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Sentencia T.S.J. Baleares 263/2010, de 13 de julio


 RESUMEN:

Despido disciplinario: Improcedencia. La carga de probar la certeza de los hechos alegados para despedir, incumbe a la empresa. El enjuiciamiento del despido requiere comprobar la realidad de los incumplimientos contractuales que fundan la medida disciplinaria, y conocer las circunstancias en que se produjeron los hechos, para calibrar si la infracción revista las notas de gravedad y culpabilidad que justifican calificar el despido como procedente. Suplir la versión en juicio de los testigos presenciales del suceso, por la suscripción unilateral antes del pleito de escritos preordenados, es una lesión del derecho de la contraparte a desvirtuar tales versiones en defensa de su interés. Desestimación del recurso.

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00263/2010

N.º RECURSO SUPLICACION 225/2010

Materia: DESPIDO DISCIPLINARIO

Recurrente/s: LLORET ORTEGA SERVICIO DE POMPAS FÚNEBRES DE SÓLLER, S.L.

Recurrido/s: Adriano

Juzgado de Origen/Autos: JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE PALMA DE MALLORCA

Demanda: 655/09

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAS ISLAS BALEARES

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

DON FRANCISCO J. WILHELMI LIZAUR

MAGISTRADOS:

DON FRANCISCO J. MUÑOZ JIMENEZ

DON ANTONI OLIVER REUS

En Palma de Mallorca, a trece de julio de dos mil diez.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, formada por los Ilmos. Sres. Magistrados que constan al margen, ha pronunciado

EN NOMBRE DE S. M. EL REY

la siguiente

SENTENCIA NÚM. 263/10

En el Recurso de Suplicación núm. 225/2010, formalizado por el Sr. Letrado D. Juan Piña Miguel, en nombre y representación de Lloret Ortega Servicio de Pompas Fúnebres de Sóller SL, contra la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Social Número 1 de Palma de Mallorca en sus autos demanda número 655/09, seguidos a instancia de D. Adriano, representado por el Letrado Sr. D. Manuel Somoza Rodríguez, frente a la citada parte recurrente, en reclamación por Despido Disciplinario, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO J. MUÑOZ JIMENEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero.-La parte actora, ha prestado servicios para la empresa demandada desde el 2.5.2006, con la categoría profesional de ayudante y un salario de 1.838,47 € mensuales con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias.

Segundo.-El 30.4.2009 el actor recibió de la demandada carta de despido que obra en autos y se da por íntegramente reproducida.

Tercero.-El preceptivo acto de conciliación ante el TAMIB se celebró el 15.5.2009 concluyendo el mismo sin efecto. La demanda de conciliación se interpuso el 7.5.2009.

Segundo.-La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice:

Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por Adriano contra "Lloret Ortega Servicio de Pompas Fúnebres de Sóller, S.L.", debo declarar y declaro improcedente el despido efectuado por la empresa demandada a la parte actora, con efectos desde el día 30.4.2009, en su virtud, debo condenar y condeno a la expresada empresa a que lo readmita en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes del despido o lo indemnice en la cuantía de 8.273,11 €. Dicha opción deberá ser ejercitada en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, mediante escrito presentado en este Juzgado o comparecencia; en caso de que el demandado no ejercite ningún tipo de opción de forma expresa, se entenderá que procede la readmisión. Cualquiera que sea el sentido de la opción, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que, además, abone al demandante los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta el día en que se notifique esta sentencia, ambos inclusive, a razón de 1.838,47 € mensuales y lo mantenga en situación de alta en la Seguridad Social durante el periodo correspondiente a tales salarios. De dichos salarios se descontarán las cantidades percibidas en otros empleos durante el mismo período.

Tercero.-Contra dicha resolución se anunció recurso de suplicación por el Letrado Sr. D. Juan Piña Miguel, en nombre y representación de Lloret Ortega Servicio de Pompas Fúnebres de Sóller SL, que posteriormente formalizó y que fue impugnado por la representación de D. Adriano; siendo admitido a trámite dicho recurso por esta Sala, previa subsanación, por requerimiento a la recurrente, por falta de consignación de la totalidad de la cuantía objeto de condena, por Providencia de fecha 6 de julio de 2010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-El primer motivo de recurso aspira a que, con amparo en el art. 191 b) de la LPL, se incorpore a la relación fáctica un nuevo hecho probado que recoja, y por tanto acepte como ciertas, las imputaciones que movieron a la empresa ahora recurrente a despedir al trabajador.

El motivo obliga a recordar una vez más que la Ley ha configurado el recurso de suplicación, no al modo de una segunda instancia abierta sin cortapisas al examen de cualquiera de los aspectos fácticos de la controversia, sino como un remedio impugnativo de naturaleza extraordinaria, en el que el control del juicio de hecho únicamente deviene viable con base en pruebas documentales y periciales. Así lo prescribe la LPL en sus arts. 191 b) y 194.3, lo que excluye toda posibilidad de analizar y apreciar con plena libertad en ese grado jurisdiccional la integridad del conjunto probatorio y priva de virtualidad revisoria al interrogatorio de las partes y las declaraciones de los testigos.

La petición revisoria se apoya en los cuatro escritos que la demandada aportó en el acto del juicio y en los que otros tantos compañeros del demandante denunciarían y corroborarían la conducta de éste (fols. 32 a 35). Invoca también la fotocopia de una multa impuesta a la empresa por exceso de velocidad de uno de sus vehículos (fol. 36).

Tales escritos no poseen, sin embargo, valor de verdadera prueba documental, pues se limitan a plasmar manifestaciones realizadas por determinadas personas al margen del proceso. Son, en definitiva, escritos que documentan privadamente declaraciones testificales extraprocesales. En el presente grado jurisdiccional, por tanto, no cabe reconocerles, para alterar la convicción fáctica del juzgador de instancia, la idoneidad probatoria que la ley deniega al testimonio prestado en juicio en rectas condiciones de oralidad, contradicción e inmediación. En esta misma línea, el Tribunal Supremo ha calificado de "testifical impropia" las manifestaciones recogidas por escrito fuera del proceso, y resaltado su inhabilidad para fundar en casación un error de hecho (SSTS 2 de febrero y 13 de abril de 1987, 28 de noviembre de 1989, 16 de mayo de 1991).

El boletín de denuncia por infracción de tráfico, de otro lado, acredita sólo el hecho de la denuncia en sí, más no que el actor condujera el vehículo que la provocó. Las anotaciones manuscritas que figuran a continuación en la fotocopia carecen por las razones expresadas de eficacia revisoria en fase de recurso, aparte de que se ignora por completo la identidad del autor de ellas.

El motivo perece.

Segundo.-El motivo segundo se formula a través del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento a los fines de denunciar infracción de lo dispuesto en los arts. 326 y 319 de la LEC y, consiguientemente, del art. 54 del ET. El recurso sostiene que el Juzgador no podía negar valor probatorio a los documentos presentados por la empresa para justificar el despido por cuanto que la autenticidad de tales documentos no fue impugnada en juicio por la contraparte.

La denuncia debería, por de pronto, haberse encauzado por la vía del art. 191 b) de la LPL, puesto que atañe, en suma, a la revisión del juicio de hecho. Es cierto, en todo caso, que, cuando no son oportunamente impugnados por la contraparte, la autenticidad de los documentos privados, su respectiva autoría, queda fuera de debate, y el documento hace prueba plena en el proceso en igualdad de condiciones que los documentos públicos. Esto no significa, empero, que deban tenerse necesariamente por ciertas las afirmaciones que consignan los escritos aportados por la demandada, los cuales se limitan a reflejar declaraciones efectuadas fuera del proceso y sin las garantías de la prueba producida dentro de éste. Fijada su autenticidad, los escritos prueban el hecho en sí de tales manifestaciones, único aspecto en que opera la norma valorativa del art. 326 de la LEC en conexión con el art. 319.1, pero no la veracidad intrínseca de lo declarado. Estas declaraciones preconstituidas se asimilan, como se ha dicho antes, a la prueba testifical, de modo que su contenido, aún siendo potencialmente útil, ha de ponderarse con arreglo a la sana crítica al igual que aquélla (art. 376 de la LEC). Y debe ponderarse con tanto mayor rigor y prevención cuanto que se trata de afirmaciones que se sustraen al análisis judicial subsiguiente al juego de los principios capitales de contradicción, inmediación y oralidad rectores del proceso, en especial cuando no se ofrece explicación alguna de la ausencia en el juicio de los declarantes, como aquí ocurre. Nada de extraño tiene, pues, que el Juzgador haya denegado a los repetidos escritos poder de convicción, poniendo en duda su espontaneidad y credibilidad, de la misma manera que hubiera podido negársela al testimonio durante la vista de los compañeros del actor si, tras el interrogatorio cruzado de éstos por los litigantes, hubiera llegado a la conclusión de que, por la razón que fuere, dicho testimonio no se ajustaba a la realidad.

El motivo decae.

Tercero.-Las razones indicadas conllevan también el fracaso del tercer y último motivo de suplicación, el cual postula la nulidad del juicio al amparo del art. 191 a) de la LPL, por no haberse conferido a la demandada oportunidad de pedir cotejo pericial de letras o de proponer cualquier otro medio de prueba tendente a establecer la autenticidad de un documento privado que se muestra dudosa. La falta de esa oportunidad no causa indefensión alguna a la recurrente, dado que -debe repetirse- el carácter genuino de los documentos suscritos por los otros trabajadores de la empresa no supone que hayan de aceptarse sin más las afirmaciones en ellos consignadas. El problema no radica en la autoría de los escritos, sino en la imposibilidad de contrastar las circunstancias de su firma, la coherencia y solidez de sus asertos y, en suma, el crédito que merecen.

La carga de probar la certeza de los hechos alegados para despedir incumbe, en definitiva, a la empresa, de conformidad con los arts. 105.1 y 108.1 de la LPL, a cuyo fin la demandada fue advertida de que debía concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que dispusiera. Las consecuencias de que no haya aportado prueba idónea bastante para satisfacer esa carga debe soportarla ella misma. El enjuiciamiento del despido requiere, no sólo comprobar la realidad estricta de los incumplimientos contractuales en que se funda la medida disciplinaria, sino conocer también las circunstancias en que se produjeron los hechos al objeto de calibrar si la infracción reviste las notas de gravedad y culpabilidad que justifican calificar el despido como procedente (art. 54.1 del ET). Aceptar que la versión en juicio de los testigos presenciales del suceso se supla sin más por la suscripción unilateral antes del pleito de escritos preordenados supondría hurtar al juzgador el contacto directo con las fuentes de conocimiento en las que ha de basar su apreciación crítica de los extremos materia de controversia y una palmaria lesión del derecho de la contraparte a desvirtuar tales versiones en defensa de su interés, procurando poner de relieve durante el interrogatorio la endeblez de las mismas y su escasa fiabilidad.

Cuarto.-Por tanto, ha de desestimarse el recurso y confirmarse íntegramente la sentencia de instancia.

En virtud de lo expuesto,


FALLAMOS


 
SE DESESTIMA el Recurso de Suplicación interpuesto por la representación de Lloret Ortega Servicio de Pompas Fúnebres de Sóller, S.L., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número 1 de Palma de Mallorca, de fecha catorce de diciembre de dos mil nueve, en los autos de juicio n.º 655/09 seguidos en virtud de demanda formulada por D. Adriano, frente a la citada parte recurrente y, en su virtud, SE CONFIRMA la sentencia recurrida.

Una vez firme la presente resolución se decreta la pérdida del depósito de 150,25 € constituidos para recurrir, dándose a la consignación efectuada el destino legal procedente, fijándose en concepto de honorarios de la parte impugnante, Sr. Letrado D. Manuel Somoza Rodríguez, la suma de trescientos euros, a cuyo pago queda condenada la parte recurrente.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA ante la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por abogado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 216 y siguientes, y con las prevenciones determinadas en los artículos 227 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Además si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en el Banco Español de Crédito, S.A.(BANESTO),Sucursal de Palma de Mallorca, cuenta número 0446-0000-65-0225-10 a nombre de esta Sala el importe de la condena o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregando en la Secretaría de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300,51 euros, en la entidad bancaria Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO), sucursal de la calle Barquillo, n.º 49, (clave oficina 1006) de Madrid, cuenta número 2410, Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Guárdese el original de esta sentencia en el libro correspondiente y líbrese testimonio para su unión al Rollo de Sala, y firme que sea, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia junto con certificación de la presente sentencia y archívense las presentes actuaciones.

Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Diligencia.- DE

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado - Ponente que la suscribe, estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, quedando su original en el Libro de Sentencias y copia testimoniada en el Rollo.- Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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