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Sentencia A.P. Sevilla 150/2010, de 3 de marzo


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Concurso ideal de delitos con el delito de lesiones por imprudencia grave. Responsabilidad: Responsabilidad de la empresa, además de el técnico de seguridad, el jefe de seguridad, y de fábrica, y el ingeniero encargado de su montaje. Inexistencia de la formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

SENTENCIA

En la ciudad de Sevilla, a tres de marzo de dos mil diez

Visto en grado de apelación por la Sección Tercera de esta Audiencia, integrada por los Ilmos. Sres. reseñados al margen, el Asunto Penal 160/07 procedente del Juzgado de lo Penal número Uno de esta capital, seguido por delito contra la los derechos de los trabajadores y lesiones por imprudencia, contra los acusados Gines y Pio, cuyas circunstancias personales ya constan, venido a éste Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el éste último, por el Mº Fiscal y por la Procuradora Dª María Luz García Barranca Banda en nombre de Juan Enrique, que ha ejercitado la acusación particular, contra la sentencia dictada por el citado Juzgado. La ponencia en esta alzada ha correspondido en el Ilmo. Sr. Presidente de ésta Sección D. ÁNGEL MÁRQUEZ ROMERO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-En fecha 31 de marzo de 2008, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Penal nº Uno de Sevilla dictó sentencia cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno a Pio como autor penalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave, ya descritos, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de:

Por el delito contra los derechos de los trabajadores, tres meses de prisión y tres meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas.

Por el delito de lesiones por imprudencia grave, un año de prisión.

Todas las penas privativas de libertad conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (artículo 56 del Código Penal).

El acusado es responsable criminalmente, con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa "Utillajes 20000 S.L.", debiendo abonar al lesionado, Juan Enrique (nacido el 6/11/1964), la cantidad de 247.544,61 euros, con aplicación del interés dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se absuelve al también acusado Gines de los delitos de los que venía acusado.

Se imponen la mitad de las costas procesales al citado condenado.

Segundo.-Notificada la misma, se interpusieron por el Mº Fiscal; por la Procuradora Dª María Luz García Barranca Banda en nombre de Juan Enrique que ha ejercitado la acusación privada, y por el Procurador D. Manuel Muruve Pérez en nombre del acusado Pio, recursos de apelación en tiempo y forma en base a los motivos que en el cuerpo de esta resolución serán analizados.

La procuradora Dº Reyes Gutiérrez de Rueda García, en representación de Gines, se opuso a la estimación de los recursos, planteando como cuestión previa la extemporaneidad de su presentación.

Tercero.-Turnadas las actuaciones a esta Sección Tercera, se designó ponente al anteriormente mencionado Magistrado.

Cuarto.-Estimándose necesaria la celebración de vista, esta tuvo lugar el día 2 de febrero de 2010.

Quinto.-En la tramitación del recurso se han observado las formalidades legales, excepto el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de trabaja que pesa sobre este Tribunal.


HECHOS PROBADOSSe aceptan y se dan por reproducidos los de la resolución impugnada.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Ante todo, dado el carácter procesal y excluyente que tiene la decisión sobre la cuestión previa planteada por la representación procesal de Gines, respecto a la extemporaneidad de los recursos presentados por las partes, debemos comenzar nuestra resolución, examinando este punto, pues de admitirse, no tendría sentido plantearnos consideración alguna sobre los recursos planteados por las acusaciones particulares y la representación del acusado condenado en la instancia.

Señala la defensa de Gines, que los recursos se interpusieron después de haber transcurrido con creces el término de 5 días que prevé la Ley para impugnar las sentencias dictadas en la primera instancia, puesto que al haberse entablado previamente recurso de aclaración, el plazo de presentación del recurso contra la sentencia, en el supuesto de ser denegada tal aclaración, debía reanudarse, computándose los días que hubieran pasado hasta la presentación de dicha petición.

La cuestión planteada debe ser rechazada, pues parte de premisas incorrectas.

En primer lugar, el plazo para interponer recurso de apelación contra la sentencia de instancia, como se hace constar en la propia resolución, es de diez días desde la última notificación y no cinco como señala el oponente (artículo 790.1 de la L.E.Cr.).

En segundo lugar, el art. 267.8 de la L.O.P.J. resuelve el tema planteado, estableciendo la forma como deben computarse los plazos, en el supuesto de haberse planteado una aclaración al auto o sentencia que se impugna, diciendo que "los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara remediarla".

En consecuencia, habiéndose notificado al Mº Fiscal el auto resolviendo la aclaración el 29 de agosto de 2008, y a las demás partes el 2 de septiembre de 2008, y la presentación de los recursos son de fechas; 7 de mayo; 15 de septiembre y 17 de septiembre de 2008 (con cuatro días inhábiles por medio), es evidente que fueron presentados en el plazo legalmente establecido para entablarlos y fueron correctamente admitidos a trámite.

Segundo.-La defensa del acusado Pio, impugna la sentencia de instancia, por considerar que el Juzgador ha incurrido en error en la valoración de la prueba, pues a su entender, la existente no es suficiente para enervar su derecho a la presunción de inocencia, dadas las contradicciones que aprecia en las declaraciones de los testigos y coacusado, que en un principio atribuyó la responsabilidad del funcionamiento de la maquina trasportadora donde se produce el accidente a la actuación de Melchor, y en el plenario se la imputa a él, para exonerarse de su propia responsabilidad.

Tercero.-Como señalamos en nuestra sentencia de 28 de julio de 2006 citada por la acusación particular en su escrito de recurso, cuando, como en el presente caso, se cuestiona por la vía del recurso de apelación la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo", sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y únicamente debe ser rectificado, bien, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin en el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. Corresponde, conforme al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la L.E.Cr., al Juez o Tribunal de instancia valorar el significado de los distintos elementos de prueba y establecer su trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia, pues dicho Juzgador se encuentra en una mejor situación para evaluar el resultado del material probatorio, pues las pruebas se practican en su presencia, y con cumplimiento de las garantías procesales (inmediación, contradicción, publicidad y oralidad). La declaración de hechos probados hecha por el Juez "a quo" no debe ser sustituida o modificada en la apelación (STS entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero), salvo que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio; o que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia (S.T.S. de 11-2-94, 5-2-1994).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, debe añadirse que hasta la saciedad tiene dicho el Tribunal Supremo -sentencias, por ejemplo, de 10-2-90 y 11 3 91 -, que en las pruebas de índole subjetiva, como son las declaraciones de los acusados y testigos, es decisivo el principio de inmediación y por ello es el Juzgador de instancia quien se halla en condiciones optimas para decidir sobre la credibilidad que ha de darse a lo oído y visto en el juicio oral, pues cuando el medio de prueba es una persona, la convicción judicial se forma también por los gestos, expresión facial, tono de voz firmeza, duda de las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas etc., que el Juzgador puede apreciar y valorar en consecuencia a tenor de lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la determinación de cual es la verdadera depende claramente de la inmediación con la que esta prueba es recibida por el Juzgador de instancia, por lo que, en consecuencia, en el marco estricto de la apelación, este Tribunal no puede ni debe revisar la convicción en conciencia del juzgador de instancia respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído personalmente.

No se olvide además, que es facultad del Juzgador dar más credibilidad a uno u otro testimonio, quedando extramuros del principio de presunción de inocencia la discrepancia en la distinta credibilidad que el Juzgador otorgue a los distintos testigos y al acusado que ante él depusieron. Así enseña la Sentencia T.C. de 16-1-95: "El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba (SSTC 169/90, 211/91, 229/91, 283/93, entre otras muchas) y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia."; y la Sentencia T.C. de 28-11-95 "la valoración de la prueba queda extramuros de la presunción de inocencia (SSTC 55/82, 124/83, 140/85, 254/88, 201/89 y 21/93)".

El principio ""in dubio pro reo"", de la misma forma que el derecho del acusado a la presunción de inocencia, veda la emisión de un pronunciamiento condenatorio si no se han superado las dudas sobre la culpabilidad del acusado, pero no otorga a éste el derecho a que el Tribunal dude ante pruebas contradictorias. Justamente porque en el caso enjuiciado por la sentencia recurrida puede hablarse de pruebas contradictorias, esto es, de pruebas de cargo y de descargo, es por lo que no se puede sostener que, con la condena del recurrente, haya sido violado su derecho a la presunción de inocencia".

Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, de todos conocidos, debemos llegar a la conclusión de considerar que la valoración efectuada en la instancia, respecto a la responsabilidad adquirida por el apelante en el montaje y dirección técnica de la empresa Utillajes Andaluces 20.000 S.L. al tiempo del siniestro, y respecto al funcionamiento de la cinta transportadora donde se produjo, en modo alguno es caprichosa o arbitraria, sino el lógico resultado de una valoración razonable de la prueba practicada en el plenario, en donde, tanto el administrador de la sociedad, Gines, como los tres trabajadores que realizaban su actividad en la empresa y que carecían de cualificación profesional alguna para el desempeño de su cometido, además de la persona a la que él recurrente atribuye la responsabilidad de la citada empresa, Melchor, coinciden en afirmar que el técnico de seguridad, el jefe de seguridad, y de fábrica, quien impartía instrucciones a los trabajadores sobre el funcionamiento de la maquina, el ingeniero encargado de su montaje era el Sr. Pio.

Ciertamente, el art. 318 del Código Penal considera autor del delito contra los derechos de los trabajadores, cuando los hechos se atribuyan a personas jurídicas, a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello", y conforme a la prueba antes indicada, es claro que el recurrente conocía las carencias de seguridad de la maquina que estaba montando, (botón de parada, protección lateral, inexistencia de personal instruido en los riesgos que pudieran producirse durante su funcionamiento, y falta de cualificación de los trabajadores, sin persona responsable presente que pudiera dirigir sus posibles actuaciones en evitación de un previsible accidente), y que no obstante haber asumido responsabilidad en su montaje y en la dirección de la actividad, omitió su obligación de prevención de riesgos laborales, dando ocasión al accidente enjuiciado.

Debemos recordar, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de modo reiterado, viene declarando que cuantos dirigen y se hallan al cuidado de una obra deben impartir diligentemente las instrucciones oportunas, de acuerdo con las ordenanzas, a fin de que el trabajo se realice con las adecuadas medidas de seguridad de cuantos trabajadores participen en la ejecución de diversos trabajos sujetos a riesgos que es preciso evitar, poniendo a contribución cuantas previsiones y experiencias técnicas sean concurrentes a tal fin, sin que puedan bastar advertencias generales, sino atendiendo a cada situación con el debido cuidado - STS 15 de julio de 1992 -. Obligaciones que competen a todas aquellas personas que desempeñen funciones de dirección o de mando en una empresa y tanto sean superiores, intermedias o de mera ejecución, y tanto las ejerzan reglamentariamente o de hecho -Sentencia de 12 de mayo de 1981 -. En la aplicación del artículo 316 la Jurisprudencia no ha limitado el campo de eventuales responsabilidades ni al empresario en sentido formal ni al administrador o gerente de la empresa o sociedad empleadora, sino que desciende en cascada hasta llegar a los encargados directos del servicio en que se aprecia la omisión normativa, para depurar las eventuales responsabilidades de cada uno de los mandos intermedios, sin que la atribución de responsabilidad de los encargados directos opere el efecto exonerador de responsabilidad de los escalones superiores de responsabilidad, para el caso de que en estos pueda detectarse también algún tipo de omisión dolosa.

La referencia que el apelante realiza a la intervención de Melchor, y que pudieran desprenderse indiciariamente de los documentos aportados a las actuaciones, en modo alguno altera la responsabilidad que se ha establecido en la sentencia, pues aunque pudiera haber compartido las funciones de dirección de obra, hecho que no resulta de la prueba practicada en el plenario, es lo cierto que lo único que podría determinar es que, éste, también fuera condenado de haberse formulado acusación contra él, lo que no ha sucedido en el presente caso, por lo que el examen de las pruebas que señala en recurrente contra Melchor carecen de virtualidad para impedir considerar correcta la valoración efectuada en la sentencia respecto a la actuación del apelante.

En consecuencia, estimamos que debe mantenerse la condena de Pio en los términos establecidos en la sentencia combatida.

Cuarto.-En sentido contrario se postulan los recursos presentados por el Mº Fiscal y acusación particular, quienes solicitan que se considere también autor del delito contra los derechos de los trabajadores y de lesiones por imprudencia grave a Gines, Consejero Delegado de la empresa Utillajes Andaluces 20.000 S.L., administrador único de la misma, en atención a lo dispuesto en el artículo 318 del Código Penal.

Siendo la pretensión del apelante la condena del acusado Gines, y centrándose la misma en la valoración de la prueba, debemos traer a colación la doctrina del T.C. que desde la sentencia 167/2002 de 18 de septiembre, viene reiterándose de forma constante (SSTS 208/2005, de 18 de julio de 2003; 203/2005 de 18 de julio; 202/2005, de 18 de julio; 199/2005, de 18 de julio; 186/2005 de 4 de julio; 185/2005 de 4 de julio; 181/2005 de 4 de julio; 178/2005 de 4 de julio; 170/2005 de 20 de junio; 167/2002, de 18 de septiembre y 80/06, de 13 de marzo), viniendo a constituir un cuerpo de doctrina estable y consolidada, según el cual "resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial que las valora. Corolario de lo anterior será que la determinación de en qué supuestos se ha producido vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (cristalizado ahora en la garantía de inmediación) es eminentemente circunstancial, pues lo decisivo es si la condena de quien había sido absuelto en la instancia trae causa en primer lugar de una alteración sustancial de los hechos probados y, de ser así, si tal apreciación probatoria encuentra fundamento en una nueva reconsideración de medios probatorios cuya correcta y adecuada apreciación exige la inmediación; esto es, que sea el órgano judicial que las valora el órgano ante quien se practican. Contrariamente no cabrá entender vulnerado el principio de inmediación cuando, por utilizar una proposición comprensiva de toda una idea, el órgano de apelación no pronuncie su Sentencia condenatoria a base de sustituir al órgano de instancia en aspectos de la valoración de la prueba en los que éste se encuentra en mejor posición para el correcto enjuiciamiento de los hechos sobre los que se funda la condena debido a que la práctica de tales pruebas se realizó en su presencia.

Por ello no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la Sentencia del órgano a quo, o cuando, a pesar de darse tal alteración, ésta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente, cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la Sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quem deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales".

Pues bien, del examen de las actuaciones este Tribunal, sin alterar el contenido de los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, llegamos a conclusiones dispares con el Juez "a quo", en atención a las circunstancias concretas del caso examinado que se desprenden de las pruebas practicadas, de las que cabe inferir, fuera de toda duda racional, que Gines también era responsable de la ausencia de medidas de seguridad en la empresa cuya actividad dirigía con el otro coacusado, siendo quien controlaba el accionariado de la empresa, conocía, como el mismo reconoce, la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tenía experiencia en el sector, y había permitido la actividad sin elaborar un previo plan de seguridad, y sin haber realizado cursos de formación a los trabajadores, siendo una empresa de sólo tres trabajadores, por lo que su funcionamiento le era de fácil gestión, sin que conste que hubiera designado o delegado la obligaciones sobre seguridad en otra persona.

El delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 y 317 del Código Penal, según establecen las STS de 12 de noviembre de 1998, 26 de julio de 2000 y de 10 de abril de 2001, es un tipo con varios elementos normativos que obligan, para la integración del mismo, a tener en cuenta lo dispuesto fuera de la propia norma penal. Ante todo, el sujeto activo del delito tiene que ser la persona legalmente obligada a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene.

Estas personas, cuando los hechos se atribuyan a una persona jurídica son, según el artículo 318 del Código Penal, los administradores y encargados del servicio que, conociendo el riesgo existente en una determinada situación, no hubieren adoptado las medidas necesarias para evitarlo mediante la observancia de las normas de prevención atinentes al caso. Se trata de un tipo de omisión que consiste en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislación laboral, a lo que en la descripción legal del tipo se alude en su comienzo diciendo "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales".

Entre esta omisión, con incidencia clara en el accidente examinado, se encontraba, no sólo los posibles defectos que pudiera existir en la máquina, y cuyo conocimiento por el acusado Gines lo afirma alguno de los trabajadores, sino también, otras obligaciones de contenido elemental y preventivo, de conocimiento general como son las citadas en el relato de hechos probados y después en los fundamentos de la sentencia recurrida: la empresa no contaba con Plan de Prevención alguno, ni los trabajadores habían sido instruidos de los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como de las medidas de prevención y protección.

En el propio informe elaborado a instancias de Utillajes Andaluces 20.000 S.L. por Tecsilan, se hace constar como concausa del siniestro: la carencia de plan de seguridad o evaluación de riesgos, inexistencia de protocolos de trabajo que regulen la actuación de los distintos puestos de trabajo. Y de la declaración de los trabajadores, no contradichas por los acusados, resulta la inexistencia de formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, siendo estos extremos responsabilidad directa del administrador y del encargado del funcionamiento de la máquina.

Como señala el Mº Fiscal, el propio técnico que elaboró, con posterioridad al accidente, el plan de evaluación de riesgos, manifestó en el plenario que de haberse hecho con anterioridad, el siniestro no se hubiera producido al haberse hecho constar que la máquina no podía utilizarse en las condiciones que presentaba, lo que demuestra la trascendencia de la falta de dicho plan que es imputable al acusado Gines.

Que Gines, al igual que Pio, no se encontraran en la obra cuando se produce el accidente resulta irrelevante, pues la obligación de garantizar la seguridad en el trabajo no se puede hacer depender de que estuviese presente o no en durante el desarrollo del trabajo, sino que su obligación se deriva de su condición de administrador y jefe de obras y de la obligación de facilitar las medidas de seguridad pertinentes (cfr. sentencia del Tribunal Supremo número 1.600/2002, de fecha 30 de septiembre). Este acusado, era el gerente y administrador de la empresa y con ello uno de los responsables de la adopción de las medidas de seguridad. Conocía el trabajo que se iba a realizar, sabía los riesgos que ello comportaba y no ordenó que se adoptaran medidas de seguridad, ni controló su adopción.

Su manifestación en el plenario, respecto de la delegación de la jefatura de seguridad en Pio, además de contradictoria con lo inicialmente indicado ante el Instructor, carece de acreditación, desprendiéndose del conjunto de la prueba practicada, una participación conjunta de ambos coacusados en la gestión y funcionamiento de la empresa, lo que determina su compartida incriminación.

En consecuencia, procede la condena de Gines por los mismos delitos por los que ha sido condenado Pio, procediendo la aplicación de igual atenuante (dilaciones indebidas) y misma pena, dando aquí por reproducidos los fundamentos de la sentencia de instancia en tal sentido.

Quinto.-El Mº Fiscal interesal también, que se condene a ambos acusados como autores de un delito contra la seguridad en el trabajo del artículo 316 del Código penal en lugar de la modalidad culposa del artículo 317 del mismo Código, en los términos interesados en su escrito de acusación.

A nuestro entender, como se desprende de la STS núm. 1355/2000, de 26 de julio, el tipo de comisión dolosa previsto en el artículo 316 del Código Penal precisa en cuanto al elemento subjetivo: la conciencia del peligro y que a pesar de ello el autor omite las medidas adecuadas y necesarias para evitar el peligro.

En los hechos probados de la sentencia sólo se hace constar que "en la fecha del accidente, la empresa no cumplía con la normativa sobre prevención de riesgos laborales vigente, no contando con Plan de Prevención alguno ni teniendo la cinta transportadora las debidas protecciones ni sistema de parada automática, ni siquiera un botón de parada, lo que suponía infracción de los artículos 3 y 5 y Anexo 1, 1.8 del RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo"

Como es sabido no es posible en el ámbito del recurso de apelación variar los hechos probados de la sentencia recurrida, ni la valoración fáctica efectuada por el Juzgador de instancia, de forma que resulte desfavorable al acusado, por no contar en la segunda instancia con la correspondiente inmediación precisa para enervar el derecho a la presunción de inocencia.

Ante la citada ausencia de elementos de juicio en dicho relato fáctico para poder valorar la existencia de dolo, no estimamos aceptable una variación en la calificación efectuada, sin previamente realizar una nueva valoración de la prueba que le esta vedada a este Tribunal por lo ya expuesto.

Sexto.-Visto el sentido de esta resolución, y lo dispuesto en los art. 109 y ss y 123 y 124 del Código Penal, procede condenar a ambos acusados al pago de las costas de la primera instancia por mitad, así como declarar a ambos responsable civiles solidarios por la suma establecida a favor del lesionado.

VISTOS los arts citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Pio y estimando parcialmente el recurso entablado por el Mº Fiscal, así como el recurso interpuesto por la acusación particular, debo modificar y modifico la sentencia de instancia en el sentido de condenar, también, a Gines, como autor responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores y un delito de lesiones por imprudencia grave, ya definidos, a las siguientes penas:

1.- Por el delito contra los derechos de los trabajadores, tres meses de prisión y tres meses de multa con cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas.

2.- Por el delito de lesiones por imprudencia grave, un año de prisión.

3.- Todas las penas privativas de libertad conllevan la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (artículo 56 del Código Penal).

4.- Gines y Pio indemnizarán conjunta y solidariamente a Juan Enrique en la cantidad de 247.544,61 euros, con aplicación del interés dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se confirma en lo demás la sentencia recurrida, manteniendo la condena de Pio en los términos indicados, salvo las costas que se le imponen las de la primera instancia por mitad con Gines, y se ratifica igualmente la responsabilidad civil subsidiaria declarada respecto a Utillajes Andaluces 20.000 S.L.

Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vuelvan las actuaciones al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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