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Auto A.P. Sevilla 119/2010 de 18 de mayo


 RESUMEN:

Competencia jurisdiccional: Conocimiento por parte del orden contencioso-administrativo. Demanda de empresa constructora, contra una sociedad municipal cuyo capital social pertenece íntegramente a un Ayuntamiento, de reclamación de cantidad por ejecución de obras. Contrato suscrito por una sociedad anónima municipal que en materia de contratación está sometida a la normativa administrativa. Y esta normativa establece que aquellos contratos cuyo objeto sea la ejecución de una obra son contratos administrativos.

 

Sección Quinta

Rollo N.º 1870.10

N.º Procedimiento: 880/09

Juzgado de origen: Primera Instancia 2 de Sevilla

A U T O

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. JUAN MARQUEZ ROMERO

D. CONRADO GALLARDO CORREA

D. FERNANDO SANZ TALAYERO

En Sevilla a 18 de mayo de 2010


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho del Auto apelado que con fecha 17 de Noviembre de 2009, dictó el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 2 de Sevilla, en los autos de juicio ordinario núm. 880/09, promovidos por la entidad Constructora San José S.A., representada por la Procuradora D.ª Pilar Durán Ferreira, contra la entidad Coria Futura S.A. representada por el Procurador D. Emilio Fernández Palacios García, cuya parte dispositiva literalmente dice: "DISPONGO: Estimar la declinatoria promovida por el procurador Emilio Ignacio Fernández-Palacios García en nombre y representación de la demandada en este juicio ordinario Coria Futura S.A., al existir falta de jurisdicción de este Juzgado de 1.ª Instancia para el conocimiento del proceso promovido en su contra por Constructora San José S.A., por corresponder el conocimiento del asunto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Archívese el presente procedimiento una vez adquiera firmeza esta resolución. Las costas causadas en esta declinatoria quedan impuestas a Constructora San José S.A."

Primero.-Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la parte actora, y admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes para su personación ante esta Superioridad por término de 30 días, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su clase.

Segundo.-Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar el día 18 de mayo de 2010, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.

Tercero.-Que en la sustanciación de esta alzada, se han observado las prescripciones legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don FERNANDO SANZ TALAYERO.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-La entidad actora CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A. se alza contra el Auto dictado en la instancia que declara la falta de jurisdicción del orden civil y la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la demanda formulada contra la sociedad municipal CORIA FUTURA S.A., cuyo capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Coria del Río, demanda en la que le reclama la suma de 2.621.634'76 € por la ejecución de las obras de un Proyecto de terminación de adaptación y ampliación del I.E.S. San José a Centro de Educación secundaria Obligatoria, y otro Proyecto de terminación de reforma y adaptación a C-P. Manuel Gómez a Centro de Educación Infantil y primaria.

Segundo.-La sociedad demandada fue constituida como sociedad gestora del patrimonio municipal del suelo y, como acabamos de indicar, está participada al cien por cien por el Ayuntamiento de Coria del Río. Conforme al art. 85 ter de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, estas sociedades "se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación".

Así pues. En materia de contratación les será aplicable a estas sociedades anónimas municipales la legislación administrativa. En este caso se reclama contra CORIA FUTURA S.A. por el incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas en un contrato de ejecución de obras en centros de educación. Conforme al art. 25.2 n) de la LRBRL de 1985es competencia municipal "...cooperar con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria."

La apelante reconociendo que la demandada es una sociedad participada íntegramente por el Ayuntamiento de Coria del Río, como no podía ser de otra manera, discrepa en que CORIA FUTURA tenga la consideración de Administración pública, basándose en los art. 1 y 2 b) de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el artículo 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo común, y 1.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normas en las que no aparecen las sociedades mercantiles encuadradas en el concepto de administración pública. Lo que olvida la apelante es la Ley de Bases de Régimen Local que acabamos de citar anteriormente, la cual excluye del ordenamiento privado la contratación que efectúen las sociedades mercantiles locales, quedando esta materia sometida a la regulación administrativa, por lo que a estos efectos de los contratos que suscriban estas sociedades son equiparables a la administración pública en tanto en cuanto habrán de someterse a los requisitos legales exigibles a la Administración para la realización de un contrato.

Por su parte el artículo 1.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 16 de junio de 2000 establece:

3. Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente Ley los organismos autónomos en todo caso y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas, siempre que en aquéllas se den los siguientes requisitos:

a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados por las Administraciones públicas y otras entidades de derecho público.

Esta disposición entendemos que es aplicable a la sociedad mercantil municipal demandada ya que fue constituida por el Ayuntamiento para la gestión de un interés general, cual es la gestión del patrimonio municipal del suelo, en cuya actividad concertó el contrato que nos ocupa cuyo objeto es la construcción, adaptación o reforma de centros de enseñanza públicos, lo que forma parte de las competencias propias de la Administración Local.

Tercero.-Partiendo de esta primera premisa, la siguiente cuestión que hemos de plantearnos para decidir la cuestión jurisdiccional es la naturaleza, privada o administrativa, del contrato de obra en el que se sustenta la reclamación de la demandante.

Para la apelante es un contrato privado en base a las cláusulas décimo tercera y décimo cuarta del mismo y a la forma de pago convenida por anualidades (cláusulas segunda y tercera del contrato). Pero los contratos son lo que son, independientemente de lo que las partes digan que sean. Y esas cláusulas no empecen la naturaleza administrativa del contrato. Como muy bien apunta la Resolución apelada, el contrato que nos ocupa es un contrato de obra vinculada al servicio público prestado por el Ayuntamiento, en concreto la construcción de centros escolares, y conforme al artículo 5 del Real Decreto legislativo 2/2000 de 16 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Los contratos que celebre la Administración tendrán carácter administrativo o carácter privado.

2. Son contratos administrativos:

a) Aquéllos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, sea la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de consultoría y asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del art. 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

b) Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una ley.

3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del art. 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos.

Por tanto, nos encontramos ante un contrato suscrito por una sociedad anónima municipal que en materia de contratación está sometida a la normativa administrativa. Y esta normativa establece que aquellos contratos cuyo objeto sea la ejecución de una obra son contratos administrativos. La conclusión por tanto, no puede ser otra que la naturaleza administrativa del contrato que nos ocupa.

Por su parte el artículo 7 del Real Decreto legislativo 2/2000, dice:

1. Los contratos administrativos se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el art. 5.2, letra b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente.

2. El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.

Y a continuación el artículo 9.3 expone:

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.

De conformidad con esta normativa, los contratos administrativos se rigen íntegramente, incluidos sus efectos y extinción por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, mientras que sólo en los contratos privados que concierten las Administraciones Públicas son separables los actos de preparación y adjudicación de los relativos al cumplimiento y efectos de los contratos

Cuarto.-De todo lo expuesto ha de concluirse la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de la controversia suscitada.

La apelante solicita también en su recurso que no se le impongan las costas de la instancia. Y esta petición debe ser atendida por cuanto el asunto de la jurisdicción competente en los conflictos que surjan en torno a las relaciones jurídicas mantenidas con sociedades mercantiles participadas por capital público, es una cuestión siempre controvertible y dudosa que genera serias dudas de derecho, que hacen aplicable en este caso el inciso final del artículo 394.1 de la LEC.

Quinto.-Esta estimación parcial del recurso de apelación comporta la no imposición de las costas procesales causadas en esta alzada, de acuerdo con el art. 398-2 de la LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


PARTE DISPOSITIVA


 
En atención a lo expuesto, LA SALA ACUERDA:

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D.ª Pilar Durán Ferreira en nombre y representación de la entidad mercantil CONSTRUCTORA SAN JOSÉ S.A, contra el Auto dictado el día 17 de noviembre de 2009, por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Sevilla, en los autos de proceso ordinario N.º 1478/09, de los que dimanan estas actuaciones, debemos revocar y revocamos parcialmente la citada Resolución en el único particular referente a las costas de la instancia, de las que no hacemos expresa imposición, confirmando el resto de los pronunciamientos que contiene el Auto apelado.

No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.

Y, en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de este Auto y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.

Así por este nuestro Auto lo acordamos mandamos y firmamos. Doy fé.


Diligencia.-Seguidamente se contrae certificación del anterior Auto en su rollo; doy fé.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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