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Auto A.P. Zaragoza 227/2010 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Tercería de dominio: Procedencia. Embargo de vivienda: Improcedencia. Alzamiento del embargo trabado sobre la cuota abstracta que corresponde a la recurrente con respecto a su vivienda. Declaración procedente del embargo trabado sobre la vivienda por una deuda privativa contraída por el ex esposo de la recurrente hallándose disuelto y pendiente de liquidación el consorcio conyugal.

ZARAGOZA

AUTO: 00227/2010

R. 154/10

AUTO NÚMERO DOSCIENTOS VEINTISIETE

Ilmos./a Señores/a:

Presidente:

D. Juan Ignacio Medrano Sánchez

Magistrado/a:

D. Eduardo Navarro Peña

D.ª María Jesús de Gracia Muñoz

En la Ciudad de Zaragoza a diecisiete de Mayo de dos mil diez.


HECHOS


 
Primero.-En el procedimiento de juicio ordinario sobre tercería de dominio, sustanciado por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de esta Ciudad con el número de registro 685/09, a virtud de demanda formulada por D.ª Brigida, representada por la Procuradora de los Tribunales D.ª Natalia Ferrer Pérez y asistida del Letrado D. Víctor-Manuel Serrano Entío, contra la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Zaragoza, representada y asistida por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, se dictó por dicho Juzgado auto de fecha 19 de Enero del año en curso, conteniendo la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda de tercería de dominio interpuesta por la Procuradora D.ª Natalia Ferrer Pérez, en nombre de D.ª Brigida, contra la Tesorería General de la Seguridad Social,Dirección Provincial de Zaragoza declarando, a los solos efectos de la ejecución n.º NUM002 en curso, siendo procedente el embargo de la vivienda sita en la c/ DIRECCION000, n.º NUM000, URBANIZACIÓN000 de Zaragoza, practicado el día 9 de septiembre de 2008. Las costas procesales causadas se imponen a la demandante."

Segundo.-Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de la demandante preparó contra la misma recurso de apelación en tiempo y forma hábiles, y emplazada que fue para que lo interpusiera en legal forma, así lo efectuó mediante la formulación del correspondiente escrito, en el que expuso las alegaciones que tuvo por conveniente para fundamentarlo, solicitando se dictara por este Tribunal la oportuna resolución, que revocando el auto apelado acordase alzar el embargo trabado sobre la cuota abstracta que corresponda a la recurrente respecto de la referida vivienda sita en la DIRECCION000, URBANIZACIÓN000, finca registral número NUM001 del Registro de la Propiedad número 11 de Zaragoza, y que por lo tanto el embargo trabado continuase sólo respecto a la cuota abstracta de D. Carlos Miguel, con expresa imposición de costas a la apelada.

Tercero.-Dado traslado de dicho recurso de apelación a la representación procesal de la demandada, emplazándola para que pudiera alegar lo que a su derecho conviniere en relación con el mismo e impugnar, en su caso, la resolución apelada en lo que la resultase desfavorable, dedujo escrito de oposición al mentado recurso, interesando su desestimación y la confirmación de aquella, tras de lo cual se remitieron los autos originales de dicho procedimiento a esta Audiencia Provincial, Sección Cuarta, con emplazamiento de las partes.

Cuarto.-Recibidos que fueron dichos autos en fecha 12 del pasado mes de Abril, se formó el correspondiente Rollo de Sala registrado con el núm. 154/2.010, en el que se personaron ambas partes, apelante y apelada, y seguido por sus trámite se señaló, finalmente, para la discusión y votación del referido recurso de apelación el día 11 del corriente mes de Mayo, en que tuvo lugar tal acto.

Quinto.-En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Magistrado D. Eduardo Navarro Peña, que expresa el parecer del Tribunal.


RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Se aceptan los correlativos del auto apelado, en cuanto no se opongan a los de la presente resolución; y

Primero.-La parte actora, Sra. Brigida, recurre en apelación contra el referido auto del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Zaragoza, que desestima su demanda de tercería de dominio formulada contra la Tesorería General de la Seguridad Social en solicitud de alzamiento parcial del embargo trabado en fecha 9 de Septiembre de 2.008 sobre la vivienda sita en c/ DIRECCION000 n.º NUM000, URBANIZACIÓN000, de Zaragoza, finca registral n.º NUM001 del Registro de la Propiedad n.º 11 de Zaragoza, por la U.R.E. n.º 2 de la Dirección Provincial de Zaragoza de la T.G.S.S. en procedimiento administrativo de apremio n.º NUM002 seguido contra D. Carlos Miguel, ex cónyuge de la actora, por débitos contraídos con la Seguridad Social por la empresa "Rafael y Bernad, S.L." por descubierto de cuotas al Régimen General en el período de Marzo de 2.005 a Marzo de 2.006, al haber sido declarado el Sr. Carlos Miguel, administrador de dicha mercantil, responsable solidario de dicho descubierto en virtud de resolución de la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de la T.G. S.S., de fecha 11 de Febrero de 2.008, auto cuya revocación interesa por considerarlo no ajustado a derecho al incurrir, a su juicio, en errónea valoración de la prueba, que le lleva a calificar indebidamente como deuda común del consorcio conyugal de la actora y del Sr. Carlos Miguel la resultante del impago por la citada mercantil de cuotas al Régimen General de la Seguridad Social, de la que fue declarado responsable solidario el Sr. Carlos Miguel, declaración que tuvo lugar en fecha posterior a la extinción ex lege de dicho consorcio conyugal por razón de la disolución, por causa legal de divorcio, del matrimonio de la actora y de su citado esposo, disolución decretada por la sentencia firme, de fecha 28 de Abril de 2.006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Zaragoza en autos de juicio de divorcio núm. 881/2.005, y que fue confirmada, en grado de apelación, por la de fecha 3 de Octubre de 2.006 dictada por la Sección 2.ª de esta Audiencia Provincial de Zaragoza, incidiendo por ello el auto apelado en infracción de lo normado en los artículos 69 y 70.2 de la Ley 2/2.003, de 12 de Febrero, de las Cortes de Aragón, de régimen económico matrimonial y viudedad, al declarar procedente el embargo trabado sobre la citada vivienda por una deuda privativa contraída por el ex esposo de la recurrente hallándose disuelto y pendiente de liquidación el consorcio conyugal.

Son de acoger tales motivos del recurso, con la consiguiente estimación del mismo, en atención a las siguientes consideraciones.

Segundo.-Como resulta acreditado por la documental obrante en autos (folios 67 a 69, 75 y 76), el embargo trabado en fecha 9 de Septiembre de 2.008 sobre la citada vivienda por la U.R.E. n.º 2 de la T.G.S.S., Dirección Provincial de Zaragoza, en el expediente ejecutivo n.º NUM002 seguido contra D. Carlos Miguel por deudas a la Seguridad Social contraídas por la empresa Rafael y Bernad, S.L. por descubiertos de cuotas al Régimen General en el período de Marzo de 2.005 a Marzo de 2.006, lo fue tras haberse declarado al Sr. Carlos Miguel, administrador de la referida mercantil, mediante resolución de fecha 11 de Febrero de 2.008 dictada por la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de la T.G.S.S., en expediente de derivación de responsabilidad solidaria relativa a la citada deuda contraída por dicha mercantil, responsable solidario de tal deuda, y ello con base en lo dispuesto en el artículo 15.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de Junio, en relación con los arts. 84, 104 y 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

De conformidad con lo que se acaba de exponer, la condición del Sr. Carlos Miguel como responsable solidario del pago de la deuda contraída con la T.G.S.S. por la mercantil Rafael y Bernad, S.L. por descubiertos de cuotas del Régimen General impagadas por la misma, surge a partir del momento - 11 de Febrero de 2.008- en el que se declara por la Recaudación Ejecutiva de la T.G.S.S. la responsabilidad solidaria del Sr. Carlos Miguel.

Pues bien, dado que a tal fecha ya había concluido de pleno derecho, conforme a lo preceptuado en el artículo 62.b) de la Ley 2/2.003, de 12 de Febrero, de las Cortes de Aragón, el consorcio conyugal del matrimonio contraído en fecha 16 de Julio de 1.979 por la hoy recurrente y D. Carlos Miguel, al haber sido declarado disuelto dicho matrimonio, por causa legal de divorcio, por sentencia de fecha 28 de Abril de 2.006 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de esta Ciudad en autos de juicio de divorcio núm. 881/05, y confirmada, en grado de apelación, por sentencia de 3 de Octubre de 2.006 dictada por la Sección 2.ª de esta Audiencia Provincial en el Rollo núm. 342/06, según resulta acreditado por el testimonio de particulares obrante a los folios 7 a 17 de los presentes autos, hallándose dicho consorcio pendiente de liquidación, la citada obligación de pago del importe de las cuotas en descubierto al Régimen General de la Seguridad Social por parte de la mercantil Rafael y Bernad, S.L., obligación contraída por el Sr. Carlos Miguel al ser declarado responsable solidario de dicha deuda, no constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 69.1 de la citada Ley aragonesa 2/2.003, deuda común del consorcio conyugal disuelto, ya que no se originó durante la vigencia de dicho régimen económico matrimonial, ni deriva de la gestión del patrimonio común, siendo deuda privativa del Sr. Carlos Miguel generada en el período intermedio entre la disolución del consorcio y la liquidación de la sociedad postconsorcial resultante tras dicha disolución, que constituye una comunidad especial en la que sus cotitulares ostentan un cuota abstracta sobre el conjunto indiviso, sin que puedan atribuirse cuotas individuales sobre bienes concretos, teniendo establecido el artículo 70.2 de dicha Ley aragonesa que los acreedores privativos de los cónyuges o de sus herederos no pueden proceder contra bienes concretos de la comunidad disuelta y no dividida, pero sí contra los derechos que a su deudor puedan corresponder sobre los mismos en la liquidación de aquella.

Tercero.-Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto resulta acogible la acción de tercería de dominio ejercitada por la demandante, Sra. Brigida, como cotitular del patrimonio integrante de la comunidad postconsorcial surgida tras la disolución de su sociedad conyugal, contra el embargo trabado por la U.R.E. n.º 2 de la Dirección Provincial de Zaragoza de la T.G.S.S. en el referido procedimiento de apremio seguido contra su excónyuge, Sr. Carlos Miguel, por deuda privativa del mismo, sobre la vivienda descrita en el primero de los fundamentos de derecho de la presente resolución, y que forma parte integrante de la citada comunidad postconsorcial, toda vez que dicho embargo se extiende o afecta indebidamente a los derechos que sobre el citado inmueble pueden corresponder a la Sra. Brigida, que ostenta respecto de los mismos la condición de tercero no deudor de la Administración ejecutante, procediendo, por tanto, y a los solos efectos del procedimiento administrativo de apremio ya referenciado, alzar la traba realizada sobre tales derechos de la actora, reduciendo el embargo llevado a cabo en dicho procedimiento de apremio a los derechos que sobre el citado inmueble puedan corresponder al deudor Sr. Carlos Miguel en la liquidación de dicha comunidad postconsorcial, siendo oportuno señalar que el citado apremio, dada la naturaleza del objeto de la traba, sólo puede desarrollarse en sus fases iniciales relativas a la afección de los citados derechos del deudor y a la adopción de las medidas de aseguramiento del embargo de aquellos, pero sin que pueda llevarse a cabo la subasta hasta tanto en cuanto no se haya procedido a la liquidación de la comunidad postconsorcial y se atribuya al deudor, en su caso, un derecho concreto sobre el citado inmueble.

Cuarto.-Conforme a lo preceptuado en el artículo 603 de la LEC, en relación con el artículo 394 de dicho texto legal, procede imponer a la demandada, T.G.S.S., las costas de la primera instancia al acogerse la demanda formulada en su contra, no habiendo lugar, por el contrario, a la condena en las costas de esta alzada a ninguna de las partes al estimarse el recurso de apelación analizado (art. 398.2 LEC).

Quinto.-Conforme a lo establecido en la Disposición Decimoquinta, apartado 8, de la L.O.P.J., introducida por la L.O. 1/ 2.009, de 3 de Noviembre, procede la devolución a la parte apelante de la totalidad del depósito de 50 euros por ella constituido para la interposición de dicho recurso de apelación, que se acoge.

En atención a lo expuesto y vistos los artículos citados y demás disposiciones de pertinente aplicación,

LA SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA,


ACUERDA:


 
Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la demandante D.ª Brigida contra el auto de fecha 19 de Enero del año en curso dictado por la Ilma. Sra. Magistrada Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de esta Ciudad en el procedimiento de Juicio Ordinario de tercería de dominio registrado con el núm.685/09, se revoca dicha resolución, y en su lugar, se acoge la demanda de tercería de dominio formulada por dicha recurrente contra la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Zaragoza, U.R.E. n.º 2, en relación con el embargo trabado en expediente de apremio n.º NUM002, seguido contra D. Carlos Miguel, sobre la vivienda sita en c/ DIRECCION000, n.º NUM000, URBANIZACIÓN000, de Zaragoza, finca registral NUM001 del Registro de la Propiedad n.º 11 de Zaragoza, inscrita al Tomo NUM003, Libro NUM004, Folio NUM005, alzándose dicho embargo en cuanto afectante a los derechos que sobre dicho inmueble ostenta la hoy actora apelante y manteniéndose dicha traba sólo respecto de los que puedan corresponder al deudor de dicha Administración, D. Carlos Miguel, e imponiendo a la demandada las costas de la primera instancia.

Cada parte satisfará las costas de esta alzada causadas a su instancia y las comunes por mitad, devolviéndose a la demandante el depósito de 50 euros que constituyó para poder recurrir en apelación contra la sentencia de primer grado, al haber sido acogido dicho recurso.

Esta resolución es firme.

Así por este su auto lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos./a Srs./a Magistrados/a, que se relacionan al margen.


Diligencia.-Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución, así como certificación a los autos. Doy fe.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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