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Sentencia T.S.J. Aragón 576/2010, de 28 de julio


 RESUMEN:

Desempleo: La competencia de la Autoridad Laboral para tramitar expedientes de regulación de empleo, cesa en el caso de que se haya declarado el concurso, siendo asumido por el Juzgado de lo Mercantil, en el estado en que se encuentre. El Juzgado de lo Mercantil declaró suspendido el contrato de trabajo del demandante, y fijó específicamente una fecha de efectos de tal extinción. Se reconoce el derecho de extender la prestación por desempleo hasta la finalización del periodo de suspensión colectiva del contrato de trabajo acordado por el Juzgado de lo Mercantil.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00576/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100501

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000508 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0000082 /2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 004

Recurrente/s: SERVICIO PUBLICO EMPLEO ESTATAL

Abogado/a:

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s: María Inés

Abogado/a: FERNANDO LAZARO GIMENO

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 508/2010

Sentencia número: 576/2010

E

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. RAFAEL MEDINA ALAPONT

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a veintiocho de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 508 de 2010 (Autos núm. 82/2010), interpuesto por la parte demandada SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM), contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza, de fecha 13 de abril de 2010; siendo demandante D.ª María Inés, sobre desempleo. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D.ª María Inés, contra SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM), sobre desempleo, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 4 de Zaragoza, de fecha 13 de abril de 2010, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda formulada por D.ª María Inés, contra el Servicio Público de Empleo Estatal-INEM declaro el derecho de la actora a la retroacción de la prestación por desempleo desde el 16-6-09, con duración hasta la finalización del periodo de suspensión colectiva del contrato de trabajo acordada por el Juzgado Mercantil n.º 1 de Zaragoza en autos 476/09, y se reconoce el derecho de la actora al recálculo de la extensión de la prestación por desempleo que le corresponda en consideración a la retroacción acordada.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"PRIMERO.- La actora D.ª María Inés ha prestado servicios como trabajadora por cuanta ajena para la empresa Bellmon S.L. hasta el pasado 10-12-09 en la que el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza acordó la extinción de la relación laboral de la actora con la empresa Bellmon S.L. en autos 476/09. La actora trabajó en esta empresa de forma ininterrumpida desde el 26-3-01.

Segundo.-Por la representación de los trabajadores de dicha empresa Bellmon S.L. en fecha 16-6-09 se interesó la suspensión colectiva de las relaciones laborales de los trabajadores de la plantilla ante el juzgado de lo Mercantil al encontrarse la empresa empleadora en situación de concurso declarado por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza de fecha 17-4-09 (autos 476/09).

Tercero.-Consta en el informe solicitado por dicho Juzgado a Inspección de Trabajo lo siguiente: a) En el primer trimestre del año la dirección de la empresa presentó expediente de regulación de empleo núm.179/2009 ante la Autoridad Laboral por el cual se solicitaba autorización para suspender los contratos de trabajo de las operarias de la empresa durante un periodo de 60 días en el ejercicio 2009.

La empresa en ningún momento ha hecho uso de al suspensión de relaciones laborales que le fue concedida.

b) Con fecha 7 de mayo de 2009 las trabajadoras de la empresa recibieron una carta en la cual se hacia constar:

"Muy Sra. Nuestra:

Mediante la presente se le comunica que, por necesidades empresariales, y desde este momento, se le concede una licencia retribuida hasta nuevo aviso".

Las trabajadoras no han recibido salario alguno desde el 1 de mayo de 2009, ni han podido realizar prestación de servicios dado que el centro de trabajo se encuentra encerrado, sin que se les permita el acceso al mismo.

c) La conducta de la empresa ha causado "un grave perjuicio a las trabajadoras, dado que se les niega el derecho a la ocupación efectiva a través de una supuesta "licencia retribuida". No se les abona salario alguno, ni se les permite cobrar prestación de desempleo dado que la empresa no ha hecho uso del expediente contratos de trabajo que tiene autorizado.

Inspección de Trabajo en ese mismo informe afirma lo siguiente: De lo anteriormente expuesto debemos concluir la existencia de una conducta torticera por parte de la dirección de la empresa, negándose por un lado a utilizar el expediente de suspensión de contratos de trabajo que tenia concedido por la autoridad laboral para hacer frente a una situación de reducción de trabajo, y por otro concediendo una denominada "licencia retributiva" a las trabajadoras, imposibilitando la prestación de servicios. Licencia que no ha sido retribuida puesto que las trabajadoras no han recibido salario alguno durante dicho periodo de tiempo. Produciéndose con dicha conducta un mayor perjuicio para las operarias de la empresa, las cuales se han visto previstas de su salario dado que la empresa ha incumplido su obligación de pago de retribuciones, al mismo tiempo que también se les ha impedido que pudiesen acceder a percibir la prestación por desempleo a pesar de no efectuar prestación de servicios por causas imputables únicamente y exclusivamente a la empresa.

Cuarto.-En el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza de 28.9.09, que recoge expresamente la argumentación de Inspección de Trabajo, se acuerda la suspensión colectiva por seis meses con efectos desde el 16.6.09 respecto a las 18 trabajadoras de la empresa, entre ellas la actora.

Quinto.-Interesada prestación por desempleo por la actora el organismo demandado reconoce a al actora 660 días de prestación desde el 29.9.09 al 15.12.09, e interpuesta reclamación previa es desestimada por al de 29.12.09.

El SPEE.INEM ha reconocido a la actora 660 días de prestación entre el 11.12.09 al 10.10.2011.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM), siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Con carácter previo a entrar en el examen del único motivo del recurso, debe indicarse que supuestos semejantes al de autos fueron enjuiciados por las sentencias de esta Sala n.º 424/2010, de 14-6; 453/2010, de 21-6; 473/2010, de 23-6; 477/2010, de 28-6 y 507/2010, de 5-7, cuyos argumentos reiteramos en la presente litis.

En el motivo del recurso de suplicación, articulado por cauce procesal adecuado, se denuncia infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, y ambos, a su vez, en relación con el artículo 208.1.1.a) del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994.

Entiende la Gestora recurrente que la fecha de efectos de la situación de desempleo del actor es la siguiente a la fecha del auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de los de Zaragoza que autoriza la extinción de su contrato de trabajo. Y ello porque, aduce, es de aplicación a dicha resolución lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 7 del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio.

Segundo.-La parte recurrente centra su argumentación en el supuesto de extinción colectiva de contratos de trabajo. Sin embargo, la presente litis trae causa del auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza de 28-9-2009 que acordaba la suspensión colectiva de 18 contratos de trabajo suscritos por la empresa Bellmon, SL. Por consiguiente, se trata de un supuesto de suspensión de relaciones laborales regulado en el art. 208.2 de la Ley General de la Seguridad Social, no de extinción de contratos de trabajo "ex" art. 208.1.1.a) de este texto legal, lo que priva de valor a la cita por la parte recurrente de este precepto legal.

En cualquier caso, la pretensión de la parte recurrente no puede prosperar. La cuestión litigiosa radica exclusivamente en dilucidar si la suspensión del contrato del demandante, producida en el ámbito del concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa empleadora, se produce en la fecha de efectos que determina la parte dispositiva de la resolución judicial firme (el 16-6-2009) o en la fecha en la que se dicta tal resolución judicial (el 28-9-2009), que es la tesis defendida por la Entidad Gestora recurrente.

Tercero.-A juicio de esta Sala, no es dable extender, como pretende la recurrente, los efectos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo primero, del Real Decreto 43/1996, de 19 enero a los autos dictados por los Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal al amparo de lo previsto en el artículo 64 de dicha Ley.

El Real Decreto 43/1996 regula el procedimiento administrativo de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, y sus normas no pueden ser extrapolables a las actuaciones judiciales, que se rigen por normas procesales propias, recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Leyes de Enjuiciamiento -Civil y Criminal- las de Procedimiento -Contencioso-administrativo y Laboral- las del Proceso de Ejecución General -Concursal- amén de las normas procesales dispersas en distintas normas sustantivas, pero de ningún modo puede afectar una norma reglamentaria a la competencia y al procedimiento de los órganos judiciales, así consta expresamente en el artículo 117.3 de la Constitución Española vigente.

El número primero del artículo 64 de la Ley Concursal determina la competencia única del Juzgado de lo Mercantil para el conocimiento -entre otras cosas- de los expedientes de suspensión colectiva de las relaciones laborales, una vez declarado el concurso que, dice expresamente la Ley, se tramitarán ante el juez del concurso por las reglas establecidas en el presente artículo.

Y la Disposición final quinta, rubricada Derecho procesal supletorio, de la Ley Concursal dispone:

En lo no previsto en esta Ley será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y específicamente en lo que se refiere al cómputo de plazos determinados en la misma, así como en relación con la documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido.

En el ámbito de los procesos concursales, resultarán de aplicación los principios de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a la ordenación formal y material del proceso.

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, dispone en su artículo 206 las clases de resoluciones judiciales y cuando han de adoptarse cada una de ellas, y en el artículo 207 de la misma Ley se establece cuando las resoluciones judiciales son definitivas, cuando son firmes y cuando pasan en autoridad de cosa juzgada.

Cuarto.-El artículo 64.7 de la Ley Concursal regula la culminación del procedimiento judicial regulado en los apartados anteriores, a través del cual se adoptan las medidas colectivas relativas a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado. Procedimiento que concluye mediante auto en el cual ha de aprobarse el acuerdo alcanzado entre los representantes del concurso, del concursado y de los trabajadores si el juez no ha apreciado la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, en cuyo caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación (sustantiva) laboral.

El que la Ley Concursal determine en el párrafo segundo de dicho apartado que el auto judicial, en caso de acordar la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, producirá las mismas consecuencias que la resolución administrativa de la Autoridad Laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo, no hace sino poner de manifiesto -conforme a lo establecido en el apartado 1 del propio artículo- que la competencia de la autoridad laboral para tramitar expedientes de regulación de empleo cesa en el caso en que se haya declarado el concurso siendo asumida, en el estado en que se encuentren, por el Juzgado de lo Mercantil competente, que tramitará el expediente conforme a las normas procesales contenidas en la propia Ley Concursal. No siendo, a partir de la declaración del concurso, de aplicación en absoluto -por impedirlo el artículo 117.3 de la Constitución Española vigente- ninguna norma de carácter reglamentario reguladora de cualesquiera procedimiento administrativo.

La pretensión del recurso implica la quiebra del principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 9.3 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, en el presente caso, el auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de los de Zaragoza que declaró suspendido el contrato de trabajo del demandante -y los del resto de los trabajadores del concursado- fijó específica y especialmente una fecha de efectos de tal extinción, como consta en su parte dispositiva. Y a tal fecha ha de estarse en virtud del principio de cosa juzgada ya que tal resolución judicial devino firme.

En atención a lo expuesto,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación n.º 508/2010, ya identificado antes, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación, debiendo prepararse mediante escrito ante esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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