Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S.J. Canarias 598/2010 de 4 de mayo


 RESUMEN:

Alegación de vulneración de derechos fundamentales: Reglas de distribución de la carga probatoria. Necesidad de que el trabajador aporte un principio de prueba sobre la existencia de vulneración; aportación de indicios que no se cumple con la mera afirmación de la existencia de violación del derecho fundamental. Inexitencia de indicios de vulneración del derecho de libertad sindical. Desestimación de la pretensión de despido nulo.   Despido disciplinario: Procedente. Transgresión de la buena fe contractual. Conducta de la actora reiteradamente rebelde, abondono del puesto de trabajo sin causa, injurias e insultos al personal de la empresa.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres D. Humberto Guadalupe Hernández Presidente, Dña. M.ª Jesús García Hernández y D. Ignacio Duce Sánchez De Moya (Ponente) Magistrados, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Inés y Seguridad Integral Canaria S.A. contra sentencia dictada el día 20 de febrero de 2009 en los autos de juicio n.º 0001328/2008 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por Dña. Inés, contra Seguridad Integral Canaria S.A., Fondo de Garantía Salarial y siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es Ponente, el Iltmo. Sr. D. Ignacio Duce Sánchez De Moya, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

"PRIMERO.- Inés ha venido prestando sus servicios para la demandada con la categoría de vigilante de seguridad, antigüedad de 8.09.2006 y salario de 42,91 Euros/día, habiendo accedido a la empresa en virtud de subrogación operada el 4.09.08.

Segundo.-Operada la subrogación, la actora se entrevista con Don Agustín, jefe de vigilancia y coordinador de operaciones de la empresa, a fin de comunicarle que había solicitado a la empresa saliente 8 días de vacaciones, a disfrutar entre el 8 y el 15 de septiembre, debiendo incorporarse el 16 de dicho mes, accediendo la entrante a la solicitud en el mismo día de la fecha.

Tercero.-La empresa demandada no entrega a los trabajadores cuadrante escrito de turnos semanales, notificando la asignación de los servicios vía telefónica los sábados.

Cuarto.-El 16 de septiembre de 2008 la actora se incorporó al puesto de trabajo en el Centro de Salud de S. José, para posteriormente abandonar el citado servicio sin consentimiento de la empresa.

Quinto.-El 17 de septiembre de 2008, sobre las 18 horas, la actora acude al centro de salud de S. José a fin de acudir a recibir asistencia médica, realizando reiteradamente ante sus compañeros de trabajo y personal del centro de salud, comentarios insultantes y despectivos hacia la empresa, tales como "Seguridad Integral Canaria es una empresa de mierda, son todos unos hijos de puta, unos mafiosos" y manifestando su malestar por el hecho de haber sido subrogada recientemente por esta mercantil.

De acuerdo con el informe clínico emitido ese día, la actora padece cuadro de ansiedad relacionado con problema laboral.

Ese mismo día, la actora presenta escrito a la empresa solicitando se le haga entrega de cuadrante de trabajo escrito.

Sexto.-En fecha 18 de septiembre de 2008, la actora tenía asignado servicio en el Centro de Salud de S. José, debiendo comenzar el mismo a las 7.00 horas, no acudiendo al citado servicio y no poniendo en conocimiento de la empresa el motivo para ello.

En la tarde del 18 de septiembre de 2008, sobre las 18.15 horas aproximadamente, la actora, en compañía del delegado sindical de "Alternativa Sindical", comparece en las oficinas de la empresa para requerir que se le hiciera entrega de cuadrante por escrito, permaneciendo en el mostrador de la entrada de la oficina, negándose a acceder al despacho de Don Agustín y solicitando que éste saliera a entregarlo, negándosele el acceso al mismo y requiriéndole que esperara en el mostrador de la entrada. Finalmente le fue entregado el mencionado cuadrante.

Séptimo.-El 21 de septiembre de 2008 la actora, en compañía de Doña Valentina, acude al centro de salud de San José a fin de acudir a consulta, solicitando a los trabajadores de la demandada que se hallaban restando servicios como vigilantes de seguridad los cuadrantes de servicios e incidencia, a lo que se negaron los trabajadores. Ante tal negativa, loa actora, en presencia de sus compañeros y personal del centro, profiere frases tales como "en la mierda de empresa Seguridad Integral Canaria, sólo hay cabrones, ya verás esta gente, se van a enterar que quién somos", teniendo incluso que ser llamada al orden por una celadora que llega a comentarle que "no se metan en problemas, mejor que se vayan".

Octavo.-La actora es afiliada del sindicato "Alternativa Sindical" habiendo comunicado a la empresa dicha circunstancia el 12.09.08. El 10.10.2008, el sindicato mencionado comunica a la empresa que, en virtud de reunión de 8.10.2008, la actora ha resultado elegida para el cargo de coordinadora de tesorería.

Noveno.-La actora se encuentra en situación de IT desde el 19.09.2008, habiendo comunicado ello a la empresa en virtud de burofax de igual fecha

Décimo.-- La actora interpuso denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la empresa demandada poniendo en conocimiento de la Inspección que a dicha fecha no se le ha abonado la nómina de septiembre. A tal denuncia formulada la Inspección del trabajo informa a la actora que la reclamación de las retribuciones adeudadas ha de formularla ante el Juzgado de lo Social. El 11.11.2008, la actora formula reclamación previa contra la mencionada Inspección entendiendo que la "resolución no obedece a la denuncia presentada e incumple gravemente la diligencia debida que ha de tener un Inspector de Trabajo en sus resoluciones"

Undécimo.-El 18.09.2008 la empresa comunica a la trabajadora la apertura de expediente por causa disciplinaria, verificando alegaciones escritas la actora el 23.09.08, y resultando el expediente inicialmente aperturado ampliado el 25.09.2008, a la vista de los hechos acontecidos con posterioridad a su incoación, dándose traslado de la mencionada ampliación a la actora, quien formuló alegaciones el 8.10.2008. El 20.10.2008 la empresa entrega a la trabajadora carta despido. De todo ello se dio conocimiento al comité de empresa.

Duodécimo.-La incidencia del despido de trabajadores varones de la empresa es del 78% y el de mujeres el 22% en el último semestre de 2008.

DECIMOTERCER.- Se interpuso papeleta de conciliación previa el 29.10.2008, celebrándose el acto conciliatorio el 20.11.2008, sin avenencia".

Segundo.-La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

" Que estimando parcialmente la demanda promovida por Inés, contra SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO de la actora, con fecha de efectos al 10.10.2008, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien le indemnice con la suma 4.183,72 €, condenándole igualmente y en todo caso a que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido; debiendo advertir por último a la demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES, desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión".

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la sentencia que estimando parcialmente la demanda, declaró la improcedencia del despido de la actora, condenando a la empresa demandada a las responsabilidades correspondientes, se alzan ambas partes en suplicación alegando la demandante un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica y la demandada un único motivo de esta última naturaleza. La primera pretende que se declare la nulidad de su despido por vulneración de su derecho de libertad sindical y la segunda que sea reconocido como procedente o subsidiariamente que no se devenguen salarios de tramitación durante la situación de IT de la actora.

Segundo.-Con amparo en el art 191 b) LPL la parte actora propone los siguientes modificaciones del relato fáctico:

a) La sustitución del hecho probado 4.º por el siguiente texto:

"El 16 de septiembre de 2008, tras reincorporarse de las vacaciones que le fueron concedidas por la empresa SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS,S.A. a las 19.00 horas, la actora se incorporóp al puesto de trabajo del ecentro de salud de San José, cumpliendo su turno de trabajo marcado por la empresa cedente DIALSE SEGURIDAD,SL, único que tenía la actora, comunicándosele por parte de sus superiores que debía abandonar dicho servicio por cambios en el cuadrante".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 89,90,92,93 y 261.

B) La sustitución del hecho probado 6.º por el siguiente texto:

"A la actora no se le comunicó por parte de la demandada que en fecha 18 de septiembre de 2008, la actora tenía asignado servicio en el Centro de Salud de San José, debiendo comenzar el mismo a las 7.00 horas, no acudiendo al citado servicio por falta de conocimiento de que debía trabajar ese día.

En la tarde del 18 de septiembre de 2008, sobre las 18.15 horas aproximadamente, la actora en compañia del delegado sindical de "Alternativa Sindical", comparece en las oficinas de la empresa para requerir que se le hiciera entrega de cuadrante por escrito. Finalmente le fue entregado el mencionado cuadrante."

Basa su propuesta en los documentos unidos a los mismos folios.

c) La sustitución del hecho probado 7.º por el siguiente texto:

"No constan acreditados los hechos atribuídos a la actora en la carta de Despido, supuestamente cometidos el día 21 de septiembre de 2.008".

Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 111,253 y 261.

Pero tales modificaciones no pueden ser acogidas, porque mediante las mismas la parte recurrente pretende imponer su propia interpretación de las pruebas subjetiva e interesada sobre la valoración objetiva e imparcial de las mismas efectuada por el Magistrado a quo, quien se ha basado para llegar a su conclusión en diversos documentos apoyados en pruebas testificales de su exclusiva apreciación (Fundamento Jurídico 1.º de su sentencia). Además mediante la última modificación planteada se incorpora un hecho de carácter negativo predeterminante del fallo en interés de la parte. Consecuentemente ha de ser rechazado el motivo.

Tercero.-Con amparo en el art 191 c) LPL la misma parte aduce infracción del art. 55.5 ET en relación con los arts 17 ET; 28.1 de la Constitución; y 2.1 a), 8.1 a) y 12 y ss de la LO 11/1985, de 2 de agosto de la Libertad Sindical. Entiende que el despido ha de ser declarado nulo por vulneración del derecho de libertad sindical de la actora.

La alegación de vulneración de un derecho fundamental exige la acreditación de unos indicios suficientes de la misma para que pueda recaer sobre la empresa demandada la obligación de evidenciar que su conducta ha sido objetiva.

La STC 168/2006 de 5 de junio, estableció al respecto lo siguiente:

4) En consecuencia, nuestro análisis debe entrar específicamente en la presunta vulneración del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). Conviene, por ello, empezar por recordar los parámetros esenciales de nuestro canon de enjuiciamiento, tal y como han sido definidos por la doctrina de este Tribunal.

Desde nuestra temprana STC 38/1981, de 23 de noviembre, hemos venido subrayando que el derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) comprende, en su vertiente colectiva, el derecho a que los sindicatos realicen las funciones que de ellos es dable esperar, de acuerdo con el carácter democrático del Estado, lo que supone el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros (SSTC 4/1983, de 28 de enero, FJ 3; 127/1989, de 13 de julio, FJ 3; 94/1995, de 16 de junio, FJ 2; y 145/1999, de 22 de julio, FJ 3). Y que, asimismo, como recordábamos en la STC 17/2005, de 1 de febrero, FJ 2, este derecho garantiza, en su vertiente individual, el derecho del trabajador a no sufrir consecuencias desfavorables en la empresa por razón de su afiliación o actividad sindical. Por ello, la libertad de afiliarse a un sindicato y la libertad de no afiliarse, así como el desarrollo de la actividad inherente a la legítima actuación sindical en el ámbito de la empresa implican una "garantía de indemnidad", que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y de sus representantes en relación con el resto de aquéllos (por todas, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 3; 173/2001, de 26 de julio, FJ 5; y 79/2004, de 5 de mayo, FJ 3).

Para analizar la existencia de una vulneración del derecho de libertad sindical en los términos definidos, debemos afirmar una vez más la importancia que tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba en orden a garantizar este derecho frente a posibles actuaciones empresariales que puedan lesionarlo. Como recordábamos en la STC 29/2002, de 11 de febrero, FJ 3, sistematizando y resumiendo nuestra reiterada doctrina anterior, la necesidad de garantizar que los derechos fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario, bajo la cobertura formal del ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar en los procedimientos judiciales correspondientes la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto empresarial, necesidad tanto más fuerte cuanto mayor es el margen de discrecionalidad con que operan las facultades organizativas y disciplinarias del empleador. Bajo estas premisas ha venido aplicando nuestra jurisprudencia la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (por todas, SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FFJJ 2 y 3; 21/1992, de 14 de febrero, FJ 3; y 136/1996, de 23 de julio, FJ 6).

Por ello, hemos señalado la necesidad de que el trabajador aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental (STC 38/1986, de 21 de marzo, FJ 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 114/1989, de 22 de junio, FJ 5; 21/1992, de 14 de febrero, FJ 3; 266/1993, de 20 de septiembre, FJ 2; 180/1994, de 20 de junio, FJ 2; y 85/1995, de 6 de junio, FJ 4). Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, puede hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales, lo que dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989, de 22 de junio, FJ 4). La ausencia de prueba trasciende así el ámbito puramente procesal y determina que los indicios aportados por el demandante desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental (SSTC 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 4; 136/1996, de 23 de julio, FJ 4).

En definitiva, el demandante que invoca la regla de inversión de la carga de la prueba debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente precisa y concreta en torno a los indicios de la existencia de discriminación. Alcanzado, en su caso, el anterior resultado probatorio, sobre la parte demandada recaerá la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental la decisión o práctica empresarial cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (SSTC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5; 74/1998, de 31 de marzo, FJ 2; y 29/2002, de 11 de febrero, FJ 3, por todas)".

Pues bien, en este caso, no existe evidencia alguna de indicios acreditativos de una conducta de la empresa vulneradora del derecho de libertad sindical de la actora. Según el inalterado relato de hechos probados esta se hallaba afiliada a -Alternativa Sindical-, lo que comunicó a la empresa el día 12.09.2008, tras la subrogación operada en su contrato de trabajo el día 04.09.2008. Y el día 10.10.2008 dicho sindicato notificó a la empresa que en reunión de 08.10.2008 la demandante había resultado elegida como coordinadora de tesorería. La actora se hallaba en situación de IT derivada de enfermedad común desde el día 19.09.2008 (folio 115).

Pero los hechos imputados en la carta de despido, notificada a la demandante el día 20.10.2008, se produjeron entre los días 16.09.2008 y 21.09.2008 sin relación alguna con la condición de esta como afiliada a aquel sindicato, habiendo incoado, además, la demandada a la trabajadora el oportuno expediente sancionador contradictorio en el que se debatieron aquellas conductas concretas de la actora, sin atisbo alguno de voluntad antisindical por parte de la empresa.

Ante tal falta de indicios suficientes de la pretendida vulneración por la empresa del derecho de libertad sindical de la trabajadora, no puede acogerse la pretensión de esta en el sentido de declarar la nulidad de su despido cuyo proceso sancionador se desarrolló dentro del ámbito de la legalidad ordinaria. Consecuentemente ha de ser desestimado el recurso de la parte actora.

Cuarto.-Con amparo en el art 191 c) LPL la empresa demandada aduce infracción de los arts 55 ET y 56 del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada; en relación con los arts 54 ET y 55.1; 55.4; 55.10;55.12;54.3 y 54.4 del citado Convenio.

Del inalterado relato fáctico se deduce que la actora, con categoría profesional de vigilante de seguridad y antigüedad de 08.09.2006, accedió a la empresa demandada en virtud de subrogación operada el 04.09.2008. Incorporada a la demandada comunicó al coordinador de operaciones que había solicitado a la empresa saliente ocho días de vacaciones, a disfrutar entre el 8 y el 15 de septiembre debiendo incorporarse el día 16 de septiembre. El mismo día de su solicitud, la empresa demandada concedió a la trabajadora dichas vacaciones. El día 12.09.2008 comunicó a la empresa que estaba afiliada a "Alternativa Sindical".La empresa demandada no entrega a sus trabajadores cuadrante escrito de turnos semanales, notificando la asignación de los servicios vía telefónica los sábados. El 16.09.2008 la actora se incorporó a su puesto de trabajo en el centro de Salud de San José para abandonarlo posteriormente sin consentimiento de la empresa. Al día siguiente acudió al Centro sobre las 18,00 horas para recibir asistencia médica realizando ante sus compañeros de trabajo y personal del mismo, reiteradamente, comentarios insultantes y despectivos hacía la empresa tales como: "Seguridad Integral Canaria es una empresa de mierda, son todos unos hijos de puta, unos mafiosos" y manifestando su malestar por el hecho de haber sido subrogada recientemente por la citada mercantil. Al día siguiente, la actora tenía asignado el servicio en el Centro a las 7,00 horas, no acudiendo al mismo y no poniéndolo en conocimiento de la empresa ni justificando su motivación para ello. Sobre las 18,15 horas compareció en las oficinas de la empresa en compañía del delegado sindical de "Alternativa Sindical" requiriendo la entrega de cuadrante de trabajo por escrito, que le fue facilitado.

El día 19.09.2008 inició proceso de IT que comunicó a la empresa vía burofax en igual fecha.

El día 21.09.2008 acudió a consulta al Centro en Compañía de D.ª Valentina, solicitando a los vigilantes de seguridad allí destinados por la empresa demandada, los cuadrantes de servicios e incidencias a lo que aquellos se negaron. Ante ello, la actora, en presencia de sus compañeros y del personal del Centro, profirió frases como "en la mierda de empresa Seguridad Integral Canaria, sólo hay cabrones, ya verás esta gente, se van a enterar de quien somos" teniendo que ser llamada al orden por una celadora que llegó a comentarle: "No se metan en problemas, mejor que se vayan".

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 párrafo 2.º letra d) del Estatuto de los Trabajadores, se considerará incumplimiento contractual:

"La transgresión de la buen fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

Por trangresión de la buena fe contractual hemos de entender la actuación contraria a los esenciales deberes de conducta que debe presidir la ejecución de la prestación de trabajo y la relación entre las partes conforme a los artículos 5 y 20 párrafo 2.º del Estatuto de los Trabajadores (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991), deberes de conducta que imponen un comportamiento arreglado a valoraciones éticas que se traducen en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza (sentencia de Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1991).

Por otra parte, el abuso de confianza es una modalidad de la transgresión de la buena fe contractual, consistente en un mal uso o en un uso desviado por parte del trabajador de las facultades que se le confiaron con lesión o riesgo para los intereses de la empresa (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1991).

La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza constituyen una causa de despido compleja y de amplios contornos, que pretende sancionar, en síntesis, lo que podemos llamar el "quebranto de la confianza mutua" (sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1988); es una causa genérica que permite sancionar muy diversos comportamientos del trabajador, no siendo preciso que exista dolo o voluntad consciente de producir daño, ni que la actuación del trabajador produzca un perjuicio efectivo (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1991).

Respecto a la trasgresión de la buena fe contractual, el Tribunal Supremo ha elaborado la siguiente doctrina: a) la buena fe es consustancial al contrato, en cuanto por su naturaleza sinalagmática genera derechos y deberes recíprocos: el deber de mutua fidelidad entre empresario y trabajador es una exigencia de comportamiento ético jurídicamente protegido y exigible en el ámbito contractual, y la deslealtad implica siempre una conducta totalmente contraria a la que ha de observar el trabajador respecto de la empresa como consecuencia del postulado de fidelidad; b) la buena fe como moral social, formadora de criterios inspiradores de conductas para el adecuado ejercicio de los derechos y fiel cumplimiento de los deberes, ha trascendido al ordenamiento jurídico, y en el Estatuto de los Trabajadores viene reflejado en los artículos 20 párrafo 2.º, 50 párrafo 1.º letra a) y 54 párrafo 2.º letra d), expresamente; c) es requisito básico que ha de concurrir para configurar la deslealtad, que el trabajador cometa el acto con plena conciencia de que su conducta afecta al elemento espiritual del contrato, consistiendo dicha deslealtad en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral impone. También consiste en usar con exceso el empleado de la confianza que ha recibido de la empresa, en razón del cargo que de desempeñaba, rebasando los límites que el cargo ostentado tiene por su propia naturaleza y ello en provecho propio o de tercero, que no sea, naturalmente acreedor directo de las prestaciones empresariales; e) la falta se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de lucro personal ni haber causado perjuicios a la empresa.

En este caso, y aunque, además de la transgresión de la buena fe contractual se incluyen otras calificaciones en la carta de despido (folios 196 a 198), la contumaz y rebelde conducta de la trabajadora ha de ser incardinada en la falta muy grave tipificada en el art 54.2 d) ET, pues molesta por haberse subrogado la demandada en su contrato de trabajo el día 04.09.2008 (cuya sucesión empresarial devino automática por voluntad de la Ley), y a pesar de haber sido bien acogida pudiendo disfrutar de los ocho días de vacaciones que tenía solicitados en la empresa saliente), vino manteniendo una actitud afrentosa hacía la demandada; abandonando el trabajo (de acusada responsabilidad pues se trataba de labores de vigilancia en un Centro de Salud) a su voluntad; injuriando gratuitamente al personal de la empresa, y privando a esta de su prestigio en el mercado a través de su descalificación pública; hasta el punto de verse reconvenida por una celadora del Centro de Salud. Tal conducta constituyó el quebranto de la mutua confianza inherente al contrato de trabajo, pues la demandante incumplió con su deber de buena fe y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones (art 5 a) ET); no pudiendo servir de justificación que no dispusiera "ab initio" de cuadrante semanal de servicios puesto que la empresa comunicaba estos vía telefónica los sábados y cuando aquella lo pidió, le fue facilitado. Es más su reinvindicación de un posible derecho a disponer de los cuadrantes de servicio no le autorizaban a mantener aquel comportamiento hostil e incumplidor hacía la empresa. Tal conducta resulta por tanto merecedora de la sanción de despido impuesta por la empresa que ha de ser confirmada con declaración de su procedencia (art 55.4 ET) y los efectos prevenidos en el art 55.7 ET, debiendo ser estimado el recurso con revocación de la sentencia impugnada en dicho sentido.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D.ª Inés y estimando el formulado por Seguridad Integral Canaria S.A., contra la sentencia dictada el día 20 de febrero de 2009, por el Juzgado DE LO SOCIAL N. 8 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, debemos declarar como declaramos procedente el despido de la actora con efectos de 10.10.2008, convalidando la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

Devuélvase a la empresa recurrente el depósito y consignación efectuados para recurrir.

Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 0016/10 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410000066 0016/10, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación