citados medios y soportes, únicamente se exigiese la aportación de copias para entregarlas a las restantes partes respecto de aquéllos y no de éstos. En aras al principio de igualdad de armas procesales y para evitar que las restantes partes solo tengan conocimiento de estos medios y soportes en el juicio oral, siendo que fueron aportados mucho antes, debe defenderse la aplicación del citado precepto a los medios audiovisuales y soportes informáticos.

5) Los arts. 317 y 319.2 de la LEC son normas incompletas, que remiten a los conceptos legales de los documentos que mencionan, entre los que se incluyen determinados soportes electrónicos.

a) El art. 317 de la LEC enumera los documentos que considera públicos, entre ellos los notariales. La Ley 24/2001, de 27-12, añadió un art. 17 bis a la Ley del Notariado de 28-5-1862, estableciendo que la escritura notarial y su copia no perderán su carácter por el hecho de estar redactados en soporte electrónico con la firma electrónica avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes e intervinientes, obtenida de conformidad con la Ley reguladora del uso de firma electrónica por parte de notarios. Este precepto regula la escritura pública electrónica. Por tanto, al completar el art. 317 de la LEC con la normativa que regula las escrituras públicas, forzoso es concluir que incluye determinados soportes electrónicos. Y el art. 3.6.a) de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, establece que el documento electrónico será soporte de "documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa (...)". Este precepto da carta de naturaleza al documento electrónico público suscrito por un fedatario.

b) Por su parte, el art. 319.2 de la LEC considera prueba documental a los "documentos administrativos (...) a los que las leyes les otorguen el carácter de públicos". Pues bien, el art. 46.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), considera documento público administrativo a los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Si este art. 46.4 lo ponemos en relación con el art. 45.5 de este texto legal, que atribuye a "los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas", la misma validez y eficacia del documento original (siempre que se garantice el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por las leyes), forzoso es concluir que la LRJAP considera documento público administrativo a determinados documentos electrónicos emitidos por las Administraciones públicas. Y como quiera que el art. 319.2 de la LEC es una norma incompleta, no cabe sino concluir que estos documentos administrativos en soporte electrónico serán subsumibles en la citada norma procesal, constituyendo prueba documental pública. Asimismo, el art. 3.6.b) de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica establece que el documento electrónico será el soporte de "documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos (...)".

6) Por último, el art. 324 de la LEC establece un concepto amplio de prueba documental privada: "se consideran documentos privados, a efectos de prueba en el proceso, aquellos que no se hallen en ninguno de los casos del art. 317". La LEC, que no contiene ninguna definición de prueba documental, define la prueba documental privada con un concepto negativo que es una suerte de cláusula residual: lo son todos aquéllos que no son públicos. Si los arts. 317 y 319.2 de la LEC obligan a reputar prueba documental pública determinados soportes electrónicos, con mayor razón aún el concepto amplio de documento privado (respecto del cual en ningún momento se exige la escritura) permitiría incluir a los medios audiovisuales y soportes electrónicos. En este sentido, el art. 3.6.c) de la Ley 59/2003, de Firma Electrónica establece que el documento electrónico será soporte de documentos privados.

III. Un examen de los tres únicos preceptos que se ocupan de los medios audiovisuales y soportes electrónicos dentro del capítulo VI del título I del libro II de la LEC (arts. 382 a 384) revela que su regulación no solo es cuantitativamente muy escasa, sino que cualitativamente tiene una entidad mínima. Los arts. 382.1 y 384.1 LEC se limitan a establecer la admisibilidad de estas pruebas, haciendo hincapié en la necesidad de que el tribunal y las restantes partes tengan conocimiento de ellas. Los arts. 382.2 y 384.2 LEC estatuyen que ambas partes pueden proponer pruebas sobre la prueba practicada. Aunque la LEC guardase silencio sobre este punto, no cabe duda de que las partes podrían proponer la prueba que a su derecho conviniese sobre este extremo. Resulta revelador el art. 384.2 "in fine": "La documentación en autos se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento, bajo la fe del secretario judicial, que, en su caso, adoptará también las medidas de custodia que resulten necesarias". Este texto establece 1) que la documentación "se hará del modo más apropiado a la naturaleza del instrumento". Se trata de una frase vacía, que no aporta ninguna información. 2) "Bajo la fe del secretario judicial". Lo mismo cabe decir de este inciso. Y 3) el secretario judicial "adoptará también las medidas de custodia que resulten necesarias". Aun cuando el precepto legal nada dijera sobre esta cuestión, la función de custodia de los medios de prueba le correspondería al secretario judicial. Los arts. 382.3 y 384.3 prevén que estas pruebas se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica. Y el art. 383.2 se limita a estatuir que el material audiovisual "habrá de conservarse por el tribunal, con referencia a los autos del juicio, de modo que no sufra alteraciones".

Si a esta parquedad regulatoria le unimos la aplicación a estos medios audiovisuales y soportes electrónicos, de una pluralidad de preceptos relativos a la prueba documental, forzoso es concluir que la mención en tres artículos situados al final de la regulación de los medios de prueba, de una regulación mínima de estos medios y soportes, la cual sigue siendo tributaria de la regulación propia de la prueba documental, es insuficiente. Se trata de unas fuentes de prueba, no de unos medios de prueba. Los medios de prueba son los enumerados en el art. 299.1 de la LEC, los cuales constituyen un "númerus clausus" en el que no están incluidos los medios audiovisuales y soportes electrónicos.

IV. En coherencia con una realidad social que evidencia la generalización del uso de los nuevos medios técnicos, en el ordenamiento jurídico se está abriendo paso un concepto amplio de documento, que incluye estos medios audiovisuales y soportes electrónicos.

1) La Ley 34/2002, de 11-7, que regula los Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su art. 24 (intitulado "Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica") apartado 2.º establece que "el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental".

Por tanto, una norma con rango de ley, posterior a la LEC, afirma que los soportes electrónicos en los que consten contratos celebrados por vía electrónica constituyen prueba documental.

2) La Ley Orgánica 2/1989, de 13-4, Procesal Militar, establece en su art. 159: "Además de las pruebas documentales determinadas en la Ley común, también podrán aportarse (...) con tal carácter las obtenidas a través de medios de audiovisión consistentes en películas cinematográficas, vídeos, diapositivas, microfilms, radiografías, grabaciones sonoras o visuales, o de cualquier otro medio que pueda proyectarse o reproducirse visual o fónicamente durante el sumario o en la vista ante el Tribunal".

3) El art. 26 del Código Penal, intitulado "concepto de documento", establece: "A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica". Y el art. 264.2 del CP (que tipifica el delito de daños cualificados) sanciona al que dañe "los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos".

4) Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera documentos a los emitidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos. El apartado X, párrafo 8.º de la exposición de motivos de la LO 16/1994, de 8-11, de reforma de la LOPJ, establece: "Constituye una necesaria novedad de la reforma que se acomete, el tratamiento de la utilización de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la administración de justicia. La nueva redacción del art. 230 de la LOPJ, al tiempo que otorga validez a los documentos emitidos (...)". Y el art. 230.1 y 2 de la LOPJ, en la redacción conforme a la citada LO 16/1994, prevé: "1. Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones (...) 2. Los documentos emitidos por los medios anteriores (...)". Por tanto, la LOPJ, a partir de la reforma llevada a cabo por la citada LO 16/1994, considera documentos a los emitidos por los órganos jurisdiccionales empleando estos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos.

En definitiva, el concepto amplio de documento, comprensivo de los electrónicos, es el que impera en el resto del ordenamiento jurídico, con el que tiene que resultar coherente la interpretación de la LEC. Y un concepto amplio de este medio probatorio permite un mejor control suplicacional del acierto fáctico de instancia y, por tanto, de la justicia del caso.

Tercero.-En cuanto a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre esta materia, puede citarse la sentencia del TS/I n.º 523/1999, de 12 junio, que sostuvo que "las cintas magnéticas, videos y cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual del pensamiento humano (...) debiendo ser catalogados (...) como prueba documental asimilable a los documentos privados, por cuanto que, al igual que con estos ocurre, si la parte a quien perjudiquen no los reconoce como legítimos, habrán de ser sometidos a la correspondiente verificación o comprobación, por medio de la prueba pericial o, incluso, de reconocimiento o inspección personal del Juez", conceptuándolos como prueba documental.

La sentencia del TS/IV de 8-2-1991 afirma que unas cintas de vídeo grabadas constituyen "per se" un documento, aunque ello no impide que puedan asimismo ser objeto de una pericia, en atención a su contenido.

Respecto de los pronunciamientos efectuados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), la sentencia del TSJ de Andalucía con sede en Málaga de 28-1-2000, recurso 2111/1999, considera documentos, a efectos de prueba, la fotografía, el vídeo, las cintas magnetofónicas y los disquetes de ordenador.

Las sentencias del TSJ de Galicia de 21-11-1996, recurso 5135/1996 y 22-1-2000, recurso 5809/1999, sostienen que las cintas de vídeo constituyen prueba documental. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Galicia de 3-5-2002, recurso 944/2002, respecto de una grabación digital. Y la de este TSJ de 22-10-2002, recurso 4211/2002, admite la prueba de cintas videográficas como documental a efectos revisorios suplicacionales.

La sentencia del TSJ de Madrid de 28-10-1992, recurso 2592/1992, considera que las cintas de vídeo son prueba documental y estima una revisión fáctica suplicacional basada en ellas. La sentencia del TSJ de Madrid de 26-10-1994, recurso 4660/1993, explica que procedió a la contemplación de las cintas de vídeo en las que se sustentaba la pretensión revisora, llegando a la conclusión de que de su examen no resultaba la existencia de error en la valoración probatoria del juez "a quo". Ello supone, a la vista de lo dispuesto en el art. 191.b) de la LPL (que prevé exclusivamente la revisión fáctica fundada en la prueba documental y pericial) que este TSJ admitió implícitamente la naturaleza de prueba documental de estas cintas de vídeo y la posibilidad de que las mismas tuvieran eficacia revisora en suplicación. Y la del TSJ de Madrid de 19-12-1998, recurso 5720/1997, denomina documento a una cinta de vídeo, desestimando una pretensión de revisión fáctica fundada en ella, no porque sea inidónea formalmente, sino porque de su contemplación no se advertía el error evidente del juzgador.

La sentencia del TSJ de Murcia n.º 1042/1998, de 16-9-1998, efectúa un pormenorizado análisis jurídico acerca de si una cinta de vídeo puede considerarse prueba documental, pronunciándose en sentido afirmativo. Posteriormente, la sentencia de este TSJ n.º 1164/1998, de 20-10-1998, reiteró que una cinta de vídeo es prueba documental, argumentando incluso que si la parte recurrente dudaba de su autenticidad, debió hacerlo constar formalmente a los efectos del art. 86.2 de la LPL, a fin de que se suspendiesen las actuaciones para que presentase querella criminal debida a la falsedad del documento. Y las sentencias de este TSJ n.º 291/1998, de 6-3-1998 y n.º 71/2000, de 17-1-2000, sin pronunciarse expresamente acerca de si una cinta de vídeo es una prueba documental, explican que se ha procedido a la contemplación de su contenido, a fin de determinar si procedía estimar la petición de revisión fáctica en suplicación fundada en la cinta de vídeo, llegando a la conclusión de que no evidenciaba el error probatorio de instancia, lo que supone un reconocimiento implícito de su naturaleza documental a los efectos de lo dispuesto en el art. 191.b) de la LPL.

La sentencia del TSJ del País Vasco de 14-3-2000, recurso 3175/1999, examina si las cintas magnetofónicas y de vídeo constituyen prueba documental y concluye que, aun cuando no es propiamente un documento, sí que accede al proceso por medio de la actividad que constituye el medio de prueba documental, dada su condición de soporte material representativo de hechos, por lo que procede asignarle valor de prueba documental a los efectos del art. 191.b) LPL.

Cuarto.-A la vista de los citados argumentos y pronunciamientos jurisdiccionales, este TSJ de Aragón no puede sino concluir que el mentado DVD, que contiene una grabación efectuada por una cámara de seguridad situada en la tienda demandada, que estaba enfocada hacia la caja en la que se produjeron los hechos de autos, tiene eficacia revisora suplicacional "ex" art. 191.b) de la LPL. Sin embargo, el visionado de este DVD no evidencia la existencia de error probatorio de instancia. El hecho probado tercero de la sentencia recurrida contiene una descripción objetiva y precisa de lo que refleja esta grabación. La parte recurrente pretende sustituir este ordinal por otro con una prolija descripción de los hechos, pero la escasa calidad de la citada grabación impide reputar acreditados todos los citados extremos, puesto que el visionado del DVD no demuestra la certeza de la minuciosa adición fáctica propuesta por la parte recurrente, lo que conduce al fracaso de este motivo.

Quinto.-En el último motivo del recurso, formulado al amparo del art. 191.c) LPL, se denuncia la infracción de los arts. 55.4, 55.7, 54.2.d) y 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, de los arts. 108.1, 109 y 105.2 de la LPL, así como de la jurisprudencia que cita, alegando, en esencia, que la conducta de la trabajadora constituye un incumplimiento contractual que justifica su despido disciplinario.

Como explican las sentencias de esta Sala n.º 560/2008, de 2-7; 846/2009, de 18-11; 908/2009, de 2-12 y 82/2010, de 10-2, entre otras, en las cuestiones disciplinarias o sancionadoras, han de ponderarse todos los aspectos, objetivos y subjetivos, pues elementales principios de justicia exigen perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, a través de un análisis específico e individualizado de cada caso concreto, con valor predominante del factor humano, pues en definitiva, se juzga la conducta del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, o con ocasión de ellas.

No todo incumplimiento del contrato por parte del trabajador es constitutivo de despido, sino tan sólo cuando se produzca de forma "grave y culpable", siendo exigible que la conducta sancionada se revele "maliciosa", esto es, a través de "actos voluntarios" que denoten una "intencionalidad u omisión culpable... (imputable) a una torcida voluntad" de su autor (sentencias del TS de 16-6-1965 y 5-5-1980), pues la gravedad de la sanción de que se trata obliga a una interpretación restrictiva de la misma con la consecuente imposición de otras de una menor trascendencia disciplinaria, si del examen de las circunstancias concurrentes resulta que los hechos imputados, si bien pudieran ser merecedores de sanción, no lo son de la más grave... siendo así necesario resaltar para la valoración de la falta cometida, su entidad, así como las circunstancias personales y de índole profesional de su autor, por el claro matiz subjetivo que la caracteriza.

El art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que entre las conductas que justifican el despido se incluyen las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, y la trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo, incumplimientos que se imputan al trabajador en la carta de despido.

La valoración de la conducta sancionable ha de hacerse con criterio individualizador (sentencia del TS de 2-2-1987) y gradualista (sentencia del TS de 5-3-1987), en cuanto se ha de conocer la singularidad de caso, valorando las circunstancias concurrentes y sus peculiaridades, con especial relevancia del factor humano o personal, y a través del examen individualizado de cada caso ha de pretenderse lograr una plena coherencia y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción (sentencia del TS de 19-2-1990), ya que toda falta admite matices y graduaciones a los efectos de aplicar o no la máxima sanción del despido, debiendo reservarse tal sanción para aquellos incumplimientos dotados de una especial significación por su carácter grave, trascendente e injustificado y siempre que la culpabilidad resalte de un modo patente, no cuando resulte atemperada o atenuada en virtud de las circunstancias concurrentes (sentencia del TS de 24-2-1990). La jurisprudencia mantiene esta tesis gradualista en la imposición de las sanciones, tal como la expone la sentencia del TS de 2-04-1992, en relación con los incumplimientos señalados en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores: "Las infracciones que tipifica al art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, para erigirse en causa que justifiquen sanción de despido, han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficiente, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos, exigiéndose, por el contrario, análisis individualizado de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como las de su autor, pues sólo desde tal perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción, ya que tales infracciones, las que tipifica el mencionado art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, si bien manifiestan incumplimiento contractual, no denotan, abstractamente consideradas, la conjunta concurrencia de culpabilidad y gravedad suficiente". Dice la sentencia del TS 11-10-1993 que los arts. 55.3 hoy art. 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1 de la Ley de Procedimiento Laboral establecen que el despido será procedente si se acreditan tales incumplimientos y en caso contrario será improcedente. Para esta declaración, el Juez ha de realizar un juicio de valor sobre la gravedad y culpabilidad de las faltas alegadas (art. 54 del Estatuto de los Trabajadores) y, para ello tiene que examinar la adecuación de las conductas imputadas a la descripción de faltas que se recogen en el cuadro sancionador correspondiente.

Sexto.-En el supuesto enjuiciado en la presente litis, la actora prestaba servicios para la empresa PC City Spain, SAU como asesor en planta. El 24-11-2009 estaba prestando servicios en una de las cajas de la tienda, procediendo a cobrar a un cliente por la compra de un "pen drive", cuyo precio era de 9,50 euros. El cliente pagó con un billete de 50 euros. Antes de que la demandante le pudiera entregar los cambios, el cliente solicitó el billete, pretextando que contenía un número de teléfono imprescindible y que quería recuperarlo, intentando meter la mano en la caja reiteradamente, caja que se encontraba abierta para la operación de cobro y devolución de cantidad sobrante, instando a la actora a que revisase los billetes de cincuenta euros, lo que hizo sin soltar el manojo a pesar de que el cliente intentó asirlos en varias ocasiones, sucediendo toda la secuencia en el lapso de tiempo de alrededor de un minuto y medio. Esta caja se encuentra situada a dos metros del vigilante de seguridad de la tienda. Al finalizar la jornada se detectó un descuadre en la caja de 399Z98 euros, que fueron sustraídos por el citado cliente.

Se declara probado que la empresa reconoce que en la grabación se ve que es un timo y que la actora no debió darse cuenta de que el cliente metía la mano en la caja. No resulta acreditado que la trabajadora demandante haya firmado o que conozca normativa de la empresa sobre manejo de dinero de la caja registradora ni prohibición de sacar los billetes en fajo de la misma.

Séptimo.-A juicio de esta Sala, coincidiendo con la Juez de instancia, los citados extremos patentizan que la actora fue víctima de un timo, lo que supuso un perjuicio económico de 399Z98 euros para la empresa demandada. Pero, valorando con criterio individualizador y gradualista la conducta sancionada, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, forzoso es concluir que no se ha acreditado la existencia de una conducta imprudente por parte de esta trabajadora, víctima de un hábil timador, que por su gravedad, configure un incumplimiento contractual de esta trabajadora que justifique su despido disciplinario, "ex" art. 54.2 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que procede desestimar el recurso, confirmando la sentencia de instancia, declarando la improcedencia del despido de la actora.

Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso (art. 233.1 LPL) y a la pérdida del depósito y de la consignación (art. 202 LPL).

En atención a lo expuesto,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación núm. 497 de 2010, ya identificado antes y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso y a la pérdida del depósito y de la consignación.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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