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Sentencia T.S.J. Aragón 557/2010, de 19 de julio


 RESUMEN:

Reclamación de cantidad: Complemento de Jefatura de Estudios. Centros educativos concertados: Aunque la Administración no asume ninguna posición empresarial en la relación laboral entre el titular del centro y sus profesores, sí queda obligada al pago delegado del salario por cuenta de aquél, con el único límite de los módulos presupuestarios, cuando se aleguen y demuestren. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00557/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100499

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000506 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001395 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 001

Recurrente/s: DIPUTACION GENERAL ARAGON

Abogado/a: LETRADO D.G.A.

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s:

Abogado/a:

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 506/2010

Sentencia número: 557/2010

P.

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a diecinueve de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 506 de 2010 (Autos núm. 1395/2009), interpuesto por la parte demandada DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza de fecha 21 de abril de 2010; siendo demandante Eloisa y codemandado OBRA DIOCESANA SANTO DOMINGO DE SILOS, sobre reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. RAFAEL MARÍA MEDINA Y ALAPONT


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Eloisa, contra DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN y otro ya nombrado, sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Zaragoza, de fecha 21 de abril de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"QUE ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por Dña. Eloisa, contra la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN representada por su Letrado, y frente a la empresa OBRA DIOCESANA SANTO DOMINGO DE SILOS, debo condenar y condeno a las demandadas a que, solidariamente, abonen a la actora la cantidad de tres mil novecientos veintiocho euros con noventa y ocho céntimos (3.928,98 €), más el 10 % de recargo por mora; y condenando asimismo a la demandada DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN a abonar los gastos del abogado de la actora por litigar con temeridad".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"1- La actora Dña. Eloisa, con DNI n.º NUM000, prestan servicios por cuenta y dependencia de la demandada la Obra Diocesana Santo Domingo de Silos, en el Colegio del mismo nombre, dedicada a la actividad de enseñanza, con la categoría profesional de profesores titulares de FP II, FPE de grado medio y superior, desde el 20.09.1982.

2- La demandante, además de su función docente, y en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 30 de octubre de 2009, han desempeñado cargo funcional temporal de Jefe del Departamento de Administrativa, y sin que durante el referido periodo haya percibido cantidad alguna en concepto de complemento específico de dichas funciones. La actora ha dedicado a la realización de la función directiva señalada más de 210 horas en el curso escolar señalado, realizando las actividades consistentes en la dirección y coordinación de la investigación, programación y enseñanza de las disciplinas que corresponden a tal departamento.

3.- El centro codemandado "Colegio Santo Domingo de Silos" de la localidad de Zaragoza, tiene suscrito concierto educativo con la DGA para impartir, entre otras, las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

4.- La cantidad devengada en concepto de complemento de Jefe de de Jefe de Departamento por el periodo reclamado en autos (de 1 de noviembre de 2008 y el 30 de octubre de 2009) asciende a la cantidad 3.928,98 €, según desglose que se contiene en los hechos cuarto y quinto de la demanda, y sobre la que no existe controversia

5.- El Colegio codemandado presentó ante la DGA, en el mes de noviembre de 2008, Documento de Organización del Centro, en el que consta la relación de profesorado del mismo y sus horarios, así como el cargos de Jefe de Departamento que desempeñó la demandante.

6.- Se ha agotado la vía administrativa previa.

7.- Obran en autos sucesivos pronunciamientos tanto de los Juzgados de lo Social de esta plaza como de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón, relativas a demandas formuladas por la actora de este proceso, ejercitando idénticas pretensiones a la que constituye el objeto de este pleito, y referidas a cursos escolares anteriores, habiendo obtenido, en todos ellas, sentencias favorables a sus pretensiones. Se da por reproducido el contenido de tales sentencias, cuya copia se aportó por la demandante tanto con el escrito de demanda como en el acto del juicio".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada DAG, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante y por la codemandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Tiene reiteradamente declarado esta Sala, así -por todas- sentencias de 12.06.2007 y 29.04.2008:

Denuncia el recurso, con base en el artículo 191.c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, la infracción de los artículos 75.2 y 76.3 c) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (antiguos artículos 47, 49 y 53 de la Ley Orgánica 8/1995, de Ordenación General del Sistema Educativo) así como de los artículos 5, 11, 12 y 13 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos.

Entiende la Administración recurrente que el cargo unipersonal de Jefe de Departamento que motiva la reclamación de los actores no forma parte de la estructura directiva del Centro concertado que deba ser asumida obligatoriamente por aquélla a efectos del pago delegado que le compete en virtud de las referidas normas, por lo que, sin perjuicio de la facultad de dicho Centro para decidir la estructura organizativa que desee, la Administración está obligada a asumir sólo una estructura básica que no contempla aquél cargo.

Idéntica cuestión ha sido sometida ya a consideración de esta Sala con relación a los centros concertados de la Comunidad Autónoma, siendo resuelta en sentido desestimatorio del recurso. Así, las sentencias de 12 y 17 de junio de 2000 (recursos 348/1999 y 381/1999, respectivamente) o de 5 de febrero y 2 de abril de 2001 (recursos 185/2000 y 392/2000), entre otras.

Conforme al dictado de las mismas, cabe señalar cómo ya en la sentencia de la Sala de 17 de febrero de 1993 se dijo con relación al tema debatido: "es cierta, sin duda alguna, la limitación de la responsabilidad de la Administración que resulta del art. 49 de la L.O. de 3 de julio de 1985 en relación con el art. 13 del Reglamento de Normas Básicas de los Conciertos Educativos y de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1990 y 1991 que se citan como infringidos, junto al art. 43 de la Ley General Presupuestaria (R. D. Legislativo de 23 de septiembre de 1988); pero ello siempre que sea acreditado que la limitación haya sido rebasada...". Y, entre reiterados pronunciamientos, la de 19 de noviembre de 1997: "prestación principal - la de abono de salarios- que viene impuesta "ex lege" a la Administración por el art. 49 LOGSE, en relación con el RD 2.377/85, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y los Acuerdos de 23-01-87 entre la Administración y los sindicatos más representativos".

Merece citarse, finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1999, que resume la cuestión, situando la controversia, como las anteriores resoluciones, no tanto en aquellos problemas estructurales en los que incide la Diputación General de Aragón recurrente como en torno a límites presupuestarios de la Administración, que en el caso ahora enjuiciado no se han discutido: "De lo que establecen los arts. 47, 48 y 49 de la Ley 8/1985, de 3 de Julio, y 11, 12, 13 y 34 y siguientes del R. D. 2377/1985, de 18 de Diciembre, tal como han sido interpretados con reiteración por esta Sala (sentencias de 3 de Febrero, 4 de Febrero, 26 de Abril, 28 de Mayo, 1 de Julio y 16 de Julio de 1993, 3 de Julio de 1995 y 21 de Febrero de 1996), se desprende que en los casos de conciertos educativos suscritos entre empresas privadas dedicadas a la enseñanza y la Administración pública, esta última también responde frente a los profesores del centro educativo de las deudas salariales generadas por la actividad laboral y docente de éstos. Como explica la sentencia de 3 de Julio de 1995 "aunque la Administración no asume ninguna posición empresarial en el ámbito de la relación laboral entre el titular del centro y sus profesores, sí queda obligada al pago delegado del salario por cuenta de aquél". Ahora bien, esta obligación de pago delegado que recae sobre la Administración no es de carácter ilimitado. El art. 49.6 de la Ley 8/1995 dispone que "la Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3"; y norma análoga prescribe el art. 13.2 del Decreto 2377/1985. Para determinar la extensión y alcance de la limitación referida hay que acudir a lo que se dispone en los primeros números del art. 49 mencionado, y en los arts. 12 y 13.1 del Real Decreto 2377/1985. El problema esencial que se plantea en el presente recurso consiste en dilucidar si el complemento retributivo que se abona a los Jefes de Estudios, de acuerdo con el Convenio Colectivo aplicable en el supuesto de autos, a los efectos de la determinación de los módulos o fracciones que consigna el art. 13. 1 del Decreto 2377/1985, debe considerarse incluido en el apartado a) de este precepto, que se refiere genéricamente a las "cantidades correspondientes a salarios del personal docente", o si, por el contrario, se ha de entender incardinado en el apartado c) que comprende determinados conceptos también salariales, pero de carácter más variable."

La Disp. Adic. 7.ª LO 9/95, estableció: "Las Administraciones educativas posibilitarán, para el ejercicio de la función directiva en los centros concertados, unas compensaciones económicas y profesionales, análogas a las previstas para los cargos directivos de los centros públicos en el art. 25. 4 de la presente Ley. Dichas compensaciones deberán ser, en todo caso, acordes con la responsabilidad y la dedicación exigidas". La Orden de 30-12-96, en su apdo. 6.º dispone: " En aplicación de lo señalado en la disp. adic. 7.ª de la LO 9/1995, de 20 de noviembre, los centros docentes que impartan enseñanzas concertadas de BUP o de FP 2.º que, además, tengan concertadas las enseñanzas de otras dos etapas educativas, podrán incorporar a su plantilla a un Jefe de Estudios, cuyo complemento retributivo será satisfecho por la Administración educativa, con cargo al crédito de conciertos de BUP o de FP 2.º".

Por tanto, ante la jurisprudencia citada y la constante aplicación judicial ordinaria del criterio interpretativo acerca de la obligación legal del pago delegado por la Administración de los complementos litigiosos, con el único límite de los módulos presupuestarios, cuando se aleguen y demuestren, la Orden de 30-12-96 incorpora expresamente al ordenamiento algunas de las consecuencias que la citada jurisprudencia viene extrayendo de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, el Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privadas sostenidas con fondos públicos, y demás normas reglamentarias referidas. Porque lo que no puede hacer, salvo infracción de las reglas de jerarquía normativa (art. 3. 2 ET), es reducir el ámbito de aplicación de lo que la Ley y el Convenio Colectivo, según la jurisprudencia, establecen.

El último motivo del recurso que se analiza denuncia la infracción del artículo 29.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se sustenta que la condena al pago de interés que contiene aquella es improcedente. En su planteamiento se argumenta que en este caso la cuestión era controvertida por estar sujeta a que se acreditase (como se hizo en el juicio, dice el recurso) la dedicación exigida por el Convenio (210 horas anuales) por los actores a la actividad que genera su devengo. Al efecto, se cita también la doctrina del Tribunal Supremo (en las sentencias que identifica el escrito de formalización).

De conformidad también con criterios ya expuestos por la Sala debe rechazarse el motivo. Dada la materia, una cosa es que en el proceso el actor haya debido acreditar la dedicación y otra diversa que para las partes responsables del pago del complemento pudiese haber controversia sobre ese extremo. Lo que justifica la no procedencia de liberar del interés. De otra parte, no es aplicable la doctrina de las sentencias que se citan por cuanto la controversia a que se refieren está radicada en la esencia misma de las reclamaciones, algo que (no obstante la oposición al pago, que ha motivado el proceso) aquí no puede sustentarse, tras tan reiteradas decisiones anteriores, sin que nada esencial haya cambiado.

Segundo.-Resulta evidente lo adecuado de la aplicación de lo razonado en la resolución transcrita al presente litigio en el que lo único distinto es el curso escolar de referencia y las personas físicas actoras, siendo idéntica la Administración codemandada, el objeto procesal e -incluso y sustancialmente- los datos fácticos de las sentencias de instancia y los motivos de recurso esgrimidos por la Administración codemandada: la infracción de los arts. 116 y 117, en relación con el 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (cuyo contenido es sensiblemente idéntico al de los artículos 75.2 y 76.3 y 76.6 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, que, a su vez contenían redacción sensiblemente igual a los antiguos arts. 47, 49 y 53 de la Ley Orgánica 8/85) y de los arts. 5, 11, 12 y 13 del Real Decreto 2377/85, regulador del Reglamento sobre conciertos educativos y OM de 30.12.1996, en el primer motivo, e infracción del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores, en el segundo motivo.

Consecuentemente, por las mismas e idénticas razones que constan en la resolución transcrita y que se reiteran en esta, ha de desestimarse el presente recurso.

Tercero.-Careciendo la Administración recurrente del beneficio de asistencia jurídica gratuita conforme lo prevenido en el artículo 233.1 del vigente TRLPL ha de imponérsele la obligación de pago de las costas procesales devengadas en el presente recurso.

En atención a lo expuesto hemos dictado el siguiente


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 506/2010, ya referenciado, interpuesto contra la sentencia n.º 191/2010, dictada en veintiuno de abril del corriente por el Juzgado de lo Social n.º 1 de los de Zaragoza que se confirma en toda su integridad, imponiendo a la Administración recurrente la obligación de pago de las costas causadas en el presente recurso.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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