Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 1) de 26 de noviembre de 1991


 RESUMEN:

Operación de importación: Compra de mercancía. Se aceptó el pago mediante letras de cambio domiciliadas en cuenta corriente. Al vencimiento no se hiceron efectivas por el librado. Incumplimiento de la obligación de pago. Contrato de representación: Agente General en territorio nacional como representante. Se fueron acotando las zonas. Prueba pericial: Prueba caligráfica no se realizó de forma propuesta. Constatada inactividad procesal. La no práctica de la prueba se considera como inadmisión.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de los de Madrid tramitó los autos de juicio de menor cuantía núm. 330/1985, en razón a la demanda planteada y admitida por la entidad Aubry Fréres, S. A., la que contiene los siguientes hechos:

«Primero. El demandado, como consecuencia de diversas compras de mercancías que efectuó mi mandante, en una operación de importación de relojes, aceptó para el pago de los mismos diversas letras de cambio, las cuales fueron libradas en Le Noirmont (Suiza) por mi representada Aubry Fréres, S. A., a cargo del demandado, quien las aceptó bajo el nombre comercial de Manufacturas Horizonte. Por tratarse de una operación de importación y cumpliendo la legislación española las letras de cambio se domiciliaron para su pago en una cuenta corriente que el Sr. Carlos Daniel mantiene en el Banco de Bilbao, agencia núm. 1 de la calle Alcalá, 53, de Madrid.

Las referidas letras se encuentran unidas a los autos de diligencias Preparatorias en que comparezco y son como se relacionan a continuación:

VencimientoImporte (F.S.)Contravalor (Pts.)

6-01-19836.405405.904,06

Vista6.045405.904,06

5-02-19836.405405.904.06

29-11-19822.666142.348,40

29-12-19822.666142.348,40

VencimientoImporte (F.S.)Contravalor (Pts.)

Vista2.668141.652,12

Vista5.489292.750.33

17-11-19825.488293.026,27

17-12-19825.488293.026,27

11-09-19823.316176.082.92

Vista2.432128.912,63

11-10-19823.316176.082,92

5-09-19822.432128.912,63

Vista2.432,30128.912,63

4-08-19826.567349.108,29

Vista6.568,95349.108,29

3-09-19826.567349.108,29

22-07-19826.548347.286,28

Vista6.550,60347.424,17

21-08-19826.548347.286,28

15-05-19826.286,50333.750,29

Vista6.608,05346.942,45

12-06-19826.606346.834,82

Vista7.115719.362,08

24-03-19827.115719.362,08

23-04-19817.115719.362,08

Vista3.699199.450,08

1-03-19823.698199.074,43

31-03-19823.698199.074,43

19-03-19826.053322.249,61

17-02-19826.053322.249,61

Vista6.054,20328.173,97

16-12-19814.161221.237,26

6-12-19814.456,75237.237,26

16-11-19814.162226.000,76

9-12-19812.009106.941,08

Segundo. Llegado el vencimiento de las cambiales, no fueron hechas efectivas por el librado y, en consecuencia, fueron debidamente protestadas por el Banco de Bilbao ante notario competente. Se acredita todo ello con las actas de protesto que acompañan a las letras de cambio unidas a los autos. Asimismo, se acompañó a dichas letras las correspondientes cartas de pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que fue debidamente liquidado por el primer tenedor de los efectos en España, el Banco de Bilbao.

Tercero. Como consecuencia del robo de 50 relojes, mi mandante cobró de la compañía aseguradora la cantidad de 2.557,10 francos suizos, que habrán de deducirse, en consecuencia, de la cuantía original de la deuda que se reclama.

También hay que deducir 7.047,90 francos suizos como consecuencia de una partida de género que fue devuelta; asimismo, se deducirán 26.333 francos suizos como consecuencia de los gastos de publicidad. De esta forma, de los 182,731,95 francos, se deducen 35.958 francos suizos, y se establece la cuantía de esta reclamación en 146.773,95 francos suizos, (a efectos procesales se señala que el contravalor en pesetas es de 8.872.321 pesetas).

(El contravalor correspondiente a cada una de las letras de cambio extendidas en francos suizos consta debidamente acreditado y establecido por el Banco de Bilbao en la Carta de Pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentales que se acompaña a cada uno de los documentos.)

Cuarto. Habiendo sido inútiles los intentos de mi mandante para cobrar la cantidad que legítimamente se le adeuda, así como la tramitación de las Diligencias preparatorias, nos vemos en la necesidad de formular la presente demanda.»

Se alegaron los fundamentos de derecho que se tuvo por conveniente y se suplicó al Juzgado:

«Tenga por presentado este escrito, y en méritos del mismo por deducida demanda de juicio declarativo de menor cuantía, en nombre de mi representada Aubry Fréres, S. A., contra don Carlos Daniel, en reclamación de 146.773,95 francos suizos, más los gastos de protesto y resaca ocasionados por el incumplimiento de su obligación de pago de las cambiales unidas a estas diligencias y a los intereses legales devengados desde la fecha de los protestos de las letras. Se sirva admitir a trámite la presente demanda y tras darle el curso legal que corresponda, y recibiendo el juicio a prueba en el momento procesal oportuno, dicte en su día Sentencia en la que se condene al demandado al pago de las cantidades reclamadas (el cual deberá efectuarse en francos suizos, y con el cumplimiento de las normas legales que regulan las operaciones de importación). Condenando, asimismo, al demandado al pago de las costas procesales que se originen.»

Segundo.-El demandado don Carlos Daniel se personó en el juicio y formuló contestación con los siguientes hechos:

«Primero. Niego la totalidad de los hechos contenidos en la demanda, en cuanto se opongan a los que en este escrito de contestación se consignan. En relación con el contenido del hecho primero se niega absolutamente, como se negó en las Diligencias Preparatorias que mi mandante adeuda a Aubry Fréres, S. A., la cantidad de 146.773,95 francos suizos, cuyo valor en pesetas es de 8.872.221 pesetas. Se niega igualmente que para el pago de una operación de importación de relojes haya aceptado las cambiales que se encuentran unidas a los Autos de Diligencias Previas y que con las fechas de vencimiento, importe en francos suizos y contravalor en pesetas se relacionan: 182.731,95 francos suizos y con su contravalor en pesetas de 11.045.965,32 pesetas.

Por último, respecto al hecho correlativo de la demanda, hemos de señalar que difícilmente ha podido mi mandante realizar operaciones comerciales con el acto Aubry Fréres, S. A., ni, como consecuencia de éstas aceptar letras de cambio a nombre de Manufacturas Horizonte, cuando la razón social que gira con el nombre de Manufacturas Horizonte, S. L., ha sido constituida en Madrid en el mes de abril de 1984 y en esta Sociedad, el actor ni tiene ni ha tenido participación alguna ni como socio, ni como administrador, ni siquiera como empleado.

Segundo. Al no haber sido aceptadas las letras de cambio por el actor y negar la realidad de la deuda, no tenía obligación alguna de hacerlas efectivas a unos vencimientos que han sido fijados arbitrariamente por el actor.

Tercero. Las deducciones que se reflejan en el hecho tercero de la demanda corresponden a otras transacciones derivadas de las relaciones comerciales que mantuvieron el pasado actor y demandado.

Cuarto. Solamente podemos reconocer la existencia de gestiones para cobrar algunas cantidades en el marco de las negociaciones para conciliar unas cuentas entre Aubry Fréres, S. A., y mi mandante por relaciones comerciales pasadas, en las que don Carlos Daniel, reclama al hoy actor la cantidad de 100.000 francos suizos, cuyo valor en pesetas es de 6.600.000, cantidades que Aubry Fréres, S. A., se ha negado siempre a reconocer y a abonar.

Y, por último, queremos manifestar que el demandado lleva más de tres años jubilado y consecuentemente retirado de toda actividad comercial.

Relacionó el Derecho que estimó de aplicación y suplicó:

«Que habiendo por presentado este escrito con su copia y escritura de poder que se acompaña, se sirva admitirlo; por contestada, en legales término y forma, la demanda producida de adverso, siguiendo el proceso por su trámites legales, hasta su tiempo, dictar Sentencia desestimando la demanda y absolviendo de la misma a mi representado, con expresa imposición al demandante de todas las costas causadas por su temeridad.»

En dicho escrito formuló reconvención, la que contiene el siguiente relato fáctico:

Primero. Con mucha anterioridad a los hechos que el demandante formula, en febrero de 1977, mi representado suscribió un contrato de representación en exclusiva para todo el territorio nacional - continental- como Agente General de Aubry Freres, S. A., para la marca DOGMA, con exclusión de Ceuta, Melilla, Islas Canarias, Marruecos, ¿? y Gibraltar, esto suponía la exclusiva en las ventas en el territorio y la organización de una red de ventas y asistencia postventa. Ello obligó a mi mandante a realizar un desembolso inicial, contratar agentes de venta, crear una organización e invertir en gastos de lanzamiento de la marca DOGMA.

El resultado de los esfuerzos económicos y organizativos de don Carlos Daniel dio como resultado que, al cabo de unos años en las distintas zonas de venta en que distribuyó el territorio nacional peninsular, con once viajantes diesen un resultado de 2.000.000 de pesetas por cada viajante de beneficio, por las ventas efectuadas, y de 3.000.000 de pesetas el que cubría la zona de Andalucía, se adjunta carta como documento núm. 1.

Segundo. Con fecha 31 de enero de 1983, y sin mediar preaviso ni negociación alguna, mi mandante se vio sorprendido por una comunicación de M. Marcel Aubry, en la que unilateralmente, e invocando un supuesto estudio de una desconocida agencia especializada sobre Andalucía, recorta las zonas de venta, asignando a Andalucía a otro agente, aunque mendazmente manifiesten que lo atenderán directamente. No obstante, se sigue encargando a mi mandante las obligaciones y consiguientes gastos derivados de la asistencia técnica postventa (reparaciones) (Doc. núm. 2). Los perjuicios causados por esta subida y unilateral rescisión del contrato, en cuanto a las ocho provincias andaluzas se refiere, han causado a mi mandante unos perjuicios económicos cifrados en 8.000 francos suizos cuyo contravalor en pesetas es de 528.000 pesetas; además de dejarle paralizado un fuerte stock, al que se le reducían notablemente las posibilidades de darle una salida comercial.

Tercero. Con posterioridad y paulatinamente, Aubry Freres, S. A., se fue introduciendo subrepticiamente y a espaldas de su aún agente general, en el resto de las zonas de España, vendiendo directamente a los clientes a espaldas de mi mandante que veía disminuir ja cartera de pedidos de sus viajantes y aumentar el número de asistencias técnicas postventa que con un descaro digno de una mejor causa le seguían enviando para su reparación. Cuantas gestiones realizó para lograr una salida a esta situación sólo obtuvieron la callada por respuesta, hasta que ahora, valiéndose de maniobras torticeras Aubry Freres, S. A., pretende, en base a unas desconocidas letras de cambio convertirse en víctima extranjera e inocente de un indígena mal pagador.

Los perjuicios que desde el mes de febrero de 1983 hasta el 1 de abril del corriente año se le han ocasionado en concepto de «lucro cesante» a mi representado son los siguientes:

Galicia

Asturias y Santander

Norte: Vascongadas, Logroño, Pamplona

Cataluña

Levante: Valencia, Alicante y Castellón.

Castilla: León, Zamora, Salamanca y Burgos

Centro: Madrid, Segovia, Avila y Guadalajara

Centro: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Albacete, parte de Alicante, Cáceres y Badajoz

Francos suizosContravalor en pesetas

8.000528.000 3.000198.000 4.000264.000 6.000396.000 10.000660.000 8.000528.000 18.0001.188.000 15.000990.000 72.0004.752.000

A estas cantidades hay que añadir la suma de 20.000 francos suizos, cuyo valor en pesetas, de 1.320.000, que, sumadas a las anteriores, alcanza el montante de 82.000 francos suizos, cuyo contravalor en pesetas es de 6.072.000 pesetas.

A todo ello hay que añadir, los 8.000 francos suizos, cuyo contravalor en pesetas es de 528.000 pesetas, alcanzando la suma total por la que se practica la demanda reconvencional de 100.000 francos suizos, cuyo contravalor en pesetas es de 6.660.000 pesetas.

Cuarto. Por último, queremos consignar que al serle reducidas las zonas de venta e invadidas subrepticiamente las que le quedaban al ya teórico agente general, éste ofreció, en reiteradas ocasiones a Aubry Fréres, S. A., que retirasen una mercancía en depósito que obraba en su poder haciendo estos oídos de mercader a tales requerimientos, obligando, de hecho a mi representado a quedarse con una mercancía en depósito no deseada y para cuya salida se habían cerrado todas las puertas por el suministrador, que, sin embargo, le sigue obligando a la asistencia técnica de unos relojes que ni vende ni ha vendido, todo ello con los consiguientes gastos que hemos consignado.

Quinto. De los hechos que anteceden resalta la conducta procesal poco correcta de Aubry Fréres, S. A., pues al plantear su demanda debió mencionar la cantidad que adeuda a mi poderdante.»

Relacionó la normativa jurídica que tuvo por conveniente y terminó suplicando al Juzgado:

«Que teniendo por formulada demanda reconvencional, por la cantidad de 100.000 francos suizos, cuyo contravalor en pesetas es de 6.600.000 pesetas contra Aubry Fréres, S. A., se sirva, en definitiva, estimarla y tras los trámites procesales prevenidos condenar al pago al reconvenido, más los intereses legales y las costas causadas.»

Tercero.-El Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid, dictó Sentencia el 26 de abril de 1988, la que contiene el siguiente fallo: «Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Juan Corujo y López Villamil, en nombre y representación de Aubry Fréres, S. A., contra don Carlos Daniel, representado por la Procuradora doña Paloma Villamana Hermana, y condeno al demandado al pago a la actora de la suma de 125.827,25 francos suizos, o su contravalor en pesetas que se determine en ejecución de Sentencia; más los gastos de ella e intereses legales desde la fecha del protesto, desestimo la demanda en cuanto al resto de la cantidad reclamada. Desestimo íntegramente la demanda reconvencional formulada por don Carlos Daniel, contra Aubry Fréres, S. A., y declaro que no ha lugar a ninguno de los pedimentos solicitados en la misma».

Cuarto.-Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación don Carlos Daniel, ante la Sala Tercera de lo Civil de la entonces Audiencia Territorial de Madrid, habiendo dictado Sentencia, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de esta capital, en fecha 26 de junio de 1989, la que contiene la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por don Carlos Daniel, representado en esta instancia por la Procuradora Sra. Gómez-Villaboa y Mandri, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid con fecha 26 de abril de 1988, recaída en los autos a que el presente rollo se contrae, y desestimando la adhesión a la apelación deducida por la entidad Aubry Fréres, S. A., representado por el Procurador Sr. Corujo López, debemos revocar y revocamos la expresa resolución sólo en el extremo de no realizar expresa imposición de las costas causadas por la demandada en primera instancia, imponiendo expresamente al demandado las costas causadas por la reconvención. Todo ello sin expresa imposición de las costas de esta alzada».

Quinto.-La Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez-Villaboa Mandri, causídica de don Carlos Daniel formuló ante esta Sala recurso de casación, habiéndosele rechazado por auto de 26 de marzo de 1990 el motivo segundo, al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y admitido los otros cuatro, y cuyo contenido sustancial son los siguientes motivos:

Primero. En base al núm. 3 del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil, se alegó quebrantamiento de forma.

Tercero. Infracción del art. 480 del Código de Comercio, en base al núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto. Por el cauce del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alegó infracción de los arts. 1.254,1.256,1.258,1.262 y 1.272 del Código Civil .

Quinto.-Con base también en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por inaplicación de los preceptos 1.195,1.196 y 1.202 del Código Civil .

Sexto.-Evacuado el trámite de instrucción se señaló para la vista pública y oral del recurso el pasado día 18, la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se argumentó quebrantamiento de forma, causante de indefensión, por la vía procesal del núm. 3 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, al efecto, se alegó infracción por el Juzgado de la instancia de los arts. 340, 618, 626 y 628 de dicha Ley Procesal, en cuanto que la prueba pericial caligráfica cuyo objeto era determinar la autenticidad de las firmas atribuidas al recurrente en las cambiales reclamadas, no se realizó en la forma propuesta y acordada por el Juzgado.

Son antecedentes a tener en cuanta los siguientes, referidos a las actividades procesales y resoluciones producidas en la controversia: a) La parte demandada y recurrente en casación -así como la actora si bien en forma subsidiaria-, propusieron, entre otras, prueba pericial a realizar por un perito calígrafo perteneciente al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias del Distrito Universitario de Madrid, b) El Juzgado en providencia de 10 de junio de 1985 dispuso respecto a la referida prueba que se acordaría una vez transcurrido el término del art. 612 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, término procesal que pasó sin que se adoptara resolución alguna sobre la práctica de la misma, c) Por proveído de 11 de diciembre de 1985 (notificado el 31 de enero de 1986) quedaron los autos conclusos para Sentencia, sin que ninguno de los litigantes promoviera recurso alguno, d) El Juzgado acordó para mejor proveer el 16 de diciembre de 1985 la realización de prueba pericial, designando al Sr. Jose Pedro como el técnico encargado de llevarla a cabo, e) Contra dicha resolución el recurrente interpuso recurso de reposición de fecha 30 de diciembre de 1985 -ya cerrado el período probatorio- e interesó que la prueba se practicase en la forma en que se había propuesto y así fue admitida, lo que ya había peticionado en el escrito de conclusiones de 16 de diciembre de 1985. 0 Por providencia de 6 de octubre de 1987, el Juzgado decretó la no admisión de la reposición planteada y en providencia de 2 de octubre de 1987 (notificada al siguiente día), que fue firme, pues no fue objeto de recurso alguno, se vino a sustituir el calígrafo designado por don Jon, cuyo nombre había sido facilitado al Juzgado por la contraparte-actora, entidad Áubry Fréres, S. A., en escrito obrante de 6 de noviembre de 1986, si bien se facultó al recurrente para que pudiera designar a otro perito por su parte, bajo el apercibimiento de tenerle por conforme con el nombrado, sin que se hiciera uso de esta oportunidad y opción procesal, g) Dicho perito calígrafo emitió un primer dictamen el 13 de noviembre de 1987 y un segundo y definitivo, el 9 de diciembre de dicho año, ratificándolo judicialmente el día 16 siguiente, h) En el escrito del recurrente de 22 de diciembre de 1987, evacuando traslado sobre la prueba obtenida en diligencia para mejor proveer, reiteró la protesta sobre la forma en que se había practicado la misma y denunció la indefensión que se le había ocasionado.

En relación a los antecedentes expuestos se deduce bien claramente que el Juzgado incurrió en inactividad que no se ha justificado en cuanto no dio cumplimiento al art. 613 y siguientes de la Ley Procesal Civil, ya que dicho precepto, de una manera imperativa, dispone que el Juez sin más tramites resolverá lo que estime procedente sobre la admisión de la pericial propuesta y en su caso sobre su practica.

Para reparar la omisión cometida se accedió al remedio de acordar la práctica de la pericia mediante diligencias para mejor proveer, la que de esta manera se desvirtuó de su auténtica naturaleza procesal, toda vez que las mismas fueron previstas por el legislador ( art. 340 en relación al 630 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), como una función inquisitiva del juzgador, al margen del principio de rogación que disciplina el proceso civil, por lo que su uso procesal ha de ser moderado y sin que sea de procedencia que mediante tales actuaciones se sustituya o complete la inactividad probatoria que es carga y deber de los litigantes, que en el caso presente no se ha producido, sino más bien lo acaecido fue una clara inactividad del órgano judicial que no realizó la dinámica consecuente a la pericial caligráfica que en su día no rechazó y en la forma en que la misma se interesó.

Para que el motivo pueda prosperar es necesario que aparte de que por causas de la falta que se denuncia se haya producido indefensión al que la alega, que, asimismo, como todo recurso in procedendo y a tenor del art. 1.643 de la Ley Procesal Civil, se haya formalizado las oportunas peticiones de subsanación del vicio, tanto en la primera instancia como en la segunda, si se accede al trámite de casación, pues así se cumple la finalidad de este recurso que no es otra que la de velar por la pureza de los juicios frente a las desviaciones que en los mismos se puedan producir e inciden en las formalidades del mismo, con graves efectos al derecho de defensa de los que intervienen como partes litigantes; de ahí que la oportunidad del recurso de casación también se ofrezca como medio jurisdiccionalmente último, para la subsanación de dichos vicios procedimentales, si se constata su efectiva concurrencia.

El recurrente utilizó en la primera instancia recurso de reposición contra la provicencia de 16 de diciembre de 1985 -que no era procedente a tenor del art. 340 de la Ley Procesal Civil - y, asimismo, hizo protesta en su escrito de conclusiones, pero incurrió en constatada inactividad procesal, ya que ni recusó al perito de designación judicial, ni planteó recurso alguno a las demás resoluciones que le afectaban, relacionadas con la debatida prueba pericial y que eran procedentes, conforme a los arts. 376 y siguientes en relación al 567 de la normativa procesal, así la no práctica de la prueba admitida ha de estimarse como equivalente a su inadmisión y la doctrina de esta Sala reiteradamente ha declarado que la subsanación debe pedirse en los primeros trámites en que pueda hacerse, a fin de lograr que los errores procedimentales se subsanen de la manera más inmediata posible.

La inactividad parcial referida a la primera instancia, resulta y aparece plena con respecto al trámite del recurso de apelación, pues en la sustanciación del mismo no se postuló, como debía de haberlo efectuado el recurrente, reproduciendo las peticiones de la instancia precedente para no incurrir en conducta procesal omisiva como así sucede, ya que el art. 707 en relación al 862.2.° de la Ley Procesal Civil y, en su caso, con el amparo de los recursos de súplica del precepto 403 de dicha Ley, prevé cauce procedimental adecuado para efectuar tal alegato de subsanación y tal requisito que se reputa como ineludible no ha sido cumplido, produciendo el inevitable rechazo del motivo (Sentencias de 18 de febrero, 21 de mayo de 1990 y 7 y 30 de mayo de 1991). El recurrente debió de mantener una belicosidad constante - procesalmente hablando-, en la que no caben asensos, treguas y menos aquietamientos.

Segundo.-Con motivación procesal tercera, con residencia en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se adujo infracción del art. 480 y concordantes del Código de Comercio, en cuanto dicho precepto establece que la aceptación de las cambiales constituye la obligación de abonarlas a su vencimiento y tal supuesto no opera respecto a la aceptación hecha o atribuida a persona ajena de sostenerse que las cambiales cuyo importe se reclama en el pleito, fueron aceptadas y firmadas no por el recurrente sino por otra persona.

El motivo por su propia formulación y en cuanto se refiere al anterior, ha de decaer forzosamente, ya que los hechos básicos de la demanda han quedado firmes y consolidados, por no haber sido objeto del debido ataque casacional.

Por otra parte, el informe pericial que de manera totalmente arbitraria interpreta la parte recurrente, precisó sobre 25 letras con cláusula de acepto objeto de la pericia -ya que las 11 restantes con vencimiento a la vista carecen de firma alguna-, que las firmas obrantes eran del puño y letra de don Carlos Daniel, que fue quien las estampó y en todo caso ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad del recurrente le deviene de su aceptación y firma de las correspondientes letras de cambio, pues de tal manera se constituyó voluntariamente en obligado cambiario, al contener aquéllas una promesa de pago, de realización por el propio contenido vinculante del documento en cuanto representa el título de la obligación asumida, y la que, con su presentación en la fecha del mismo, genera el deber de atenderse, satisfaciendo la deuda que expresa.

Tercero.-El motivo cuarto se refiere a infracción de los artículos 1.254,1.256, 1.258, 1.262 y 1.278 del Código Civil, en alegación amparada por el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurrente aprovecha el motivo para hacer una exposición de los hechos, entendiendo la casación como una tercera instancia, lo que no encaja en la motivación casacional hecha referencia.

No obstante, centrándose en el contenido jurídico que justifica esta alegación, atacó a la Sentencia de la instancia, en el particular de que se le había privado de la comercialización del reloj marca DOGMA, en Andalucía, a partir del 31 de enero de 1983, pues la Sentencia de apelación no declaró que se había producido una resolución unilateral y consiguiente incumplimiento del convenio originario de 1 de febrero de 1977, por el que se le designó agente general para toda España continental; lo que, a su vez, constituye el contenido básico de la demanda reconvencional planteada y que fue desestimada en las instancias.

El art. 1.256 del Código Civil no resulta infringido por inaplicación en la Sentencia objeto de casación, toda vez que no ha tenido lugar una efectiva resolución de la relación vinculante como se puntualiza en la Sentencia de la instancia, si bien se dio un acto inicial unilateral por la entidad Aubry Fréres, S. A., contenido en la carta aludida de 31 de enero de 1983, por medio de la cual se puso fin a la situación jurídica preexistente, siquiera en forma parcial; tuvo su acogida positiva, sin protesta ni reclamación alguna y en forma de adhesión por el recurrente, en la comunicación que remitió a su principal el 18 de febrero de 1983. En consecuencia, esta base fáctica ha de permanecer y mantenerse en casación y la misma es determinativa de que se produjo una efectiva concurrencia de voluntades acomodadas y expresadas para la alteración del primitivo contrato, creando así otra relación con concreción comercial al espacio geográfico español, salvo la región andaluza que de esta manera convinieron excluir, lo que impone a la no estimación del motivo y a su claudicación.

Cuarto.-Residenciado en el núm. 5 del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil, se alegó un último motivo, en razón a la infracción que refiere a no haber tenido en cuanta la Sala de Apelación, la normativa sobre compensación de créditos que contienen los arts. 1195, 1196 y 1202 del Código Civil . No procede el motivo ya que la aludida compensación la determina el recurrente en razón a las cantidades que por demanda reconvencional postuló se le reintegrasen.

La compensación como forma de pago abreviado por retorno y reciprocidad, requiere la efectiva y a ser posible expedita concurrencia, total o parcial, de créditos-deudas en las partes relacionadas que han de tener carácter de principales, de tal manera que si a una de ellas sólo le afectan deudas y no créditos contra la otra, la pretendida compensación no se puede producir, lo que acaece en el presente supuesto, de ahí que el motivo carezca de toda consistencia jurídico-fáctica para poder ser estimado, siendo, por tanto, correcta la declaración del Tribunal a quo en este punto, ya que, como queda adverado suficientemente, al no habérsele privado arbitrariamente al recurrente de la comercialización de los relojes DOGMA en la Comunidad andaluza, ninguna reclamación puede efectuar al respecto y en la cuantía de 72.000 francos suizos, por el concepto de lucro cesante.

A mayores razones careció la petición de la debida corroboración probatoria, lo que de igual modo sucede respecto a los 8.000 francos suizos que se pretende compensar por el concepto de perjuicios. Más intensidad denegatoria merece la suma de 20.000 francos suizos que también se peticionan en forma notoriamente temeraria y abusiva, ya que no se hizo alusión alguna a su procedencia ni se dice por qué y ni siquiera aproximadamente su origen o causa.

Quinto.-La desestimación total del recurso acarrea la preceptiva imposición de las costas del mismo al recurrente y pérdida del deposito constituido, conforme al art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

Que debemos de declarar y así lo declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Carlos Daniel, contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Décima) el 26 de junio de 1989, en el procedimiento de referencia, con imposición de las costas del trámite al referido recurrente y pérdida del depósito constituido, al que le dará el destino legal.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Moleskine
III Congreso Nacional Compliance
Crisis de Empresa: Aspectos Laborales y Mercantiles
Dossier productos tóxicos
 
Foros de formación