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Sentencia A.P. Granada 198/2010 de 14 de mayo


 RESUMEN:

Comunidad de Propietarios: Reclamación de cantidad contra cuatro copropietarios de uno de los pisos por gastos de contribución al sostenimiento de los gastos generales.

SECCIÓN TERCERA

ROLLO N.º 119/10 - AUTOS N.º 1.009/08

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 11 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO

PONENTE SR. JOSÉ REQUENA PAREDES.

SENTENCIA N.º 198

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. JOSÉ M.ª JIMÉNEZ BURKHARDT

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

En la Ciudad de Granada, a catorce de mayo de dos mil diez.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo n.º 119/10- los autos de Juicio Ordinario n.º 1.009/08, del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Granada, seguidos en virtud de demanda de Comunidad de Propietarios P.º del Salón, n.º 4 contra D. Aurelio, Dña. Inocencia, Dña. Leocadia y Dña. María.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 6 de octubre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Estimando la demanda presentada, condeno a D. Aurelio, D.ª Inocencia, D.ª Leocadia y D.ª María a que, solidariamente, paguen a la Comunidad de Propietarios del Paseo del Salón n.º 4 de Granada cuatro mil setecientos cuarenta y ocho euros y cuarenta y siete céntimos, más el interés legal devengado desde la fecha de presentación de la demanda, y las costas del procedimiento.".

Segundo.-Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por los demandados D. Aurelio, Dña. Inocencia y Dña. Leocadia, oponiéndose la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a este Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

Tercero.-Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La Comunidad de Propietarios del edificio n.º 4 del Paseo del Salón de esta Ciudad, constituida en régimen de propiedad horizontal, formuló demanda contra los cuatro hermanos copropietarios, por partes iguales indivisas por sucesión "mortis causa", de uno de los pisos de ese edificio, en reclamación de la cantidad adeudada, a julio de 2008, de 4.748'47 € por gastos de contribución al sostenimiento de los gastos generales. Emplazados los 4 hermanos, una de ellos, que tiene reconocido el beneficio de justicia gratuita, se allanó a la demanda sin hacer pago alguno; otra consignó la cuarta parte de la deuda y los otros dos, bajo la misma defensa y representación, se opusieron oponiendo la excepción de falta de acción y de legitimación del Presidente de la Comunidad al no haberse aprobado en Junta la interposición de la demanda; alega la nulidad de la Junta por falta de citación a la misma y la nulidad de los acuerdos por falta de notificación y alegando que ya en su día (12 de junio de 2007) abonaron cada uno una cuarta parte de la deuda entonces existente, en conjunto 1.721'08 €; termina solicitando la desestimación de la demanda y la absolución de estos dos demandados por infracción, además, del compromiso asumido en su día por el administrador de girar los recibos a cada comunero por su cuota a modo de deudores mancomunados.

La Sentencia desestimó todos los motivos de oposición, condenó solidariamente al pago de la cantidad reclamada y condenó en costas a todos los codemandados. Contra esta decisión se alzan en apelación los dos codemandados opuestos; la allanada que no pagó y se "adhiere" a los mismos; parcial y totalmente la otra codemandada que se allanó y abonó una cuarta parte de la cantidad reclamada. Los recursos merecen respuesta separada.

Segundo.-El recurso interpuesto en nombre de D. Aurelio y Dña. Inocencia, articulado en cuatro puntos, dedica el primero a denunciar vulneración del derecho a la tutela efectiva manifestada en incongruencia "extra petita" o alteración de la causa de pedir. El motivo fracasa. La Sentencia no incurre en el vicio de incongruencia, desde la confrontación del "petitum" y "causa petendi" (de lo que se pide y la razón de pedir) con lo que resuelve la parte dispositiva de la Sentencia. La falta de argumentación explícita a un motivo de defensa, cual es la falta de acuerdo de la Junta para proceder judicialmente contra los propietarios morosos que dejan de cumplir con la obligación legal de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, no supone dar cosa diferente a la pedida por la actora (extra petita) sino, a lo más, incongruencia omisiva o, en este caso, más propiamente, una desestimación tácita, unida a una respuesta genérica y acertada que desvincula la obligación legal exigida de los formalismos de la Junta y Acuerdos adoptados en la misma, pero sin entrar en lo que ahora la apelante en el segundo motivo, ubica dentro de la falta de acción (legitimación activa) para reclamar judicialmente sin la previa autorización de la Junta.

Tampoco este motivo puede prosperar. Tal como acierta a oponer la demandante-apelada al contestar al recurso, y ha señalado con reiteración esta Audiencia Provincial, es Doctrina Jurisprudencia consolidada, expuesta, entre otras, en SSTS de 22 de febrero de 1993, 3 de marzo y 5 de julio de 1995 ó 20 de diciembre de 2006, que de acuerdo con el actual art. 13 de la L.P.H., en base a representación orgánica que le confiere este precepto, el presidente está facultado para litigar en juicio y fuera de él en todos los asuntos que le afecten "sin ostentar una delegación "ut lite pendente"" en sentido técnico que exija una suerte de mandato representativo "ad hoc", sino que interviene como órgano del ente comunitario que sustituye la voluntad social con la suya individual, con la posibilidad de considerar lo realizado no como hecho en nombre de la comunidad, sino como si fuera él mismo quien lo hubiera verificado, sin perjuicio de la relación interna entre ambos y, por consiguiente, de la necesidad de responder de su gestión ante la Junta, por lo que no necesita la autorización de ésta para intervenir ante los Tribunales, cuando ejercita una pretensión en beneficio de la comunidad, salvo en los supuestos expresamente excluidos en la ley.

En el mismo sentido se han pronunciado las SS.AA.PP. de Madrid (Sec. 14.ª) de 16 de mayo de 2006; ó de Alicante (Sec. 5.ª) de 5 y 18 de marzo y 14 de julio de 1999; y esta misma Sección, entre las últimas, en nuestra Sentencia de 26 de marzo de 2009 que, con cita en la STS de 8 de julio de 2003, recuerda que esa representación orgánica supone que la voluntad del presidente vale, frente al exterior, como voluntad de la comunidad (SSTS de 14 de julio y 25 de septiembre de 1989 ó 20 de abril de 1991) salvo, como antes se señalaba, en los supuestos de oposición expresa y formal (SSTS de 16 de noviembre de 2001 ó 17 de julio de 2007), lo que aquí no consta ni resulta exigible, acudiendo a la confusa exigencia del art. 21.1 en la que no son pocos los autores y algunas Audiencias que restringen esa autorización para la reclamación en Juicio Monitorio a los casos en que actúe por ella el administrador, o sólo exige para uno y otros dentro de la singularidad del proceso monitorio y no para el resto de las acciones ordinarias de condena.

A mayor abundamiento, los apelantes eran conscientes de la deuda, pagaron en su momento parte de la misma; en la Junta de 2 de febrero se aprobaron las cuentas valorando los saldos deudores y acreedores, y que el pago de las cuotas aliviaría el déficit comunitario, lo que implícitamente autorizaba, y desde luego no significaba oposición a una reclamación como la deducida con todo derecho y legitimación por la comunidad y donde la propia certificación de la deuda ya revela implícitamente la voluntad de proceder a exigirla judicialmente, sin que los defectos de convocatoria, citación o notificación, una vez conocidos, impidan el ejercicio de las acciones impugnatorias oportunas, que la parte o dejó caducar o consintió quedando sanados, y sin que ello condicione, como bien dice la Sentencia, la exigibilidad de una obligación legal como la reclamada, al desentenderse todos ellos del pago de unas cuotas aprobadas y no discutidas.

Tercero.-El segundo motivo merece la misma suerte desestimatoria, al insistir en el carácter mancomunado de la deuda, frente a la reclamación solidaria contra cada uno de los copropietarios indivisos que ejercita la Comunidad y avala la resolución recurrida frente a la pretensión contraria de la apelante, que si bien ha sido seguida, cada vez más minoritariamente por algunas Audiencias Provinciales desde una aplicación literal del art. 1.137 del C.C., entendiendo legitimados pasivamente a todos y cada uno de los comuneros para evitar situaciones litisconsorciales (lo que aquí ha respetado la actora) y entender el carácter individualizado y divisible de las cuotas entre tantos partícipes como integren la titularidad plena del elemento privativo. Ejemplo de ello son, entre otras, las SS.AA.PP. de Asturias (Sec. 5.ª) de 17 de marzo de 1999 ó 18 de enero de 2000; de Barcelona (Sec. 1.ª) de 10 de mayo de 2004; de Huesca de 13 de noviembre de 1993, de 24 de mayo de 1994, de 16 de septiembre de 1996, de 1 de octubre de 1997 y de 31 de enero de 2001; de Madrid (Sec. 21.ª) de 26 de abril de 1994 y de 1 de febrero de 2000; y de Zaragoza (Sec. 2.ª) de 2 de julio de 1994 y de 20 de julio de 1998.

Ahora bien, frente a esta tesis se ha acentuado el criterio doctrinal que, tratando de fortalecer la posición y el favorecimiento de las comunidades de propietarios ante los perjuicios que entraña para su funcionamiento la morosidad de los propietarios, ha entendido que respaldada la tesis de la solidaridad obligacional, al menos en el sentido de impropia, ha sido respaldada tanto por la Ley como por la Jurisprudencia en este tipo de situaciones, y así lo denota el art. 15.1 de la L.P.H. al señalar que si algún piso o local perteneciese pro indiviso a diferentes propietarios éstos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas e, igualmente, el art. 21.1 que expresa que las obligaciones a que se refería el 9 e) y f) se cumplirían por el que tuviera la titularidad de piso o local, en el tiempo y forma determinados por la Junta, y el art. 21.4 que acepta también la solidaridad entre el actual y el anterior propietario, de lo que se desprende que la obligación de contribuir con arreglo a la cuota de participación a los gastos generales es solidaria en el supuesto de que la propiedad de los pisos o locales corresponda a varias personas, independientemente de quién disponga del uso y disfrute del piso o local, pudiendo la Comunidad dirigirse exigiendo el pago íntegro contra todos, algunos o uno solo-de los copropietarios -"ius variandi" o "ius eligendi"- (STS de 21 febrero 1997), sin perjuicio de que luego pueda repetir contra los otros condóminos la cantidad que a ellos corresponda (art. 1.145 del Código Civil) y sin que ello pueda suponer en modo alguno indefensión del otro copropietario que frente al que pagó podrá alegar lo que estime conveniente.

En este sentido, y el problema es más formal que real dentro de estas acciones internas de repetición, dentro del ámbito y desarrollo jurisprudencial que cada vez ha soslayado más la exigencia de mención expresa para constituir la obligación con tal carácter (por todas, SSTS de 28 de diciembre de 2000, 20 de marzo y 19 de abril de 2001 u 8 de julio de 2009) bastando con que aparezca de modo evidente la voluntad de exigir o prestar íntegramente la cosa objeto de la prestación, resulta admisible el carácter solidario de los copartícipes frente a la Comunidad para salvaguardar ese interés social, de manera que, en los supuestos de reclamación de cuotas impagadas a la Comunidad de Propietarios, se llevaría a cabo la protección jurídica de los copropietarios, cumplidores de la obligación de pago impuesta en el art. 9.1.e), sin que el acreedor deba sufrir la insolvencia de cualquiera de los deudores, y porque el carácter "propter rem" de la obligación supone, como se desprende del art. 395 en relación a los arts. 1.144 y 1.145 del Código Civil, que siendo las cuotas comunitarias gastos de conservación de la cosa por su carácter periódico y origen legal, que cualquiera de los titulares del inmueble pueda abonarlos, sin previa autorización de los demás, pudiendo repercutirlos luego en proporción, a su participación (SAP de Málaga (Sec. 4.ª) de 16 de mayo de 2000 ó S.A.P. de Tarragona (Sec. 3.ª) de 4 de noviembre de 1998.

Con más precisión, la S.A.P. de Alicante (Sec. 5.ª) de 16 de febrero de 2005 señalaba que esta obligación legal "de contribuir, con arregló a la cuota de participación fijada en el título, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, se ha configurado por la jurisprudencia como solidaria, ya que ésta, en términos de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1990, presupone una identidad de la causa común obligacional, es decir, la unidad de la prestación hace a la misma indivisible, sin posibilidad de fraccionar el crédito o la deuda, deforma que se debe la totalidad o se es acreedor del todo. Presupuestos de solidaridad que concurren en la obligación aquí cuestionada, cuyo origen y concreción se encuentra en los arts. 5 párrafo 2.a, 9.5 y 14 párrafo 2° LPH, la cual deriva del hecho mismo de que la contribución se determine con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, que impide se divida cuando son varios los propietarios en tantas partes como éstos-sean, convirtiendo en divisible la obligación que por su origen y naturaleza es indivisible, sin perjuicio del fraccionamiento que imponga luego en el ámbito interno la relación de condominio a los fines de repercusión de lo pagado por un copropietario a un tercero en cumplimiento de sus obligaciones externas. Así pues, aunque no exista un pacto expreso, la unidad de la prestación y, en definitiva, la identidad del objeto, cual es la satisfacción del único acreedor, que incluso exige la designación de un representante (art. 14, párrafo 2°) -actual art. 15.1, inciso 2° -, hace surgir el carácter solidario de la obligación, sin perjuicio, como se ha dicho, de la ulterior división interna de la prestación satisfecha, con arreglo a las respectivas partes en el derecho compartido.".

Doctrina que es mantenida, además de las que cita la parte apelada al oponerse al recurso, entre otras, por las SSAAPP de Asturias (Sec. 1.ª) de 25 de febrero de 2003; de Cantabria (Sec. 1.ª) de 25 de septiembre de 2002; de Castellón (Sec. 2.ª) de 17 de abril de 1999; de La Rioja (Sec. Única) de 14 de marzo de 2002; de Las Palmas (Sec. 1.ª) de 31 de diciembre de 1998 y de 20 de enero de 1999; de Málaga (Sec. 4.ª) de 8 de octubre de 1997, de 16 y 25 de mayo de 2000; de Mallorca (Sec. 3.ª) de 12 de julio de 1999; de Navarra (Sec. 1.ª) de 27 de mayo de 2003; y de Toledo (Sec. 1.ª) de 8 de mayo de 2000; entendiendo que se trata de una prestación unitaria, lo que supone la indivisibilidad de la cuota de participación fijada en virtud del coeficiente asignado en el título constitutivo a cada una de las viviendas o locales (art. 5 LPH), siendo lo esencial la unidad de fin de la prestación por existir entre los diversos deudores una identidad de objeto, cual es la satisfacción del acreedor, perfectamente compatible con la posibilidad de división interna de la parte de las respectivas obligaciones, pero dentro de las relaciones internas entre ellos y no en la dimensión externa del pago de la deuda al acreedor.

El motivo, en consecuencia, se desestima y en nada puede alterar su signo la invocada doctrina de los actos propios pues no sólo no vincula a la Comunidad los actos que decide por su cuenta y riesgo el administrador asumiendo compromisos de girar fraccionadamente las cuotas, sino que ninguna vinculación puede predicarse de los apelantes que tan pronto lo piden así, y conociendo la cuota, se desentiende de todo pago y vuelven a colocarse en situación de morosidad a pretexto de la pasividad y desentendimiento del resto de los hermanos, cuyo ejemplo siguen y ahora aprovechan para resistirse a un pago debido y eludido hasta provocar la demanda de la Comunidad y la persistencia de un proceso ya próximo a los dos años de tramitación.

Cuarto.-En orden a las costas, cuya imposición combaten expresamente tres de los codemandados, y por adhesión tardía, meramente testimonial y sin ninguna eficacia procesal, la otra partícipe, única que abonó el 25% de la deuda, tampoco el recurso puede prosperar. El interpuesto por D. Aurelio y Dña. Inocencia, al resultar desestimadas todas sus pretensiones y ser vencidas en juicio, empeñados en dividir la deuda reclamada cuando fueron demandados con carácter de deudores solidarios, y la otra parte, allanada a la pretensión, cualquiera que sean los derechos exonerativos que le correspondan por tener reconocido el derecho a litigar gratuitamente, porque su permanente pasividad e incumplimiento en la obligación de pago durante años, obligó a la Comunidad a formular la demanda, en reclamación de una deuda que sabía que era debida y a la que se apresura a allanarse al igual que la otra hermana en evitación de unas costas, por los gastos judiciales generados que, como nuevo perjuicio y gasto para la Comunidad, sin necesidad de expresa declaración de temeridad han de soportar, en este caso, con carácter mancomunado. En definitiva, se rechaza, también, este motivo en aplicación de la línea interpretativa y protectora que a favor de las comunidades de propietarios contempla, con carácter general para este tipo de acciones, la propia Ley Reguladora de Propiedad Horizontal en su art. 21.6.

Respecto a las costas de esta alzada, en aplicación del art. 398 LEC, se imponen también con carácter mancomunado a los tres codemandados recurrentes, haciendo exclusión de Dña. María, que no formuló recurso ni generó gastos procesales a la parte apelada que ninguna oposición tuvo que hacer respecto a ella.

Y por lo que antecede,


FALLAMOS


 
Que desestimando los recursos de apelación interpuestos en nombre de D. Aurelio y Dña. Inocencia, y el interpuesto en nombre de Dña. Leocadia contra la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 11 de Granada en Juicio Ordinario n.º 1.009/08 de fecha 6 de octubre de 2009, confirmamos íntegramente la misma con la aclaración de que de la cantidad a abonar se deducirá la consignada y entregada a la actora durante la tramitación del procedimiento, por importe de 1.187'12 €, y que los intereses se devengarán sobre el principal reclamado (4.748'47 €) desde la fecha de la demanda (25 de julio de 2008) hasta el 5 de mayo de 2009, y desde esta fecha por la cantidad de 3.561'35 € incrementados en 2 puntos (art. 576 LEC) desde la fecha de la sentencia de primera instancia hasta su completo pago.

Se condena a los tres apelantes al pago de las costas devengadas en esta alzada.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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