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Sentencia T.S.J. Aragón 552/2010, de 19 de julio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Si la empresa no realiza el descuento de la correspondiente cuota obrera de Seguridad Social en el momento de hacer efectivas las retribuciones, no podrá realizarse con posterioridad, quedando la empresa obligada a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00552/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100482

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000489 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000987 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 005

Recurrente/s: ADIF-ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Abogado/a: ELENA ESCRIBANO LACAMBRA

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: Germán Y 27 MAS

Abogado/a: IBOYA M.ª ECHAURI ABAD

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 489/2010

Sentencia número: 552/2010

E

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. JOSÉ ENRQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a diecinueve de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 489 de 2010 (Autos núm. 987/2009), interpuesto por la parte demandada ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza de fecha 15 de febrero de 2010; siendo demandantes Germán, Moises, Roque, Jose Luis, Jesús Ángel, Alfonso, Bienvenido, Donato, Fernando, Isaac, Marcelino, Roberto, Víctor, Luis Miguel, Adriano, Benigno, Desiderio, Felix, Isidoro, Mariano, Remigio, Victoriano, Luis Francisco, Agapito, Bernabe, Edemiro Y Gabino, sobre reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D. Germán y otros ya nombrados, contra ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 5 de Zaragoza, de fecha 15 de febrero de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por Germán, Moises, Roque, Jose Luis, Jesús Ángel, Alfonso, Bienvenido, Donato, Fernando, Isaac, Marcelino, Roberto, Víctor, Luis Miguel, Adriano, Benigno, Desiderio, Felix, Isidoro, Mariano, Remigio, Victoriano, Luis Francisco, Agapito, Bernabe, Edemiro Y Gabino, contra la empresa ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), debo condenar y condeno a la demandada a abonar a los actores las cantidades que se detallan a continuación; con más el interés por mora del 10% respecto de las cantidades reclamadas y concedidas:

TRABAJADOR CANTIDAD RECLAMADA

Germán 77,55

Moises 77,61

Roque 18,09

Jose Luis 13,79

Jesús Ángel 87,1

Alfonso 48,89

Bienvenido 14,05

Donato 38,32

Fernando 65,62

Isaac 48,89

Marcelino 115,49

Roberto 128,2

Víctor 115,73

Luis Miguel 111,32

Adriano 227,48

Benigno 82,36

Desiderio 115,56

Felix 235,47

Isidoro 182,88

Mariano 116,7

Remigio 116,08

Victoriano 82,92

Luis Francisco 145,93

Agapito 54,93

Bernabe 81,89

Edemiro 189,7

Gabino 183,71

".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- Que los trabajadores que se detallan a continuación vienen prestando servicios para la empresa ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) y con anterioridad para RENFE, con las condiciones detalladas en el HECHO PRIMERO de la demanda, que se da por reproducido:

TRABAJADOR DNI ANTIG. CUATRIENIOS CAT.PROF NIVEL SALARSR

SR. Benigno NUM000 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Moises NUM001 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Roque NUM002 16-11-81 6 MANDO INTERMED 9

SR. Jose Luis NUM003 15-07-82 6 MANDO INTERMED 9

SR. Jesús Ángel NUM004 15-07-80 7 MANDO INTERMED 9

SR. Alfonso NUM005 15-03-85 6 MANDO INTERMED 9

SR. Bienvenido NUM006 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Donato NUM007 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Fernando NUM008 15-07-83 6 MANDO INTERMED 9

SR. Isaac NUM009 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Marcelino NUM010 08-02-85 6 MANDO INTERMED 9

SR. Roberto NUM011 14-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Víctor NUM012 05-05-80 7 MANDO INTERMED 9

SR. Luis Miguel NUM013 14-07-80 7 MANDO INTERMED 9

SR. Adriano NUM014 30-06-86 5 MANDO INTERMED 9

SR. Benigno NUM015 21-02-83 6 MANDO INTERMED 9

SR. Desiderio NUM016 15-07-82 6 MANDO INTERMED 9

SR. Felix NUM017 02-09-82 6 MANDO INTERMED 9

SR. Isidoro NUM018 16-09-81 6 MANDO INTERMED 9

SR. Mariano NUM019 08-02-85 6 CUADRO TECNICO 9

SR. Remigio NUM020 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Victoriano NUM021 15-07-82 6 CUADRO TECNICO 9

SR. Luis Francisco NUM022 15-07-79 7 MANDO INTERMED 9

SR. Agapito NUM023 13-07-72 9 MANDO INTERMED 9

SR. Bernabe NUM024 15-06-67 10 CUADRO TECNICO 9

SR. Edemiro NUM025 13-07-81 6 MANDO INTERMED 9

SR. Gabino NUM026 15-07-76 8 MANDO INTERMED 9

Segundo.-Que los demandantes perciben un INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD VARIABLE ANUAL, regulado en el art. 3.3 del Marco regulador del colectivo de Mandos Intermedios y Cuadros, firmado por la empresa y la representación legal de los trabajadores el 2-07-98. En la Cláusula 3.ª3 del XV CONVENIO COLECTIVO DE RENFE, se establece:

"Distribución variable.3.

Ambas partes acuerdan que, desde el 1 de enero de 2005, el adelanto a cuenta de la evaluación y pago final del Sistema de la Variable de la Estructura de Apoyo y Mandos Intermedios y Cuadros se realizará con los siguientes porcentajes y meses de abono:

- 35% en junio en concepto de anticipo.

- 35% en diciembre en concepto de anticipo.

- 30% en abril en concepto de liquidación?.

Tercero.-Que la empresa procede a realizar el descuento de las cotizaciones a la Seguridad Social en el último pago, una vez comprobado el grado de cumplimiento de los objetivos. El descuento comprende la totalidad del incentivo.

Cuarto.-Que el descuento efectuado a los actores en el último pago del incentivo, realizado en el año 2009, pero correspondiente a la anualidad de 2008, asciende a las siguientes cantidades (no discutidas):

TRABAJADOR CANTIDAD RECLAMADA

SR. Benigno 77,55

SR. Moises 77,61

SR. Roque 18,09

SR. Jose Luis 13,79

SR. Jesús Ángel 87,1

SR. Alfonso 48,89

SR. Bienvenido 14,05

SR. Donato 38,32

SR. Fernando 65,62

SR. Isaac 48,89

SR. Marcelino 115,49

SR. Roberto 128,2

SR. Víctor 115,73

SR. Luis Miguel 111,32

SR. Adriano 227,48

SR. Benigno 82,36

SR. Desiderio 115,56

SR. Felix 235,47

SR. Isidoro 182,88

SR. Mariano 116,7

SR. Remigio 116,08

SR. Victoriano 82,92

SR. Luis Francisco 145,93

SR. Agapito 54,93

SR. Bernabe 81,89

SR. Edemiro 189,7

SR. Gabino 183,71

Quinto.-Que se ha agotado la vía administrativa.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La empresa demandada, abona a los demandantes el incentivo de productividad variable, conforme a lo acordado en la cláusula 3.ª3 del XV Convenio Colectivo de RENFE, en tres plazos: un 35 por ciento en junio, como anticipo, otro 35 por ciento en diciembre, como anticipo, y un 30 por ciento en abril como liquidación. Pero realiza el descuento de la cuota obrera correspondiente al referido incentivo en una sola vez, al pagar el último plazo en abril.

El objeto de este proceso es determinar la licitud de tal conducta empresarial. Y el del presente recurso, dada la cuantía de lo reclamado, trata -conforme a lo previsto en el artículo 189.1.e)- única y exclusivamente sobre la competencia del orden social de la jurisdicción para el conocimiento del asunto.

Segundo.-Es cierto que el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, en sentencias de 9.10.1995, rcud 814/1994, y 24.11.19958, rcud 394/1995, ha determinado la competencia del orden contencioso-administrativo de la jurisdicción para el conocimiento de los asuntos relativos a la cuestión de si han de realizarse o no retenciones, y en su caso por qué importe de la cuota obrera de la Seguridad Social. Dice la primera de dichas resoluciones:

Esta Sala en varias Sentencias, de las que mencionamos las de 25 mayo y 20 junio 1992 y 16 marzo 1995, ha declarado que "la determinación de si han de realizarse o no retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a Leyes de naturaleza fiscal y no laboral, cuya interpretación y aplicación corresponde a los tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo". Se trata de sentencias recaídas en recursos de casación para la unificación de doctrina, y por consiguiente, es obligado seguir también ahora los criterios y soluciones que en ellas se mantienen. Así pues, se ha de reputar acertada la decisión que la sentencia recurrida adopta con respecto a la primera de las dos cuestiones antes dichas.

En las sentencias de esta Sala que se acaban de mencionar, no se trata el segundo de los problemas indicados, el relativo al descuento de la cuota obrera de la Seguridad Social; sin embargo también, en relación al mismo, debe seguirse la misma solución que se sostiene con respecto al descuento del IRPF, y declarar también aquí la incompetencia del Orden Jurisdiccional Social para conocer de tal problema; si bien las razones que abonan esta declaración son específicas y propias, y por tanto distintas de las que conducen a aquella otra solución.

El pago a la Seguridad Social de la cuota obrera efectuado por el empresario mediante el oportuno descuento en los haberes del trabajador, viene regulado en los artículo 67 a 75 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 mayo 1974, especialmente en su artículo 68 (preceptos actualmente recogidos en los artículos 103 a 112 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio), y en la Orden Ministerial 28 diciembre 1966 (artículos 24 y 25), y demás disposiciones concordantes. Y tal pago queda enmarcado, de forma indiscutible, en el ámbito propio de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social, como se deduce de lo que prescriben los artículos 1, 4, 8, 9 y 59 y siguientes del Real Decreto 1517/1991, de 11 octubre, que aprobó el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y los artículos 1, 6 y 56 y siguientes de la Orden Ministerial 8 abril 1992.

Pues bien, esta Sala, en numerosas Sentencias de las que mencionamos las de 21 septiembre, 1 octubre, 30 noviembre y 2 y 10 diciembre 1987, 11 julio, 30 octubre y 7 noviembre 1989, 26 enero y 19 julio 1990 y 20 febrero 1991, entre otras, declaró en su día que, teniendo presente lo que se dispone en el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 julio 1985, número 6/1985, es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la competente para llevar a cabo el control de la específica función recaudatoria de la Seguridad Social, dada la naturaleza administrativa de los actos que regulan, en todas sus fases, el desarrollo de la gestión recaudatoria, lo que determina su inclusión en el conjunto de materias que, por aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley 27 diciembre 1956 están atribuidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Estando tal criterio fundado en lo que disponen el artículo 9 de la Ley 40/1980, de 5 julio, modificada por el Real Decreto-ley 10/1981, de 19 junio, el artículo 1.º de este Decreto Ley, y los artículos 2, 4, 97 y 185 y siguientes del Real Decreto 716/1986, de 7 marzo, así como por los artículos 1, 2, 4 y 96 y siguientes del Real 1517/1991, de 11 octubre, que derogó el antedicho Decreto 716/1986.

Y esta doctrina jurisprudencial fue asumida por el legislador, dando lugar a que se dictase la Base primera número 3 de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 12 abril 1989, número 7/1989, y luego, como consecuencia y desarrollo de la misma, el artículo 3, b) del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 abril; actualmente el artículo 3.b) del Texto Refundido que aprobó el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 abril.

Este artículo 3, b) establece que no serán conocidas por los órganos del Orden Social de la Jurisdicción las impugnaciones de "las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta". Es obvio que este precepto ha de ser interpretado de acuerdo con las pautas fijadas en aquella doctrina jurisprudencial, y que por tanto se ha de concluir que los litigios que se susciten en el ámbito de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social han de ser conocidos por los Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo, y no por la Jurisdicción Social.

Por consiguiente, se ha de mantener también la incompetencia de la Jurisdicción Laboral para conocer de las cuestiones que se planteen en relación con el descuento de la cuota obrera de la Seguridad Social efectuado por la empresa sobre los haberes del trabajador. Se recuerda que este criterio ha sido seguido por la Sentencia de esta Sala de 17 octubre 1994, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina.

Tercero.-Pero no es menos cierto que, la misma Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en sentencia dictada en recurso de casación ordinaria n.º 89/1999, excluye -en relación a la doctrina antes reproducida- tal proceso de la competencia del orden contencioso-administrativo, en el que la cuestión litigiosa consistía en determinar si la empresa tiene o no derecho a efectuar el descuento de la cuota obrera de los aumentos realizados de marzo de 1996 a mayo de 1997, una vez que los satisfizo mensualmente sin el descuento.

Razona así la citada resolución:

La cuestión litigiosa se reduce a determinar si la empresa tiene o no derecho a efectuar el descuento de la cuota obrera de los aumentos realizados de marzo de 1996 a mayo de 1997, una vez que los satisfizo mensualmente sin el descuento, la sentencia recurrida decide que el artículo 104.2 de la Ley de Seguridad Social y el artículo 22.4 del Reglamento General de Cotización y Liquidación no autoriza al descuento en momento posterior al efectivo abono de las retribuciones, por lo que da lugar a la demanda. Tanto la oposición a ésta como el recurso se centran en conceptuar las cantidades satisfechas de marzo de 1996 a mayo de 1997 no como salarios sino como "créditos con interés cero". Ciertamente que los aumentos se denominan "anticipos a cuenta" e incluso les da esta denominación el Acuerdo de 12 de marzo de la Comisión Paritaria Permanente del Primer Convenio, pero esta denominación no puede ocultar que son cantidades entregadas en retribución del trabajo efectuado en el mes precedente al que se satisfacen, es decir tienen una indiscutible naturaleza salarial, y el carácter de "anticipo y cuenta" no afecta a su naturaleza sino simplemente a la determinación exacta de su cuantía, determinación provisional que como el propio recurrente reconoce se realizó siempre a la baja.

Visto el carácter salarial de las cantidades discutidas, debe examinarse el problema de la competencia, el recurso invoca el apartado b) del artículo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral que excluye de la competencia del Orden Social "las resoluciones dictadas por la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de gestión recaudatoria o en su caso por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta". Basta la lectura del precepto para comprender que en el litigio ni directa ni indirectamente se impugna o roza resolución alguna de la Tesorería de la Seguridad Social, por ello el recurrente invoca sobre todo las Sentencias de esta Sala de 9 de octubre de 1995 y 24 de noviembre de 1995, que declaran la incompetencia de este Orden Social para conocer sobre el descuento de la cuota obrera de la Seguridad Social en los salarios de tramitación. Es cierto que la materia del pleito guarda una cierta analogía con las sentencias invocadas, pero no se puede desconocer que en el supuesto enjuiciado lo discutido es sustancialmente ajeno a la actividad recaudatoria de la Tesorería de la Seguridad Social, pues como afirman el escrito de impugnación y el informe del Ministerio Fiscal ninguna de las partes sostienen que las cantidades anticipadas estén exentas de cotización y del correspondiente descuento, discutiéndose sólo si este descuento de competencia exclusiva de la empresa ha sido o no realizado extemporáneamente, materia que sólo afecta a la empresa y trabajadores, sin que estos respondan nunca del mismo ante la Seguridad Social artículo 9.1.ª apartado a) del Reglamento General de Recaudación y en el que se trata por una parte de la prohibición de pactos que atribuyan a la empresa el abono de la cotización que se impone al trabajador, artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 22.4 del Reglamento General sobre Cotización de 22 de diciembre de 1995 y por otra parte que esta facultad y obligación impuesta a la empresa pueda suponer merma en los salarios devengados, acumulando indebidamente los descuentos, lo que podría dar lugar a graves perjuicios, y por ello tanto el precepto citado del Reglamento General, artículo 22.4 como el artículo 104.2 de la Ley de Seguridad Social disponen que si la empresa no realiza el descuento en el momento de hacer efectivas las retribuciones, no podrá realizarse con posterioridad quedando la empresa obligada a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

De lo expuesto en el precedente fundamento se concluye que aunque materialmente en el caso enjuiciado se trata de cuotas de la Seguridad Social, en él no se debate materia alguna que implique a la Tesorería, pues hay conformidad en que procede la cotización y ésta se ha realizado, y formalmente lo discutido es si la empresa respeta o no los derechos del trabajador, con ocasión de la obligación que aquélla tiene de descontar la parte de la cuota de la Seguridad Social imputable al obrero. Es decir se trata de una materia en la que sólo están afectados empresa y trabajadores en razón de la relación laboral que las vincula, por lo que es clara la competencia de este Orden Social de la Jurisdicción para conocer de la controversia.

Cuarto.-En el presente caso la cuestión litigiosa es sensiblemente igual a la tratada en el recurso de casación ordinaria n.º 89/1999, resuelto por la sentencia de 7.7.1999 (que la de instancia aplica), y a cuya doctrina, por evidentes razones de seguridad jurídica, ha de estarse. En consecuencia ha de desestimarse el recurso.

Por imperativo legal (art. 233 de la Ley de Procedimiento Laboral) las costas del recurso deben ser impuestas, a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 489/2010, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 63/2010, dictada en quince de febrero del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 5 de los de Zaragoza que se confirma en toda su integridad, imponiendo a la recurrente la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


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