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Sentencia T.S.J. Canarias 671/2010 de 21 de mayo


 RESUMEN:

Centro de enseñanza privada concertada: Garantías salariales. Profesor contratado para prestar sus funciones en Bachillerato y C.O.U., y que en aplicación de la LOGSE pasa a desempeñar su función en ciclos de la E.S.O. Garantía salarial. Responsabilidad de la Administración conforme a los límites presupuestarios.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS formada por los Iltmos. Sres Dña. M.ª Jesús García Hernández Presidente, D. Ignacio Duce Sánchez De Moya y D. Carmelo Batista Machín (Ponente) Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por D. Olegario contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2007 dictada en los autos de juicio n.º 0000272/2003 en proceso sobre CANTIDAD, y entablado por D. Olegario, contra Centro Homologado Santa Catalina y Consejería De Educación Cultura Y Deportes.

El Ponente, el Iltmo. Sr. D. Carmelo Batista Machín, quien expresa el criterio de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

Primero.-La parte actora, D. Olegario, ha venido prestando servicios en el centro educativo demandado con categoría profesional de profesor y salario mensual según Convenio.

Segundo.-En un inicio el centro impartía únicamente clases de bachillerato, motivo por el que la demandante impartía únicamente clases a dicho nivel.

Tercero.-No obstante, a raíz de la implantación de la LOGSE, de forma gradual, el centro imparte clases de bachillerato, ESO II Y ESO 1, por lo que la parte actora, en atención a su titulación de licenciado, ha impartido clases en el primer ciclo de la ESO, en el segundo ciclo y en bachiller.

Cuarto.-Las horas semanales impartidas por la actora en el nivel primer ciclo de la ESO durante el curso 2002 han sido 6 horas semanales.

Quinto.-A la actora se le han retribuido sus servicios en función de las horas realizadas en cada nivel, de forma que, por las horas de clase en el nivel ESO 1 ha percibido la parte proporcional del salario de un profesor de dicho nivel e igual ha sucedido en los restantes niveles.

Sexto.-La actora, sin embargo, reclama se le abonen sus retribuciones conforme a la tabla salarial prevista para los profesores de BUP, COU, Bachillerato y segundo ciclo de la ESO, demandando el abono, en tal concepto, de 715Z88 euros, por la anualidad de 2002, incluyendo las pagas extraordinarias. Las partes se manifiestan conformes con esta cantidad para el supuesto de que fuera estimada la demanda en cuanto al fondo.

Séptimo.-Se ha agotado la vía previa.

Octavo.-La cuestión planteada afecta a una generalidad de trabajadores.

Noveno.-Idéntica pretensión le ha sido desestimada a la actora, mediante sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n° 2, de fecha 9/5/2007, para el curso 2003. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que desestimo la demanda interpuesta por D. Olegario contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Centro Santa Catalina y en su virtud las absuelvo de los pedimentos deducidos en su contra.

Se tiene a la parte actora por desistida del FOGASA.

Tercero.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por el actor, que fue impugnado de contrario.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia de instancia desestimó la demanda de la actora contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Centro Privado Concertado Santa Catalina, sobre cantidad. Contra la referida sentencia se alza la actora formulando recurso que articula en dos motivos, para denunciar la infracción de normas sustantivas. El recurso fue impugnado por los letrados de las demandadas.

Segundo.-En los dos motivos del recurso, y por el cauce procesal de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 1282; 1258; 3.1; 1285 y 1091 del Código Civil; 54 y 63 del Convenio Colectivo; y 41.1. a) del Estatuto de los Trabajadores.

Los motivos han de estimarse por cuanto que esta Sala se ha pronunciado con anterioridad en supuestos idénticos al que ahora nos ocupa, entre otras, en nuestras sentencias de 20 de julio (recursos de suplicación núm. 1088/2007 y 1090/2007) y 27 de julio de 2009 (recurso de suplicación núm. 1153/2007), en las que, con remisión a la de fecha 10 de marzo de 2009 (recurso de suplicación núm. 445/2007), decíamos:

"SEGUNDO.- La implantación de un nuevo sistema educativo por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 1/1990, 3 octubre (LOGSE), determinó que, desde el I Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos -Resolución 13 abril 1994 - el "Personal docente" (Grupo I) se clasificara atendiendo al nivel educativo y así, en lo que al caso interesa, aparece diferenciado el de "1.3 Educación Secundaria Obligatoria" del de "1.4 Bachillerato, BUP y COU" (artículo 10 IV Convenio). Y, pese a que "profesor o profesor titular" en ambos niveles " es el que, reuniendo las condiciones y títulos académicos exigidos por la normativa vigente, ejercen su actividad educativa... para el adecuado desarrollo del currículo, dentro del marco organizativo, pedagógico y didáctico establecido por la empresa educativa, con respeto a su carácter propio y de acuerdo con la legislación vigente" (Anexo I), las retribuciones del profesor-profesor titular en nivel 1.º ciclo ESO son sensiblemente distintas a las correspondientes en Nivel Bachillerato, BUP, COU (Anexo II).

Acontece en el supuesto que nos ocupa que tras formalizar la Consejería de Educación sendos conciertos educativos con el centro Santa Catalina para el periodo 2001/2002 a 2204/2005, que autorizaban, además de 6 unidades de Bachillerato-COU, 2 unidades de 1.º ciclo ESO y 2 unidades de 2.º ciclo ESO, el centro para atender a su compromiso reorganizó los recursos humanos disponibles y a D.ª María Rosa, le asignó horas lectivas correspondientes a nivel 1.º ciclo ESO además de horas en bachillerato, siendo retribuida desde entonces en proporción al número de horas trabajadas en cada categoría, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 63 del Convenio, conforme al cual "Las retribuciones de los trabajadores que realicen su trabajo en distintas categorías se fijarán en proporción al número de horas semanales trabajadas en cada categoría. En el caso del personal docente las retribuciones se fijarán en proporción al número de horas lectivas semanales trabajadas en cada nivel o categoría..."

Como ya se expuso, esta Sala con ocasión del Rec. 398/2003, en un supuesto idéntico, dijo que la claridad del precepto obligaba a estar a su literalidad y que, ajustándose a ella las retribuciones del trabajador, no tenía derecho a las diferencias que reclamaba.

La Sala ha de considerar su postura. El último inciso del artículo 63, al que es extintiva su claridad, sin lugar a dudas, prescribe "En cualquier caso se respetarán las condiciones económicas del contrato laboral del trabajador". Se trata de una cláusula "ad personam", que se remonta al I convenio, y cuyo propósito no es otro que salvaguardar el nivel económico del personal afectado por las reestructuraciones impuestas por implantación del nuevo sistema educativo LOGSE.

La actora fue contratada para prestar sus servicios como profesora titular en BUP y COU y, consecuentemente, hasta el 2001 venía siendo retribuido como personal docente (Grupo I) de bachillerato, BUP y COU (.4) en régimen de concierto.

La minoración de sus retribuciones a raíz de la asignación de horas lectivas como profesor de (1.3) Educación Secundaria Obligatoria (1.3.A.) de Primer Ciclo ESO, resulta inadmisible atendido el respeto a las condiciones económicas del contrato laboral que garantiza el inciso final del artículo 63, procediendo la estimación de su recurso.

Tercero.-En su redacción original el artículo 39 ET presentaba el tenor: "la movilidad funcional en el seno de la empresa, que se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales del trabajador...." Tras la Ley 11/1994, 19 mayo lo que establece es que el trabajador tiene derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos en que se encomienden funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen.

El respeto a los derechos económicos ha desaparecido en la nueva regulación. El trabajador ha de asumir la posible diferencia retributiva en su contra como consecuencia de la movilidad funcional.

D.ª María Rosa no realiza a partir del 2001 funciones de categoría inferior sino las que a su categoría corresponden, las propias de profesora. No obstante la movilidad funcional determinaría, de no haber previsto el Convenio de garantía "ad personam" expuesta, una merma retributiva con amparo legal (artículo 39.3 ET).

En suma el fundamento del derecho de la actora a mantener el nivel retributivo correspondiente a un profesor de bachillerato, BUP y COU se encuentra no en la norma legal sino en la norma convencional.

De conformidad con la doctrina contenida en STS 9 mayo 2003 (Rj. 2003, 5768) la obligación de abono de los salarios del personal docente de los centros concertados por la Administración como pago delegado no es absoluto sino que está limitado por la cuantía de la que están dotados los módulos, a cuyo pago se compromete la Administración y aceptan los centros privados que deciden acogerse al régimen de conciertos (art. 49.1 LODE y 133.4 CE). Las posibles alteraciones salariales que se pueden producir mediante pactos colectivos entre empresas y trabajadores -como sucede con la garantía "ad personam", fundamento del derecho de la actora- sólo podrán ser asumidos por la Administración en tanto no superen el citado límite legal.

En el concreto supuesto de autos la Administración no acredita esa superación legal, debiendo hacer frente, en consecuencia, al abono de las diferencias reclamadas.

Así pues, proyectado todo lo que antecede al supuesto aquí enjuiciado la Sala concluye con la estimación del presente recurso de suplicación y, en consecuencia, con revocación de la sentencia combatida, estimamos la demanda interpuesta por la demandante, D.ª Elena, y con los pronunciamientos que a continuación se exponen.

Tercero.-No existiendo controversia sobre la cuantía diferencial correspondiente al año 2003 y que asciende a 462 euros, es por lo que procede la condena por su importe para la referida anualidad.

Asimismo, desconociéndose el importe diferencial de los años sucesivos habrá de determinarse en ejecución de sentencia, siendo bastante a tal fin la condena de futuro que se postuló y que debe ser acogida."

Por ello, estimamos el presente recurso de suplicación y, con revocación de la sentencia de instancia, estimamos la demanda interpuesta por el actor, D. Olegario, y con los pronunciamientos que se detallan a continuación.

Tercero.-No existiendo controversia sobre la cuantía diferencial correspondiente al año 2002 y que asciende a 715Z88 euros, es por lo que procede la condena por su importe para la referida anualidad.

Asimismo, desconociéndose el importe diferencial de los años sucesivos habrá de determinarse en ejecución de sentencia, siendo bastante a tal fin la condena de futuro que se postuló en la demanda y que debe ser acogida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Olegario contra la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos del juicio n.º 272/2003, que revocamos, y con íntegra estimación de la demanda declaramos el derecho del actor a que en su retribución se respeten las condiciones económicas de su contrato y condenamos a los codemandados a estar y pasar por esta declaración y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias al abono de las diferencias resultantes de haber aplicado la proporcionalidad retributiva atendiendo a las horas trabajadas en cada nivel, que para el año 2002 se concretan en 715Z88 euros y para los sucesivos habrá de fijarse en ejecución de sentencia.

Notifíquese este Sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal de este Tribunal Superior de Justicia.

ADVERTENCIAS LEGALES.-

Contra esta Sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número 3537/000066 0445/08 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en el Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito BANESTO c/c 2410000066 0445/08, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quiénes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón a su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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