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Sentencia T.S.J. Cantabria 386/2010, de 25 de mayo


 RESUMEN:

Jubilación parcial. Contrato de relevo: No es posible concluir la existencia de fraude o abuso en la contratación, alegando sólo la constancia de contratos temporales por obra o servicio determinado del relevista, durante años, y con la misma empresa que le contrata. La norma no exige un determinado periodo de inscripción como desempleado. La empresa contrata a un relevista con el fin de mantener el empleo, aun vinculado recientemente el relevista por sucesivos contratos temporales, situación expresamente contemplada en la norma aplicable, sin que pueda ser exigido otro requisito. Desestimación del recurso.

SANTANDER

SENTENCIA: 00386/2010

Recurso núm.331/2010

Secretaria Sra. Colvée Benlloch

PRESIDENTE

Ilma. Sra. D.ª Mercedes Sancha Saiz

MAGISTRADOS

Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García

Ilma. Sra. D.ª Elena Pérez Pérez

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por

los Ilmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En Santander, a veinticinco de mayo de dos mil diez.

En el recurso de suplicación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cuatro de Santander, ha sido nombrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª M.ª Jesús Fernández García quién expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que según consta en autos se presentó demanda por D. Borja, sobre Jubilación, siendo demandados Global Steel Wire S.A. y otro, y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 4 de Febrero de 2010, en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

Segundo.-Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1.º- El demandante, D. Borja, nacido el día 10 de noviembre de 1948, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social, ha venido prestando servicios laborales para la empresa GLOBAL STEEL WIRE S. A. desde el 27 de octubre de 1967, - indiscutido-.

2.º - En fecha 8 de enero de 2009, con 60 años de edad, el actor presentó solicitud de jubilación parcial al 85% partir de los 60 años por cese el día 29 de diciembre de 2008.

El contrato de relevo fue suscrito por la empresa el 2 de enero de 2009.

El trabajador relevista contratado para la jubilación parcial de D. Borja fue don Fulgencio, que se encontraba en situación de desempleo desde el día 30 de noviembre de 2008. Este trabajador ha estado vinculado con la empresa demandada a través de distintos contratos temporales desde el 26 de noviembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2008, folio 69-. La inspección de trabajo ha levantado acta sancionadora contra la empresa en relación a los contratos suscritos entre ella y el relevista anteriores al contrato de relevo, - folio 70-.

3.º - El actor solicitó la prestación de jubilación parcial mediante escrito presentado ante el INSS en fecha 8 de enero de 2009, siendo denegada mediante resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 16 de febrero de 2009.

Formulada reclamación previa, fue resolución de fecha 21 de abril de 2009.

4.º- La base reguladora correspondiente a la prestación interesada asciende a 2.220,86 euros mensuales, con porcentaje del 85% y efectos económicos desde el 30 de diciembre 2008.

Tercero.-Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia estima la demanda, en atención a doctrina jurisprudencial y de esta Sala que expone, y reconoce al actor el derecho a la pensión de jubilación parcial solicitada, por acreditar todos los requisitos precisos para dicho reconocimiento, contenidos en el art. 166 del TRLGSS de 1994, con relación al art. 12.7 del Estatuto de los Trabajadores. Al no tener participación el trabajador jubilado en la contratación del trabajador relevista, careciendo de legitimación pasiva la empresa, por reclamarse prestación de seguridad social. Incumbiendo su pago, a la entidad gestora.

La representación letrada de las entidades demandadas recurren esta decisión, con apoyo procesal en la letra b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, proponiendo la revisión de los hechos declarados probados, interesando la sustitución del ordinal segundo, por el siguiente texto, en atención al acta de la inspección de trabajo: "Se comprueba que prestó servicios en la misma empresa en los siguientes periodos y en virtud de los siguientes tipos de contrato: 1 de febrero a 9 de julio de 2006, mediante contrato por obra o servicio determinado, mediante los siguientes contratos eventuales, por circunstancias de la producción, 57 contratos eventuales que no se aportan, porque me informa el Sr. Narciso, ninguno se hizo por escrito, entre el 6 de agosto de 2006 y 30 de noviembre de 2008, lo que supone solo en el periodo de agosto a 6 de julio de 2007, prestó servicios mediante sucesivos contratos, en total de 27 eventuales, por circunstancias de la producción, un total de 255 días, superando con ello el tiempo máximo de duración de dichos contratos".

Con igual pretensión revisora, solicita, en atención, a la misma acta de la inspección, que se declare, en este mismo ordinal: "los mismos carecían de causa que justificara su celebración o que habían superado las duración máxima legal de la contratación eventual". Lo que considera, no ha sido controvertido, en el juicio oral.

Por último, también con objeto de revisión fáctica, e igual fundamento documental, insta la adición al mismo ordinal del siguiente texto: "la falta de causa justificada en la temporalidad pactada, en los contratos de duración determinada, implica que se consideran los mismos celebrados en fraude de ley, presumiéndose celebrado por tiempo indefinido, los contratos de duración determinada celebrados en fraude de ley". Puesto que no se ha intentado siquiera acreditar indiciariamente la existencia de tal causa razonable de la contratación temporal del relevista que justifique la baja voluntaria, de un contrato que, ya, era indefinido.

No es posible la revisión instada, en su totalidad, en atención al precepto en que se funda con relación al art. 194.3 del mismo Texto legal, puesto que el documento en que apoya, el acta levantada por el servicio de inspección y los propios contratos de relevo concertados, no justifican lo que, en realidad, consiste en las apreciaciones del actuante sobre los mismos hechos, la contratación misma del trabajador relevista, que le llevan a considerar que no consta acreditado el fraude de ley, al juzgador de la instancia. Siendo lo vinculante de las actas de inspección, los hechos directamente constatados del actuante, en atención al art. 53.2 de la LISOS. Con relación a la necesaria contratación de un trabajador temporal de la empresa demandada, como relevista; o, en situación de desempleo. Negándose en la demanda su carácter indefinido (hecho tercero y cuarto), en que se ratificó la parte actora en el acto del juicio oral, y a la que se une la oposición de la empresa codemandada que considera no está legitimada en el proceso, mientras que de haber reconocido tal carácter al relevista, lo estaría por venir así establecido en la disposición adicional 2.ª del RD 1131/1992.

No cabe entender, por ello, como hecho no controvertido, el carácter indefinido del trabajador relevista, contratado. Y, de la mera contratación faltando el contrato escrito, admitiendo el art. 8.2 del ET, la contratación temporal sin requisito de forma, en periodos inferiores a cuatro semanas. Que no superan ninguno de los expuestos en el acta de inspección en que se funda el recurso. Encontrándose, por lo demás, el relevista en situación de inscrito en la oficina de empleo como desempleado, desde el 30 de noviembre de 2008 (ordinal fáctico segundo), al momento de la presentación de solicitud de jubilación parcial del actor, en el mes de enero de 2009 (ordinal fáctico tercero). Lo único que cabe apreciar, por deducirse de la misma documental que cita la recurrida, en cuanto a hechos, es la encadenación de contratos temporales suscritos (desde 2005, aunque sólo aluda a los suscritos en 2006). En atención a un contrato por obra o servicio determinado, como especialista metalúrgico, siendo su objeto la cobertura de ausencias, en primer término. Y, desde el 12 de agosto de 2006 a agosto de 2007, en 26 contratos, eventuales, un total de 289 días, ninguno de los cuales superan las cuatro semanas. A los que siguen otras contrataciones, que se declaran, todas ellas, sin fraude de ley. Lo que no puede presumirse, como a continuación se expone, sin hechos concretos de los que deducirse, a diferencia de lo que propone la parte recurrente, que se funda en la falta del relato de la causa.

Y, tal mayor precisión de la contratación anterior del relevista, con la empresa codemandada, no es relevante al éxito del recurso, pues, lo valorado por la sentencia recurrida, es la actitud de la empresa, que partiendo de un elemento fáctico contenido en la fundamentación jurídica, pero de tal indudable naturaleza para la resolución de la litis, que motivó que la empresa acudiese a la contratación temporal previa del relevista. Supone que, lo único que sería relevante, es la prueba por las gestoras, de que el trabajador que se jubila, participó en el pretendido fraude en la contratación del relevista. Lo que ni siquiera del integro acta de la inspección se deduce, ni pretende su adición la parte recurrente.

Por lo que es intrascendente y no fundado en prueba documental hábil, la pretensión revisora de la parte recurrente.

Segundo.-Las entidades recurrentes denuncian infracción, con apoyo procesal en la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, en cuanto al derecho aplicado en la instancia, por vulneración de lo establecido en la disposición adicional 2.ª del RD 1131/2002, de 31 de octubre, con relación a los artículos 166 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 12.7.a) 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y 15.1.a) y 9.3 del RD 2720/1998, y artículos 1.252 y 3 y 7.2 del Código Civil. Consideran que la jubilación parcial reconocida es improcedente y debe ser desestimada, por cuanto se incumple uno de los requisitos constituyentes. Pues, en realidad, al contratar como relevista a un trabajador que ya era indefinido de la empresa, se está amortizando un puesto de trabajo, y no contratando a un trabajador temporal, como exigen los indicados preceptos. Con fraude en la contratación del relevista, atendiendo al espíritu y finalidad de los preceptos invocados. Estando, en situación de desempleo el relevista, solo formalmente. Aludiendo a la dificultad de prueba, que estima, le impone la recurrida, verdadera prueba diabólica, de conexión directa del fraude en la contratación temporal del relevista. Constando en el acta de inspección, suficientes datos indiciaros del fraude, en aplicación del art. 1.253 del CC, consistente en la relación laboral del relevista, previa que se extiende casi 48 meses, con una sucesión de contratos eventuales y sin contrato, finalizada un mes antes de la contratación como relevista.

En orden a la misma denuncia de infracción jurídica, también propone, en otro motivo del recurso, la vulneración del artículo 166.2 de la LGSS, art. 9 del RD 1131/1992, con relación al art. 12.6 y 7 del ET, en su redacción dada por la disposición 29.ª de la Ley 40/1997, que en materia de jubilación parcial, otorga carácter constitutivo al contrato de relevo, cuestión sobre la que la sala no se ha pronunciado. Requisito que el relevista no cumple, pues ya era trabajador indefinido con anterioridad, y no procedía de una contratación por duración determinada, con anterioridad.

Considerando que, con el reconocimiento de la instancia, estamos ante un supuesto de abuso de derecho, manifiesto.

Pero, si conforme a la misma doctrina jurisprudencial invocada por las recurrentes, contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2474) y 26 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9856), y como en ellas se expone, el fraude de ley es una valoración que depende de muy diversas circunstancias objetivas, y subjetivas. Por lo que, en su apreciación, debe atribuirse un amplio margen a los órganos judiciales de instancia. Lo que, precisamente, unido a la naturaleza extraordinaria del recurso interpuesto, impide alterar el relato de la instancia, salvo documental fehaciente que sin necesidad de análisis ni conjeturas, evidencie su error. Documental que no cabe identificar a las consideraciones del inspector actuante, en contra de lo ponderado en la instancia, que en definitiva se funda en la misma actividad documental consistente únicamente, en los contratos de trabajo, su causa y el sector productivo en que se emplea la empresa codemandada.

Las conjeturas de la parte recurrente, que establece la entidad sobre el cese de este trabajador contratado como relevista, la indemnización abonada y liquidación con parte proporcional de vacaciones, sobre las que, afirma, no se cotizó (lo que no se declara probado). Siendo contratado un mes después, lo que relaciona con su condición de trabajador indefinido, previa. Incluso, respecto de la vigente redacción del art. 166.2 de la LGSS y art. 12.6 y 7 del ET, debida a la Ley 40/2007, disposición adicional 29.ª, no permite la conclusión de las recurrentes.

Dicho nuevo texto del art.12.6 del E.T. expone: "Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos establecidos en el apartado 2 del art. 166 de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario..., y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente".

Su texto anterior, debido a la Ley 12/2001, de 9 de julio, decía: "Para poder realizar este contrato en el caso de trabajadores que no hayan alcanzado aún la edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente".

Así mismo, el vigente art. 166.2 de la LGSS expone, que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el art. 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los requisitos que expone. Mientras que el anterior texto, declaraba que los trabajadores que reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación con excepción de la edad..., podrán acceder a la jubilación parcial, en las condiciones previstas en el apartado 6 del art. 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En su redacción debida a la Ley 35/2002, de 12 de julio.

Ante la comparativa de ambos textos, se deduce, en contra de lo manifestado por la parte recurrente, que ya el anterior texto normativo de cada precepto invocado en el recurso, se exigía como requisito para el reconocimiento de la pensión de jubilación parcial, aquí debatida, el contrato simultáneo de un contrato de relevista, que esté en situación de desempleo o con contrato temporal de duración determinada. Por lo que se entiende, como en la instancia, que es plenamente aplicable los pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo, como de esta Sala, interpretativos de los anteriores textos, relativos a la desvinculación del reconocimiento de la pensión de jubilación parcial, salvo que se justifique con el relevado ha participado en el fraude. Siempre que concurra, es claro, la contratación del relevista, formal. Único requisito oponible a la jubilación parcial debatida.

Sin perjuicio de que, se mantiene, como en el anterior, texto, la responsabilidad de la empresa que es la que efectúa este contrato al relevista, de incurrir en fraude de ley. Que, por lo demás, aquí no se considera concurrente al abono de la pensión reconocida. Con la consiguiente acción de reembolso a la empresa que continúa vigente, en la disposición adicional segunda del RD 1131/1992.

Los requisitos constitutivos que configuran la prestación de reconocida en la instancia, según se desprende de los artículos invocados en el recurso, art. 166.2 de la LGSS y del propio, art. 9 del Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, se justifican en el expediente administrativo y en el relato que sustenta la sentencia recurrida.

La cuestión ha sido resuelta por la Sala en sentencia de 12 de diciembre de 2006 (rec. 999/2006), 31 de octubre de 2007 (rec. núm. 776/2007), y 11-5-2009 (rec. 291/2009), esta relativa a la acción de reembolso. En que la interpretación literal de la normativa invocada igual, en cuanto reitera la necesaria simultaneidad con el contrato de relevista para el reconocimiento de la pensión impugnada, concluye, que el único requisito subjetivo previsto por la norma, es que se trate de un trabajador desempleado o un trabajador temporal de la propia empresa, en la vigente norma, de duración de terminada. Y, no exige, además, que se halle inscrito durante un determinado periodo de tiempo en las oficinas de empleo o que se trate de un empleado de larga duración, (en aquellos supuestos menos de un mes), después de haber sido empleado de la misma empresa, durante años. En las que se acceden a la jubilación parcial reconocida.

Las entidades recurrentes no impugnan el relato fáctico que se integra, no solo con los hechos declarados probados, sino con aquellos elementos fácticos, obrantes en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y que, brevemente, se han expuesto, al inicio de esta resolución. Y entre éstos, además, de las funciones del trabajador contratado como relevista, que venía prestando para la empresa actora, con anterioridad por contratos temporales sucesivos, por obra o servicios determinados, desde 2005 a 2008 (los mismos contratos y funciones que analiza el Servicio de Inspección). Se declara que no han sido suscritos como fraude de ley, para actividades permanentes de la empresa. Lo que el servicio de Inspección, concluye, solo de la duración y forma de los mismos, de los servicios contratos y actividad de la empresa demandante. Sin relato fáctico en que se sustente, adicional al ponderado en la instancia. Vinculando al procedimiento, según preceptúa el artículo 53.2 de la LISOS, los "hechos constatados por los referidos funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción...". Presunción de certeza que no se extiende a las valoraciones que contienen dichos hechos de los funcionarios actuantes. Como lo constituye, su conclusión del fraude en la contratación temporal suscrita que no vincula al juzgador de la instancia, ni a esta sala, en la resolución del recurso de suplicación formulado.

Para llegar a la conclusión que pretenden las recurrentes, será pues necesario que quede acreditada la voluntad fraudulenta mediante otros indicios más sólidos y eficaces al afecto que sin necesidad de análisis ni conjeturas evidencien error del juzgador de la instancia.

En materia de conducta fraudulenta relativa a la acreditación de las circunstancias deben concurrir para el acceso a una prestación de seguridad social, la Sala 4.ª del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente, entre otras, en la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2003 (EDJ 2003/98194), que la existencia de fraude se funda en la valoración de intenciones que atiende a una casuística de circunstancias individualizadas y, normalmente, variables en cada supuesto. No obstante, el Tribunal Supremo señala que el fraude de Ley que sanciona el artículo 6.4 del Código Civil, no se presume, pero, esta afirmación no excluye la posibilidad de que el carácter fraudulento de una contratación pueda establecerse por la vía de la prueba de presunciones, ex art. 1253 CC (vigentes art. 286 y 287 de la LEC), cuando entre los hechos demostrados y el que se trata de deducir hay "un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" (STS Sala 4.ª, de 24-2-2003, EDJ 2003/7206; y 6-2-2003, EDJ 2003/7186). En materia del reconocimiento de prestaciones de seguridad social, ante la invocación de que es, el trabajador, quien tiene que demostrar la rectitud de su conducta y la ausencia de vicio en la contratación. En dichas resoluciones del Tribunal Supremo se declara que la mera sucesión de los formal contractual no basta para inferir, con seguridad razonable, que la celebración de este segundo contrato no tuvo otro propósito defraudar, en los supuestos concretos analizados por las sentencias referidas, para acceder al disfrute de la protección por desempleo. Si bien, lo anterior no obsta a que, como excepción, para evitar posibles fraudes, a falta de normas específicas que lo presuman en determinados supuestos para las prestaciones no contributivas, deba estarse a lo dispuesto en los artículos 6.4 y 7.2 del Código Civil, que proscriben el fraude, pero no lo presumen.

Luego, si la existencia del fraude o del abuso de derecho, sólo pueden declararse, si existen indicios suficientes, para ello, que necesariamente habrán de extraerse, de hechos que aparezcan como probados en el correspondiente relato fáctico de la sentencia. No es posible llegar a la conclusión de la existencia del fraude o del abuso, contando exclusivamente con que la constancia de la extinción de los contratos de trabajo temporales por obra o servicio determinado, del relevista, durante años, que se ha prolongado para la misma empresa que le contrata, respecto del trabajador relevado que se jubila parcialmente, para acceder a la prestación; y, que en su inicio, en el año 2005, es anterior a la redacción vigente el art. 15.5 del ET, introducida por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre. Por el escaso margen de tiempo en desempleo (un mes), al no exigir un determinado periodo la norma aplicable, de inscripción como desempleado y no vulnerar la norma, dicha contratación temporal que incluso se prevé en la citada normativa (cuya celebración en fraude de ley, no se presume). En especial, cuando en la instancia, se desvincula este hecho de todo propósito de búsqueda de resultados distintos a los previstos por la norma que regula la prestación reconocida y la contratación del relevista, efectuada.

La empresa, no sólo contrata al trabajador con el cumplimiento íntegro de sus obligaciones en materia de seguridad social, sino que al jubilarse parcialmente el relevado, contrata a un relevista con el fin de mantener un empleo, aun vinculado recientemente el relevista por sucesivos contratos temporales, lo que viene expresamente contemplado en la norma aplicable, sin que pueda ser exigido otro requisito.

Por lo que, ninguna aplicación indebida o abusiva, de los indicados preceptos se estima acreditada, y, en consecuencia, se desestima el recurso formulado y se confirma la sentencia recurrida.

Tercero.-En último término, solicita, para el supuesto de que la Sala no considere oportuno pronunciarse sobre el contrato de relevo, con apoyo en el apartado a) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la nulidad de actuaciones, por haber incurrido la sentencia de instancia, en incongruencia omisiva, prohibida por el art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En virtud de la reforma operada por Ley 40/2007, de los preceptos vigentes al momento del hecho causante de la prestación solicitada.

Dado que la Sala se pronuncia sobre, tal reforma, con relación a la doctrina anterior, aplicada en la instancia como fundamento de la estimación de la demanda, no es posible atender a esta pretensión subsidiaria, de las recurrentes. Por más que no se aprecie en la estimación de la instancia, el vicio de incongruencia pretendido, que no exige la contestación pormenorizada de la totalidad de las pretensiones de las partes litigantes (STC, Sala 1.ª, de 14-10-1998, rec. 4111/1996, EDJ 1998/29816). Siendo implícita la desestimación con el nuevo texto aplicado, en la instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número Cuatro de Santander de fecha 4 de febrero de 2010 (Proceso 542/2009), en virtud de demanda formulada por D. Borja contra las entidades recurrentes y GLOBAL STEEL WIRE S.A., en materia de seguridad social y, en su consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese esta sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma recurso de casación para unificación de doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, los autos al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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