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Sentencia T.S.J. Aragón 563/2010, de 19 de julio


 RESUMEN:

Extinción del contrato de trabajo. Acoso Laboral. Interposición del recurso de suplicación: La valoración de la prueba es cometido exclusivo del juez de instancia. No cabe revisión fáctica de la sentencia, porque pretende una nueva valoración de la prueba testifical practicada, sin cita de prueba documental o pericial que pudiera poner de manifiesto el posible error material que el art. 191.b TRLPL permite corregir en suplicación. Consta la actitud de la Comunidad de Propietarios demandada, dirigida a obtener la supresión del servicio de portería mediante la descalificación y desacreditación profesional del trabajador, produciendo una convivencia harto difícil entre portero y copropietarios. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00563/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100525

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000531 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000776 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 001

Recurrente/s: COMUNIDAD PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM NUM000

Abogado/a: JOSÉ JAVIER FORT TORRES

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: DIPUTACION GENERAL ARAGON-ECONOMIA

Abogado/a: LETRADO D.G.A.

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 531/2010

Sentencia número: 563/2010

M.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a diecinueve de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 531 de 2010 (Autos núm. 776/2009), interpuesto por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000, NUM000 de Zaragoza, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1, de Zaragoza de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez; siendo partes DIPUTACION GENERAL DE ARAGÓN y D. Mauricio, sobre procedimiento de oficio. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por la Diputación Provincial de Aragón, siendo partes Comunidad Propietarios DIRECCION000 NUM000, de Zaragoza y D. Mauricio, sobre procedimiento de oficio, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Zaragoza, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"QUE ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, (DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO), contra la empresa COMUNIDAD DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ DIRECCION000, NUM000 DE ZARAGOZA y contra D. Mauricio, debo declarar y declaro que el trato reflejado en los hechos consignados en el acta de infracción NUM001 de 17.04.2009 levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, otorgado por parte de la Comunidad de Propietarios demandada hacia D. Mauricio, vulnera el derecho de éste a la consideración debida a su dignidad recogido en el art. 4.2.e) del ET, siendo constitutivo de acoso moral".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"1.º- En fecha 16.08.2005 la Comunidad de Propietarios del edifico sito en C/ DIRECCION000, NUM000 de esta ciudad y el demandando D. Mauricio suscribieron contrato de trabajo eventual, por circunstancias de la producción, para la prestación de servicios por parte de éste como empleado de fincas urbanas, contrato que, en fecha 16.11.2005 se transformó en indefinido para trabajadores minusválidos. Desde el inicio de la prestación de servicios, el Sr. Mauricio ha tenido su domicilio en la vivienda que la Comunidad de propietarios tiene a tal efecto en el mismo inmueble.

2.º- D. Mauricio fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de soldador de la construcción en sentencia de 5.12.2006 del Juzgado e lo Social n.º 5 de esta ciudad, al presentar patología que afectaba a su columna, en tres niveles.

3.º- A finales del año 2006 algunos miembros de la Comunidad de Propietarios demandada, descontentos al parecer con el trabajo de D. Mauricio, y que no deseaban el mantenimiento del puesto de portería, comenzaron a realizar actuaciones tales como mantener entrevistas con otros propietarios a fin de convencerles de la necesidad de echar al empleado, salir al rellano a limpiar inmediatamente después de que lo hiciera el Sr. Mauricio, limpiar los cristales después d que el Sr. Mauricio lo hubiera hecho, dejando en el suelo los papeles utilizados para ello, establecer contacto telefónico con el administrador a fin de comprobar si el Sr. Mauricio, tal como había dejado dicho, había acudido a la oficina del administrador a dejarle documentación, quedarse mirando fijamente al Sr. Mauricio en las ocasiones en que se encontraban con él.

4.º- Tras conversaciones mantenidas entre la comunidad y el Sr. Mauricio, a raíz de la situación creada, en el mes de marzo de 2007 el administrador de la Comunidad remitió a D. Mauricio carta conteniendo las normas básicas de trabajo y convivencia que obra en autos (folio 97) y que se da por reproducida.

5.º- En fecha 6.06.2007 se celebró Junta General de la Comunidad de Propietarios demandada, tratándose, entre otros puntos del orden del día, el despido del Sr. Mauricio, acordándose su continuidad, dado que solo 6 propietarios votaron a favor de despido, y otros 19 lo hicieron en contra (folio 103).

6.º- En el mes de julio de 2007, con ocasión de la realización de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo del Sr. Mauricio, éste comunicó a la técnico que realizó la misma que existían vecinas en el edificio que se metían con él, que no se encontraba bien y que se lo había dicho al administrador verbalmente y por escrito, indicando la técnico que era necesario tomar las medidas oportunas para intentar solucionar esta situación a la mayor brevedad posible, evitando la insatisfacción del trabajador. No consta que, de parte de la Comunidad de propietarios, se adoptara decisión alguna al respecto.

7.º- El 12.09.2007 D. Mauricio Inició situación de incapacidad temporal por presentar dolor de espalda, con alta en fecha que nos consta y nueva baja por espondilosis el 15.01.2008. Fue alta médica por la Inspección, elevada a definitiva el 20.02.2009, iniciando nuevo proceso de abaja el 26.02.2009 por ansiedad, en cuya situación permaneció hasta el 20.07.2009. Fue intervenido quirúrgicamente el 23.03.2009 en la espalda.

8.º- Desde el mes de febrero de 2008 D. Mauricio está en tratamiento en la Unidad de Salud Mental San José Norte, estando diagnosticado de trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, de intensidad moderada, presentando clínica consistente en ansiedad, irritabilidad, y sensación subjetiva de pérdida de control de la impulsividad, que su psiquiatra relaciona con problemas en su entorno laboral.

9.º- En fecha 2.06.2008 volvió a tratarse en Junta General Ordinaria de propietarios la cuestión de la supresión o mantenimiento del servicio de portería. El resultado de la votación fue de 28 votos a favor de suprimir el servicio, 8 votos en contra, dos en blanco y una abstención. Tras la votación, el administrador informó que el Sr. Mauricio continuaba de baja y que se iría informando acerca de los acontecimientos.

10.º- En fecha 19.06.2008 la esposa del Sr. Mauricio formuló denuncia contra una vecina del inmueble, por haberle propinado, supuestamente, un empujón. El Juzgado de Instrucción n.º 8 de Zaragoza dictó sentencia de 20.11.2008 absolviendo a la denunciada, cuya resolución fue conformada por la de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección.ª, de 16.02.2009. Copia de ambas resoluciones obra en autos (a los folios 23 a 28) y su contenido se da por reproducido.

11.º- A principios del año 2009, y con ocasión de la emisión del alta médica del Sr. Mauricio por parte de la Inspección, referida en el anterior hecho probado 7.º, uno de los vecinos de la Comunidad, D. Florian solicitó al administrador información acerca del proceso de baja del Sr. Mauricio, y, asimismo, distribuyó en los buzones de las comunidad un informe acerca del coste económico de la decisión de cesar al Sr. Mauricio. Éste, considerando que estas actuaciones constituían una vejación, formuló denuncia penal, y el Juzgado de Instrucción n.º 6 de esta ciudad dictó sentencia de 21.04.2009 que absolvía al Sr. Florian y otros dos más, cuya copia obra en autos (folios 29 a 31) y dándose por reproducido su contenido.

12.º- A su vez, el Sr. Florian denunció al Sr. Mauricio por amenazas ocurridas el 1.03.2009, y el Juzgado de Instrucción n.º 3 dictó sentencia de 21.04.2009 condenando al Sr. Mauricio como autor de una falta de amenazas leves, obrando en autos copia de la misma (folios 32 a 35) que se da por reproducida, y a cuyo tenor, se declara probado que el Sr. Mauricio dijo al Sr. Florian "si encuentro algún papel que echas a los buzones de la comunidad a ti te va a pasar algo".

13.º- A instancia de D. Florian, y otros propietarios, el Letrado Sr. Fort remitió al administrador de la Comunidad, por burofax, escrito a fin de que se hiciera efectiva la decisión adoptada en la Junta de 2.06.2008 sobre cese del conserje, por lo que se convocó Junta General extraordinaria, celebrada el 4.03.2009, y en la que se trató nuevamente la cuestión de la efectividad del despido del conserje, tomando la palabra varios propietarios, y sin que finalmente se adoptara decisión alguna salvo la de esperar a que variara la situación del Sr. Mauricio. Posteriormente, en Junta General ordinaria de 16.06.2009 de la Comunidad de Propietarios, se acordó crear una comisión o representante de la comunicad, autorizándole a representar a ésta en el proceso de supresión del servicio de portería. En fecha 21.07.2009 la Comunidad de Propietarios dirigió comunicación al actor manifestándole la decisión de proceder a amortizar su puesto e trabajo, y reconocimiento en la misma comunicación la improcedencia del despido, haciéndole ofrecimiento de la indemnización correspondiente. El despido fue impugnado por el Sr. Mauricio, habiendo dictado el Juzgado de lo Social n.º 4 de esta ciudad sentencia de 1.12.2009 (autos n.º 894/09), desestimatoria de la pretensión de declaración de nulidad del despido. Obra en autos copia de dicha sentencia, cuya firmeza no consta, y su contenido se da por reproducido.

14.º- Con motivo de denuncia formulada por el Sr. Mauricio ante la Inspección de Trabajo, ésta inició las oportunas actuaciones en enero de 2009, que culminaron con acta de infracción ST-4481/09, de 17.04.2009 contra la Comunidad de Propietarios demandada, por considerar que la misma había incurrido en una conducta de acoso hacia el trabajador Sr. Mauricio, vulnerando el derecho a la consideración debida que impone el art. 4.2e) del ET. El Inspector calificó los hechos como constitutivos de una falta muy grave del art. 8.11 del RD legislativo 5/200 de 4 de agosto, apreciada en su grado mínimo y en cuantía mínima por importe de proponiendo una sanción de 6.251 €. Copia de dicha acta obra en autos (folios 5 a 10), y su contenido se da por reproducido en su integridad. En el trámite correspondiente, la empresa demandada Comunidad de Propietarios presentó ante la Inspección de Trabajo escrito de alegaciones y a la vista de su contenido, la administración actora formula la demanda que nos ocupa, cuya admisión ha determinado la suspensión del expediente administrativo, todo ello previo informe de la Inspección, de fecha 10.06.2009 (folios 44 y 45) dando respuesta a las alegaciones de la empresa".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la Comunidad de Propietarios DIRECCION000, NUM000 de Zaragoza, siendo impugnado dicho escrito por Diputación General de Aragón.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En el primer motivo del recurso, articulado por cauce procesal adecuado, se pretende la modificación del relato fáctico de la sentencia de instancia, sin cita de prueba documental o pericial que soporte la pretensión, con proposición de texto alternativo sustitutorio de la totalidad del relato fáctico, y mediante la formulación a la hora de dar cumplimiento a la carga procesal impuesta por el apartado 2 del artículo 194 TRLPL, en un totum revolutum, de argumentos dirigidos a la crítica de la prueba testifical practicada y no practicada, a la fecha de que los hechos pudieron producirse y al contenido de las sentencias dictadas en los otros procedimientos judiciales de los que el relato fáctico combatido da cuenta.

En el segundo motivo, formulado al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 191 TRLPL, se denuncia infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 4.2.e) del vigente TRET. Entiende la Comunidad de Propietarios recurrente que no han sido acreditado de forma objetiva el acoso laboral que la recurrida declara producido.

Segundo.-Debe recordarse, una vez más, que en el proceso laboral no existe la segunda instancia, sino un recurso extraordinario de suplicación que solamente puede fundamentarse en los motivos establecidos con carácter tasado por la ley. Así se deduce sin dificultad de los arts. 191 y 194 apartados 2 y 3 de la LPL. En los motivos de infracción de normas jurídicas sustantivas del apartado c) del art. 191 LPL, debe partirse de la relación fáctica de la sentencia salvo que se logre su modificación por el cauce del art. 191.b) en relación con el 194.3, y deben señalarse expresamente los preceptos y jurispru­ dencia que se consideren infringidos por el juzgador de instancia.

La naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal Constitucional, al declarar que aquél no es un recurso de apelación ni una segunda instancia, sino un recurso de objeto limitado, en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable, sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes, en especial el recurrente, en el que no rige el principio iura novit curia y en el que, salvo la concurrencia de infracciones de orden público, la Sala ha de decidir dentro de los motivos de suplicación (STS, 4.ª de 13.12.2002) y en el que, por ello mismo, se deben respetar una serie de requisitos formales impuestos por la ley.

El carácter cuasicasacional del recurso de suplicación justifica la exigencia de estos requisitos procesales, aunque ciertamente, desde la perspectiva constitucional, en último extremo lo relevante no es la forma o técnica del escrito de recurso, sino su contenido (sentencias del TC. 29 de junio de 1998, 93/97, de 8 de mayo de 1997 y 18/93 de 18 enero de 1993).

Y para la modificación del relato de hechos probados de la sentencia de instancia es doctrina jurisprudencial constante y uniforme la que exige, para que tal clase de pretensión progrese, los siguientes requisitos:

a) Solamente puede solicitarse la revisión de hechos probados en base a prueba documental, que obre en autos, (ya por haber sido aportada en la instancia, bien porque haya llegado a ellos en base al mecanismo especial contemplado en el artículo 231), practicada, dice la Ley, o pericial practicada en la instancia.

b) Existencia de error en la apreciación del juzgador de instancia que debe ser concreto, evidente y cierto, y debe advertirse sin necesidad de conjeturas, hipótesis o razonamientos, ni puede basarse en documentos o pericias a las que se hayan opuesto documentos o pericias por la otra parte, precisándose, por ello, de una actividad de ponderación por parte del juzgador, sin que, tampoco, sea admisible la alegación de prueba negativa, aquella que entiende insuficiente el medio de prueba en que el juzgador apoya su declaración.

c) Que el hecho cuya modificación se pretende sea trascendente en el fallo, es decir ha de servir de soporte al motivo jurídico que alterará el pronunciamiento.

d) Proposición de un texto alternativo a la redacción cuya modificación se pretende.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 25 de enero de 2005, RCUD n.º 24/2003, constante doctrina de esta Sala expresiva de que "la revisión de hechos probados -de singular importancia, en cuanto la resultancia fáctica constituye la base indispensable para el examen del derecho aplicable- exige los siguientes requisitos (por todas, STS 4 de febrero de 1998 y 17 de septiembre de 2004):

1.º-Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse, rectificarse o suprimirse, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2.º-Citar concretamente la prueba documental o pericial que, por sí sola, demuestre la equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara.

3.º-Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y su influencia en la variación del signo del pronunciamiento.

4.º-Necesidad de que la modificación del hecho probado haga variar el pronunciamiento de la sentencia, pues, en otro caso, devendría inútil la variación.

En las sentencias de 12.5 y 5.11.2008 la Sala Cuarta del Tribunal Supremo añade:

La valoración de la prueba es cometido exclusivo del Juez o Tribunal que presidió el juicio, el cual deberá determinar qué hechos alegados por las partes, de interés para la resolución del pleito, han quedado ó no acreditadas a fin de declararlas o no probadas y esta valoración la lleva a cabo el juzgador libremente, apreciando toda la prueba en su conjunto sin otras limitaciones que las derivadas de la "sana critica" (arts, 316, 348, 376 y 382 de la LEC), esto es, sin llegar a conclusiones totalmente ilógicas ó absurdas. La libre facultad del juzgador para valorar la prueba con arreglo a la "sana critica" únicamente se ve constreñida por las reglas legales de valoración establecidas para pruebas concretas (arts. 1218 y 1225 del Código Civil, 319.1 y 2, y 326.1 de la LEC, respecto de los documentos, según sean públicos, privados ó administrativos).

Tercero.-La aplicación al presente recurso de la anterior doctrina, produce, de un lado la desestimación del motivo dirigido a la revisión fáctica pues, es claro que no se ajusta a las pautas doctrinales referidas, sino que pretende una nueva valoración de la prueba testifical practicada carente de virtualidad revisoria, sin cita de prueba documental o pericial que pudiera poner de manifiesto, sin necesidad de ponderación o valoración, el posible error material que el apartado b) del artículo 191 TRLPL permite corregir en sede de suplicación.

De otro la del dirigido a la censura jurídica pues en el inmodificado relato fáctico de la sentencia de instancia -íntegramente reproducido en el lugar adecuado de la presente resolución- consta la actitud de diversos miembros de la Comunidad de Propietarios demandada -en un primer momento- y de toda la Comunidad después dirigida a obtener la supresión del servicio de portería mediante la descalificación y desacreditación profesional del trabajador, produciendo una convivencia entre portero y copropietarios harto difícil en detrimento de aquel.

Cuarto.-Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 233.1 del vigente TRLPL corresponde a la recurrente la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 531/2010, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 128/2010 dictada en 19 de marzo del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Zaragoza que confirmamos en toda su integridad, imponiendo a la recurrente Comunidad de Propietarios DIRECCION000, NUM000, la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso, con pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se dará el destino legal y/o reglamentariamente determinado.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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