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Sentencia T.S. 354/1990, (Sala 1) de 8 de junio


 RESUMEN:

Impugnación acuerdos sociales: Privación de la asistencia y emisión legítima del derecho de voto en la Junta. Se pide la anulación de los acuerdos tomados en Junta. Confesión judicial: Se deniega la prueba por no ir acompañado del pliego de posiciones. Se interpone recurso de súplica. Se pidió la subsanación de la falta. Se procede a reponer las actuaciones al estado en que se incurrió en error en la apreciación de la prueba.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por el Procurador don Miguel Jornet Bas, en nombre de don Eugenio y mediante escrito dirigido al Juzgado de 1.a Instancia núm. 1 de La Bisbal se dedujo demanda de nulidad e impugnación de los acuerdos sociales contra "Centros de Vacaciones Costa Brava, S. A.", en anagrama CEVACOSA y en cuya demanda después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes terminó suplicando que previos los trámites legales oportunos se dicte sentencia estimando esta demanda y acción impugnatoria ejercitada y declare la nulidad de la Junta General Ordinaria de la entidad demandada "Centros de Vacaciones Costa Brava, S. A." (CEVACOSA), celebrada el 29 de julio de 1986 en primera convocatoria (o 30 de julio de 1986 en segunda para en su caso) y de todos los acuerdos adoptados en la misma por cualquiera de las causas expuestas en el ordinal séptimo de esta demanda y/o en su caso, declare la anulabilidad de todos los acuerdos adoptados en la referida Junta especificados en el hecho quinto de la demanda por haberse privado la asistencia y emisión legítima del derecho de voto en la Junta referida al actor accionista de la Sociedad que cumplió con los requisitos del art. 59 de la LSA, según lo expuesto en el ordinal octavo de la demanda; y/o declare en su caso, la nulidad de la dicha Junta y/o de los acuerdos primero (aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados de 1984-1985) y segundo (propuesta sobre distribución de beneficios) por cualquiera de las dos causas dichas en el ordinal noveno de la demanda, o una cualquiera de ellas y que son inexistencia del informe de los censores accionistas de cuentas ( art. 108 LSA ) y conculcación del derecho de información ( art. 110 LSA ) y/o en su caso declare la nulidad del acuerdo quinto (ampliación de capital) y sexto (modificación arts. 5, 8 y 12 Estatutos Sociales) por la causa consignada en el ordinal décimo de la demanda, y todo ello con expresa imposición de costas de este proceso a la Sociedad demandada por ministerio de la Ley.

Segundo.-Por el Procurador don José Ángel Saris Serradell en nombre de la entidad mercantil "Centros de Vacaciones Costa Brava, S. A." (CEVACOSA), se contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos, invocó los fundamentos de derecho que estimó aplicables y terminó suplicando se dicte sentencia por la que estimando las excepciones planteadas, formales y de fondo, no se de lugar a la demanda que se contesta, se absuelva a mi representada de todos los pedimentos contenidos en el "suplico" de la demanda, con expresa imposición de costas a la demandante.

Tercero.-Practicada la prueba declarada pertinente y unida sus autos, el Juez de 1.a Instancia núm. 1 de La Bisbal con fecha 27 de octubre de 1987 cuya parte dispositiva dice así: FALLO. Que estimando la excepción perentoria de falta de acción opuesta por la demandada, desestimo la demanda de nulidad de Junta general ordinaria e impugnación de acuerdos sociales interpuesta por el Procurador don Miguel Jornet Bes en nombre y representación de don Eugenio contra CEVACOSA y absuelvo de ella a la demandada, con imposición de costas al actor.

Cuarto.-Apelada la anterior resolución por la representación de la parte demandada y sustanciada la alzada con arreglo a derecho la Sala 3.ª de lo Civil, dictó sentencia con fecha 4 de julio de 1988 cuya parte dispositiva dice así: FALLAMOS. Se confirma la sentencia dictada por la Sra. Juez de 1.ª Instancia núm. 1 de La Bisbal, en autos de juicio especial sobre nulidad e impugnación de acuerdos sociales de la LSA, a que se contrae el presente rollo y cuyo fallo se transcribe en los antecedentes de hecho, imponiendo al apelante las costas de esta alzada.

Quinto.-Por el Procurador don Fernando Gala Escribano en nombre de don Eugenio se ha interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: Primero. AI amparo del n.° 3 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil infracción de las normas que rigen los actos procesales. Segundo. Al amparo del n.° 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Tercero. Al amparo del n.º 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del art. 1.218.1, 1.225 del Código Civil, y 1.232 del Código Civil . Cuarto. Al amparo del n.º 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil infracción del art 1.253 del Código Civil y de la doctrina jurisdiccional. Quinto. Al amparo del n.º 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia infracción del art. 33 y 39 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación al art. 69 de la propia Ley y a la doctrina jurisprudencial.

Sexto.-Admitido el recurso por la Sala y evacuado el trámite de instrucción se ha señalado día para la vista que ha tenido lugar el treinta y uno de mayo actual.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Antonio Fernández Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Procede estimar el primero de los motivos en que se apoya por el recurrente don Eugenio el recurso de casación de que se trata, y que fundamenta, al amparo del número 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en infracción, por no aplicación, del artículo 863 de la misma Ley Procesal, en cuanto dispone que "podrán los litigantes... hasta la citación para sentencia..." que se exija a la parte contraria confesión judical por una sola vez, con tal que fuese sobre hechos que no hayan sido objeto de posiciones en la primera instancia, lo que solicitado mediante otrosí en escrito diligenciado dicho don Eugenio en otrosí trámite de instrucción de fecha 29 de diciembre de 1987, fue denegado por medio de auto de la Sala sentenciadora de instancia de 12 de enero de 1988, con base en no haberse acompañado pliego de posiciones, de que deducir si afectaba o no a las que habían sido objeto de primera instancia, contra cuyo auto el precitado solicitante de tal medio de prueba interpuso recurso de súplica reiterando la solicitud de práctica de la referida confesión acompañando el correspondiente pliego de posiciones anteriormente omitido, porque afectando todo ello a fase procesal en el recurso de apelación en que la indicada solicitud era formulada anterior a la citación de las partes para sentencia, unido a que las expresadas posiciones acompañadas, mediante la oportuna confrontación de las preguntas en primera instancia, revelan que no se contraen a hechos de los que estos fueron objeto, claro es que era procedente, de conformidad con lo prevenido en el número 1.º del artículo 863 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acceder a lo solicitado al respecto, puesto que con la indicada solicitud formulada a modo de reiteración en el expresado recurso de súplica, con acompañamiento del aludido pliego de posiciones se cumplen las precisas exigencias establecidas en el invocado precepto procesal encaminadas a posibilitar la práctica de la confesión judicial instada en la repetida fase procesal de segunda instancia, ya que aunque resulte correcta la apreciación de la Sala sentenciadora de instancia consignada en auto de 2 de febrero de 1988 de que en el recurso de súplica no sea lícito rectificar o convalidar defecto de aportaciones probatorias, y concretamente las omisiones de las exigencias requeridas en el examinado artículo 863 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, en todo caso, lo que no puede desconocerse es que la reiteración consignada en el escrito formulador del expresado recurso de súplica de que se practicase la tan aludida prueba de confesión en juicio, acompañando eficiente pliego de posiciones a tal fin, y producido todo ello en el trámite del recurso de apelación con antelación a la citación para sentencia, implica adecuada solicitud para que ese medio probatorio se llevase a cabo, dado que significa expresa petición a tal fin con cumplimiento de las adecuadas exigencias procesales prevenidas para la confesión judicial a efecto de que pueda acordarse.

Segundo.-La no acogida por la Sala sentenciadora de instancia de la mencionada solicitud de práctica de confesión judicial enmarcada dentro del ámbito posibilitador que sanciona el número 1.º del artículo 863 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a pesar de la concurrencia de las exigencias establecidas en tal precepto, unido a que el solicitante, ahora recurrente, don Eugenio, hubiese pedido oportunamente la subsanación de la falta o transgresión en la segunda instancia en que se produjo, utilizando el único recurso en ella posible, cual era el de súplica contra el acusado que denegó la práctica de la solicitada confesión judicial, y relacionado además todo ello con la singular circunstancia de que el tan repetido número 1.º del artículo 863 no exija para acceder a la solicitud de la confesión judicial a que hace referencia la aportación del correspondiente pliego de posiciones, sino simplemente la formulación de petición al respecto, revelando que la falta de aportación en tal momento del pliego de posiciones lo único que determina es que, una vez acordado el acceder a dicha solicitud de por la parte de confesión judicial de la contraria no se lleve a cabo si al tiempo de su práctica las posiciones aportadas revelan que ya han sido objeto de diligenciamiento en primera instancia, y cuya aportación al respecto puede ser efectuada en cualquier momento, y concretamente en el mismo acto de su práctica e incluso en sobre cerrado a abrir en tal momento, según se deduce del contexto de los artículos 584 y 582 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no precisamente cuando el medio de prueba de confesión judicial es solicitado, y al no haberlo entendido así el Tríbunal "a quo" conduce a que se haya producido el quebrantamiento de forma denunciado por el recurrente don Eugenio, al amparo del número 3.º del artículo 1.692 de la mencionada Ley Procesal Civil, por infracción de la indicada normativa sancionada por el número l.° del articulo 863 del citado ordenamiento jurídico procesal, referente a los actos y garantías procesales que tal precepto contiene, con la consiguiente indefensión de dicha parte recurrente, desde el momento que negarle la posibilidad de la práctica de la confesión judicial de la parte contraria, que el mentado número 1.º del artículo 863 autoriza, determina la privación de la tutela judicial efectiva que confiere el artículo 24 de la Constitución Española .

Tercero.-En consecuencia, estimando el motivo formulado como base fundamentándose del recurso de casación en cuestión, comprendido en el ordinal 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede mandar reponer las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la falta apreciada a que se alude en el precedente fundamento de derecho, es decir, al estado anterior que mantenía el recurso de apelación de que dimana esta resolución con anterioridad a dictarse en el correspondiente rollo de apelación el auto de 12 de enero de 1988.

Cuarto.-La estimación del motivo primero del recurso de casación que se examina, lleva a la no procedencia de los restantes motivos formulados admitidos, pues que afectando a aspectos referentes al fondo de las cuestiones debatidas, lo impide el defecto de forma apreciado.

Quinto.-Al declararse haber lugar al recurso, por acogida del primero de los motivos en que se ampara, afectante a defecto de forma impeditivo del examen en la actual fase procesal de las cuestiones planteadas, sin proyección en consecuencia a solución estimatoria o desestimatoria de las pretensiones respectivamente formuladas por demandante y demandados en sus respectivos escritos rectores del proceso entablado, no es de aplicar en materia de costas lo prevenido en la norma 11 del artículo 70 de la Ley de 17 de julio de 1951, reguladora de la materia de las Sociedades Anónimas al tiempo del planteamiento de las actuaciones de que se trata, procediendo al respecto el no haber especial declaración en cuanto a las costas causadas a partir de las actuaciones posteriores al precitado auto dictado en el rollo de apelación de que dimana esta resolución con fecha 12 de enero de 1988, este auto inclusive; y en cuanto a las costas del recurso de casación cada parte satisfará las suyas, con devolución al recurrente don Eugenio del depósito constituido; y todo ello a tenor de lo normado en el párrafo primero del número 4.º del artículo 1.715 y párrafo 1.º del artículo 1.703 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Se declara haber lugar, por acogida del motivo primero en que se ampara, el recurso de casación interpuesto por don Eugenio contra la sentencia dictada, con fecha 4 de julio de 1988, por la entonces Sala Tercera de lo Civil de la también entonces Audiencia Territorial de Barcelona, mandando reponer las actuaciones de que se trata al estado anterior que mantenía el recurso de apelación de que dimana esta resolución con anterioridad a dictarse el correspondiente rollo de apelación el auto de 12 de enero de 1988; sin hacer especial declaración en cuanto a las costas causadas a partir de las actuaciones posteriores a dicho auto, éste inclusive; y en cuanto a las producidas en el mencionado recurso de casación cada parte satisfará las suyas, con devolución a precitado recurrente don Eugenio del depósito constituido; y remítase testimonio de esta sentencia a la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, a efectos procedentes, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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