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Sentencia A.P. Cáceres 207/2010 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Acción declarativa de dominio: Requisitos. Identificación de la finca. Jurisprudencia. Necesidad de prueba del dominio. Servidumbre de luces y vistas:  Todo pacto limitativo del derecho de propiedad requiere prueba de su existencia. Acuerdo de voluntades de los anteriores propietarios.

CACERES

SENTENCIA: 00207/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES

Sección 001. Civil.

Domicilio: AVD. DE LA HISPANIDAD S/N

Telf: 927620308/927620309

Fax: 927620315

Modelo: SEN00

N.I.G.: 10067 41 1 2009 0101036

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000208 /2010

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de CORIA

Procedimiento de origen: JUICIO VERBAL 0000546 /2009

RECURRENTE: Celsa, Jose Carlos

Procurador/a:

Letrado/a: JOSE LUIS PASCUAL SUAREZ

RECURRIDO/A: Milagrosa, Eva María

Procurador/a: MARIA DE LOS ANGELES BUESO SANCHEZ

Letrado/a: ROSA MARIA SANCHEZ GALA

SENTENCIA NÚM. 207/10

En la Ciudad de Cáceres a diecisiete de Mayo de dos mil diez.

La Ilma. Sra. DOÑA MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 82.2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reformada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, ha visto el Rollo de Apelación núm. 208/10, dimanante de los autos de Juicio Verbal núm. 546/09 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Coria, siendo parte apelante, los demandados, DOÑA Celsa y DON Jose Carlos, representados en la instancia por el Procurador de los Tribunales Sra. Fabián Pizarro y no comparecidos en la alzada, viniendo defendidos por el Letrado Sr. Pascual Pérez, y, como parte apelada, los demandantes, DOÑA Milagrosa y DOÑA Eva María, representadas en la instancia por el Procurador de los Tribunales Sra. Mata Hidalgo y en la alzada por el Procurador de los Tribunales Sra. Bueso Sánchez, viniendo defendida por el Letrado Sra. Sánchez Gala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Coria, en los Autos núm. 546/09, con fecha 8 de Febrero de 2010, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Elvira Mata Hidalgo, en nombre y representación de DOÑA Milagrosa Y DOÑA Eva María,

A.- Declaro que las actoras, Doña Milagrosa y Doña Eva María son legítimas propietarias del terreno de un metro de ancho al que se hace referencia en el escrito de demanda, condenado a la parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

B.- Declaro que existe constituida una servidumbre de luces y vistas en lo que atañe a las ventanas a favor de las fincas propiedad de D.ª Eva María y D.ª Milagrosa, descritas en el hecho priemro de la demanda, siendo el predio sirviente el solar propiedad de los demandados, pudiendo tener vistas directas sobre la finca propiedad de éstos a menos de la distancia legal, es decir, a un metro, conforme a lo convenido en su día.

No se condena en costas a ninguna de las partes. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes por mitad."

Segundo.-Frente a la anterior resolución y por la representación procesal de los demandados, se solicitó la preparación de recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tercero.-Admitida que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los arts. 457.3 de la L.E.C. por veinte días para la interposición del recurso de apelación, conforme a las normas del art. 458 y ss. de la citada ley procesal.

Cuarto.-Formalizado en tiempo y forma el recurso de apelación por la parte demandada, se tuvo por interpuesto y, de conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

Quinto.-Presentado escrito de oposición al recurso por la representación procesal de los demandantes, se remitieron los autos originales a esta Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, previo emplazamiento de las partes por término de 30 días.

Sexto.-Recibidos los autos en esta Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, se procedió a incoar el correspondiente Rollo de Sala; y, no habiéndose propuesto prueba, y no considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, quedaron los autos para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C..

Séptimo.-- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-Se ejercitaba en la demanda una acción reivindicatoria y subsidiaria declarativa de dominio, y una acción confesoria de servidumbre de luces y vistas, siendo desestimada la primera en la sentencia de instancia por considerar el juez a quo que no estaba acreditado que los demandados poseyeran la superficie reclamada, y estimadas las dos acciones restantes. Se interpone recurso de apelación alegando error en la sentencia al entender que los demandados reconocen que las actoras son propietarias del inmueble colindante al de su propiedad, y error en la valoración de la prueba practicada, ya que las actoras no acreditan la titularidad sobre la edificación colindante con la de los demandados, y la superficie de un metro que se reclama pertenece al inmueble de los demandados y viene siendo poseída por éstos.

Segundo.-Centrada la cuestión litigiosa, a la vista de que por la parte actora no se ha impugnado la sentencia a fin de que fuera estimada la acción reivindicatoria que había ejercitado en la demanda, nada debe resolverse en esta alzada acerca de la posesión de la superficie de terreno cuya propiedad se discute en este procedimiento, debiendo analizarse como requisitos necesarios para que prospere la acción declarativa, esto es, la existencia de título de dominio y la identidad de la cosa.

La acción declarativa del dominio, conforme al artículo 348 del Código Civil, se otorga a todo propietario que pretende la obtención de una declaración de que es titular del derecho de dominio de una cosa acallando a la parte que la discute o se la arroga. Requiere en primer término la prueba del dominio de la finca cuya propiedad se pide sea reconocida, al igual que la acción reivindicatoria, de la que se diferencia porque la primera solo tiene como finalidad la constatación de la propiedad, en tanto que la segunda persigue el rescate de la tenencia de la cosa de quien posee ilegítimamente (SSTS 14-3-1989 y 14-10-1992); y en segundo lugar, la identificación de la misma centrándonos en el requisito de la reclamación éste exige que no se susciten dudas racionales sobre cuál sea la cosa objeto de la reivindicación (SS. 6-10-1982, 31-10-1983, 3-7-1987, 30-11-1988, 3-11-1989 y 4-11-1993).

El requisito de identificación de la finca implica que debe fijarse con precisión la situación, cabida y linderos de la finca, demostrando que el predio reclamado es al que se refieren los títulos. La identificación no consiste sólo en describir la cosa fijando con precisión y exactitud la cabida y linderos, sino que además ha de ser demostrado sin lugar a dudas que el predio topográficamente es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba (SS. 8-4-1976, 31-10-1983 y 23-2-1984) exigiendo la identificación un juicio comparativo entre la finca real y la tabular (SS. 15-2-1990, 25-11-1991 y 26-11-1992). El Tribunal Supremo ha establecido que la identificación no se logra con la descripción registral sino que requiere que la finca se determine sobre el terreno por sus cuatro puntos cardinales, debiendo éstos concretarse con toda precisión, y siendo este requisito identificativo esencial para que pueda prosperar cualquiera de las acciones que se deriven del art. 348 Código Civil (SS. 1-12-1993 y 8-4-1994). Así la STS de 12-4-1980 señala: "para identificar la cosa no es bastante que se describa en el título presentado con la demanda de reivindicación (o declarativa), sino que se requiere que la finca se determine por los cuatro puntos cardinales, claro que éstos deben venir determinados exactamente y con toda precisión, y al no estarlo, por requerir un previo deslinde al efecto, falta el cumplimiento del requisito de la identificación esencial para la viabilidad de toda la reivindicación derivada del art. 348 Código Civil ", y, como declaró la STS de 9-11-1949, "la medida superficial es un dato secundario de identificación, para la cual, conocida su situación y naturaleza, bastan los linderos".

La superficie de terreno que se reclama, de un metro de ancho, se encuentra situada entre las fincas de las demandantes y la de los demandados. Resulta acreditado por los datos catastrales aportados con la demanda y la contestación, que la finca sobre la que está construido el inmueble en el que se encuentran las viviendas de las demandantes, tiene una superficie de 124 metros cuadrados, de la que está construida una superficie de 116 metros cuadrados, y la finca colindante que pertenece a los demandados tiene una superficie de 398 metros cuadrados. Teniendo en cuenta los datos catastrales de los que resulta la superficie de ambas fincas, y que la discutida se encuentra en el lindero común, debemos concluir que se cumple el requisito de identificación de la superficie litigiosa, que por otro lado, no ha sido discutida en ningún momento en el procedimiento por las partes del mismo.

Tercero.-Incumbe a quien ejercita la acción declarativa probar el dominio del bien al que se refiere. En relación a dicho requisito, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 diciembre 1988 establece que "La constancia en los libros catastrales no tiene eficacia en el orden civil para acreditar el dominio sobre las parcelas de que se trate, pues no pasa de constituir un simple indicio", y como tal indicio debe valorarse en relación con el resto de las pruebas, y por ello puede servir de fundamento, junto con todo lo demás para llegar a la conclusión que se llega en la sentencia. Esto es, para acreditar el dominio deberá valorarse conjuntamente la prueba practicada, sin que se exija que la misma consista en documentos públicos (STS 10 abril 1979, 5 diciembre 1977), así, "...no es imprescindible que dicho título consista en un instrumento público o documento privado, puesto que el derecho del actor puede justificarse con cualquiera de los medios probatorios admitidos por nuestra legislación e incluso a través de la posesión continuada durante el plazo y con las condiciones establecidas en los artículos 1941, 1959 y 1963 del mencionado Código Civil, para la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio y derechos reales sobre esta clase de bienes (SS. 3 febrero y 24 junio 1966 y 5 octubre 1967), es decir, en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante más de 30 años, sin necesidad de título ni de buena fe (STS 29 abril 1971)". No es necesario por tanto, que el dominio se acredite a través de documento público, como pretenden los apelantes, sino que basta cualquier medio de prueba que acredite el título de propiedad del actor.

En el caso de autos, resulta acreditado por la certificación registral aportada como documento número 6 de la demanda, que las demandantes adquirieron la finca sobre la que se encuentran construidas las viviendas de su propiedad, por donación de su madre Doña Cristina, realizada en escritura pública de fecha el 23 de agosto de 1974, otorgada ante el Notario de Hoyos Don José Ramón Rego Lodos. Dicha finca urbana figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Hoyos con el número NUM000, hoja registral en la que figura la adquisición por las demandantes.

Teniendo en cuenta los datos registrales y catastrales aportados, la parte actora encargó un informe pericial con el objeto de determinar entre otros extremos, si la superficie discutida se encuentra dentro de su propiedad o no. En dicho informe, el perito Don Jeronimo manifiesta que la edificación propiedad de las demandantes fue construida el siglo pasado, a comienzos de la década de los años treinta, y en la parte trasera de la planta baja, existe un acerado realizado mediante una solera de hormigón de 1,15 metros de ancho por 6,75 metros de largo. Destaca el perito la diferencia de materiales existente entre el terreno hormigonado, propiedad de Doña Milagrosa y Doña Eva María y el solar colindante en tierra y con vegetación abundante. Incluso aprecia una diferencia de nivel entre los dos solares, estando la solera de hormigón aproximadamente 50 o 60 centímetros más alta que el solar colindante. Considera el perito que el acerado de hormigón se ejecutó hace al menos treinta años, por el estado en que se encuentra y ha sido reparado. Además, destaca que dicho acerado protege de las malezas y zarzales a la fachada trasera de la edificación propiedad de las actoras. Frente a dicho informe pericial, ninguna prueba aportan los demandados a fin de acreditar que la superficie discutida se encuentra dentro de la finca de su propiedad, limitándose a aportar prueba documental consistente en escritura pública de compraventa, título de propiedad al que se adjunta certificación catastral de la finca de su propiedad, pero de la que no puede deducirse sin más la titularidad sobre la superficie discutida en este procedimiento. De estas pruebas y del resto de las aportadas, valoradas conjuntamente, se llega a la conclusión de que la superficie de un metro existente entre la vivienda de las demandantes y la finca de los demandados en el lindero común a ambas propiedades, pertenece a aquéllas, pues visto el estado en que se encuentra la parcela de los demandados no tiene sentido que permanezca toda ella con malezas y sin cuidar y únicamente ese espacio limítrofe fuera el que tuviera construida una acera pegada a la vivienda de las actoras. Lo lógico es pensar que éstas construyeron dicha acera para proteger su vivienda, con independencia del uso o no que hagan de la misma, habiendo transcurrido aproximadamente ochenta años desde su construcción, sin que se acredite que los demandados se hayan opuesto a la misma, ni hayan realizado acto alguno tendente a recuperar el terreno cuya propiedad se atribuyen ahora en este procedimiento. Por todo ello, debe considerarse acreditada igualmente la propiedad de las demandantes sobre la superficie litigiosa.

Cuarto.-La parte actora alega la existencia a favor de sus fincas, de una servidumbre de luces y vistas, constituida por acuerdo de los anteriores propietarios, en virtud del cual, la vivienda en la que se encuentran se retranqueó un metro respecto a la linde que la separa de la finca de los demandados, con la finalidad de poder abrir ventanas con vistas directas sobre la misma. Los demandados niegan la existencia de dicho acuerdo, pero debemos estar al informe pericial aportado por la parte actora para resolver la cuestión planteada, ya que en el mismo se afirma que el edificio en el que se encuentran las viviendas de las demandantes se construyó a mediados del siglo XX, con lo cual tiene una antigüedad de unos sesenta años, y en el mismo se abrieron unas ventanas respetando la forma y manera de construir en la época y lugar. Además, señala que los materiales empleados en las ventanas han dejado de utilizarse en la actualidad para dicho fin. Es decir, como señala la sentencia de instancia, los demandados conocen la existencia de las ventanas desde el momento en que se construyeron hace sesenta años, y no han hecho nada para impedir su existencia hasta el año 2008.

La jurisprudencia (Sentencias, entre otras muchas de 16 abril 1963, 2 octubre 1964, 21 diciembre 1970, 12 marzo 1975, 8 octubre 1988 y 1 octubre 1993) viene señalando que la servidumbre de luces y vistas, cuando los huecos abren en pared propia, además de su carácter de continua y aparente, goza de la naturaleza de negativa, es decir, su existencia priva al dueño del predio sirviente de hacer algo que le sería posible si no existiese tal gravamen, siendo susceptible de adquisición o constitución en virtud de título o por la prescripción de veinte años (art. 537 del Código Civil).

Es decir, en el caso de autos sería necesaria la existencia de título de constitución o que se hubiera adquirido tal derecho por prescripción de veinte años, y a falta de título escrito, habrá de estarse a los signos aparentes, actos de destino o cualquier otro indicio posible que acredite que la servidumbre se constituyó. De las fotografías aportadas a los autos y del informe pericial se desprende que la vivienda de las actoras se construyó a mediados del siglo XX y las ventanas existentes en la fachada trasera son de la misma época, ya que se utilizan materiales propios de ese momento y que en la actualidad no se emplean para realizar dichos cerramientos. Así lo informa el perito y se puede apreciar en las fotografías. Además, existe como se ha dicho, un espacio arreglado y cuidado, de un metro de ancho que separa la vivienda de las actoras de la finca de la parte demandada y que pertenece a la finca o parcela sobre la que se construyó aquélla, como se ha señalado en los fundamentos anteriores. Este espacio no se utiliza y no tendría razón de ser, si no fuera por la existencia de un acuerdo entre las partes para permitir la apertura de las ventanas. Este es el fundamento de la acción ejercitada en la demanda, el título de la servidumbre de luces y vistas a favor del predio de las demandantes es el acuerdo que alcanzaron los anteriores propietarios de las fincas litigiosas, y este acuerdo se deduce de los datos de hecho que se aportan al procedimiento y que se han expuesto.

Este pacto o acuerdo de voluntades, es la esencia del título a que se refiere el art. 537 del Código Civil, pues todo pacto limitativo del derecho de propiedad "requiere una prueba expresa de su existencia" (Sentencia de 8 octubre 1988), pues tratándose de creación "inter vivos" de carga real, por más que no sea necesaria la escritura pública como elemento "ad solemnitatem" (Sentencia de 12 junio 1981), es preciso que conste de manera clara la voluntad de los otorgantes, ya que en caso de duda debe operar la libertad del fundo, no teniendo la expresión "título" que emplea el Código sustantivo otra interpretación que la estrictamente jurídica -como acto constitutivo- y no la que supone instrumentar dicho pacto.

Quinto.-Desestimándose el recurso de apelación, las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que me confiere la Constitución Española, pronuncio el siguiente:


FALLO


 
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DOÑA Celsa y DON Jose Carlos contra la sentencia número 10/2010, de fecha ocho de febrero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Coria, en autos número 546/09 de los que este rollo dimana, debo CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución, imponiendo el pago de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con expresión de la obligación de constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta añadida por la Ley Orgánica 1/2009, en los casos y en la cuantía que la misma establece.

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.-Dada, leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la autoriza, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia, como Secretaria. Certifico.


Diligencia.-Seguidamente se deduce testimonio de la anterior sentencia para el rollo de Sala. Certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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