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Sentencia T.S.J. Aragón 558/2010, de 19 de julio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad. Interposición del recurso de suplicación: El tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El recurso no reune los requisitos formales exigidos por la norma procesal de aplicación, ni tampoco se formula motivo alguno dirigido a la censura jurídica. En el presente caso resulta absolutamente precisa la denuncia de preceptos normativos infringidos por la sentencia de instancia, dado el objeto del recurso. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00558/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100500

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000507 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000463 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 004

Recurrente/s: Gerardo

Abogado/a: MARIA SIRA HERNAEZ MACHIN

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: CONSTRUCCIONES JERONIMO MOLINA SL

Abogado/a: MANUEL ORERA AZNAR

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 507/2010

Sentencia número: 558/2010

A.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a diecinueve de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 507 de 2010 (Autos núm. 463/2009), interpuesto por la parte demandante D. Gerardo, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4, de Zaragoza de fecha 8 de enero de 2010; siendo demandado CONSTRUCCIONES JERÓNIMO MOLINA, S.L., sobre reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D. Gerardo, contra Construcciones Jerónimo Molina S.L., sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Zaragoza, de fecha 8 de enero de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por D. Gerardo contra la empresa CONSTRUCCIONES JERÓNIMO MOLINA, S.L. y en su virtud condeno a la empresa demandada a abonar al actor la suma de 137,93 euros que se incrementará con el interés del 10% en concepto de mora.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- El actor D. Gerardo, prestó servicios en la empresa demandada CONSTRUCCIONES JERÓNIMO MOLINA S.L. con categoría de oficial 2.ª, desde el 1-7-08 hasta el 30-10-09.

Segundo.-En fecha 30 de Octubre de 2009 la empresa entregó al actor un escrito en el que le comunicaba su despido por bajo rendimiento asumiendo la improcedencia del despido, negándose el actor a recoger la carta de despido y a firmar nada a la empresa. El actor se ha negado a recibir cualquier documento de la empresa tras su despido.

El actor interpuso denuncia ante la Inspección de trabajo, en fecha 3-11-09.

Tercero.-El actor no fue dado de alta por la empresa sino hasta el 31 de Julio de 2008, extendiéndose acta de infracción por Inspección de Trabajo a denuncia del Sr. Gerardo.

En fecha 18-12-08, ante la Inspección de Trabajo, al actor se le hizo entrega del resultado del reconocimiento médico que le fue realizado en el mes de Octubre cuando fue citado el trabajador por parte de la Mutua.

Cuarto.-Consta acreditada la recepción de equipo individual por el Sr. Gerardo. Igualmente el actor recibió formación de la empresa en fechas 25 y 26 de Septiembre de 2008. Inspección de Trabajo tras constar la falta de pago de la nómina de Octubre de 2008 y el finiquito por importes de 1.729,44 y 1.119 euros respectivamente constató, vía fax, el ingreso de ambas cantidades. Constan efectivamente dos ingresos vía transferencia bancaria en la cuenta del actor en Ibercaja de dos cantidades por importes de 1.726,63 y 1.116,30 euros ambas de fecha 19-12-09.

Quinto.-Fue celebrado el acto de conciliación en fecha 19-11-09 sin acuerdo entre las partes.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, no siendo impugnado dicho escrito por la parte demandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En los dos motivos del recurso, articulados por cauce procesal adecuado, se pretende la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, al objeto de hacer constar en él, al ordinal primero que el recurrente prestó servicios para la demandada desde el 30.6.2008 al 30.10.2008 -motivo primero- y al ordinal segundo que la empresa quiso hacer firmar al recurrente la recepción de la carta de despido por bajo rendimiento.

No cita documento o pericia alguno que soporte tales pretensiones revisorias lo que obliga, por directa aplicación de lo dispuesto en el artículo 191.b) del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral a la desestimación de ambos motivos.

Carece el recurso de motivo alguno dirigido a la censura jurídica lo que, naturalmente, impide su estimación.

Ha de recordarse, nuevamente, que en el proceso laboral no existe la segunda instancia, sino un recurso extraordinario de suplicación que solamente puede fundamentarse en los motivos establecidos con carácter tasado por la ley. Así se deduce sin dificultad de los arts. 191 y 194 apartados 2 y 3 de la LPL. En los motivos de infracción de normas jurídicas sustantivas del apartado c) del art. 191 LPL, debe partirse de la relación fáctica de la sentencia salvo que se logre su modificación por el cauce del art. 191.b) en relación con el 194.3, y deben señalarse expresamente los preceptos y jurisprudencia que se consideren infringidos por el juzgador de instancia.

La naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, en el que no rige el principio iura novit curia y en el que, salvo la concurrencia de infracciones de orden público, la Sala ha de decidir dentro de los motivos de suplicación (STS, 4.ª de 13.12.2002) y en el que, por ello mismo, se deben respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley.

El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido (sentencias del TC. 29 de junio de 1998, 93/97, de 8 de mayo de 1997 y 18/93 de 18 enero de 1993).

Y para la modificación del relato de hechos probados de la sentencia de instancia es doctrina jurisprudencial constante y uniforme la que exige, para que tal clase de pretensión progrese, los siguientes requisitos:

a) Solamente puede solicitarse la revisión de hechos probados en base a prueba documental, que obre en autos, (ya por haber sido aportada en la instancia, bien porque haya llegado a ellos en base al mecanismo especial contemplado en el artículo 231), practicada, dice la Ley, o pericial practicada en la instancia.

b) Existencia de error en la apreciación del juzgador de instancia que debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador, sin que, tampoco, sea admisible la alegación de prueba negativa, aquella que entiende insuficiente el medio de prueba en que el juzgador apoya su declaración.

c) Que el hecho cuya modificación se pretende sea trascendente en el fallo, es decir ha de servir de soporte al motivo jurídico que alterará el pronunciamiento.

d) Proposición de un texto alternativo a la redacción cuya modificación se pretende.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 25 de enero de 2005, RCUD n.º 24/2003, constante doctrina de esta Sala expresiva de que "la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, STS 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1.º-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2.º-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3.º-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4.º-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

En las sentencias de 12.5 y 5.11.2008 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo añade:

La valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado ó no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" (arts, 316, 348, 376 y 382 de la LEC), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas ó absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas (arts. 1218 y 1225 del Código Civil, 319.1 y 2, y 326.1 de la LEC, respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos).

Segundo.-Como se ha anticipado supra, a la luz de la doctrina expuesta, y dado que no es posible que la Sala construya ex oficio el recurso, pues con ello se vulneraría el principio dispositivo y de rogación que rige el proceso, colocándose a la otra parte en situación de indefensión y vulnerándose su derecho a la igualdad como litigante con tal actuación de oficio, la desestimación del recurso es inevitable.

No hay que olvidar -la afirmaciones se han hecho respecto del recurso de casación, pero son extrapolables al de suplicación- que el Tribunal no puede asumir una función de defensa material de la parte, con quiebra del principio de imparcialidad inherente a la función de juzgar, y, como ha quedado expuesto supra, improcedente aplicación del principio "da mihi factum, dabo tibi ius", que es ajeno al recurso extraordinario (STS 30.3.2005 -rec. 226/04 -), por su carácter, se reitera, acentuadamente técnico- jurídico y hallarse sometido a motivos legalmente regulados que han de ser objeto de la exposición correspondiente, lo que determina que "los poderes de la Sala están limitados por los motivos del recurso", de modo que "no puede ésta de oficio sustituir al recurrente en la fundamentación de las causas de impugnación de la sentencia recurrida" (SsTS 29.9.2003 -rec. 4775/02-, 27.4.2005 -rec. 4596/03 - y 16.1.2006 -rec. 670/05-).

Es imposible la prosperabilidad de los motivos dirigidos a la modificación fáctica al no reunir los requisitos formales exigidos por la norma procesal de aplicación, ni tampoco se formula motivo alguno dirigido a la censura jurídica. Y si bien es cierto que, para casos concretos y determinados [vid. sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 10.11.2004 (rec. 4531/2003)] es posible la interposición de recurso de suplicación en base simplemente a solicitud de revisión fáctica, sin formulación de motivo de censura jurídica; no es menos cierto que, al menos en el presente caso, resulta absolutamente precisa la denuncia de preceptos normativos infringidos por la sentencia de instancia, dado el objeto del recurso.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 507/2010, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 15/2010 dictada en 8 de enero del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Zaragoza que confirmamos en toda su integridad. Sin costas.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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