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Sentencia T.S.J. Aragón 530/2010, de 14 de julio


 RESUMEN:

Centros docentes. Reclamación de cantidad: Complemento para cargos directivos. Obligación legal del pago delegado por la Administración de los complementos litigiosos, con el límite de los módulos presupuestarios. Recargo por mora: Requiere incontrovertibilidad de la deuda, que resulte exigible, vencida, y determinada. Desestimación del recurso.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00530/2010

T.S.J.ARAGON SALA SOCIAL

CL.COSO NUM. 1

Tfno: 976 208 360

Fax:976 208 405

NIG: 50297 34 4 2010 0100451

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000458 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001227 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 007

Recurrente/s: DIPUTACION GENERAL ARAGON-EDUCACION

Abogado/a: LETRADO D.G.A.

Procurador:

Graduado Social:

Recurrido/s:

Abogado/a:

Procurador:

Graduado Social:

Rollo número: 458/2010

Sentencia número: 530/2010

E

MAGISTRADOS ILMOS. Sres:

D. CARLOS BERMÚDEZ RODRÍGUEZ

D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO

D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE

En Zaragoza, a catorce de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta

SENTENCIA

En el recurso de suplicación núm. 458 de 2010 (Autos núm. 1.227/2009), interpuesto por la parte demandada DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Zaragoza, de fecha seis de Mayo de dos mil diez; siendo demandante D. Romulo y D. Teodulfo, siendo codemandados CENTRO PRIVADO CONCERTADO PRUDENCIO JARQUE y CIA CENTRO PRIVADO CONCERTADO IZQUIERDO sobre reclamación de cantidad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JUAN MOLINS GARCÍA ATANCE.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por D. Romulo y D. Teodulfo, contra DGA y otro ya nombrado, sobre reclamación de cantidad, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 7 de Zaragoza, de fecha seis de Mayo de dos mil diez, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda formulada por D. Romulo y D. Teodulfo, contra el Centro Concertado PRUDENCIO JARQUE Y CIA CENTRO PRIVADO CONCERTADO IZQUIERDO y la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, DEBO CONDENAR Y CONDENO solidariamente a las codemandadas al abono a los actores de las cantidades de 3.894,52 € para cada uno de aquellos más el incremento correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/08/2009 una vez se publiquen las tablas salariales de 2009 (si procede), las cuales devengarán el interés moratorio del art. 29.3 ET, y con condena de la codemandada DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN al abono de los honorarios de Letrado ocasionados a la parte actora dada su evidente temeridad.".

Segundo.-En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:

"Primero.- Los demandantes D. Romulo y D. Teodulfo, cuyas demás circunstancias personales obran en autos, vienen prestando servicios profesionales por cuenta ajena para el Centro Concertado PRUDENCIO JARQUE Y CIA CENTRO PRIVADO CONCERTADO IZQUIERDO - centro sometido al régimen de concierto con la Diputación General de Aragón - con la categoría de profesores de formación profesional específica.

Segundo.-Los actores han venido desempeñando durante el curso académico 2008-2009 (comprensivo desde el 01/09/2008 a 31/08/2009) además de las tareas propias de su categoría profesional las funciones propias de Jefe de Departamento de Informática (D. Romulo) y de Administración (D. Teodulfo), habiendo dedicado a los cargos funcionales antes citados un total de 250 horas anuales, desempeñando tales funciones con arreglo al calendario de actuaciones programadas y realización de tareas y cometidos específicos de dicho cargo y/o departamento.

Tercero.-Los demandantes no han percibido el complemento salarial por razón del cargo temporal ya señalado durante el periodo al que se contrae la demanda y que por previsión de Convenio asciende en el curso escolar a las cantidades - no discutidas - que se fijan en demanda, a las que deberá añadirse (si procede) el incremento correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/08/2009 una vez se publiquen las tablas salariales de 2009.

Cuarto.-Los demandantes han obtenido pronunciamientos judiciales favorables por idéntica pretensión respecto de los cursos académicos anteriores.

Quinto.-Se ha agotado la vía administrativa previa.".

Tercero.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada DGA, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante y por la parte codemandada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Al amparo del art. 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), denuncia el recurso la infracción de los arts. 116 y 117 en relación con el art. 131 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; así como la de los arts. 5, 11, 12 y 13 del Real Decreto 2377/85, regulador del Reglamento sobre conciertos educativos, manteniendo la improcedencia del pago por la Administración del complemento de jefatura solicitado en la demanda.

Segundo.-Es conocida y notoria la doctrina de la Sala respecto a la cuestión litigiosa, favorable a la estimación de las demandas de pago solidario del complemento litigioso por la Administración y el Centro educativo, si se ha probado el cumplimiento de la tarea a que responde y el mínimo de horas de dedicación exigibles, así como la falta de prueba precisa sobre la eventual superación del correspondiente módulo del concierto educativo.

Doctrina que comienza a aplicarse ya en la Sentencia de esta Sala de 17-2-93, y, entre reiterados pronunciamientos, en la de 19-11-97 y sucesivas (entre otras, sentencias de 9-5-07 y 20-6-07), con mención de la doctrina jurisprudencial expuesta en la STS de 20-7-1999.

Prestación principal -de abono de salarios- que vino impuesta "ex lege" a la Administración por el art. 49 LOGSE, en relación con el RD 2.377/85, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, y los Acuerdos de 23-01-87 entre la Administración y los sindicatos más representativos, y actualmente reitera el art. 117 de la LO 2/2006.

Por otro lado, la Disp. Adic. 7.ª de la LO 9/95, estableció: " Las Administraciones educativas posibilitarán, para el ejercicio de la función directiva en los centros concertados, unas compensaciones económicas y profesionales, análogas a las previstas para los cargos directivos de los centros públicos en el art. 25. 4 de la presente Ley. Dichas compensaciones deberán ser, en todo caso, acordes con la responsabilidad y la dedicación exigidas". A su vez, la Orden de 30-12-96, en su apdo 6.º dispone: " En aplicación de lo señalado en la disp. adic. 7.ª de la LO 9/1995, de 20 de noviembre, los centros docentes que impartan enseñanzas concertadas de BUP o de FP 2.º que, además, tengan concertadas las enseñanzas de otras dos etapas educativas, podrán incorporar a su plantilla a un Jefe de Estudios, cuyo complemento retributivo será satisfecho por la Administración educativa, con cargo al crédito de conciertos de BUP o de FP 2.º".

Por tanto, ante la jurisprudencia y la constante aplicación judicial ordinaria del criterio interpretativo acerca de la obligación legal del pago delegado por la Administración de los complementos litigiosos, con el único límite de los módulos presupuestarios, cuando se aleguen y demuestren, la Orden de 30-12-96 incorpora expresamente al ordenamiento algunas de las consecuencias que la citada jurisprudencia viene extrayendo de lo dispuesto por la LODE, el Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privadas sostenidas con fondos públicos, y demás normas reglamentarias referidas. Porque lo que no puede hacer, salvo infracción de las reglas de jerarquía normativa (art. 3. 2 E.T.), es reducir el ámbito de aplicación de lo que la Ley y el Convenio, según la jurisprudencia, establecen.

Tercero.-Denuncia, con el mismo amparo procesal, la Administración recurrente, la infracción del art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), a fin de que se declare, subsidiariamente, que el interés por mora impuesto no procede, por tratarse de cuestión no pacífica.

El TS tiene declarado a este respecto que el recargo por mora en las deudas salariales que fija el art. 29.3 ET requiere la incontrovertibilidad de la deuda y que ésta resulte exigible, se halle vencida y esté determinada, así como que tales intereses han de denegarse en aquellos casos en que la existencia o importe del débito son temas controvertidos y no pacíficos en el pleito (SS. 28-10 y 15-12-1.992, 28-9-1.993, 9-12-1.994, 14-2-1.995, 1-4-1.996, etc.).

Todos aquellos requisitos se cumplen, sin embargo, en el caso de autos, dado que existen precedentes que excluyen el carácter controvertido de la reclamación a efectos de la no apreciación de la mora, incluyendo ya la inicial discusión que ofreció la OM de 30-12-96, que motivó en algún caso la denegación por la Sala de la condena al pago de los intereses, pero que en la actualidad no es tampoco cuestión controvertida, dados los reiterados pronunciamientos de los Juzgados de lo Social y de esta Sala, que declaran la intranscendencia de la misma respecto a la reclamación litigiosa. En consecuencia, la demora en el pago es imputable a la espera del deudor, en el caso la Administración obligada al pago delegado y a la empresa, para efectuarlo tardíamente, lo que debe legalmente compensarse con el interés previsto en el art. 29. 3 del ET.

Cuarto.-Careciendo la Administración recurrente del beneficio de asistencia jurídica gratuita conforme lo prevenido en el artículo 233.1 del vigente TRLPL ha de imponérsele la obligación de pago de las costas procesales devengadas en el presente recurso

En atención a lo expuesto,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de suplicación núm. 458 de 2010, ya identificado antes, y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Se condena a la parte recurrente al pago de las costas de su recurso.

Contra esta resolución cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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