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Sentencia A.P. Zaragoza 154/2010 de 13 de mayo


 RESUMEN:

Condiciones ilegales de trabajo: Imposición. Construcción de viviendas unifamiliares. Medidas de seguridad individuales: No utilización de cinturón o arnés de seguridad, ni casco por el trabajador al no habérsele proporcionado previamente por la empresa. Medidas de seguridad colectivas: No instalación de redes de seguridad horizontales o barandillas que evitaran el riesgo de caída al vacío del trabajador. Responsabilidad: Encargado de obra.

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00154/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

SECCIÓN SEXTA

ROLLO DE APELACIÓN (RP) Nº 136/2010

SENTENCIA Nº 154/2010

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. RUBÉN BLASCO OBEDÉ

MAGISTRADOS

D. CARLOS LASALA ALBASINI

D. ALFONSO BALLESTÍN MIGUEL

En la ciudad de Zaragoza, a trece de mayo de dos mil diez.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, constituida por los Ilmos. Señores que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación las Diligencias de P.A. nº 221 de 2.008, procedentes del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, Rollo nº 136 de 2.010, por delito contra los derechos de los trabajadores, siendo apelante Luis, representado por la Procuradora Sra. Omella Gil y defendido por el Letrado Sr. Funes Monge, y apelado el Ministerio Fiscal. Ha sido designado Ponente en esta apelación el Ilmo. Sr. Magistrado D. ALFONSO BALLESTÍN MIGUEL, que expresa el parecer del Tribunal.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia en fecha 23 de febrero de 2.010, cuya parte dispositiva, en lo necesario para la resolución del recurso, es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que debo condenar y condeno a Luis, como autor penalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 318 del C.P., en concurso normativo del art. 8 del C.P., en concurso normativo del art. 8 del C.P., con delito de lesiones por imprudencia grave del art. 152.1.1ª del C.P., no concurriendo ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

1º.- La privativa de libertad de ocho meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

2º.- La pena de multa de ocho meses con una cuota diaria de ocho euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal, en caso de impago o insolvencia.

Debo condenar y condeno a Luis al pago de las costas procesales devengadas."

SEGUNDO.- La relación fáctica de la resolución recurrida es del tenor literal siguiente: "El trabajador Luis Andrés, con NIE NUM000, nacido en Guinea el día 31 de diciembre de 1984, fue contratado el día 25 de abril de 2006 con la categoría profesional de peón de albañil en virtud de contrato con la empresa AÑAÑOS CONSTRUYE S.L. con domicilio social en la Calle Loreto nº 13, ático, de la localidad de Huesca y de la que Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales, es el administrador y legal representante, siendo su actividad la construcción de inmuebles y en concreto el citado trabajador fue enviado por la empresa a la obra que estaba realizando la construcción de siete viviendas unifamiliares situadas en la calle Alta s/nº en la localidad de Puendeluna (Zaragoza).

Al segundo día de su contratación, dicho trabajador sobre las 16 horas del día 26 de abril de 2006 y cuando se disponía a efectuar la limpieza del hormigón adherido a unas tablas de encofrado en el canto de losa de la primera planta alzada sobre un andamio con tablas de un metro y cincuenta centímetros de anchura sobre las que se situó el trabajador para realizar dicha tarea provisto de un rascador, sin llevar colocado el cinturón o arnés de seguridad -no había puntos fijos de para sujetarlos- ni casco al no habérsele proporcionado previamente por la citada empresa y en concreto por el propio acusado quien era el encargado de la citada obra en construcción, estando provisto el trabajador solamente de unas botas y a una altura desde el suelo de tres metros y cincuenta centímetros, al soltarse el calvo de un tablón del andamio, basculando el tablón, se produjo la caída del trabajador al suelo en una zona de tierra, sin que Luis hubiere dispuesto la colocación en esa zona, como era preceptivo, de medidas de protección colectiva para los trabajadores como redes de seguridad horizontales o como barandilla bien colocada que evitaran el riesgo de caída al vació del trabajador.

Luis, encargado de dicha obra y representante de la citada empresa, incumplió con ello el propio Plan de Seguridad y Salud aprobado para la citada obra al no haber utilizado las correspondientes redes de seguridad para evitar riesgos de caída a distintos niveles ni la barandilla que autorizó el coordinador de seguridad Sr. Daniel.

A consecuencia de estos hechos el trabajador Luis Andrés padeció fractura de ambas muñecas, contusión facial, erosiones y policontusiones precisando para su curación de tratamiento quirúrgico, médico y rehabilitador necesario después de la primera asistencia, con incapacidad para sus ocupaciones habituales de 289 días causando baja laboral en fecha 6 de febrero de 2007, así como precisó de 15 días de hospitalización, quedándole como secuelas: presencia de material de ostosíntesis en muñeca izquierda, limitación a flexoextensión y pronoscupinación de muñeca izquierda y cicatrices en número de cinco en ambas muñecas y tercio medio de antebrazo izquierdo y derecho de 2.5, 2, 6 y 3 y 3 cms, originándole las mismas una incapacidad parcial para su trabajo habitual.

La empresa AÑAÑOS CONSTRUYE S.L. tenía en el momento del accidente, seguro de responsabilidad civil concertado con la compañía MAPFRE EMPRESAS.

El perjudicado ha reconocido haber sido indemnizado.

Por los mismos acontecimientos, en el pertinente expediente sancionador seguido por la Subdirección Provincial de Trabajo con motivo del acta de infracción nº SH-399.33/06 extendida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza en fecha 28-6-2006 a la empresa AÑAÑOS CONSTRUYE, S.L. se calificó la infracción detectada como grave en su grado mínimo, ante el incumplimiento por la empresa citada de la que es su administrador y legal representante el Sr. Luis, al no colocar las obligadas medidas de seguridad y de prevención en la obra que evitaran a los trabajadores los riesgos propios de las acciones de los mismos en el desempeño de su trabajo en altura, infringiendo así la normativa de los artículos 186 y 187 de la Ordenanza de Trabajo para la Construcción de 28 de agosto de 1970 (B.O.E. del día 5) en relación con el artículo 15 de Convenio colectivo General de Sector de la Construcción de 26 de julio de 2002 (B.O.E. del día 10 de agosto 2002) y de los artículos 10 y 11 del Anexo IV del RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE del día 25) por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, lo que constituye una infracción administrativa de la normativa relativa a al materia de prevención de riesgos laborales por la inexistencia en la citada obra en construcción en las plataformas, andamios y pasarelas, que supongan un riesgo de caída de altura superior a dos metros, de barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente, siendo las barandillas resistentes con una altura mínima de noventa centímetros y reborde protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores...... O redes de seguridad,..... o cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente."

TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal del citado Luis, alegando los motivos que constan en el escrito presentado al efecto, del cual, admitido que fue en ambos efectos, se dio traslado, interesando el Ministerio Fiscal la confirmación de la sentencia y elevándose seguidamente las actuaciones a esta Audiencia, señalándose para la votación y fallo del recurso el día 12 de mayo del año 2.010.


HECHOS PROBADOSSe aceptan los de la sentencia apelada, que damos por reproducidos.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Por el recurrente se solita la libre absolución, invocando, como fundamento esencial del recurso, la vulneración del art. 24.2 de la Constitución, esto es, del derecho fundamental a la presunción de inocencia, y todo ello en base a considerar que se ha producido un error en la valoración de la prueba, con la correlativa infracción de los arts. 316 y 318 del Código Penal. Sin embargo, los argumentos expuestos en defensa de tal pretensión no pueden ser admitidos por este Tribunal, al no existir en la alzada nuevos datos o pruebas que autoricen a corregir el criterio de la sentencia recurrida, debiendo considerar, por el contrario, correctamente valorada la prueba por la Juez de instancia, que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha aprovechado al efecto las ventajas de la inmediación para llegar a la conclusión de condena que ahora se impugna. El núcleo esencial de la impugnación formulada descansa en el planteamiento de no considerar probado que el penado ahora recurrente no proporcionara al trabajador accidentado los medios idóneos para la realización del trabajo en condiciones de total seguridad. No obstante, si se examina el contenido de la prueba practicada y, especialmente, la declaración que había prestado el agraviado en la fase de instrucción, que fue leída en juicio, y las versiones de los dos peritos realmente imparciales comparecidos -Inspector de Trabajo y Técnico Superior de Prevención-, se evidencia que la conclusión alcanzada en la primera instancia ha sido acertada, pues ambos afirmaron con rotundidad que comprobaron la falta de colocación de medidas de seguridad colectivas en la zona de trabajo, como podía ser una valla perimetral, constituyendo tal omisión la causa de las consecuencias del accidente y el fundamento relevante del fallo condenatorio ahora impugnado, sin que, por el contrario, las razones invocadas por el apelante alcancen a demostrar que se haya podido producir vulneración de las reglas constitucionales aludidas en el recurso, y sin que sea lícito, por tanto, sustituir el imparcial criterio de valoración probatoria de la juzgadora por el que propone la parte recurrente, que se sustenta en su propia y personal apreciación, lógicamente parcial y subjetiva.

En cualquier caso, éste órgano de apelación, privado de la inmediación imprescindible para una adecuada apreciación de las pruebas testificales y periciales practicadas, carece de fundamento válido para apartarse de la valoración que efectúa la mencionada Juez de instancia sobre la credibilidad que merecen unas declaraciones que sólo ella ha presidido personalmente, viendo y oyendo a quienes declararon en su presencia durante la celebración del juicio, conforme a los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que al acusado se le someta a un proceso público con todas las garantías. Por tanto, considerando, por tales motivos, apta y suficiente tal prueba para enervar la presunción de inocencia que ampara a todo imputado, procede, en coherencia con ello, negar que se haya infringido el artículo 24 de la C.E. y, en definitiva, desestimar el recurso de apelación interpuesto, debiendo confirmar íntegramente la sentencia impugnada, y todo ello sin que merezca consideración alguna la alegación formulada finalmente, de forma subsidiaria, en el sentido de que se aprecie la atenuante de reparación del daño (art. 21.5ª del Código Penal), pues además de ser improcedente, por extemporáneo, su planteamiento, la eventual estimación de la misma no habría supuesto modificación punitiva alguna, si se tiene en cuenta que las penas de prisión y multa impuestas, con una extensión temporal de ocho meses, se sitúa prácticamente en el umbral mínimo de las previstas en el art. 316 del Código Penal, que es de seis meses.

SEGUNDO.- No se aprecian méritos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada, por lo que serán declaradas de oficio, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación.


F A L L A M 0 S


 
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la Procuradora Sra. Omella Gil, en representación de Luis, confirmamos íntegramente la sentencia dictada en fecha 23 de noviembre de 2.010 por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, en las Diligencias de P. A. nº 221 de 2.008, declarando de oficio las costas de esta segunda instancia.

Previa notificación, devuélvanse las actuaciones de primera instancia al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo y, únase el original al libro de sentencias.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando definitivamente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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