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Sentencia A.P. Zaragoza 71/2010 de 6 de abril


 RESUMEN:

Seguridad de los trabajadores: Responsabilidad por lesiones por imprudencia de constructor. Peón que desembalando unos palets se le caen las puertas de los mismos.Infracción de las normas de prevención de riesgos. Responsabilidad civil: De las entidades aseguradoras hasta el máximo de la cantidad asegurada en el contrato por accidentes de trabajo.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00071/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCION TERCERA

ROLLO DE APELACION DELITO 51/10

SENTENCIA NÚM. 71/10

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSE RUIZ RAMO

MAGISTRADOS

D. MIGUEL ANGEL LOPEZ Y LOPEZ DE HIERRO

Dª SARA ARRIERO ESPES

En Zaragoza, a seis de Abril de dos mil diez.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias P.A. nº 230 de 2009 procedentes del Juzgado de lo Penal Número Dos de Zaragoza Rollo nº 51 de 2010, seguidas por delito lesiones por imprudencia y contra la seguridad de los trabajadores contra Isidoro con D.N.I. NUM000, nacido en Zaragoza el día 27 de Julio de 1945 hijo de Miguel y de Carmen y domiciliado en Zaragoza AVENIDA000 nº NUM001 y contra Rafael con D.N.I. NUM002 nacido en Zaragoza el día 8 de Marzo de 1977 hijo de Antonio y de María con domicilio en Zaragoza C/. DIRECCION000 nº NUM001 ambos sin antecedentes penales y como responsable civil subsidiario Albañilería y Construcciones Ander representados todos ellos por el Procurador Sr. Corz Moreno y asistidos por el Letrado Sr. Lahuerta Melero siendo parte acusadora Juan Carlos representado por la Procuradora Sra. Silvia García Vicente y asistido por el Letrado Sr. Cáncer Conesa, el Ministerio Fiscal y siendo partes, también como responsable civil, la compañía AXA representada por la Procuradora Sra. Hernández Hernandez y asistida por el Letrado Sr. Sierra Palacio y como responsable civil subsidiaria "Mercadona" representada por la Procuradora Sra. Marquesán Peralta y asistida por el Letrado Sr. Valles Iriso y Ponente en esta apelación el Ilmo. Sr. Magistrado D. MIGUEL ANGEL LOPEZ Y LOPEZ DE HIERRO, que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia con fecha tres de diciembre de 2009, cuya parte dispositiva, en lo necesario para la resolución del recurso, es del tenor literal siguiente: "FALLO: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A Isidoro como autor responsable de un delito contra los derechos de los Trabajadores, ya definido, en concurso con un delito de lesiones por imprudencia, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS AÑOS DE PRISION, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de administrador de empresas de albañilería y construcción por el mismo tiempo, y multa de diez meses con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código penal, y costas del procedimiento; debiendo indemnizar a Juan Carlos en la cantidad de 271.426,89 euros, más los intereses legales, siendo responsable civil directa la Compañía aseguradora AXA hasta la cantidad asegurada, conforme a la póliza suscrita con la empresa "Albañilería y Construcción ANFER, S.L.", debiendo abonar el interés del 20% desde la fecha del accidente y siendo responsables civiles subsidiarios de forma conjunta y solidaria la empresa "Albañilería y Construcción ANFER, S.L." y la empresa "MERCADONA, S.A."

Y DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A Rafael de los delitos que le eran imputados, con declaración de las costas de oficio".

SEGUNDO.- La sentencia apelada contiene la siguiente relación fáctica: "HECHOS PROBADOS: La empresa "MERCADONA, S.A." contrató la construcción de un supermercado en la Calle Ibón de Plan de Zaragoza en marzo de 2007 con la empresa "Albañilería y Construcciones ANFER, S.L." de la que es administrador único el acusado Isidoro, formando también parte de la sociedad su hijo, el también acusado Rafael, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales.

El día 30 de septiembre de 2007, en ejecución de la citada obra, sobre las 10 horas de la mañana se encontraban Juan Carlos, que trabajaba en la categoría de peón en dicha empresa desde el año 2006, junto con Evaristo, también trabajador de la empresa Ander, SL con la categoría de Oficial de 1ª, que ejercía funciones de encargado en ese momento, tratando de desembalar uno de los palets de puertas cortafuegos RF-60 de chapa metálica de la mencionada obra, que contenía cinco puertas metálicas de doble hoja, con un peso en total entre 350 y 400 kg, las cuales estaban en posición vertical y atornilladas en tres alturas por medio de unas chapas rectangulares, tarea que consistía en soltar las puertas y desembalarlas para que se pudieran colocar en su sitio.

Este palet estaba situado en un terreno sin asfaltar y desnivelado y el cometido que estaban realizando los dos trabajadores debían realizarlo cuatro, sin que los acusados, hubieran fijado como medio de trabajo ni la colocación de los palés en terreno nivelado ni el empleo de al menos cuatro trabajadores en el desembalado de los palés, siendo conscientes de que eran necesarias cuatro personas para esta labor.

Sobre la hora dicha, estando los tornillos de las puertas quitados, se quedó solo Juan Carlos, ya que Evaristo se retiró del lugar para atender una llamada telefónica, cayéndose encima del Sr. Juan Carlos las cinco puertas del Palet.

Juan Carlos sufrió a consecuencia de estos hechos traumatismo torácico con fracturas costales, contusión pulmonar y derrame pleural bilateral, traumatismo abdominal con rotura hepática y hemoperitoneo, shock hipovolémico y fractura de D11 y D12 con paraparesia D10, precisando tratamiento quirúrgico, ortopédico, sintomático, psicofísico y rehabilitador, estando 357 días impedido para sus ocupaciones habituales, tardando en curar 457, de los que permaneció 100 hospitalizados quedándole como secuelas, material de osteosíntesis en columna vertebral, alteraciones de la estática vertebral postfractura, cuadro clínico derivado de hernias o profusiones discales operadas o sin operar, alteraciones hepáticas, hernias y adherencias en abdomen y pelvis, monoparesia de miembro inferior leve, trastorno del humor y depresivo, cicatriz visible de traqueostomía, cicatriz de laparotomía con fibrosis y cierta cojera, que causan perjuicio estético moderado, estando incapacitado para realizar cualquier tipo de actividad laboral.

La empresa Albañilería y Construcción ANFER, S.L. tiene contratada una póliza de seguro que cubre el riesgo profesional con la compañía AXA".

Hechos probados que como tales se aceptan.

TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L., alegando en síntesis error en la apreciación de las pruebas. También interpusieron recurso de apelación las representaciones procesales de Mercadona y AXA y admitido en ambos efectos se dio traslado, solicitando el Ministerio Fiscal la confirmación de la sentencia, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Audiencia, señalándose para la votación y fallo del recurso el día 6 de Abril de 2.010.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juez de lo Penal Número Dos de Zaragoza con fecha tres de diciembre de 2009 se alza, en primer lugar, la representación legal de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L. en recurso de apelación argumentando el mismo en un supuesto error en la apreciación de la prueba y en infracción de ley por aplicación indebida de los artículos 316, 318 y legislación concordante y 77, 152 del Código Penal y quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia.

La representación procesal de Mercadona interpone recurso de apelación argumentando el mismo en infracción de ley.

Por su parte la Compañía Axa fundamenta su recurso en infracción de ley y error en la apreciación de las pruebas.

SEGUNDO.- Por lo que respecta al primer motivo del recurso interpuesto por la representación procesal de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L., aparte de los claros errores materiales referentes a la fecha en la que se produjo el accidente y el tiempo que el trabajador lesionado llevaba trabajando en la empresa y que no afectan para nada al fono del asunto, éste debe perecer puesto que la pretensión sustentada por la parte recurrente radica en sustituir la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas por el juzgador "a quo" que son premisa del fallo recurrido, por su propia y necesariamente interesada apreciación de la prueba, lo que no cabe admitir habida cuenta que las pruebas en el proceso penal están sometidas a la libre apreciación del tribunal conforme dispone el artículo 741 de la Ley procesal criminal, y el resultado de aquéllas es el obtenido en el ejercicio de una facultad perteneciente a la potestad jurisdiccional que el articulo 117.3 de la Constitución Española atribuye en exclusividad a jueces y tribunales.

Tanto el Juez de instancia como el de apelación son libres para apreciar las pruebas en conciencia(STC 21 Diciembre de 1983) y, si bien es cierto, que el carácter absoluto de la apelación, como nuevo juicio, que permite la revisión completa pudiendo el tribunal de apelación hacer una nueva valoración de la prueba, señalar un relato histórico distinto del reseñado en instancia, o rectificar el erróneo criterio jurídico mantenido por el Juez" a quo", sin embargo, es a éste, por razones de inmediación en su percepción, a quien aprovechan al máximo las pruebas practicadas en el acto del juicio. Por eso, suele afirmarse que la fijación de los hechos llevada a cabo por la resolución recurrida ha de servir de punto de partida para el órgano de apelación y solo podrá rectificarse por: 1º.- inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2º.- que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3º.- que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

Al no haberse dado, en el caso que nos ocupa, ninguna de las circunstancias anteriormente expuestas, sino que por el contrario el Juez "a quo" ha valorado de forma correcta la prueba practicada en el acto del juicio oral con la ventaja innegable que da la inmediación y que la convicción a la que llegó a través de esa valoración el Juez "a quo" ha sido plasmada en un relato histórico claro y congruente, procede la confirmación del mismo.

En efecto el Juez "a quo" contó con pruebas suficientes para llegar a una solución de condena como fueron las declaraciones de los testigos asistentes al acto del juicio oral como fueron Evaristo, Valentín, Juan Pablo y el Policía Nacional NUM003, aparte del Inspector de Trabajo que se ratificó en su informe obrante en la causa y del Forense que también se ratificó en el suyo que obra asimismo en las actuaciones y que no ha sido impugnado por nadie donde se ponen de manifiesto la existencia y entidad de las lesiones padecidas por Juan Carlos.

Pruebas, todas ellas, practicadas con estricto cumplimiento de los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad con las ventajas que ello conlleva y con las que esta Sala no cuenta ahora siendo los razonamientos del Juez "a quo" tendentes a justificar su conclusión de reproche totalmente acordes a los criterios de la lógica y la experiencia y que este Tribunal hace ahora suyos.

La Juez "a quo", se centra en un análisis de la conducta del acusado para llegar a una conclusión, conforme a los criterios de la lógica y la experiencia, de condena para el ahora recurrente como merecedor del reproche jurídico penal plasmado en la resolución que es sometida a censura.

Para ello, como hemos dicho, analiza la conducta del acusado y enumera y valora las pruebas, dando mas valor a unas que a otras, a través de las cuales ha llegado a efectuar con acierto la subsunción de su conducta en los tipos aplicados y rechaza la pretendida existencia de culpa exclusiva de la víctima o, en su caso, concurrencia de culpas invocada por todos los recurrentes en sus respectivos escritos. La rechaza a través del análisis de las pruebas practicadas en el plenario con estricto observancia del principios de inmediación, oralidad y contradicción llegando a la conclusión acertada de que no se ha acreditado dicha culpa exclusiva de la víctima ni de la concurrencia de culpas.

Cabe añadir por último que una vez más nos encontramos con un recurso contra una sentencia penal en el que se utiliza como único fundamento la discrepancia sobre la apreciación de las pruebas realizada por el Juez ante el que se practicaron las mismas --acto del juicio oral-- con olvido de que en el caso de los delitos dispone el artículo 741, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento criminal --como para las faltas el artículo 973 de la misma Ley -- que el juez valorará en conciencia tales pruebas, principio basado en la inmediación que permite captar gestos, miradas, silencios, posturas, ademanes, inflexiones de voz, detalles explicados por los testigos o los inculpados y demás datos perceptibles por los sentidos de la vista y el oído, no susceptibles de reflejar en el acta pero sí de decisiva influencia a la hora de formarse un criterio sobre cómo ocurrieron los hechos y la intervención en los mismos de sus protagonistas, las personas implicadas en ellos, criterio lógico, objetivo e imparcial del juzgador que necesariamente ha de prevalecer sobre la opinión subjetiva, parcial e interesada de las partes, de tal manera que solo cuando se detecte un proceso mental absurdo, una ausencia de lógica, de razonabilidad o de coherencia en los argumentos expuestos en la sentencia, partiendo de las pruebas y de su resultado, en relación con el Fallo o conclusión extraída, procede efectuar una nueva valoración de la prueba por el órgano de segunda instancia.

En un intento defensivo, el recurrente analiza la sentencia, tanto el hecho probado como los fundamentos de la sentencia, y separando sus distintas frases, realiza los comentarios desde la perspectiva de la defensa, que le sugieren cada apartado del relato fáctico y de la fundamentación pero no se puede suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas con inmediación, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los propios imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración ponderada y directa del Tribunal sentenciador.

Por todo lo cual el primer motivo debe perecer.

TERCERO.- En cuanto a la infracción de ley cabe decir también que este debe correr la misma suerte que el anterior y ello porque el motivo alegado, supone la comprobación por este Tribunal de Apelación de la correcta subsunción de los Hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal. Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de hechos llevada a cabo por el Juez a quo, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia con exclusividad. Lejos de someterse al «factum» de la sentencia el motivo se dedica a valorar la prueba practicada desde su propia perspectiva de parte con la finalidad de modificar el resultado valorativo alcanzado por el Tribunal sentenciador, lo que, como es bien sabido, no le está permitido a las partes procesales al tratarse de una competencia soberana y privativa del Tribunal conforme a los artículos 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr. Es decir todos los argumentos de la parte recurrente en apoyo de este motivo no son otra cosa que un vano intento de valorar las pruebas practicadas en forma distinta al Juez que dictó sentencia para llegar a conclusiones diferentes de las plasmadas por éste en el relato fáctico de la resolución combatida, de modo que, en último término, suponen un notorio desconocimiento del respeto debido al relato fáctico de la sentencia, inherente al cauce procesal propio del "error iuris" (v. art. 884.3º LECrim.).

En numerosas ocasiones hemos señalado que este motivo permite controlar la corrección de la aplicación de las normas sustantivas a los hechos que se han declarado probados en la sentencia, sin prescindir de ninguno de ellos y sin añadir otros diferentes. La falta de respeto a los hechos probados, partiendo de otros hipotéticos supuestos fácticos, o la realización de alegaciones en notoria contradicción con los declarados probados constituye una causa de inadmisión del recurso prevista en el artículo 884.3º de la LECrim, que en el trámite actual operaría como causa de desestimación. El recurrente argumenta la indebida aplicación de los artículos 316 y 318 del Código Penal, en concurso del artículo 77 del Código penal con un delito de Lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1.2° del Código Penal, concurriendo los requisitos necesarios para su calificación, al resultar infringido el anexo IV, parte C,2 y el artículo 10 del RD 1627/97 de 24 de octubre en relación con el artículo 15 de la LPRL de 31/95 de 8 de noviembre y los artículos 10 y 11 y anexo IV, parte C, apartados 2 y siguientes del RD 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, que serían de aplicación en este caso sobre la base de unos hechos distintos de los que la sentencia considera probados, por lo que su alegación no puede ser atendida, dada la vía impugnativa utilizada.

En este sentido, es clara la improcedencia también de los motivos, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento ahora apelado es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria al concurrir en la conducta del acusado todos los efectos de los tipos aplicados.

En efecto, el artículo 316 del vigente Código Penal presenta algunas diferencias de redacción con la que tenía en el Código precedente (artículo 348 bis, a) en el que, junto al verbo facilitar se incluía la omisión de «exigir» las condiciones de seguridad. El tipo penal que incorpora el actual artículo 316 del Código Penal es un delito de omisión --de las medidas de seguridad e higiene adecuadas--, pero al que se añade la exigencia de que, en conexión causal, se produzca un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores.

Son elemento del mismo:

1.º) Infracción por su parte de normas de prevención de riesgos.

2.º) Omisión de facilitar medios necesarios para el desempeño del trabajo en condiciones de seguridad adecuadas, que en este caso lo eran y estaban exigidas por las normas reguladoras de esa protección frente a riesgos laborales.

3.º) Efecto de poner en peligro la vida o integridad física de los trabajadores, que, en el presente caso tuvo el infortunado colofón con las lesiones padecidas por el trabajador Juan Carlos.

CUARTO.- También invoca el apelante un supuesto quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia.

El motivo debe perecer puesto que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el art. 24 CE., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6.2 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y art. 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal de Apelación a comprobar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo, de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos.

También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparte de las reglas de la lógica y no es, por tanto, irracional o arbitraria. Las posibilidades de realizar esa revisión no suponen una autorización para invadir el campo de la valoración de la prueba, extremo que corresponde al Tribunal de instancia, ante el cual se practica y que puede por ello realizar un análisis conjunto y completo de toda la practicada. Se ha dicho en STS. 20/2001 de 28 de marzo que «el derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales (ss.TS. 7 de abril de 1992 y 21 de diciembre de 1999)». Cuando se trata de prueba testifical, su valoración depende en gran medida de la percepción directa, de forma que la determinación de la credibilidad que corresponde otorgar a cada testigo es tarea atribuida al Tribunal de instancia, en virtud de la inmediación, sin que su criterio pueda ser sustituido en apelación, salvo en casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquel Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria. Tiene dicho el T.S. en S. 146/99 que el juicio sobre la prueba producida en juicio oral es solo revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta en la observación por parte del Tribunal de los hechos, en las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y en conocimientos científicos. Por el contrario son ajenos al objeto de la apelación aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos en principio queda fuera de la posibilidad de revisión en el marco de la apelación (STS. 22 de septiembre de 1992, 30 de marzo de 1993, 7 de octubre de 2002)

Por otra parte sólo puede considerarse prueba de signo incriminatorio o de cargo la que reúna las siguientes condiciones:

a) Que sea obtenida sin vulneración de derechos fundamentales, directa o indirectamente conforme requiere el art. 11.1 LOPJ.

b) Que se practique en el plenario o juicio oral, o en los supuestos de prueba anticipada o preconstituida, en la fase de instrucción siempre que sea imposible su reproducción en aquel acto y que se garantice al ejercicio del derecho de defensa y la posibilidad de contradicción (s.TC. 76/90, 138/92, 303/93, 102/94 y 34/96).

No hubo vacío probatorio sino prueba de cargo válidamente obtenida, legalmente introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia, y que, finalmente fue razonada y razonablemente valorada por lo que su decisión no es arbitraria sino acorde a las máximas de experiencia y reglas de la lógica y del razonamiento humano.

La Sala asume la valoración probatoria que efectúa el Tribunal sentenciador.

Por todo lo cual procede la desestimación íntegra del recurso interpuesto por la representación de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número Dos de esta Ciudad en cuanto a este recurso se refiere.

QUINTO.- El recurso interpuesto por la represtación procesal de Mercadona alega infracción de ley centrándose el mismo en una supuesta aplicación indebida del artículo 120 del Código Penal al considerar el recurrente que no debe responder solidariamente con la Albañilería Y Construcción ANFER S. L. como responsable civil subsidiario.

El motivo carece de razón y deber ser desestimado.

En efecto conviene recordar a este respecto que, según reiterada Jurisprudencia, desde hace ya muchos años, viene interpretando este artículo del CP de forma cada vez más abierta y flexible, de modo que personas no responsables del delito o falta, pero relacionadas de algún modo con la actividad punible, puedan resultar obligadas a las correspondientes reparaciones civiles en beneficio de unos perjudicados totalmente inocentes de los hechos criminales, siendo posible al respecto declarar responsabilidades civiles en supuestos que, aun no encajando en los términos literales en que tal norma se expresa, sí responden al mismo espíritu en el que aparece inspirada, que no es otro que el permitir la condena de una empresa o titular de un negocio o de cualquier actividad, objeto o asunto, cuando alguien, en cierto modo dependiente y actuando en el ámbito de tal actividad u objeto, aun con extralimitaciones, comete una infracción penal productora de un daño que ha de repararse.

Dicho precepto, aunque incorporado al CP tiene naturaleza estrictamente civil, lo que permite una aplicación extensiva que en materia criminal en contra del reo no sería posible por exigencias del principio de legalidad. (STS 27 abril 2004).

Por otra parte se viene proclamando en numerosas sentencias del Tribunal Supremo (sentencias de 18 Jun. 1985, 29 Jun. 1987, 16 May. 1988, 15 Nov. 1989 y 16 Sep. 1992, entre otras muchas: que no es necesario que la relación entre el responsable penal y el civil tenga un carácter jurídico concreto, ni, menos aún, que se corresponda con una determinada categoría negocial, pudiendo ser de carácter gratuito. Es irrelevante el que tal relación sea más o menos estable, pues basta incluso la meramente transitoria u ocasional. No se exige, por otra parte, que la actividad concreta redunde en beneficio del principal, siendo suficiente que exista alguna dependencia, de modo que la actuación del responsable penal esté potencialmente sometida a una posible intervención del que va a ser declarado responsable civil, aunque aquél haya obrado con alguna extralimitación.

En este sentido la sentencia más reciente de 22 de Julio de 2003 establece que, a propósito de la responsabilidad civil subsidiaria regulada en el artículo 22 del Código Penal derogado, cuya doctrina debe mantenerse vigente, su razón de ser se encuentra en el principio de derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro debe soportar también los daños ocasionados por el mismo (principio cuius commoda, eius est incommoda), subrayando la evolución de dicho fundamento desde la culpa in vigilando o in eligendo hasta una suerte de responsabilidad objetiva, siempre que concurran los siguientes elementos:

1º.- Existencia de una relación de dependencia entre el autor del ilícito penal y el principal, ya sea persona jurídica o física bajo cuya dependencia se encuentre, sin que sea preciso que la misma tenga carácter jurídico, sea retribuida o permanente, bastando que la actividad así desarrollada cuente con la anuencia o conformidad del principal, sin que por tanto la dependencia se identifique con la jerárquica u orgánica siendo suficiente la meramente funcional.

2º.- Que el delito que genera la responsabilidad se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de las funciones así desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su ámbito de actuación (SSTS, entre muchas, 2422/01 o 1033 y 1185/02).

En este mismo sentido se pronuncian otras sentencias nuestras de 26 Mar. 1997, 14 Mar. 2003 y 28 Mar. 2003.

Descendiendo al caso que nos ocupa, vemos que estos presupuestos concurren en el presente caso puesto que es evidente que Mercadona fue la empresa principal que encargó la realización de las obras a Albañilería Y Construcción ANFER S.L.

SEXTO.- Alega también el recurso quebrantamiento del Principio de Presunción de Inocencia motivo que, al coincidir con el invocado por la representación procesal de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L. y que ha sido resuelto en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia, nos remitimos al mismo a fin de evitar repeticiones innecesarias.

SEPTIMO.- Otro argumento empleado por el recurrente es el de la supuesta existencia de concurrencia de culpas o, en su caso, culpa exclusiva de la víctima. A este motivo, también invocado por la representación procesal de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L., se contestó al resolver el recurso interpuesto por aquélla parte en el fundamento jurídico segundo de esta resolución denegando la existencia de dicha concurrenciaal cual nos remitimos ahora.

OCTAVO.- Finalmente argumenta el recurrente que se ha aplicado de forma incorrecta el baremo indemnizatorio a la hora de determinar las cantidades que le corresponden, conforme al mismo, al lesionado Juan Carlos otorgándole la sentencia, ahora recurrida, unas cantidades excesivas.

El motivo, al igual que los anteriores, debe ser rechazado.

Baste decir que la Juez "a quo" en el fundamento jurídico cuarto de la resolución ahora sometida a censura, especifica las cantidades que en concepto de indemnización debe percibir el lesionado en el evento lesivo aplicando el baremo de forma correcta y especificando las cantidades que le corresponden por las lesiones y secuelas sufridas atendiendo a las circunstancias personales del accidentado que presenta importantes limitaciones en su vida social y familiar y otorga a favor del mismo una cantidad que, respetando y estando dentro de la orquilla prevista por el baremo legal vigente, atienda a las necesidades y circunstancias personales de la víctima.

Este criterio, imparcial y objetivo, es el que trata de sustituir el recurrente por el suyo personalísimo y tendente solo a beneficiar, no a la víctima sino a los intereses de parte.

Por todo lo cual procede la desestimación íntegra del recurso interpuesto por la representación procesal de Mercadona y la confirmación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número Dos de esta Ciudad en cuanto a este recurso se refiere.

NOVENO.- También recurre en apelación la representación procesal de la Compañía AXA invocando diversos motivos que se centran en un supuesto error en la apreciación de las pruebas e infracción de ley por aplicación indebida del artículo 316 del Código Penal.

Respecto a estos motivos cabe decir que, aparte de que ya han sido tratados al resolver los recursos interpuestos por las representaciones procesales de Isidoro y Albañilería y Construcciones ANFER S. L. y Mercadona en los fundamentos jurídicos anteriores de esta resolución y a los cuales nos remitimos, según reiterada Jurisprudencia el condenado como responsable civil subsidiario en una sentencia penal no está legitimado para impugnar en apelación su condena como tal responsable civil fundándose en cualquier causa relativa a la existencia o autoría de dicho delito, pues en este recurso sólo puede discutir en calidad de responsable civil subsidiaria lo referido al fundamento de su propia responsabilidad o a su cuantía (sentencias de 28 Feb. 1974, 24 Abr. 1978, 19 Abr. 1989, 9 Mar. 1990, 8 Feb. 1995, 7 Jun. 2000 30 Nov. 2002 entre otras muchas).

Conviene añadir aquí, que esta postura limitadora de las facultades de alegación a los demandados como responsables civiles en un proceso penal, se considera por el Tribunal Constitucional como respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE, como podemos ver en sus sentencias 48/1984, 90/1988 y 43/1989.

En definitiva la Compañía mercantil condenada en la sentencia recurrida como responsable civil, carece de legitimación para dilucidar acerca de la culpabilidad o no del acusado, máxime cuando éste compareció al acto del juicio oral representado por procurador y asistido por abogado propio, puesto que desde la posición procesal de responsable civil subsidiario no se pueden hacer más alegaciones que las referidas al fundamento de la responsabilidad que se le atribuye y reclama.

Sentada la doctrina anterior, sí puede, en cambio, recurrir la Compañía Axa en aquellos aspectos que se refieran exclusivamente a las cantidades que, como tal responsable civil esta obligada a satisfacer en virtud de una relación contractual entablada entre partes.

Dentro de este terreno impugna la parte apelante la condena acordada en la sentencia dictada por el Juez "a quo" a abonar los intereses del 20% desde la fecha del accidente a la Compañía AXA y a favor del lesionado no estando de acuerdo el recurrente en este extremo de la resolución.

La parte apelante tiene razón en este extremo y el motivo debe ser estimado

En efecto es preciso recodar a este respecto que la imposición de estos intereses responde a la voluntad del legislador de garantizar el resarcimiento de los perjudicados por los siniestros derivados de la circulación de vehículos de motor, en evitación de las maniobras dilatorias de las entidades aseguradoras obligadas a dicha reparación, teniendo como finalidad la de estimular la diligencia de las mismas en la tasación e indemnización mediante el pago o consignación de la cantidad correspondiente dentro del plazo establecido; en este sentido la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 5/1.993, de 14 Ene. dice que el recargo del 20% está justificado «porque actúa, y ese parece ser el fin de la norma, como estimulante de la diligencia del asegurador en la reparación de los daños de los que directa y solidariamente debe responder con el asegurado-causante de los mismos... evitando así reclamaciones judiciales innecesarias que suelen empeorar la situación de los perjudicados.

Este sistema acogido en el artículo 20, regla 4º de la Ley del Contrato de Seguro, en la nueva redacción que se le ha dado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 30/1995, de 8 Nov., de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que incluso habla de que los intereses que señala «se impondrán de oficio.»

Los intereses del 20% que se recogen en las citadas Disposiciones tienen una naturaleza y finalidad propias que les diferencian, tanto de los intereses moratorios del artículo 1.108 del Código Civil, como de los procesales del artículo 921, párrafo cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tratándose más bien de una cláusula penal que trata de sancionar el incumplimiento culpable o malicioso por parte del asegurador de su obligación indemnizatoria y, más concretamente, la demora en la liquidación del siniestro imputable al asegurador, diferenciándose de la cláusula prevista en el artículo 1.152 y siguientes del C.C. por su origen, contractual en ésta y legal en aquélla, en la que su aplicación se produce «ope legis.»

Consecuencia sustantiva de esta naturaleza es que el devengo de estos intereses no precisa una previa intimación o requerimiento del acreedor, ya que baste el transcurso de los tres meses siguientes a la fecha del siniestro para que dicha deuda suplementaria nazca. Y consecuencia sustantiva también de su especial naturaleza es que no es preciso para su operatividad la preexistencia de una deuda líquida (STC 5/1993)

Pero, sentado lo anterior también es cierto que el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro en su párrafo 8º establece que...." No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable...."

Descendiendo al caso que nos ocupa vemos que la Compañía AXA no tuvo conocimiento del siniestro del que dimana esta causa hasta una fecha muy posterior a la de su acontecimiento y desde luego, muy posterior a los tres meses a los que la ley hace alusión para incurrir en mora. Este desconocimiento del siniestro no fue imputable a la Compañía

sino a que no se dio parte del mismo por el que tenía la obligación de hacerlo como así se desprende el documento obrante al folio 242 de la causa en el que ANFER S. L. reconoce no haber dado parte del siniestro dentro del plazo debido a la Compañía AXA teniendo ésta conocimiento de la existencia del siniestro asegurado cuando fue requerida por el Juzgado para nombrar abogado y procurador.

Por todo ello y en virtud de lo establecido en el apartado 8º del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, procede estimar en parte el recurso interpuesto por la representación procesal de la Compañía AXA en el sentido de que ésta no viene obligada a abonar el 20% de intereses desde la fecha del siniestro sino solamente los intereses legales y, dentro de ellos, responderá solamente hasta el máximo de la cantidad asegurada en el contrato y que es de 150.253 €.

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de pertinente aplicación del Código Penal, y el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Isidoro y "ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES ANFER S.L." y el presentado por la representación procesal de "MERCADONA", estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la "COMPAÑIA AXA" en el sentido de que la misma no viene obligada a abonar el 20% de intereses desde la fecha del siniestro sino solamente los intereses legales y, dentro de ellos, responderá solamente hasta el máximo de la cantidad asegurada en el contrato y que es de 150.253 €., y confirmamos la sentencia dictada con fecha tres de diciembre de 2009 por la Ilma. Sra. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número Dos de Zaragoza, en el resto de sus extremos declarando de oficio las costas de esta segunda instancia.

Devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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