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Sentencia T.S.J. Asturias 2570/2010 de 27 de octubre


 RESUMEN:

Incapacidad permanente total: El cuadro patológico recogido en la Sentencia de instancia, si bien pone de manifiesto unas patologías en principio limitantes, ello no obstante puestas en conexión con el trabajo del demandante de operario (industria química) no parecen suficientemente relevantes como para impedirle en la actualidad ejercer de modo absoluto todas o las más fundamentales tareas de dicha profesión.

 

OVIEDO

SENTENCIA: 02570/2010

T.S.J.ASTURIAS SALA SOCIAL

C/ SAN JUAN N.º 10

Tfno: 985 22 81 82

Fax:985 20 06 59

NIG: 33044 34 4 2010 0101909

402250

TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001868 /2010

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 862/2010 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 006 OVIEDO

Recurrente/s: Carmelo

Abogado/a: INDALECIO TALAVERA SALOMON

Recurrido/s: INSS INSS

Abogado/a: LETRADO SEGURIDAD SOCIAL

Sentencia n.º 2570/10

En OVIEDO, a veintisiete de Octubre de dos mil diez.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL del T.S.J. ASTURIAS, formada por los Ilmos. Sres. D. EDUARDO SERRANO ALONSO, Presidente, D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNÁNDEZ y D.ª MARIA PAZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Magistrados de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 1868/2010, formalizado por el Letrado D. INDALECIO TALAVERA SALOMON, en nombre y representación de Carmelo, contra la sentencia número 335/2010 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 6 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA 862/2010, seguidos a instancia de Carmelo frente al INSS, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSE DE PRADO FERNÁNDEZ.

De las actuaciones se deducen los siguientes:


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-D. Carmelo presentó demanda contra el INSS, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 335/2010, de fecha trece de Mayo de dos mil diez.

Segundo.-En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

1.º- La demandante D.ª Adoracion, prestó sus servicios para la empresa GERMINAL BUCH MASSES (LEMUR CARIBUR S.A.), en virtud de contrato de trabajo de duración determinada, desde el 02-01-09 hasta el 31-03-09, a tiempo parcial a razón de 20 horas semanales, con la categoría profesional de Dependienta, dentro del ámbito del Convenio Colectivo de Comercio Textil.

2.º- A la demandante se le adeuda la mensualidad de marzo y liquidación por cese por importe de 719,03 euros, con arreglo al siguiente desglose:

Salarios mes de marzo, 479,35 euros

P/P Extra verano, 119,84 "

P/P Extra diciembre, 119,84 "

La actora interpuso el preceptivo acto de conciliación, no compareciendo al mismo la parte demandada por lo que se tuvo por Intentado Sin Efecto.

3.º- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Tercero.-En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "Que estimando íntegramente la demanda presentada por D.ª Adoracion contra la empresa GERMINAL BUCH MASSES (LEMUR CARIBU S.A.), debo condenar y condeno a la demandada citada a abonar a la actora la cantidad de 719,03 euros en concepto de salarios correspondientes al mes de marzo de 2009 y liquidación por cese, cantidad que devengará el interés moratorio del 10% anual desde la fecha del cese hasta su completo pago."

Cuarto.-Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Carmelo formalizándolo posteriormente. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

Quinto.-Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 2 de julio de 2010.

Sexto.-Admitido a trámite el recurso se señaló el día 22 de setiembre de 2010 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Frente a la Sentencia de instancia, desestimatoria de la pretensión deducida la demanda originadora del procedimiento, interpone el accionante recurso de suplicación que fundamenta de un lado en el motivo contemplado en el apartado b) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, revisión de hechos probados, y de otro en el recogido en el punto c) del mismo precepto, infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia. Respecto de aquél motivo debe de significarse que resultado de ser la suplicación un mecanismo extraordinario que participa de una cierta naturaleza casacional y que no constituye una segunda instancia, consecuencia de la consustancialidad al proceso laboral de la regla de la única instancia excluyente del doble grado de jurisdicción, es la prohibición al órgano ad quem de examinar y modificar el relato fáctico de la sentencia si el mismo no ha sido impugnado por el recurrente, impugnación posible al amparo del motivo contemplado en el artículo 191 b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dirigido a adicionar, suprimir o rectificar aquel relato y para cuya estimación, según consolidada jurisprudencia cuya reiteración excusa su pormenorizada cita, se exige el concurso de determinados requisitos entre ellos que se concrete el error padecido en la apreciación de los medios de prueba obrantes en el proceso, ya positivo, cuando se declaren probados hechos contrarios a los que se desprenden de tales medios, ya negativo, si se han omitido o negado los que se deducen de los mismos, que tales hechos resulten de forma clara, patente y directa de la probanza documental o pericial practicada, a concretar y citar por el recurrente, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que ante la concurrencia de varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes o no coincidentes, deberán prevalecer las conclusiones obtenidas por el juzgador a partir de la inmediación en la práctica, valoración y apreciación de tales medios probatorios, no siendo factible demostrar los errores de hecho acudiendo a conjeturas, suposiciones o interpretaciones o recurriendo a la prueba negativa, limitada a invocar la inexistencia de prueba de respalde las afirmaciones de dicho juzgador, y finalmente, que los referidos hechos tengan trascendencia para llegar a modificar el fallo recurrido; de no ser así y aun cuando se aprecien los errores denunciados que pudieran propiciar la rectificación del relato fáctico, si los mismos carecen de virtualidad al indicado fin no podrán ser acogidos.

Sólo la conjunta concurrencia de los presupuestos reseñados permitirá, en su caso, la prosperabilidad del motivo de suplicación analizado, lo que no es predicable del caso que nos ocupa en el que la parte recurrente sustenta la revisión fáctica en los informes médicos acotados a los folios 95, 96, 97, 98 a 101, 102 a 105, 106, 107, 108, 109 y 110 de las actuaciones, resultando que el contenido de los mismos no es revelador del reseñado error patente y claro del Magistrado en su apreciación. A ello cabe añadir que es doctrina consolidada la que afirma que en los casos en los que los informes médicos obrantes en las actuaciones son contradictorios no hay razón para dar preferencia o más valor a los dictámenes particulares o públicos cuando ambos han sido debidamente valorados por el juzgador a quo en el uso de las facultades a él conferidas en el artículo 97.2 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, valoración objetiva, desinteresada e imparcial que ha de prevalecer sobre la subjetiva, interesada y parcial del recurrente, parte en el proceso de instancia. Es igualmente criterio jurisprudencial constante el que viene afirmando que es aquel juzgador quien puede valorar de entre el material probatorio practicado el que considere más atinado objetivamente o de superior valor científico, debiendo asumirse la convicción por él así alcanzada salvo que se evidencie error en las pruebas documentales o periciales, no comportando ello ni la aceptación de una absoluta soberanía en la apreciación de la prueba ni la admisión de su libertad plena para seguir o guiarse por meras conjeturas o impresiones, pues el artículo 24.2 de la Constitución exige en este punto una deducción lógica partiendo de datos fijados con certeza y obtenidos de modo racional.

Segundo.-En el segundo de los motivos esgrimidos se denuncia la vulneración del artículo 137.4 de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el 11.1 b) y 12.2 de la Orden Ministerial de 15 de Abril de 1969, preceptos que definen la incapacidad permanente total como el grado de invalidez que requiere que las lesiones padecidas por el trabajador le inhabiliten para todas o las mas fundamentales tareas de su profesión habitual, entendiendo por ésta la principalmente realizada antes de la enfermedad o accidente, siempre que no se halle impedido para ejercer toda actividad.

La Jurisprudencia en la interpretación y aplicación de tales artículos viene entendiendo que el grado de incapacidad analizado es esencialmente profesional y por ello su adecuada valoración exige partir de las residuales que presenta el beneficiario para ponerlas en relación con su actividad laboral, en orden a comprobar las dificultades que pueden provocarle con la ejecución de las tareas y funciones específicas de tal actividad, procediendo el reconocimiento de la invalidez cuando dichas dificultades comportan y se traducen en una falta de aptitud real para asumir con unos mínimos de eficacia, dedicación y diligencia y con rendimiento económico aprovechable al desarrollo de todas o de las mas importantes tareas de su oficio habitual, debiendo valorarse la capacidad residual atendiendo mas que a las lesiones padecidas a las limitaciones funcionales que las mismas puedan generar.

En atención a la hasta aquí razonado ha de concluirse afirmando que no cabe apreciar la infracción normativa denunciada puesto que el no modificado cuadro patológico recogido en la Sentencia de instancia, si bien pone de manifiesto unas patologías en principio limitantes, ello no obstante puestas en conexión con el trabajo del demandante de operario (industria química) no parecen suficientemente relevantes como para impedirle en la actualidad ejercer de modo absoluto todas o las más fundamentales tareas de dicha profesión, las cuales podrá consumar salvaguardando aquellos referidos mínimos al no requerir su normal desarrollo un esfuerzo incompatible con su estado de salud, debiendo consecuentemente ser mantenido el pronunciamiento acogido en la Resolución recurrida.

Por cuanto antecede;


FALLAMOS


 
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por Carmelo frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 6 de los de Oviedo en fecha 13 de Mayo de 2010 en los autos seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre invalidez permanente, confirmamos la Resolución de instancia.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente Libro de Sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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