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Sentencia T.S.J. Canarias 648/2010 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Recurso de suplicación: Formulación defectuosa de los motivos de interposición. Falta de razonamiento y fundamentación de la normas alegadas como infringidas por la sentencia impugnada.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Consejería De Agricultura Ganadería Pesca Y Alimentación contra auto de fecha 15 de junio de 2009 y el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Personal 7 ETT, S.A contra el auto de fecha 16 de junio de 2009, dictados en los autos de juicio n.º 81/2004 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por D./Dña. Jose Francisco, contra Consejería De Agricultura Ganadería Pesca Y Alimentación y PERSONAL 7, Unelco y Endesa, S.A.

El Ponente, el Iltmo./a Sr./a. D./Dña. Ángel Martín Suárez, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por autos, cuya relación de hechos probados es la siguiente

Primero.-Por la parte ejecutada COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS se interpone recurso de reposición contra providencia de fecha 17 de marzo de 2009.

Segundo.-Por la parte ejecutada Personal 7 ETT se interpone recurso de reposición contra providencia de fecha 13 de abril de 2009.

Segundo.-La parte dispositiva de los autos de instancia dicen: Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de fecha 17 de marzo de 2009, la cual se confirma en todos sus extremos.

Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de fecha 13 de abril de 2009, la cual se confirma en todos sus extremos, debiendo hacerse entrega a la demandante de la suma de 20.598Z29 euros consignados por la ETT.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-En fecha 15.06.2009 se dicta, por el Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Auto acordando desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma frente a Providencia de fecha 17.03.09 en la que se le requería de pago por importe de 40.416,29 euros al actor, D. Jose Francisco.

Segundo.-Asimismo, con fecha 16.06.2009, dicho Juzgado de lo Social dicta Auto acordando desestimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa, Personal 7 ETT, S.A., frente a la Providencia de fecha 13.09.2009 en la que se acordaba la entrega al actor de la cantidad de 20.598, 29 euros.

Tercero.-Frente a los citados Autos de fechas 15 y 16 de junio de 2009 se alzan las direcciones legales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y Personal 7 ETT, S.A., respectivamente, mediante sendos recurso de suplicación articulados en base a motivos de censura jurídica y en los términos consignados en sus respectivos escritos.

Por la dirección legal de la Comunidad Autónoma de Canarias se impugna el recurso interpuesto por la empresa demandada.

Igualmente, por la dirección legal del actor, Sr. Jose Francisco, se impugnan ambos recursos de suplicación.

Cuarto.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente, Comunidad Autónoma de Canarias, denuncia la infracción del art. 56.1.b) TRLET, en relación con el art. 110 TRLPL; así como de la jurisprudencia con cita de sentencias del Tribunal Supremo.

El motivo no prospera.

Sentado lo que antecede, y del inalterado relato fáctico que aquí nos interesa y tal como acertadamente expone y razona la Magistrada " a quo ";, la Sala concluye que al período computado a los efectos de los salarios de tramitación por el demandante, Sr. Jose Francisco, ya se han practicado las deducciones legales pertinentes, incluso las procedentes de prestaciones económicas por desempleo y, en consecuencia, solo resta por desestimar este motivo de censura jurídica y, por su efecto, el recurso de suplicación del que trae causa y confirmamos el Auto de fecha 15 de junio de 2009.

Quinto.-Por el cauce procesal de la letra c) del art. 191 TRLPL, la recurrente, Personal 7 ETT, S.A., denuncia la infracción de los artículos 235 y ss TRLPL; 14 y 24 CE78; y artículo 4 TRLET, en relación con el art. 44 del mismo cuerpo legal.

El motivo no prospera.

Sentado lo que antecede se ha de señalar que el art. 194.2 TRLPL exige que el escrito de formalización del recurso de suplicación exprese las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas, razonado la pertinencia y fundamentación de los motivos de manera que un escrito de interposición que deje de cumplir con estas mínimas exigencias incurre en vicio de forma. Por ello, la fundamentación del motivo no puede reducirse a un comentario desfavorable de la sentencia recurrida, porque por muy benévolo que quiera ser el criterio rector del Tribunal, no puede llegar al extremo de inquirir de oficio las omisiones o violaciones de la sentencia no denunciadas en el recurso; un mínimo de formalidades es exigible, porque lo contrario obligaría a la Sala a formalizar el recurso, actividad procesal que la ley asigna, naturalmente, a la parte, no debiendo el Tribunal componerlo y fabricarlo ex officio puesto que de otra forma se infringiría el principio de igualdad procesal de las partes al realizar la Sala lo que es exclusiva función de una de ellas con posible indefensión de la otra.

La consecuencia de una defectuosa formulación de los motivos de impugnación puede ser el rechazo del recurso, pero siempre hemos de tener como límite la evitación de formalismos enervantes, de modo que los requisitos exigidos para su admisión no deben interpretarse de una forma tan rígida que impidan de hecho entrar en el fondo del asunto discutido (Faustino Cavas, "El recurso de suplicación"). Este rechazo de los formalismos sin fundamento hace posible la subsanación de defectos, pero no de todos pues existen unas exigencias formales mínimas a observar, las cuales cumplen la importante función de permitir a la otra parte y al Tribunal conocer cuales son exactamente las causas y alcance de la revisión postulada, para que la contraparte pueda contrarrestarlas a través del escrito de impugnación del recurso y el tribunal resolverlas (Gonzalo Moliner, "El recurso de suplicación").

Hechas estas consideraciones, hemos de decir que el presente recurso de suplicación incumple los requisitos formales mínimos a observar para este tipo de actos procesales, por lo cual no puede ser considerado como tal y ha de ser desestimado de plano por manifiesta defectuosa formalización. Ni tan siquiera mediante una aplicación extremadamente amplia y extensiva de la doctrina sobre los requisitos procesales y la prevalencia del principio "pro actione", en evitación de que un exceso de rigor formalista impida el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (sentencias del Tribunal Constitucional 69/1984, de 11 de junio, 103/1986, de 16 de julio, y 164/1986, de 17 de diciembre), procede entrar a conocer del contenido del motivo).

Por lo tanto, aplicando ello al supuesto aquí enjuiciado la Sala concluye que el escrito de recurso que ahora nos ocupa se centra en un alegato general y desvinculado de los propios preceptos legales que denuncia infringidos y sin que, además, se concrete con claridad y precisión el engarce de los mismos con los hechos objeto del proceso de ejecución del correspondiente título del que trae causa.

En consecuencia el recurso se desestima y confirmamos el Auto de fecha 16 de junio de 2009.

Sexto.-A tenor de lo dispuesto en el art. 233 TRLPL, se harán los pertinentes pronunciamientos en orden a las costas causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Desestimamos los recursos de suplicación interpuestos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la empresa, PERSONAL 7 ETT, S.A., frente a los Autos de fechas 15 y 16 de junio de 2009, respectivamente, dictados por el Juzgado de lo Social N.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria en los autos n.º 81/2004 (ejecución n.º 292/2008) y, en consecuencia, confirmamos dichas resoluciones judiciales.

Se condena en costas a las partes recurrentes, así la Comunidad Autónoma abonará a la letrada del actor 150 euros y la empresa Personal 7, ETT, S.A, abonará 150 euros a cada uno de los letrados impugnantes, esto es, al letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la letrada del actor.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de esta Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 0308/10 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 24100000660308/10, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvase las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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