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Sentencia A.P. Tarragona 31/2010 de 21 de enero


 RESUMEN:

Seguridad de los trabajadores: Se desestima la argumentación de la exclusiva imputación del recurrente como arquitecto técnico, pues en su persona concurrían las condiciones promotor y contratista y la condena deriva por su propia conducta omisiva en relación con los deberes que le incumbían en materia de seguridad en el desarrollo de la obra. Su responsabilidad no se declara por su mera condición de promotor, contratista o arquitecto técnico, sino en función de su relación con los hechos, por el conocimiento de la situación típica y pudiéndola remediar, por no haber adoptado medidas para ello, lo que supone no sólo un dominio fáctico sobre la fuente de peligro, con independencia de su condición profesional, sino también una idoneidad jurídica para llevar a cabo el comportamiento típicamente previsto.

PROVINCIAL DE TARRAGONA

SECCIÓN SEGUNDA

Rollo de apelación nº 910/09

Juicio Oral nº 490/06

Juzgado de lo Penal nº 2 de Tarragona

S E N T E N C I A Nº

Tribunal.

Magistrados,

D. José Manuel Sánchez Siscart (Presidente).

D. Ángel Martínez Sáez.

Dª. Samantha Romero Adán.

En Tarragona, a veintiuno de enero de dos mil diez.

Visto ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial los recursos de apelación interpuestos, por un lado, por Roque y la Cía. Aseguradora MUSAAT, representados por la Procuradora Sra. Amposta Matheu y defendidos por el Letrado Sr. Escudé i Nolla y, por otro lado, por Virgilio, representado por la Procuradora Sra. Muñoz Pérez y representado por el Letrado Sr. Gascón Chulilla, contra la Sentencia de fecha 1 de julio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal núm. Dos de Tarragona, en el Juicio Oral nº 490/06, seguido por delito contra la seguridad de los trabajadores en el que figura como acusados los apelantes y siendo parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Magistrado D. José Manuel Sánchez Siscart.


ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES


 
ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

Primero.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"PRIMERO.- Se declara probado que el día 22 de agosto de 2001 Jesús Carlos se encontraba trabajando con la categoría de peón en la construcción del edificio Estell 2 sito en el barrio de San Pablo y San Pedro de Tarragona para la empresa UNICOMAN SL, con la cual tenía concertado contrato laboral, iniciada la relación el día 14 de mayo de 2001, sin que hubiera recibido formación en materia de prevención de riesgos laborales.

El administrador único de la empresa UNICOMAN SL era Virgilio (DNI Nº NUM000), mayor de edad, y sin antecedentes penales, quien actuaba como jefe de la obra, habiéndose concertado por la empresa póliza de responsabilidad civil nº 1300100001516/00 con la entidad Reale -Autos y Seguros Generales SA, con un límite por siniestro de 50 millones y por víctima de 15 millones.

La promotora de la obra era la empresa PROMYSA BUILDINGS SL, habiendo sido contratada la empresa UNICOMAN SL para la construcción de determinadas partidas de la obra, por la empresa COBYP Proyectos y Construcción SL.

Roque (DNI Nº NUM001), mayor de edad, sin antecedentes penales, era el administrador único de las empresas PROMYSA BUILDINGS SL y COBYP Proyectos y Construcción SL, y actuaba como arquitecto técnico de la obra.

Roque (DNI Nº NUM001), tenía concertado póliza de responsabilidad civil profesional con MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima fija, con nº NUM004, con un límite por siniestro de 120.202,42 euros.

Las empresas PROMYSA BUILDINGS SL y COBYP Proyectos y Construcción SL, no tenían concertados pólizas de seguros de responsabilidad civil.

Epifanio (DNI Nº NUM002), mayor de edad, y sin antecedentes penales, figuraba como arquitecto superior de la obra, y tenía suscrito póliza de responsabilidad civil profesional con ASESMA, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, nº NUM003, con un límite para daños materiales y/o personales de 650.000 euros.

SEGUNDO: Sobre las 11:00 horas del día 22 de agosto de 2001, Jesús Carlos se encontraba realizando trabajo de peón para replantear uno de los balcones de la obra sita en la primera planta, y al doblar con las manos una varilla de hierro que sobresalía perdió el equilibrio y cayó a una altura de unos 3 metros.

Como consecuencia de los hechos sufrió fractura compleja de ambas calcáneos, requiriendo para alcanzar la sanidad intervención quirúrgica con osteosíntesis, tratamiento ortopédico, rehabilitación y artrodesis, precisando para alcanzar la sanidad 452 días de carácter impeditivos, de los cuales 53 días lo fue en régimen hospitalario, restándole como secuelas cicatrices de 11 y 7 cm, artrodesis subastragalina en pie derecho, material de osteosíntesis en pie izquierdo y derecho, dolor en pie izquierdo a la bipedestación y deambulación prolongada.

TERCERO: En el momento de los hechos, no estaban puestas en el balcón las barandillas perimetrales, ni redes de protección para evitar caídas, ni había anclajes ni arneses, encontrándose en esta situación unos 30 balcones.

En el momento de la producción del accidente la empresa UNICOMAN SL, contaba en la obra con al menos 15 trabajadores.

Con carácter previo al accidente, ni Virgilio (DNI Nº NUM000) ni Roque (DNI Nº NUM001), impartieron instrucción para la adopción de medidas de protección colectiva ni individual para evitar las caídas de los trabajadores en altura, tales como instalación de redes de protección, vallas perimetrales, puntos de anclajes, arneses, cuando las obras se estaban realizando en las terrazas de uno de los edificios en construcción.

CUARTO.- El día 9 de enero de 2002 se presenta denuncia por Jesús Carlos.

El día 9 de enero de 2002 se dicta auto de incoación de diligencias previas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tarragona.

El 28 de enero de 2002 se toma declaración al perjudicado.

El 7 de mayo de 2002 se dicta providencia acordando la práctica de diligencias, previo informe del Ministerio Fiscal.

El 17 de junio de 2002, se dicta nueva providencia acordando la toma de declaración de uno de los imputados, lo que se realiza el 27 de junio de 2002.

El 18 de noviembre de 2002 se emite informe médico forense de sanidad, dictándose auto por el que se acuerda la continuación por los trámites del juicio de faltas, lo cual es objeto de recurso de reforma por el Ministerio Fiscal, siendo resuelto por auto de 8 de enero de 2003, tramitándose recurso de Apelación.

El 16 de abril de 2003, se toma declaración a un testigo.

El 16 de junio de 2003 se tomó declaraciones como imputadas a Epifanio y a Roque.

Previo informe del Ministerio Fiscal, el día 28 de abril de 2004 se dicta auto acordando la continuación por los trámites del procedimiento abreviado, solicitándose por el Ministerio Fiscal el 16 de agosto de 2004, la práctica de diligencias complementarias, acordándose la práctica de las mismas, y debiendo reiterarse los requerimiento de entrega de documentación a la representación de Roque, y a Epifanio.

El 13 de julio de 2005 se presenta escrito de acusación por el Ministerio Fiscal.

El 18 de octubre de 2005 se presenta escrito por la Acusación Particular.

El 29 de noviembre de 2005 se dicta auto de apertura de juicio oral.

Tras los emplazamientos, requerimientos, notificaciones y personaciones, se presentan los días 10 de mayo de 2006, 12 de mayo de 2006, 15 de mayo de 2006 se presentaron escritos de defensa.

El día 15 de junio de 2006 se recibió ante el Juzgado de lo Penal número dos el presente rollo, dictándose resolución el 7 de abril de 2009 acordando la celebración de la vista el día 1 de junio de 2009.".

Segundo.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

"Que debo condenar y condeno a Virgilio (DNI Nº NUM000) y a Roque (DNI Nº NUM001), como autores responsables de un delito contra la Seguridad de los Trabajadores, previsto en el artículo 316 del CP, en concurso ideal con un delito de Lesiones por imprudencia previsto en el artículo 152.1.1 del CP, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del CP, con la pena cada uno de ellos de TRES MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena Y TRES MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE 12 EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago o insolvencia por el delito del artículo 316 del CP y la pena de UN MES Y 15 DÍAS DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de lesiones imprudentes, debiendo abonar cada acusado una tercera parte de las costas causadas incluidas las de la Acusación Particular.

Roque (DNI Nº NUM001) y Virgilio (DNI Nº NUM000) abonarán conjunta y solidariamente a Jesús Carlos, en la cantidad de 29.472,03 euros, ello con la responsabilidad civil directa de de las compañías de seguros Reale -Autos y Seguros Generales SA, y MUSAAT Mutua de Seguros a Prima fija, con imposición a las compañías de los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro hasta la fecha de pago, los dos primeros años al tipo legal más su 50% y a partir de ese momento al tipo del 20%.

Que debo absolver y absuelvo a Epifanio (DNI Nº NUM002), de un delito contra la Seguridad de los Trabajadores y un delito de lesiones imprudentes, declarando de oficio una tercera parte de las costas causadas, y por tanto sin que procede responsabilidad civil alguna de ASEMAS.".

Tercero.- Contra la mencionada sentencia se interpusieron recursos de apelación por las representaciones procesales de Roque, la Cía. Aseguradora MUSAAT y Virgilio, fundamentándolos en los motivos que constan en los escritos articulando los recursos.

Cuarto.- Admitidos los recursos y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen escritos de impugnación o adhesión, el Ministerio Fiscal impugnó los mismos.


HECHOS PROBADOSUnico.- Se aceptan los que así se declaran en la sentencia de instancia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.- La sentencia de instancia condena a ambos recurrentes Virgilio y Roque como autores de un delito contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal) en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia (artículo 152.1.1 del Código Penal). La representación del señor Roque y de la compañía aseguradora MUSAAT interpone recurso de apelación alegando que su mandante en su condición de arquitecto técnico no ostentaba la coordinación de la seguridad de la obra dado que su cometido fue únicamente la redacción del Estudio de Seguridad, lo que, en opinión del recurrente, en ningún caso puede traducirse en fundamento de imputación penal puesto que como profesional externo a la obra tampoco concurre en su persona el rol específico requerido en el delito previsto en el art. 316 CP, puesto que no tenía obligación de proporcionar de forma personal los medios de seguridad a los trabajadores y que tampoco le corresponde la vigilancia concreta a lo largo de toda la jornada laboral, sino que este cometido le incumbe al encargado o jefe de la obra. En relación con el delito de lesiones imprudentes considera que tampoco incurrió en ningún tipo de imprudencia, dado que se limitaba a realizar visitas periódicas. En tercer lugar, impugna la indebida consideración de ambas infracciones en concurso ideal, pues en opinión del recurrente el delito de resultado absorbería al delito de peligro. En cuarto lugar estima que concurre culpa de la exclusiva de la víctima, dado que el trabajador accidentado no habría empleado de forma responsable las medidas de seguridad. En quinto lugar, impugna la imposición de intereses moratorios pues en opinión de la parte recurrente, si la sentencia impugnada considera que concurren dilaciones indebidas, ello debe traducirse en una moderación de la indemnización impuesta a la aseguradora suprimiendo los intereses moratorios. Por último, en cuanto a la condena en costas, considera que su oposición no ha sido temeraria ni caprichosa sino necesaria para neutralizar las pretensiones de la acusación particular y por lo tanto solicita su no imposición.

Por su parte, el señor Virgilio interpone recurso de apelación en el que alega indebida aplicación del articulo 8.3 CP en relación con los artículos 316 y 152.1.1 del Código Penal, pues igualmente considera que el delito de resultado absorbe al delito de peligro, solicitando se dicte sentencia en segunda instancia respetuosa con su alegación.

Por la otra parte, la representación de Jesús Carlos impugna ambos recursos, y asimismo también formula impugnación el Ministerio Fiscal, solicitando la confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

Segundo.- Centrado el objeto devolutivo, ha quedado plenamente acreditado y no existe contienda sobre ello que el día 22 de agosto de 2001 el trabajador Jesús Carlos trabajaba como empleado con la categoría de peón contratado por UNICOMAN SL desarrollando labores de replanteamiento de los balcones de la obra de la primera planta y al ir a doblar un hierro perdió del equilibrio y cayó desde una altura unos 3 metros desde uno de los balcones situados en la primera planta, sufriendo diversas lesiones y fracturas que precisaron tratamiento médico. En el momento de los hechos no estaban colocadas barandillas perimetrales ni redes de protección, ni tampoco estaba provisto el trabajador de arnés individual ni disponía de anclajes. Ningún tipo de medida de seguridad portaba el trabajador en ese momento dirigida a evitar el riesgo de caída en altura, de forma tal que en esa misma situación se encontraban al menos otros 15 trabajadores, encontrándose en esta misma situación de desprotección más de 30 balcones. A juicio de la Sala resulta evidente, en relación con la conducta del empresario Sr. Virgilio, su responsabilidad penal por no facilitar los medios necesarios de seguridad en la obra, originando un peligro grave para la seguridad no ya del trabajador accidentado, sino del resto de trabajadores que en ese momento desarrollaban sus cometidos laborales en tan idéntica precaria situación. Por este motivo, el delito de peligro no queda consumido por el delito de resultado, puesto que tal y como ha razonado la Juzgadora, se generó un peligro colectivo para el resto de trabajadores.

Tampoco comparte la Sala las alegaciones expuestas por la representación del Sr. Roque, quien, a pesar de que en su persona concurrían las condiciones de arquitecto técnico, promotor y contratista, pretende que estas dos últimas condiciones no pueda erigirse en criterio de imputabilidad penal, pues considera que no fue imputado judicialmente en base a dichas circunstancias y de no ser así consideraría vulnerarado el principio acusatorio.

Tan confusa y errónea alegación no puede prosperar.

Al respecto debemos tener en cuenta que el Sr. Roque ha sido acusado por su propia conducta omisiva en relación con los deberes que le incumbían en materia de seguridad en el desarrollo de la obra y esos deberes provienen de diversas fuentes. Su condición de acusado no depende de la infracción de un concreto deber, sino de un conjunto de deberes, desde deberes de previsión que se corresponderían con la diligencia de un buen padre de familia, o por otros muchos deberes específicos, en función de los cometidos específicamente asumidos, lo que determina que su responsabilidad no se declare por su mera condición de promotor, contratista o arquitecto técnico, sino en función de su relación con los hechos, por el conocimiento de la situación típica y pudiéndola remediar, por no haber adoptado medidas para ello, lo que supone no solo un dominio fáctico sobre la fuente de peligro, con independencia de su condición profesional, sino también una idoneidad jurídica para llevar a cabo el comportamiento típicamente previsto.

Pero incluso, como ahora veremos, su simple condición de arquitecto técnico en el caso concreto es suficiente para erigirse en fundamento de responsabilidad criminal, con independencia de su condición de promotor y contratista de la obra.

El artículo 316 del Código Penal castiga al que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

Ciertamente el delito previsto en el artículo anunciado es un delito especial propio, por cuanto refiere como sujetos activos a quienes estuvieren legalmente obligados a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con medidas de seguridad e higiene adecuadas. Ahora bien, la seguridad en el trabajo es una tarea compartida por todas las personas que intervienen en los diferentes niveles de la organización del trabajo, y si bien el empresario es el que ostenta el poder de dirección y organización, y en consecuencia, es el obligado principal, por así decirlo, de facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad laboral con las medidas de seguridad y salud adecuadas y de acuerdo con los riesgos que genere la actividad laboral que realicen, otras personas intervinientes en la obra también se hallan encargadas, directa y personalmente de la seguridad de las obras, o tengan mando, o ejerzan cualquier tipo de dirección sobre las mismas, de modo que pueden exigir el cumplimiento y observancia de las medidas de seguridad. El incumplimiento de esas obligaciones específicas puede fundamentar la responsabilidad penal de los mismos a título de participación necesaria omisiva, si bien para ello es necesario que el partícipe coopere en sentido normativo con su conducta omisiva en la conducta descrita específicamente para el autor en el tipo penal, esto es, cabrá apreciar responsabilidad penal de aquellos otros intervinientes en la obra en aquellos casos en los que cumpliendo sus específicas obligaciones pudieran haber enervado las omisiones del empresario en la facilitación de medios. La condición de sujeto activo se extiende por la vía de la participación necesaria a quienes conociendo el hecho típico y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello, lo que supone no solo un dominio fáctico sobre la fuente de peligro sino también una idoneidad jurídica para llevar a cabo el comportamiento preciso (sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1.998, 26 de julio de 2.000). Se constituye de esta forma su posición de garante sin cancelar la posición principal de garantía del empresario.

Expuesto lo anterior, y en relación con los cometidos propios del arquitecto técnico, la Sentencia 460/1992, de 28 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, recuerda, que son atribuciones, pero también obligaciones, de los Aparejadores o Arquitectos Técnicos: "... ordenar y dirigir la ejecución material de las obras e instalaciones, cuidando de su control práctico... con arreglo a las normas de la buena construcción, y asimismo, deberán controlar las instalaciones provisionales, las medidas auxiliares de construcción y los sistemas de protección exigiendo el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la Seguridad en el Trabajo".

Y si las mencionadas son sus atribuciones, también son sus obligaciones, cuyo incumplimiento deviene en responsabilidades en cualquiera de los órdenes. Y es que de los profesionales que intervienen en la construcción, es el arquitecto técnico, el que tiene mayor exigencia de estar a pie de obra, para corregir cualquier anomalía, pues así se lo impone la normativa que regula y reglamenta su función...".

La sentencia de 7 de noviembre de 1.991 recuerda que "... es precisamente el cargo de aparejador de una obra el que más directamente está obligado a vigilar y cuidar su realización material en evitación de cualquier posible defecto, no sólo en el empleo de los materiales adecuados y su colocación en el edificio, sino también en lo relativo a la seguridad de la obra, tanto en el ámbito interior, como extramuros de la misma....". El deber de control implica el de vigilancia del efectivo cumplimiento, por el personal jerárquicamente subordinado, de las órdenes dadas.

En el presente supuesto, la situación de desprotección en que se hallaban los balcones de la obra no le pudo haber pasado desapercibida al apelante Sr. Roque, y no obstante, consintió la continuación de la obra en esas condiciones, lo que se erige en fuente de imputación penal, tal y como ha considerado la Juzgadora de instancia, cuyos razonamiento aceptamos. A la condición de facultativo de la obra se une también su condición de promotor y contratista de la misma, omitiendo incluso el nombramiento de un nuevo Coordinador de Seguridad tras el fallecimiento del inicialmente nombrado.

Todo lo cual implica una omisión grave del deber profesional que le era exigible, que comporta una conducta dolosa, al menos a título de dolo eventual, en la medida que la omisión de sus deberes profesionales entrañó un riesgo grave para la vida e integridad de los trabajadores de la obra, y que, en este caso, se materializó en un resultado lesivo, lo que implica la subsunción de tal conducta en los delitos por los que se ha dictado condena en la sentencia de instancia.

Alega el recurrente a continuación que no concurre imprudencia por su parte determinante del resultado lesivo, y que en su caso éste habría venido provocado por culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto ya hemos razonado la infracción de los deberes específicos que incumbían al acusado, y que dicho incumplimiento se tradujo en la creación de un riesgo grave para la integridad física de los trabajadores, que se concretó en resultado lesivo, producido el accidente en el ámbito que precisamente la norma trataba de evitar, y en el ámbito de riesgo creado por dicha omisión de deberes, por lo que el resultado, a todas luces, prevenible y evitable, debe serle imputado al recurrente a título de imprudencia. También debemos advertir que en los supuestos de accidentes laborales corresponde al empresario y al resto de intervinientes en la obra con cometidos específicos en materia de seguridad advertir y corregir las negligencias en que pudieran incurrir los trabajadores debido a la propia habituación a los ámbitos de peligro. En el presente supuesto, la pérdida de equilibrio por parte del trabajador al ir a doblar un hierro no puede considerarse como una culpa exclusiva del trabajador, ni como culpa relevante con efectos degradatorios de la responsabilidad del resto de partícipes, ante lo que constituye una clamorosa desatención de los deberes de cuidado y de las más elementales medidas de seguridad exigibles, por lo que el motivo también debe ser desestimado.

Por último, en relación a la imposición de intereses moratorios, precisamente la demora en el pago de la indemnización debida origina la obligación de su abono, tal y como establce el art. 20 LCS. Las dilaciones indebidas en la causa en modo alguno pueden erigirse en fundamento de moderación, sino al contrario, pues precisamente anuda el Legislador el paso del tiempo a su imposición, pretendiendo con ello garantizar un temporáneo abono de la indemnización debida.

Tercero.- Por último, en relación con el motivo esgrimido en relación a las costas impuestas en la instancia, debemos aclarar que la imposición de costas en el orden penal viene determinada en función de lo dispuesto en artículo 123 del Código Penal, que establece que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, se impondrán al responsable del delito falta cometidos, por lo que es independiente de la conducta procesal del condenado o de criterios de temeridad como los que apunta el recurrente. Por otro lado, en cuanto a las costas causadas en esta instancia, procede imponerlas respectivamente a los apelantes al estimar que no existía duda de hecho o de derecho suficiente que justificase la interposición de cada uno de los recursos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR íntegramente los recursos de apelación interpuestos, por un lado, por Roque y la Cía. Aseguradora MUSAAT y, por otro lado, por Virgilio y CONFIRMAR INTEGRAMENTE la sentencia de fecha 1 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de lo Penal nº Dos de Tarragona, en el Juicio Oral nº 490/06, declarando de oficio las costas causadas en esta instancia.

Esta es nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, que pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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