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Sentencia T.S. 745/1991, (Sala 1) de 28 de octubre


 RESUMEN:

Honorarios: Reclamación de honorarios devengados en un proceso por la fase probatoria. En la prueba se emitieron dictámenes  cuyos honorarios no se han hecho efectivos. Beneficio de la pobreza legal: No pueden hacerse efectivos antes de que la entidad benéfica haya sido condenada en costas. Está obligada la entidad a pagar las costas de la parte contraria si es condenada a tal. No hay imposición de costas. Cada parte satisface las suyas.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por el Procurador Sr. Galache Alvarez en nombre de Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y mediante escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Segovia, se dedujo demanda de menor cuantía contra la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, sobre reclamación de cantidad, y en cuya demanda después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dicte Sentencia por la que se estime la demanda, condenando al demandado a pagar al demandante, la cantidad de 8.904.236 ptas., más los intereses legales.

Segundo.-Por el Procurador Sr. Hernández Manrique en nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, se contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando se dicte Sentencia por la que se desestime la demanda absolviendo de la misma al demandado.

Tercero.-Practicada la prueba declarativa pertinente y unida a sus autos el Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 1 de Segovia dictó Sentencia con fecha 20 de mayo de 1986 por la que se desestima la demanda interpuesta por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, contra la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia absolviendo en la instancia a esta última.

Cuarto.-Apelada la anterior resolución por la parte demandante y sustanciada la alzada con arreglo a Derecho, la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia con fecha 14 de junio de 1989 por la que se revoca la Sentencia de fecha 20 de mayo de 1986 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Segovia, estimando la demanda, condenando a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia a que abone al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid la cantidad de 8.094.236 ptas., con los intereses legales de dicha suma.

Quinto.-Por el Procurador Sr. Pozas Granero en nombre de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia se ha interpuesto recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Primero. Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Segundo. Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la citada Ley. Tercero. Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sexto.-Admitido el recurso por la Sala y evacuado el trámite de instrucción se ha señalado día para la vista, que ha tenido lugar el día 17 del actual.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La cuestión debatida en el pleito de menor cuantía de que dimana el presente recurso de casación se suscitó por la reclamación en tal proceso de honorarios de Arquitectos devengado por otro proceso de la misma clase en su fase probatoria, en la que el recurrido Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid formuló tal petición, sin que conste que haya concluido el pleito en cuya fase de prueba se emitieron los dictámenes cuyos honorarios se pretende hacer efectivos en este proceso núm. 233/1985 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Segovia. El Juez de Primera Instancia entendiendo que tales honorarios reclamados a entidad como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, que goza del beneficio de pobreza legal según específicas disposiciones cuya vigencia y alcance no se ha discutido, no pueden hacerse efectivos antes de que la citada entidad benéfica haya sido condenada en costas, según exige el art. 47 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al establecer que «los que tengan derecho a litigar gratuitamente por declaración legal -como es el caso de la entidad recurrente-, estarán obligados a pagar las costas causadas en su defensa y las de la parte contraria, si fueren condenados en costas». No constando, como ya se dice, tal condena en costas, la Sentencia de primer grado acoge la excepción dilatoria de falta de legitimación pasiva y desestima la demanda, sin entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión planteada. Sin embargo, la Sentencia recurrida en casación, desatendiendo tal razonamiento, revoca la Sentencia apelada y estima la demanda.

Segundo.-El recurso de casación se integra de tres motivos, todos ellos formulados al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero por infracción del art. 47 de la Ley Rituaria Civil, en relación con el 30 de la misma Ley y con la de 29 de junio de 1880 y art. 3.° del Decreto de 14 de marzo de 1933. El motivo ha de ser estimado por las razones que señala la Sentencia de Primera Instancia, que fundadamente exige, para que la reclamación que hizo en la demanda la entidad recurrida tenga éxito, que el pleito en que se devengaron los honorarios haya concluido con la condena en costas del que por disposición legal goza del beneficio de justicia gratuita condena, que se reitera no consta haya recaído. Por otro lado, y fundamentalmente la entidad recurrida al pretender recabar unos honorarios de peritos devengados durante un proceso sin que éste concluya, como también observa la Sentencia de primer grado, el cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula un procedimiento de impugnación de honorarios por excesivos (art. 427) y otro para el caso de tal impugnación por indebidos (art. 428) procedimientos cuya efectividad quedaría, de seguir el criterio de la Sentencia recurrida, al arbitrio del litigante que con anticipación, no prevista por las normas, reclamase honorarios antes de concluir el proceso, lo que llevaría consigo, además de la infracción de normas procesales que son de orden público, la posible indefensión de quienes litigaron y quisieran hacer uso de los procedimientos de impugnación de tasación de costas, como es el caso de que en el pleito en que se devengaron los honorarios periciales reclamados resultase condena de la parte adversa de la que solicito y obtuvo la práctica de la prueba pericial discutida. En cuyo caso aquella parte gravada con la condena en costas quedaría en situación de indefensión, lo que prohibe el art. 24.1 de la Constitución vigente.

Tercero.-El motivo segundo, que alega la infracción del citado art. 24.1 de la Constitución en relación con los artículos ya citados 47 y 421 a 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de ser también estimado por las consideraciones ya expuestas con relación al primero de los motivos, que se han de tener por repetidas. Consecuentemente, y sin estimarse necesario el examen y resolución sobre el tercero y último de los motivos aducidos, procede dar lugar al recurso de casación objeto de estas actuaciones, debiendo esta Sala, conforme al art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su núm. 3, resolver lo que corresponda dentro de los términos en que ha quedado planteado el debate, lo que se traduce en el caso ahora contemplado en dejar sin efecto la Sentencia recurrida en casación, tener por reproducida la dictada por el Juez de Primera Instancia, en cuanto desestima la demanda, y no hacer imposición de costas en ninguna de ambas instancias, todo ello sin declaración especial sobre las costas de este recurso, en el que cada parte satisfará las suyas (art. 1715, núm. 4 de la citada Ley Procesal Civil). Y sin que proceda, por último, pronunciamiento alguno sobre depósito para recurrir, por no haber sido constituido, dada la disconformidad entre sí de ambas Sentencias de instancia.

Por todo lo expuesto, en nombre de Rey, y por la autoridad que nos confiere el pueblo español,

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia contra la Sentencia de fecha 14 de junio de 1989, dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, la que casamos y anulamos y en su lugar confirmamos la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Segovia con fecha 20 de mayo de 1986, asunto núm. 233/1985, la que damos por íntegramente reproducida. Todo ello sin declaración expresa sobre costas en ninguna de ambas instancias y debiendo, en cuanto a las de este recurso de casación, cada parte pagar las suyas y líbrese al limo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala que remitió.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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