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Sentencia A.P. Tarragona 471/2010 de 20 de septiembre


 RESUMEN:

Delito contra los derechos de los trabajadores: Trabajador que yendo con una carretilla cargada de cemento, marcha atrás debido a lo estrecho del paso y las dificultades para maniobrar, cayó al vacío desde un primer piso debido a la abertura de las escaleras, que no estaban protegidas por valla alguna, sufriendo una serie de lesiones. Omisión de medios de protección colectivos e individuales. Ninguna responsabilidad se puede achacar al trabajador.

 

DE TARRAGONA

SECCIÓN CUARTA

Rollo de apelación nº 711/2010 -AP

P. A. núm.:49/2007 del Juzgado Penal 3 Tarragona

S E N T E N C I A NÚM. 471/2010

Tribunal.

Magistrados,

Javier Hernández García (Presidente)

Francisco José Revuelta Muñoz

Mª Concepción Montardit Chica

En Tarragona, a veinte de septiembre de dos mil diez.

Visto ante la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, por Pedro, representado por la Procuradora Sra Gavaldà Samper. y defendido por el Letrado Sr. Jaraba Rodríguez, y por Roberto representado por la Procuradora Sra. De Castro Fontdevila y defendido por el Letrado David Gil Portillo, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Tarragona con fecha 5 de marzo de 2010 en Procedimiento Abreviado seguido por delito de Lesiones en el que figura como acusados Roberto y Saturnino y siendo parte el Ministerio Fiscal como acusador público y Pedro como acusación particular.

Ha sido ponente el Magistrado Mª Concepción Montardit Chica.


ANTECEDENTES PROCEDIMENTALES


 
ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y

Primero.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes:

"De la prueba incorporada al acto del juicio resulta acreditado que el día 4 de enero de 2003 el Sr. Pedro se encontraba trabajando en una obra situada en la urbanización Brisas de Mar de Altafulla a cuenta de la entidad CONSTRUCCIONES ROIG de Torredembarra, que yendo con una carretilla cargada de cemento, marcha atrás debido a lo estrecho del paso y las dificultades para maniiobrar, cayó al vacío desde el primer piso debido a la abertura de las escaleras no estaba protegida por valla alguna, sufriendo lesiones consistentes en herida de pómulo derecho, así como rotura de múltiples piezas dentarias.

Del informe del Inspector de Trabajo se desprende que el borde del forjado estaba desprotegido, existiendo un riesgo de caída de más de dos metros, lo que supone una omisión de medios de protección colectivos.

El ofendido reclama por las lesiones sufridas ".

Segundo.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo:

"Debo CONDENAR Y CONDENO a Roberto como autor responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 del Código Penal a la pena de 15 fines de semana de arresto y multa de cinco meses con una cuota diaria de 10 euros, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como autor responsable de un delito de lesiones por imprudencia grave del artículo 152.1º Código Penal a la pena de 15 fines de semana de arresto. Se impone al condenado el pago de las dos terceras partes de las costas causadas en este procedimiento.

Todos los anteriores condenados indemnizaran conjunta y solidariamente a Pedro en la cantidad de 3115,78 euros con sus intereses legales desde la fecha del accidente. De dicha cantidad responderá de forma directa AXA. Como responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones se señala a "Inmuebles y Construcciones Roig, SL"

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO libremente a Saturnino, declarando respecto de él costas de oficio ".

Tercero.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por el Ministerio Fiscal, por la representación procesal de Pedro y por la representación procesal de Roberto, fundamentándolos en los motivos que constan en los escritos articulando el recurso.

Cuarto.- Admitido el recurso y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen escritos de impugnación o adhesión, la representación procesal de Saturnino solicitó la confirmación de la resolución recurrida.


HECHOS PROBADOSÚnico.- Se aceptan los que así se declaran en la sentencia de instancia.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que condena al Sr. Roberto como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores previsto y penado en el art. 316 del Código Penal y de un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones del art. 152.1 del mismo texto legal, absolviendo al Sr. Saturnino de los ilícitos al mismo imputados, se interponen los siguientes recursos de apelación:

Por una parte, recurren el Ministerio Fiscal y la acusación particular, interesando la condena del Sr. Saturnino. El Ministerio Público lo considera responsable conforme a los arts. 316 y 152.1 del Código Penal, al haber creado el riesgo sin prevenir al trabajador, retirando la valla de protección que delimitaba el perímetro a pavimentar. La representación del trabajador accidentado lo considera responsable conforme a los arts. 317, 318 y 152.1 del Código Penal, por cuanto considera cometido el delito en su modalidad de imprudencia grave.

Ambos recursos son impugnados por el acusado Sr. Saturnino, entendiendo que la Juzgadora a quo no ha incurrido en error en la valoración de la prueba, así como que el encargado de obra no es un cargo implícito sino que debe constar de forma expresa en el contrato de trabajo como tal y con un salario acorde con esa responsabilidad, lo que no acontece con el Sr. Saturnino, que era un simple trabajador de la obra, por lo que no se hallaba obligado a facilitar los medios de seguridad e higiene en el trabajo.

Por su parte, la representación del condenado Sr. Roberto, apela la sentencia basándose en los siguientes motivos:

- Infracción de ley por indebida aplicación del art. 316 del Código Penal, pues fueron facilitados todos los medios para que el accidentado desempeñara su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Añade que consta el Plan de Seguridad e Higiene y el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, así como la formación impartida al trabajador antes de ser contratado y la entrega a éste del equipo de protección individual. Y en cuanto a las medidas de protección colectivas, concretamente a la valla, alega que el Sr. Roberto cumplió con su deber de proporcionar las medidas y protecciones necesarias y fue retirada por los propios trabajadores para verter el hormigón y así finalizar el pavimentado de la planta.

- Infracción de ley por indebida aplicación del art. 152.1 del Código Penal, pues el Sr. Roberto no se encontraba en la obra en el momento del accidente y no participó del trabajo ni de la acción concreta que ocasionó el accidente, de modo que no estando allí, no pudo controlar que la retirada de la valla de protección se efectuase observando las medidas de seguridad adecuadas, y, además, contando los trabajadores con los medios y la formación adecuadas, ninguna responsabilidad se le puede achacar al Sr. Roberto. A mayor abundamiento el trabajador maniobró con la carretilla a lo largo de los cinco metros de pasillo de espaldas al hueco sabiendo que la valla había sido retirada, por tanto el resultado fue debido a la mala praxis del propio trabajador y a su grave falta de atención.

- Error en la valoración de la prueba con infracción del derecho a la presunción de inocencia del art. 24 de la Constitución. La sentencia no tiene en cuenta que la valla fue retirada por los propios trabajadores en ausencia del Sr. Roberto para el vertido del hormigón, siendo éste un hecho recogido en el acta de la Inspección de Trabajo, y basa la responsabilidad del Sr. Roberto en su calidad de Jefe de Seguridad en la obra que impartía las instrucciones de trabajo, sin atender al hecho de que ese día no se personó en la obra. Por otra parte, la sentencia da por hecho que el condenado sabía que se había retirado la valla cuando ello no ha sido probado y que no facilitó los medios de protección individuales ni la formación al trabajador, cuando se ha probado lo contrario.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular impugnan el recurso del Sr. Roberto por los propios fundamentos de la sentencia.

SEGUNDO.- Comenzando, por seguir un orden lógico, con el recurso del condenado, Sr. Roberto, y delimitado el objeto devolutivo, cabe anunciar, ya desde ahora, el rechazo de la pretensión que lo integra.

En primer término, debe destacarse que en la valoración jurídico-penal de las conductas en los procesos constructivos se exige, por un lado, identificar los deberes objetivos de cuidado que resultaban exigibles y, por otro, si, en su caso, la acción u omisión se constituye en fuente de peligro específico, de tal manera que el agente adquiera una posición de garantía respecto a la evitación del posible resultado.

En relación con la primera de las cuestiones, el ordenamiento jurídico permite individualizar como deberes de cuidado externo o de previsibilidad en la actividad constructiva, los de suministrar y observar las medidas de seguridad e higiene que reglamentariamente se establezcan, así como el mantenimiento de las ya existentes. Por su parte, y como deberes de cuidado interno o de previnibilidad aparece, con especial intensidad, el de advertir la presencia del riesgo propio de la acción concreta, mediante la exigencia de adecuación de la actividad desarrollada por los trabajadores a las condiciones de seguridad obligatorias.

Identificados los deberes de cuidado, que constituyen, a su vez, la fuente normativa de la posición de garantía, se hace necesario prospectar si se aprecia algún incumplimiento penalmente relevante por parte del Sr. Roberto.

Desde esta clasificación, la prueba producida permite afirmar la existencia de incumplimientos graves de deberes de cuidado tanto externos como internos, pues la valla de protección del hueco que había de ser pavimentado, no estaba colocada en su sitio sino que había sido retirada, y ello, independientemente de que supiera o no el Sr. Roberto que la valla en ese momento no estaba, pues, en todo caso, sí afirmó en el acto del juicio que sabía que se tenía que retirar para pavimentar ese hueco que era el único, y por tanto el siguiente, que quedaba por hacer, lo que permite asimilar esta conducta a permitir que el trabajador operara en condiciones de seguridad deficitarias, teniendo en cuenta, como resulta de la testifical del Inspector de Trabajo, que cabe adoptar medidas de protección alternativas, como puede ser una red de seguridad, que lo es de carácter colectivo, las cuales tienen preferencia frente a las de carácter individual, y que de estas últimas, podía haberse adoptado la de un cinturón de seguridad con un sistema de anclaje que hubiera evitado la caída por el hueco, siendo obligatorio establecer medidas de carácter individual en caso de no ser posible utilizar la protección colectiva. Añade el Inspector que en esa obra en concreto, que visitó personalmente, era posible utilizar un cinturón de seguridad o arnés, con un cable que permitiera la movilidad del trabajador.

Si se observa, ni medida colectiva ni individual alguna estaba adoptada en la obra, cuya protección quedaba limitada a una valla fácilmente retirable por cualquiera o mediante un desplazamiento fortuito, de modo que no puede decirse que su colocación satisfaciera en términos mínimos los deberes externos de protección.

Por otra parte, el propio Sr. Roberto manifiesta en el acto del juicio que el trabajador había realizado esa misma operación otras veces realizando la maniobra adecuada, es decir, sacando la carretilla del elevador hacia atrás, y girando posteriormente, mediante maniobra de retroceso hacia un lado, para encararse finalmente al lugar donde debía realizar el vertido del cemento. Con ello, no viene sino a abonar la tesis sostenida por el trabajador de que en el momento de acaecer el hecho, no pudo realizar la maniobra por carecer de espacio suficiente para realizar el giro dadas las dimensiones de la carretilla y el peso que debía transportar una vez extraída del elevador, pese a haberlo intentado. En efecto, no se entendería por qué lo había venido realizando correctamente hasta entonces y de forma inexplicable decide modificar su forma de maniobrar, siendo conocedor, como el propio accidentado reconoció, de la forma correcta en que debía realizarse la maniobra. En consecuencia, ninguna responsabilidad se puede achacar al trabajador, que en todo caso, se vio obligado a operar con instrumentos y en un espacio no apropiados para la concreta acción que debía realizar, como lo fueron una carretilla demasiado grande y cargada como para girarla en una maniobra de retroceso hacia atrás con el fin de encararla posteriormente hacia la zona a pavimentar, careciendo del espacio necesario para ello.

Tampoco consta la existencia de cursos de formación, sino únicamente un documento firmado, eso sí, por los trabajadores, entre ellos el accidentado, relativo a la entrega de material de seguridad y en el que se dice que han sido sometidos a un examen, sin especificar el contenido de la materia impartida, si es que se impartió, ni el resultado de la prueba.

Finalmente, el mismo Sr. Roberto manifiesta ser el legal representante de la empresa empleadora en la fecha de los hechos, así como que el encargado de vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad y el que impartía las instrucciones de los trabajos que se debían realizar era él.

Se identifca, en consecuencia, un específico nexo de antijuridicidad, o, en términos más normativos, un incremento intolerable del riesgo mediante una conducta omisiva por parte de la persona obligada a evitarlo, que explica la producción del resultado como una concreción exclusiva y directa de aquél. Todo ello permite afirmar la responsabilidad penal dolosa por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo que justifica la imputación y condena del resultado dañoso en los términos recogidos en la sentencia de instancia, que por ello mismo debe ser confirmada.

TERCERO.- Finalmente, en cuanto al recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, interesando la condena del Sr. Saturnino, el pronunciamiento debe ser igualmente desestimatorio, pues no obra en las actuaciones ni resulta del juicio ningún dato que permita asignarle el carácter de responsable de la obra en ausencia del Sr. Roberto.

Veamos, el propio Sr. Roberto, manifiesta que los encargados de la seguridad de la obra eran él y el aparejador, ninguno de los cuales se hallaba el día del accidente. Asimismo, refiere expresamente que el Sr. Saturnino no era encargado de obra y que la categoría profesional que éste ostentaba era la de oficial de primera. El Sr. Saturnino, por su parte, relata que fue contratado como oficial de 2ª y, si bien admitiendo que el Sr. Roberto le transmitía las instrucciones del trabajo que debía realizarse en su ausencia, afirma que en ningún momento aquél le comunicó que cuando no estuviera el responsable de la obra lo sería el de más categoría -por tanto en este caso el Sr. Saturnino, siendo que el día del accidente únicamente estaban éste, con categoría de oficial, y el accidentado Sr. Pedro, peón-, ni que él entendiera que tuviera que asumir esa responsabilidad cuando no estaba el Sr. Roberto. En el mismo sentido, el trabajador accidentado, relata que la categoría profesional del Sr. Saturnino era la de paleta, oficial, y que en ningún momento le indicó el Sr. Roberto que cuando él no estuviera el encargado era el Sr. Saturnino.

Hasta aquí, debe convenirse en que la función que venía a desempeñar el Sr. Saturnino era la de un operario de la obra que, por mucho que en el momento de acontecer el accidente, fuera el que mayor categoría profesional ostentaba de los únicos dos trabajadores que allí estaban, en ningún caso ello permite atribuirle la cualidad de responsable de seguridad de la obra, ni, por tanto, traspasarle las consecuencias del incumplimiento en materia de medidas de seguridad, razones por las que debe ser confirmado el pronunciamiento absolutorio que sobre el mismo recayó en la sentencia de instancia.

CUARTO.- Procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

En atención a lo expuesto,


FALLAMOS


 
DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, la representación del Sr. Pedro y la representación del Sr. Roberto, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Tarragona en fecha 5 de Marzo de 2010 en los autos de P.A núm. 8/06, cuya resolución confirmamos, declarando de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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