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Sentencia A.P. Orense 332/2010 de 26 de julio


 RESUMEN:

Nulidad de escritura pública. Quiebra: Se establece que la acción de nulidad debe hacerse ante el juez encargado de la quiebra. La dación en pago de un bien a un acreedor produce un quebranto para el resto de acreedores, ya que no se cumple con el trato igualitario que deben tener. Por lo que se destima el recurso y se imponen las costas al apelante.

OURENSE

SENTENCIA: 00332/2010

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Fernando Alañón Olmedo, Presidente, doña Ángela Irene Domínguez Viguera Fernández, y doña Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente

SENTENCIA NÚM. 332

En la ciudad de Ourense a veintiséis de julio de dos mil diez.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de demanda incidental procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de los de O Barco de Valdeorras, seguidos con el núm. 135/08, rollo de apelación núm. 664/09, entre partes, como apelante, la entidad "PIEDRAS RICOSENDE, S.L..", representada por la Procurador de los Tribunales D.ª SONIA OGANDO VAZQUEZ, bajo la dirección del Letrado D. MANUEL SANCHEZ AGUIRRE y, como apelado, la entidad "SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE GAPROAL, S.L.", representada por la Procurador de los Tribunales D.ª M.ª JESUS SANTANA PENIN, bajo la dirección del Letrado D. RAMON NUÑEZ FERNANDEZ.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.


I - ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de O Barco de Valdeorras se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 15 de septiembre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por los Procuradores Sres. Martínez Rodríguez y Vega Alvarez, en nombre y representación de SINDICATURA DE LA QUIEBRA DE COMERCIAL GALLEGA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.L., GRAPOAL, contra PIEDRAS DE RICOSENDE, S.L. representada por el Procurador Sr. Ortiz Tena y se efectúan los siguientes pronunciamientos:

.Se declara la nulidad absoluta de la escritura pública de dación en pago (de fecha 24 de marzo de 1993 y formalizada ante el notario Don Guillermo Rodicio con el n.º 460 de su protocolo) mediante la cual GRAPOAL, SL transmite a PIEDRAS DE RICOSENDE, S.L. el dominio de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de O Barco con el número 15883 y descrita al hecho primero de la demanda.

.Se proceda a la cancelación de la inscripción registral de dicha finca inscrita a nombre de PIEDRAS DE RICOSENDE, S.L. para lo cual se librará mandamiento por duplicado al Registrador de la Propiedad de O Barco de Valdeorras.

.Se condena a la demandada PIEDRAS DE RICOSENDE, S.L. a reintegrar al patrimonio de la quebrada GRAPOAL, el pleno dominio del inmueble ya referido e inscrito en el Registro con el número de finca 15883 y todos los frutos desde la fecha 1 de marzo de 1993 hasta la fecha de su reintegración.

.Se condena a la demandada PIEDRAS DE RICOSENDE, S.L. al pago de las costas procesales".

Segundo.-Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de la entidad "PIEDRAS RICOSENDE, S.L." recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.-En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Las cuestiones planteadas por la parte apelante en esta alzada aluden a criterios que la Jurisprudencia ha ido perfilando y sobre las que no existe sino pacífica consideración. Así, en relación con la inadecuación de procedimiento, la sentencia de 5 de junio de 1999 señala que el procedimiento del artículo 1377 de la Ley de Enjuiciamiento civil, está previsto para... "los contratos hechos por el deudor en fraude de los acreedores...", -en este caso la nulidad del contrato no se pretende por haber sido celebrado en fraude de acreedores sino por concurrir la causa de nulidad del artículo 878 del Código de Comercio -; que el trámite adecuado, es el de los incidentes y ante el mismo Juzgado que conoce de la quiebra, abriendo pieza separada en el juicio universal, tal y como previene el artículo 1.322 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1889, cuando señala que en la pieza primera de la quiebra se tramitará todo lo relativo a la declaración de la quiebra, disposiciones consiguientes a ella y su ejecución mientras que en la pieza tercera se recogerán las acciones a que dé lugar la retroacción, y resultando que la acción deducida lo es en base a la retroacción de los efectos de la quiebra, debe entenderse dentro de las correspondientes a esa pieza tercera, añadiendo que la asignación de competencia a Juez diferente de aquél que conoce de la quiebra produce indefensión ya que uno de los argumentos a utilizar es el de la provisionalidad de la fecha de retroacción y su eventual modificación, acción que, por tanto, sólo puede ejercitarse ante el Juez de la quiebra, resultando inadmisible procesalmente que el acuerdo de retroacción pueda discutirse en cuantos juicios se sostengan por la sindicatura, dado que podría darse la solución de que prevaleciera la impugnación del auto de retroacción en un juicio singular y en favor de uno solo de los interesados y continuara aquel auto produciendo efectos frente a los demás acreedores en el juicio universal.

En definitiva, resulta procedente declarar que el conocimiento de la acción de nulidad al amparo del artículo 878 del Código de Comercio debe seguirse ante el Juez encargado de la quiebra y por el procedimiento incidental, lo que ha tenido lugar en el supuesto enjuiciado.

Segundo.-Sobre la prescripción o caducidad de la acción planteada, la sentencia de 13 de diciembre de 2005 excluye la aplicación del plazo contemplado en el artículo 1301 del Código Civil por cuanto no estamos en presencia de una nulidad relativa sino absoluta, a la que no resulta aplicable el plazo anterior sobre el ejercicio de la acción por la que tal declaración de nulidad se pretende; tampoco estamos ante un plazo de caducidad porque la acción ejercitada no es la de rescisión del negocio jurídico sino la de nulidad absoluta. La aplicación del plazo del artículo 1299 del Código Civil exige que la acción se plantee en relación con alguno de los supuestos del artículo 1291, lo que no es el caso.

Tercero.-Finalmente y en relación con la necesidad de que el acto cuya declaración de nulidad se pretende haya causado algún perjuicio a la masa, cumple traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2008 que analiza pormenorizadamente las diferentes posiciones que en la doctrina y jurisprudencia se han mantenido sobre la necesidad o no del perjuicio para poder llegar a la declaración de nulidad de los actos realizados por el quebrado desde la consideración del artículo 878 del Código de comercio.

Señala la resolución anterior que se ha evolucionado desde una interpretación absolutamente rigorista a otra en la que la nulidad de los actos de disposición y administración realizados dentro del período de retroacción de los efectos de la quiebra, se limita a aquéllos que se hayan realizado en perjuicio de la masa y que presenten o evidencien una finalidad fraudulenta. Esa nulidad, por otra parte, no afecta por igual a todos los actos del quebrado, no se proyecta sobre aquéllos que, por corresponder al giro y tráfico ordinario del quebrado, el buen sentido tiene por válidos. Este criterio se mantiene en sentencias de 30 de marzo de 2006, 12 de mayo de 2006, 19 de junio de 2006, 19 y 28 de marzo de 2007, 23 de mayo de 2007, 1 de junio de 2007, y 13 y 27 de septiembre de 2007, 6 de noviembre de 2007 y la más reciente de 8 de marzo de 2010, indicando ésta que "la jurisprudencia más reciente, claramente orientada a mitigar la extensión y los efectos de la nulidad establecida en el párrafo segundo de dicho artículo, ratifica sin embargo su constitucionalidad, aunque ciertamente puntualizando que el art. 9.3 de la Constitución sí debe "impulsar una lectura del precepto en el sentido de evitar, en lo posible, una proyección desmedida de inseguridad", lo que se traduce en que la ineficacia no se proyecte sobre actos que no signifiquen un perjuicio para la masa ni afecte, según las circunstancias, a los adquirentes de buena fe, a lo que la sentencia de 10 de diciembre de 2009 añade el requisito de que los actos de dominio o administración sean del deudor luego quebrado o a él jurídicamente atribuibles y tengan por objeto bienes de su patrimonio.

Sentada la necesidad del perjuicio, hemos de concluir que el mismo se produce, para la masa, cuando el acto que se contempla supone un beneficio para uno de los acreedores en perjuicio de los demás, esto es, quebranto del principio de pars conditio creditorum. Éste es el criterio acogido por la sentencia apelada para justificar la nulidad del acto que se contempla y sobre el mismo ninguna alusión hace el recurso más allá de la genérica referencia a la ausencia de dato alguno que permita inferir la realidad de ese perjuicio. Resulta incuestionable que la dación en pago de un bien a un acreedor en abono de una deuda supone un evidente quebranto para los restantes acreedores que se van a ver sometidos a un procedimiento universal en el que la deudora presenta. La sentencia de 15 de febrero de 2007 expresamente señala que el criterio que fundamenta la respuesta jurídica -de nulidad- toma como pauta si se ha producido, o no, una disminución en el patrimonio del quebrado, dado que la aplicación del párrafo segundo del art. 878 CCom se conecta con los actos de dominio o administración realizados por el quebrado durante el período de retroacción en detrimento de la "pars conditio creditorum" o principio de igualdad entre los acreedor. No es cierto que en la demanda no se haga alusión a este dato porque el antecedente cuarto de la misma señala que con la operación cuya nulidad se pretende sea declarada, quebrantó el derecho de los acreedores a un trato igualitario y en ningún momento se ha acreditado la inocuidad de esa relevante operación de dación en pago con extinción de uno de los créditos de la quebrada para el resto de los acreedores.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de enjuiciamiento civil, la desestimación del recurso supone la imposición a la apelante de las costas de la alzada.

Por lo expuesto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente


FALLO


 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad "PIEDRAS RICOSENDE, S.L.", la Procurador de los Tribunales D.ª SONIA OGANDO VAZQUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de O Barco de Valdeorras, en autos de demanda incidental n.º 135/08, Rollo de apelación n.º 664/09, en fecha 15 de septiembre de 2009, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con imposición de las costas de la alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución, podrán las partes legitimadas interponer, en su caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y/o el recurso de casación, en el plazo de cinco días ante esta Audiencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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