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Sentencia A.P. Sevilla 153/2010 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Empresas de telecomunicación: Desestimación en su integridad de la demanda promovida por la actora en reclamación del libre acceso al estadio para retransmitir determinados acontecimientos deportivos. Acreditaciones. Derecho de información: No vulneración.

 

Or10-2320

AUDIENCIA PROVINCIAL. Sección 8.ª SEVILLA

Prado de San Sebastián, s.n.

Proc. Origen: Juicio Ordinario número 45/09

Juzgado: de Primera Instancia número 3 de Sevilla

Rollo de Apelación: 2320/10-B

SENTENCIA N.º

Ilustrísimo Señor Presidente:

D. VÍCTOR NIETO MATAS

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JOSÉ MARÍA FRAGOSO BRAVO

D. JOAQUÍN PABLO MAROTO MÁRQUEZ

En SEVILLA, a diecisiete de mayo de dos mil diez.

La Sección 8.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital constituida por los Ilustrísimos Señores que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos de carácter civil tramitados como Juicio Ordinario con el número 45/09 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación de SOGECABLE, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado referido el 16/11/09.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Sevilla se dictó sentencia de fecha 16/11/09, que contiene el siguiente FALLO:

"Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador/a Sr./a Martínez Ortiz de la Tabla en nombre y representación de SOGECABLE, S.A, contra SEVILLA FÚTBOL CLUB, S.A.D., y en consecuencia debo absolver y absuelvo a ésta última de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. Con imposición de costas a la parte actora."

Segundo.-Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso recurso de apelación contra ella, el cual se preparó e interpuso por escrito en tiempo y forma ante el Juzgado "a quo", dándose traslado del mismo a la otra parte que presentó escrito de oposición, ordenándose la remisión a este Tribunal de los autos, que una vez recibidos se registraron y designó ponente, señalándose deliberación, votación y fallo.

Tercero.-En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Cuarto.-Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JOAQUÍN PABLO MAROTO MÁRQUEZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Se aceptan los de la sentencia recurrida, y

Primero.-La sentencia recurrida desestima en su integridad la demanda promovida por la actora en reclamación del libre acceso al estadio de la demandada para retransmitir determinados acontecimientos deportivos y de una indemnización por los daños y perjuicios causados que se cifran en 60.000 euros. La Juzgadora "a quo" argumenta que no se ha acreditado que la conducta de la demandada impidiera o dificultara la realización del derecho informativo sino que se remite al mecanismo contractual establecido para dar acreditaciones, mecanismo que ha sido ignorado por la actora a la que se imponen las costas del proceso.

Segundo.-Recurre en apelación la parte demandante. En el escrito de interposición del recurso nos expone cuáles son las razones de discrepar de la sentencia absolutoria. La sentencia apelada confunde y cita una sentencia del Tribunal Supremo que dice exactamente lo contrario de lo que se le hace decir ya que permitir el libre acceso de los medios de comunicación social a los recintos deportivos es dar efectividad al derecho a la información que no puede quedar restringido por el derecho a la libre empresa. Por otro lado el mecanismo que impone el club supone una restricción al derecho constitucional pues se obliga al actor a pedir un permiso a un tercero (con el que la recurrente mantiene un litigio) conforme a un contrato en el que no es parte. La demandada es la titular de las instalaciones deportivas. En todo caso ese mecanismo vulnera el artículo 2.1 de la Ley 21/97 y no constituye una práctica habitual en el sector. Tampoco es cierto que la demandada de haber permitido el acceso tuviera que pagar a esa empresa tercera porque el contrato que les liga excluye los supuestos permitidos sobre derecho de información.

La apelada ha impugnado el recurso.

Tercero.-Es de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Octubre de 2008 (con cita de la de 7 de noviembre de 2001) que "antes de entrar en la cuestión litigiosa" estimaba preciso hacer una serie de aclaraciones sobre el derecho a la información, que transcribimos por su claridad e importancia en este considerando. Este derecho fundamental es "... diverso del que consiste en expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, en aras del interés colectivo en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva y que el objeto de ese derecho es el conjunto de hechos que puedan considerarse como noticiables o noticiosos, y de él es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho, del que asimismo es sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo, puesto que a él concierne la búsqueda de la información y su posterior transmisión...". Recordaba el Tribunal Supremo que en sentencia 107/88 había dejado sentado que "el valor preponderante de las libertades públicas del artículo 20 de la Constitución, en cuanto se asienta en la función que éstas tienen de garantía de una opinión pública libre indispensable para la efectiva realización del pluralismo, solo puede ser protegido cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública". Se añadía que el Constitucional decidió que "los derechos del informador comprenden la libertad de buscar la información, la de configurarla y la de difundirla, siendo lícito que tenga acceso a las fuentes de la noticia, y, como el proceso de elaboración de ésta es libre, el informador puede tomar una posición valorativa de los hechos". "Perfilada queda, por tanto, la libertad de información como un derecho bicéfalo pues, por un lado, se reconoce el derecho a comunicar información veraz y acceder a sus fuentes y, por otro, se garantiza el derecho a obtener dicha información de manera libre".

"Ahora bien: como es conocido, todos los derechos fundamentales encuentran su límite en los demás derechos legal y constitucionalmente reconocidos así como en las disposiciones legales que los desarrollan, sin que pueda entenderse, en ningún caso, que la titularidad de un derecho fundamental sea ilimitada, pues la misma ha de ser contextualizada (sic) en el entorno social en que se ejercita. En el caso del derecho a informar ha de establecerse cuál es su contenido mínimo, que goza de protección frente a la injerencia de terceros, tutelada por los poderes públicos... Así, la cuestión se presenta de forma metafórica como una balanza en la que, de un lado, se sitúa el derecho de los medios de comunicación a acceder de forma directa a las fuentes de la información y, del otro, el derecho del club demandado...".

Cuarto.-Si bien el supuesto de hecho enjuiciado no es idéntico al que fuera planteado en el Tribunal Supremo, debe ser resuelto conforme a la misma técnica, la del "balancing", sopesando los derechos en liza. En línea de principio hay que afirmar la preeminencia del derecho fundamental a la información sobre la libertad de empresa, que es de rango menor. Pero esta regla de juicio no puede vedar al Tribunal la tarea de escudriñar todas las circunstancias del caso. Cuando de colisión de derechos garantizados en la constitución se trata, toda la casuística que rodea al hecho enjuiciado debe valorarse, so pena de incurrir en apriorismos basados en la rutina y en prejuicios más o menos asentados socialmente. Aquí si "prima facie" parecen de mejor derecho los intereses sostenidos por la actora, no lo son cuando se demuestra en el proceso que ese derecho a la información se esgrime de manera desproporcionada y no ajustada a los límites normales de su ejercicio. Por de pronto el recurrente no refuta un hecho trascendental y es que la parte contraria no prohibió el acceso al estadio sino que supeditó la autorización al cumplimiento de un "iter" que todas las cadenas seguían y que la actora no quiso aceptar. Se dice que consentir la imposición del club supondría una suerte de aceptación de las reglas de esa empresa ajena al proceso, competidora de la actora. Quiere decirse que el hecho de pedir autorización a esa otra entidad equivaldría a reconocerle unos derechos que son litigiosos pues penden de una decisión judicial en otro Juzgado. La recurrente entenderá que se califique de lábil su argumento. Hay procedimientos varios para ilustrar sobre el sentido de su declaración, y evitar que esa petición de autorización pudiera calificarse como acto propio vinculante. La doctrina sobre el "acto propio" es de mayor fuste. Basta leer los pasajes de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2008 para concluir que la recurrente no puede escudarse en dicha teoría pues la petición de autorización a la empresa a la que se refiere el apelado no crearía expectativa alguna, ni causaría estado, ni definiría para siempre los derechos. Bastaría con salvar de algún modo el sentido de la petición, acreditando la prevención de algún modo para la debida constancia. No constituye abuso o desconocimiento del derecho fundamental, el hecho de que el propietario del estadio indique al medio de comunicación a quién tiene que solicitar la autorización para acceder al mismo, tal como antes venía siendo usual y tal como acontece para otras empresas de otros medios. Podrá decirse que esta conducta de la demandada es desmesurada o caprichosa. No lo es, desde el momento en que se contempla que conforme a lo pactado estaba obligada a ello debido al contrato suscrito con la empresa autorizante. Obligación, que de ser incumplida, le podría haber acarreado perjuicios que bien podrían serle reclamados por ignorar ese protocolo. Es por ello que deba entenderse la postura de la demandada "civiliter", al contrario que la demostrada por la apelante que pudo, para garantizar los derechos de sus espectadores, auténticos titulares materiales de la información seguir las indicaciones del titular del estadio. Hizo bien la Juzgadora "a quo" desestimando la pretensión de la actora.

Quinto.-Las costas de esta alzada se imponen al apelante por su vencimiento. Artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su virtud,


FALLAMOS


 
Se desestima el recurso interpuesto por la representación de SOGECABLE, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Sevilla con fecha 16/11/09 en el Juicio Ordinario n.º 45/09, y se confirma íntegramente la misma con imposición de las costas de esta Alzada a la parte apelante.-

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su ejecución. Dése a los depósitos constituidos el destino legal.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos, y firmamos.

Publicación.-La anterior Sentencia ha sido publicada por el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.-


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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