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Sentencia A.P. Lugo 280/2010 de 19 de mayo


 RESUMEN:

Herencia: Declaración de herederos. Personas desconocidas e inciertas que se consideran con derechos en ciertas herencias. Derecho de reconocimiento de filiación: Desestimación. Hijos extramatrimoniales: A la fecha de fallecimiento sólo tenían la condición de herederos forzosos los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre o la madre de estos.

LUGO

SENTENCIA: 00280/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LUGO

Sección 1.ª

SENTENCIA NÚMERO 280

ILMOS/AS. SRES/AS.:

PRESIDENTE:

D.ª MARÍA JOSEFA RUIZ TOVAR

MAGISTRADOS:

D. JOSÉ RAFAEL PEDROSA LÓPEZ

D. JOSÉ ANTONIO VARELA AGRELO

Lugo, diecinueve de mayo de dos mil diez.

La Ilma. Audiencia Provincial de Lugo ha visto en grado de apelación el Rollo de Sala n.º 372/2.009, dimanante del Juicio Menor Cuantía n.º 313/2.000 seguido

en el Juzgado de Primera Instancia de Sarria sobre declaración de herederos y otros extremos; siendo apelantes las demandantes Doña Ángela y Doña Celia, representados/as por el/la procurador/a Sr. Mourelo Caldas y asistido/a del letrado/a Sr. Fernández

Varela y apelados/as los demandados Don Alberto, Doña Estibaliz, D. Baltasar y D.ª

Isabel, representados en primera instancia por la Procuradora Sra. López Vila y asistidos por el Letrado Sr. Quiroga Gasset, Doña

María Esther y Doña. Antonieta, representadas en primera instancia por la Procuradora Sra. López Vila y

asistidas por el Letrado Sr. Fernández Montes, Don José, representado/a por el procurador/a Sr. Martín Castañeda y asistido/a del

letrado Sr. Fernández Pumariño, Don Maximiliano, D. Pelayo, Doña Daniela, D. Saturnino, Doña Felisa, Don Jose Francisco, y D. Juan Manuel, representados en primera instancia por

la Procuradora Sra. López Díaz y asistidos del Letrado Sr. Cardelle González, D.ª Mónica, representada en primera instancia por el

Procurador Sr. Martín Castañeda y asistida del Letrado Sr. Ares López, Don Conrado, Doña Berta y Don

Inocencio, representados en primera instancia por la Procuradora Sra. Abella y asistidos del Letrado Sr. Muro Urdín, Don Leoncio, Doña Estela, D. Octavio, D. Roque, D.ª Leonor, Don Víctor, Don Carlos Daniel, Don Arcadio, Don Clemente, D. Epifanio, Doña María Inés, Doña Belinda, D.ª Dolores,

personas desconocidas e inciertas que se consideren con algún derecho en las herencias causadas por los esposos D. Jose Luis y D.ª Vicenta, personas desconocidas e inciertas que se consideren con algún derecho en las herencias de D. Bruno y D. Darío, personas desconocidas e inciertas que hayan intervenido por cualquier concepto o tenga algún interés en los negocios jurídicos instrumentados en

escrituras públicas de fechas 11 de noviembre de 1945, 2 de diciembre de 1952 y 5 de marzo de 1954 y otorgadas bajo la fe del Notario de Lugo D. Francisco

Alonso Rey, relativas a negocios traslativos de dominio o cualquier otro, atinentes a los bienes que forma parte del caudal relicto de D. Jose Luis, todos

ellos en rebeldía procesal, y el MINISTERIO FISCAL; actuando como ponente el Magistrado, Ilmo. Sr. D. JOSÉ RAFAEL PEDROSA LÓPEZ.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 19 de octubre de 2.007, el Juzgado de Primera Instancia de Sarria, dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda promovida por el Procurador Sr. Mourelo Caldas, en representación de D.ª Ángela y D.ª Celia, frente a D. Alberto, D.ª Estibaliz, D. Baltasar, D.ª Isabel, Doña María Esther, D.ª Antonieta, D. José, Don Maximiliano, D. Pelayo, D.ª Daniela, D. Saturnino, Doña. Felisa, D. Jose Francisco, D. Juan Manuel, D.ª Mónica, D. Conrado, D.ª Berta, D. Inocencio, D. Leoncio, D.ª Estela, Don Octavio, D. Roque, D.ª Leonor, D. Víctor, D. Carlos Daniel, D. Arcadio, Don Clemente, D. Epifanio, Doña. María Inés, Doña Belinda, Doña. Dolores, personas desconocidas e inciertas que se consideran con algún derecho en las sentencias causadas por los esposos Don Jose Luis y Doña. Vicenta, personas desconocidas e inciertas que se consideren con algun derecho en las herencias de Don Bruno y Don Darío, personas desconocidas e inciertas que hayan intervenido por cualquier concepto o tengan algún interés en los negocios jurídicos instrumentados en escrituras públicas de fechas 11 de noviembre de 1945, 2 de diciembre de 1952 y 5 de marzo de 1954 y otorgadas bajo la fe del notario de Lugo D. Francisco Alfonso _Rey relativas a negocios traslativos de dominio o cualquier otro atinentes a los bienes que forman parte del caudal relicto de Don Jose Luis y el Ministerio Fiscal. Debo absolver y absuelvo a los citados demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra en la citada demanda, con imposición de las costas procesales a la parte actora.

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por Doña. Ángela y Doña. Celia, teniéndose por preparado el mismo y cumplidos los trámites del art. 458 y siguientes de la L.E.C. 1/2000 se elevaron los autos a la Audiencia Provincial para la resolución procedente.

Tercero.-En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia apelada en lo que no se oponga a lo que, a continuación se expone, y

Primero.-Se concreta la cuestión debatida en el supuesto derecho de las demandantes D.ª Ángela y D.ª Celia a las herencias de D. Jose Francisco y Doña Vicenta, padres legítimos de D. Roque, el cual reconoció como hijas naturales a aquellas en documento suscrito ante un oficial del ejército en 1.937 y, posteriormente, ya muerto D. Roque llevado ante Notario en el año 1.940 y en fecha 1.993 declarada judicialmente, en sentencia, las actoras como hijas no matrimoniales del fallecido D. Roque.

En el recurso se pretende, pues, en base a tal documento el derecho a las herencias referidas. Debe señalarse que la ley de 13 de mayo de 1.981 que modificó el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio dispuso en su Disposición Transitoria primera que la filiación de las personas, así como los efectos que hayan de producir a partir de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por ella con independencia de la fecha de nacimiento y del momento en que la filiación haya quedado legalmente determinada y, por tanto, la filiación se rige por las normas de la ley de 1.981 cualquiera que sea la fecha de nacimiento, pero cuestión distinta es la relativa a los derechos hereditarios a los que se refiere la Disposición Transitoria Octava de la misma ley al afirmar que las sucesiones abiertas antes de la entrada en vigor de esta ley se regirán por la legislación anterior y las abiertas después por la nueva legislación, existiendo pues una retroactividad que la sentencia, con cierto acierto, denomina relativa. Pues bién, cabe aquí recordar que son hechos acreditados que D. Roque, padre de las actoras, falleció en el año 1.937, soltero y sin testamento y que los causantes iniciales fallecieron D. Jose Luis en 1.932 y D.ª Vicenta en 1.972, con testamentos en los años 1.915 y 1.960 respectivamente.

Expuesto lo anterior, el Código Civil anterior a la Ley de 1.981 establecía dos únicas formas de legitimación de los hijos naturales, por el subsiguiente matrimonio de los padres o por concesión real, lo que no sucedió en el presente caso y para el caso de los hijos naturales no legitimados o ilegítimos se establecía distinta regulación según fuesen o no reconocidos, para ello el artículo 131 del citado texto legal se exigía que el reconocimiento constase en acta de nacimiento, en testamento o en otro documento público, señalando el artículo 133 que cuando no tuviese lugar tal reconocimiento, en la forma indicada del menor de edad en el acta de nacimiento o en testamento, será necesaria la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. Consta que tal aprobación judicial no se produjo como consta la minoría de edad de las menores ya que está acreditado que la filiación fue declarada judicialmente en el año 1.993. En consecuencia y por los motivos dichos no cabe sostener la eficacia del reconocimiento voluntario a los efectos pretendidos y por la falta de los requisitos señalados y con independencia del carácter, público o no, del documento suscrito ante el oficial del ejército ya referido.

Tampoco puede tenerse en cuenta un reconocimiento forzoso ya que ello requeriría, conforme a lo establecido en el artículo 137, el ejercicio por las hoy recurrentes de la acción de reconocimiento y dentro del período temporal de referencia, es decir, cuatro años a contar desde la respectiva mayoría de edad, que no consta se hubiese ejercitado o dentro de los seis meses siguientes desde el hallazgo del documento lo que tampoco se hizo, piénsese que conocían, al menos, su existencia desde el año 1.940 en que se llevó al notario y que en el año 1.993 sirvió para la declaración judicial de la filiación con efectos en cuanto a las sucesiones abiertas en su día. Por tanto, si bien la sentencia de 1.993 declaró a las hoy recurrentes y antes actoras como hijas no matrimoniales de su padre D. Roque y tras la constitución pudieron reclamar su condición de hijas extramatrimoniales, cosa distinta es que los derechos hereditarios o efectos sucesorios de tal declaración pueden tener efectos en las sucesiones que se abrieron con anterioridad a tal momento y así cuando tuvo lugar a finales del año 1.937 la apertura de la sucesión de D. Roque las demandantes-recurrentes eran hijas naturales que ni estaban legitimadas ni reconocidas y por tanto carecían de derechos hereditarios al respecto tal y como se ha expuesto. En consecuencia y para finalizar las alegaciones que efectúan las apelantes, éstas en la herencia de D. Jose Luis no ostentan derechos ya que de lo que le correspondió a su padre D. Roque resulta heredera su madre ya que al fallecer aquél eran hijas naturales no legítimadas ni reconocidas y en la herencia de D.ª Vicenta tampoco ostentan derechos ya que según el artículo 807 del Código Civil vigente cuando aquella falleció sólo tienen la condición de herederos forzosos los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre o la madre de estos (apdo. 3.º) a los efectos que nos ocupan, por tanto, cabe concluir que ningún derecho del reclamado es ostentado por las recurrentes, recalcando una vez más por si ello fuese necesario que una cosa es todo lo relativo al régimen de filiación y otra distinta la regulación de los derechos hereditarios, por todo lo cual se está en el caso de rechazar las alegaciones de las recurrentes confirmando al respecto la sentencia apelada.

Segundo.-La parte apelante solicita, por último, que no se le efectúe la imposición de costas de la primera instancia y la Sala, atendiendo a la cierta complejidad jurídica con aplicación de derecho intertemporal, que la postura de la parte apelante tenía "a priori" posibilidades de alcanzar la pretensión jurídica pretendida y habida cuenta asimismo de la persistencia de cierta duda jurídica sobre la cuestión debatida, estima que debe acogerse ésta última alegación y en su virtud revocar la sentencia recurrida en este punto no efectuando una especial imposición de las costas de la primera instancia conforme a lo dispuesto en el artículo 523 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (correlativo artículo 394 de la actual ley procesal).

Tercero.-Dado que se estima parcialmente el recurso no procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una expresa imposición de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación


FALLAMOS


 
La Sala acuerda: Que estimando parcialmente el recurso formulado contra la sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2.007 por el Juzgado de 1.ª Instancia de Sarria, debemos confirmar y confirmamos la misma, salvo en lo que se refiere a las costas de la primera instancia de las que no se hace expresa imposición como tampoco se hace expresa imposición de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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