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Sentencia T.S.J. Madrid 12/2004 de 30 de abril


 RESUMEN:

Falta de imprudencia leve: Calificación dada por el Jurado en función de los elementos de convicción. Existencia de un doble orden de consideraciones: Mero despiste y concurrencia de culpas. Doctrina de la compensación de culpas: Análisis objetivo y subjetivo. Alcance de la pena: No resulta desproporcionada. Voto particular: Delito de homicidio por imprudencia grave por su notable entidad.

SENTENCIA

En Madrid, a treinta de abril de dos mil cuatro.

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, constituida por el Excmo. Sr. Don JAVIER MARÍA CASAS ESTÉVEZ, Presidente, y los Iltmos. Sres. Don EMILIO FERNÁNDEZ CASTRO y Don JOSE MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA N° 12/04

En el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado D. Rafael Mozo Muelas de la Sección Vigésimo Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid en el procedimiento 1/02 seguido ante el tribunal del jurado por delito de omisión del deber de socorro y otro de homicidio por imprudencia procedente del Juzgado de Instrucción n° 24 de Madrid contra la acusada Valentina en libertad provisional por ésta causa de la que no estuvo privado en ningún momento y contra Magdalena como responsable civil subsidiario; y en cuyo recurso han sido partes como apelantes principales la acusación particular ejercitada por la viuda del fallecido D.ª Andrea, representada por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla y defendida por el Letrado D. Andrés Prieto Chaparro, y el Ministerio Fiscal, representado en el acto de la vista pública del recurso por la Iltma. Sra. D.ª Cristina Pirfano Laguna; y, como apelante supeditada la referida acusada Valentina, representada por el Procurador D. Javier Huidobro Sánchez Toscano y defendida por la Letrada D.ª Pilar Cascón Ansotegui. Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal D. JOSE MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO, por quien se expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Con fecha 24 de julio del 2003, el Iltmo. Sr. Presidente del Tribunal del Jurado, D. Rafael Mozo Muelas, dictó Sentencia en el procedimiento seguido ante el Tribunal del Jurado n° 1/02, procedente del Juzgado de Instrucción n° 24 de Madrid, en cuyos hechos probados literalmente se dice: "PRIMERO.- El Jurado ha declarado probados los siguientes hechos:

Sobre las 22,00 horas del día 16 de Junio de 1998 Valentina, de 31 años de edad, conducía el vehículo Opel Corsa D-....-DN, por el carril izquierdo de la vía de servicio de la N-1 sentido Irún, sin haber obtenido el correspondiente permiso de conducción, y cuando se desplazó al carril de la derecha se originó una colisión con la motocicleta Vespa 200 N-....-AT, conducida por Javier, que circulaba por el carril derecho y colisionó contra la parte trasera izquierda del Opel Corsa.

A consecuencia de la colisión, Javier salió proyectado violentamente y quedó tendido en el suelo, totalmente inconsciente, sufriendo un traumatismo craneoencefálico que le ocasionó la muerte a las 19,50 del día siguiente.

Valentina cuando circulaba por el carril izquierdo de la vía de servicio, por no ir atenta a la conducción, se desplazó al carril de la derecha sin respetar la preferencia de paso de la motocicleta Vespa 200, N-....-AT, conducida por Javier, obstruyéndole su trayectoria y originando que la motocicleta colisionara contra la parte trasera del Opel Corsa.

Javier cuando conducía la motocicleta, Vespa 200, N-....-AT, por el carril derecho de la vía de servicio de la N-I, sentido Irún, por circular a una velocidad inadecuada de la vía o no ir atento a las circunstancias del tráfico, contribuyó a la colisión de la motocicleta contra la parte trasera del Opel Corsa D-....-DN, conducido por Valentina.

Valentina, pese a ser consciente de que Javier quedó tendido en la calzada a consecuencia de las lesiones sufridas en la colisión, y que no había ninguna persona en ese momento que pudiera atenderle, abandonó el lugar sin prestarle ayuda alguna.

Segundo.-También se considera probado que el fallecido, Javier de 30 años de edad, estaba casado con Andrea y esperaba un hijo que nació el día 3 de octubre de 1998.

Tercero.-El Consorcio de Compensación de Seguros, con fecha 10 de mayo de 1999, indemnizó a Andrea y a su hijo menor Jorge, en 19.960.083 pesetas por los daños personales derivados de este accidente, al no estar asegurado el vehículo D-....-DN.

Cuarto.-Magdalena tenía la disponibilidad del Opel Corsa D-....-DN desde el mes de Diciembre de 1997 y autorizó a Valentina a que condujera dicho vehículo el día que ocurrieron estos hechos".

Segundo.-Dicha Sentencia contenía el siguiente fallo: "Que absuelvo libremente a Valentina del delito de homicidio por imprudencia grave que venía acusada y la condeno como autora penalmente responsable de una falta de imprudencia leve, ya definida sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de multa de 45 días, a razón de una cuota diaria de 6 euros con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas y privación del derecho a conducir vehículos a motor o prohibición de obtenerlo por un año, y como autora penalmente responsable de un delito de omisión del deber de socorro, ya definido sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de un año de prisión y multa de 12 meses, a razón de una cuota de 6 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de las costas del juicio, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

Absuelvo libremente a Magdalena de la responsabilidad civil subsidiaria que se le imputa en esta causa.

Conclúyase conforme a derecho la pieza de responsabilidad civil".

Tercero.-Notificada la mencionada Sentencia, el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de la acusación particular ejercida en la causa por la viuda del fallecido D.ª Andrea, interpuso contra la misma recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos y elevadas las actuaciones a éste Tribunal, tras la tramitación procedente, se señaló fecha para la celebración de la vista, que tuvo lugar el día y hora señalados, y en la que se invocó por la defensa del apelante que la mencionada sentencia no era ajustada a derecho, única y exclusivamente en cuanto al pronunciamiento por el que se absuelve a Valentina del delito de homicidio por imprudencia grave, fundando el recurso en el siguiente motivo:

Único.-Al amparo del art.º 846-bisc), apartados a) y b), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por haberse incurrido en la sentencia y en relación con el objeto del veredicto en la vulneración de las garantías constitucionales contenidas en los arts. 24.3 y 9.3 de la Constitución Española, en relación con el art.º 120.3 de la misma y a propósito de lo prevenido en los arts. 52.1.a) y 70 de la Ley del Jurado. Pese a dicha alegación, en el cuerpo del escrito y en la vista de la apelación se atuvo a consideraciones referidas sólo a la pretensión de condena de la acusada por delito de homicidio por imprudencia, indicando en el acto público de la vista del recurso de apelación que no interesaba la nulidad del veredicto y en el suplico del escrito fundamentando la apelación que se dictada por la Sala de lo Penal sentencia por la que, dando lugar al recurso, se revoque la dictada en la instancia condenando a Valentina, como autora penalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave con los efectos legales y pronunciamientos inherentes a tal declaración.

Estimaba en sus alegaciones, de forma resumida, que la redacción del objeto del veredicto ya implica la comisión de una imprudencia grave, siendo los hechos considerados probados sumamente graves, encuadrándose en el tipo delictivo del homicidio por imprudencia del art.º 142.2° del Código Penal.

Y que la calificación como leve de los hechos probados significaría que estamos ante una situación totalmente aberrante, anárquica y temeraria en la cual, una persona sin obtener el permiso reglamentario y sin acreditar por ello la pericia en el manejo de vehículos, sin seguro obligatorio, no está atenta a la conducción, no respeta la preferencia de paso de una motocicleta, cambia de carril, obstruyendo la trayectoria de la citada motocicleta y ocasiona la muerte del conductor de ésta.

Y que en el fundamento de derecho segundo desvirtúa totalmente lo establecido en los hechos probados y en el objeto del veredicto.

Tras resaltar, asimismo, que en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia impugnada se resaltaba que en cumplimiento del art.º 70.2 de la Ley del Jurado éste tuvo en cuenta para emitir su veredicto de culpabilidad las pruebas que se recogen en el acta del veredicto, que para acreditar el grado de imprudencia de la acusada y la contribución que pudo tener en el accidente la conducta de la víctima, tomaron en consideración la declaración de la propia acusada, atestado de la guardia civil, reportaje fotográfico y croquis representativo del accidente, que fue sometido a contradicción en el acto del juicio por los agentes de la guardia civil que lo elaboraron. Los agentes de la guardia civil que elaboraron el atestado resaltaron en el juicio que el Opel Corsa se incorporó al carril izquierdo de la vía a una velocidad muy escasa y realizó el desplazamiento al carril de la derecha sin apercibirse de la presencia de la motocicleta que circulaba por el mismo; la motocicleta circulaba en 4.ª velocidad a unos 100 Kms./h, produciéndose el accidente en un tramo con limitación de velocidad a 90 Kms./h, existiendo un semáforo en ámbar en el carril derecho de la vía de servicio que señala peligro por la incorporación de vehículos que vienen por la izquierda.

Cuarto.-El Ministerio Fiscal, en segundo lugar, interpuso contra la Sentencia dictada por el Tribunal del Jurado recurso supeditado de- apelación al amparo del art.º 846-bis-c), letra b), de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al estimar, resumidamente, que la falta de obtención del permiso de conducción debía ya de por sí ser considerado una falta grave de cuidado. Aun concurriendo culpa de la victima, apreciada por el propio Magistrado-Presidente al reducir el montante indemnizatorio en un 20%, estimaba en su recurso que se compartía el criterio de la acusación particular en el sentido de considerar que el grado de imprudencia de la acusada revestía la entidad suficiente para ser calificado de grave, fundamentalmente teniendo en cuenta que la misma carecía del permiso de conducir lo que ya de por si cualifica extraordinariamente la imprudencia, sin que la contribución de la víctima deba tener la eficacia que se le ha otorgado en la sentencia, interesando, por ello, la revocación parcial de la sentencia condenando a la acusada como autora de un delito de homicidio imprudente en los términos sostenidos en las conclusiones definitivas.

Quinto.-Por su parte, el Procurador D. Javier Huidobro Sánchez Toscano, en nombre y representación de la acusada Valentina, interpuso contra la misma recurso de apelación supeditado, al amparo del art° 846 bis c), letra b), al estimar que la sentencia dictada incurría en infracción de los preceptos legales establecidos para la determinación de la pena del delito de omisión del deber de socorro por el que ha sido condenada la acusada. Estimaba infringido el art° 66.1 del Código Penal ya que, al establecer el art° 195.3, último inciso, del mismo la pena de 6 meses a dos años de prisión y la multa de 6 a 24 meses, habiéndose impuesto a la acusada la pena de un año de prisión y la de multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 6 euros, ello es mucho más que la pena mínima establecida por la comisión del referido delito, estimando que, como mucho, podría imponerse a la condenada la pena mínima establecida a la vista de las circunstancias de la comisión del delito y del resultado.

Añadía que la única justificación que se da para imponer una pena superior a la mínima establecida y a la propia finalidad insertadora de la pena y la socialización, es la especificada en el fundamento de derecho 5.º referido a la conducta desplegada por la acusada cuando se dirigió al domicilio de Magdalena con la única finalidad de conseguir su impunidad, al manifestarle a Magdalena que llamase a la policía diciéndole que le habían robado el vehículo, determinándose la pena en razón de la capacidad económica y cargas familiares.

Frente a ello, estimaba que dicha afirmación era absolutamente gratuita, al no haberse sometido a la valoración del Jurado tal hecho en el objeto del veredicto, no incluyéndolo el Magistrado- Presidente, ni habiendo pedido ninguna parte su inclusión, no habiendo sido votado pese a ser hecho desfavorable que exige 7 votos a favor. Se trata de hecho que no ha sido declarado probado, percibiendo Magdalena una pensión por trastornos psiquiátricos, siendo interesada y habiendo prestado declaraciones contradictorias.

Y que dicha conducta estaría ya englobada y sancionada en el propio contenido del injusto de la omisión del deber de socorro, careciendo la acusada de antecedentes penales, tiene una hija de 13 años a su exclusivo cargo, no es una delincuente habitual ni nunca más reincidiría, no siendo más que una simple empleada de hogar con mínimos ingresos y mínima formación.


HECHOS PROBADOSSe acepta el relato de hechos probados de la Sentencia apelada anteriormente transcrito.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


 
Se aceptan íntegramente los fundamentos jurídicos de la resolución apelada y

Primero.-El motivo único de impugnación formulado por la perjudicada que ejerció la acusación particular en el juicio ante el Tribunal del Jurado, de forma genérica y dual, viene a señalar que la Sentencia dictada en la instancia incurrió en infracción de precepto legal en la calificación jurídica de los hechos puesto que, aunque se cita en el inicio del escrito del recurso el apartado a) del art° 846-bis-c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referido a la infracción de garantías procesales, luego ya no se vuelve a incidir en ello sino para intentar desvirtuar la apreciación probatoria realizada, interesando una revocación en cuanto a la condena por falta de imprudencia leve y la subsiguiente estimación de una condena por delito de homicidio por imprudencia. Como, además, en la propia vista del recurso celebrado ante la Sala se manifestó expresamente que no se interesaba la nulidad del veredicto dictado por el Jurado, el análisis del recurso ha de contraerse al motivo inicialmente indicado sin poder apreciar la nulidad referida en cuanto al veredicto emitido en su día.

Ha de indicarse, respecto del recurso formulario, que en el Acta de veredicto constan claramente probados por unanimidad los hechos referidos al lugar, día y hora en que se produjo la colisión así como el resultado lesivo producido, descartándose también por unanimidad la descripción fáctica de la imprudencia grave contenida en el apartado 2° del veredicto, al tiempo que al no considerar acreditado el anterior apartado, estiman en el punto 3° del objeto del veredicto que se trató de un descuido de carácter leve y se le considera culpable a la acusada del hecho referido como imprudencia leve, no de la grave, habiéndoseles aclarado a los integrantes del Jurado convenientemente la diferente consideración penal de dichas apreciaciones y significados fácticos.

Entre los elementos de convicción considerados por el Jurado para alcanzar su veredicto, se expresa que para estimar como leve la negligencia o el descuido de la conductora acusada, punto 3° del objeto del veredicto, se alude a la propia declaración y convicción derivadas de las manifestaciones de aquélla. Se concluye que cualquier conductor, por no ir atento a la conducción, puede cometer una imprudencia. Respecto del punto 2° del referido objeto del veredicto, referido a la existencia de una negligencia grave, se indica que se estima no probado dicho hecho basándose en la propia declaración de la acusada y en los propios atestados de la Guardia Civil, añadiendo que "en ningún momento nos quedó probado que el desplazamiento fuese completamente inadecuado, repentino y brusco; teniendo en cuenta que lo único que se nos muestra son hipótesis. Del mismo modo no ha sido probado pericialmente la absoluta inexperiencia de Valentina ".

La concurrencia y compensación de culpas referida en el apartado 4° del objeto del veredicto, aceptado por mayoría de 8 votos a 1 del Jurado, se planteó de la siguiente manera: "Se recoge la culpa del conductor de la motocicleta en el caso de que circulara a una velocidad inadecuada a la vía o no ir atento a las circunstancias del tráfico lo cual implica su contribución al resultado producido". El Jurado señala al respecto que se ha probado dicha culpa del conductor de la motocicleta teniendo en cuenta la señalización previa al lugar del accidente que indica precaución y basándonos en el que el motorista va en 4.ª marcha y que no extrema las precauciones, terminando por indicar que se vió sorprendido por la escasa velocidad del vehículo Opel Corsa no teniendo tiempo de reacción y produciéndose la colisión.

Todas las expresadas circunstancias de hecho fueron debidamente recogidas en la Sentencia objeto de la impugnación analizada. La sóla ausencia de obtención del permiso de conducir no puede suponer, con carácter general e indiscriminado, la existencia de una imprudencia grave circulatoria. El Tribunal Supremo (Sentencia del 18-9-2001)tiene indicado, sobre dicho particular, que "La reducción o la categoría de falta exige, pues, una menor desvaloración de la acción, apreciable en los casos de levedad en la imprudencia, o bien una menor desvaloración del resultado, aun en imprudencias graves, lo que es de apreciar -excluido obviamente el resultado de muerte- en las lesiones atenuadas del artículo 147.2 del Código Penal. Dado que en este caso el resultado producido fue de muerte para uno de los conductores y de graves lesiones para el otro, la posibilidad de reducir a sendas faltas el comportamiento del acusado exigiría valorar su negligencia como leve; lo que no cabe obviamente hacer a la vista del resultado de hechos probados, bien expresivo de una imprudencia de tráfico de extrema gravedad, rayana en lo temerario, medida en función del deber objetivamente exigible en el tráfico y del poder del sujeto de cumplir aquel deber en aquella situación concreta en que se encontraba como conductor:

En efecto, el acusado conduciendo una furgoneta llegó a la intersección con una vía principal por la que circulaba de izquierda a derecha un camión, y se introdujo en ella interceptando la trayectoria de éste, provocando su descontrol y cruzamiento en la calzada, y dando lugar a que otro camión que circulaba en sentido contrario chocara contra el primero.

Añádese a esto que la visibilidad de que disponía el acusado era de unos 135 metros, y que carecía de carnet de conducir.

Es evidente que la incorporación a una vía principal constituye una maniobra en si misma arriesgada que exige una especial cautela. Comprobar si la incorporación es posible o si por el contrario se aproxima un vehículo por la carretera preferente constituye una precaución elemental para evitar una colisión. El acusado o bien no se percató del riesgo existente por no fijarse en lo que por su tamaño -un camión- y visibilidad -135 metros- era perceptible para cualquiera, incluso para el menos avisado conductor, o bien se apercibió de la situación pero con desprecio del riesgo optó por no esperar el paso del vehículo preferente, infracción del deber de cuidado que sería una verdadera temeridad lindando con la culpa consciente. Si a esto se añade que ni siquiera tenía carnet de conducir es claro que su indudable falta de precaución, en la omisión de los deberes objetivos de cuidado, presenta gravedad suficiente para excluir la calificación de falta que se postula en el motivo, reservada para las imprudencias leves. Por ello el motivo se desestima".

La levedad de la imprudencia se infiere, y ésta Sala se muestra conforme con la apreciación que en tal sentido efectuó el Jurado en su soberana función de valoración de las pruebas practicadas en la instancia, de un doble orden de consideraciones plenamente acreditadas en el proceso, apreciadas según lo acontecido ante el Jurado en el juicio oral y debidamente acreditado en las diligencias de prueba practicadas. En primer lugar, aparte de la imposibilidad de conceptuar como negligencia grave el sólo hecho de la falta de obtención del permiso de conducir por la acusada, lo ocurrido fue que la conductora acusada circulaba a escasa velocidad por el carril izquierdo y preferente de la vía de servicio lateral de la N-I, Madrid-Irún, desplazándose al carril de la derecha por no ir atenta a la conducción, tratándose de un mero despiste y no de probada falta de pericia en la conducción, no incurriendo dicha conducta en el más grave de los grados de la imprudencia. Si, además y en segundo lugar, se apreció la concurrencia concausal de la conducta del conductor de la motocicleta fallecido, ya que éste contribuyó también con su conducta negligente al luctuoso y fatal resultado consistente en su fallecimiento, debido a la desatención o velocidad inadecuada, puesto que consta declarado probado que circulaba a velocidad excesiva y superior a la autorizada en el tramo del accidente, la degradación de la imprudencia se produjo debidamente no teniendo por que reducirse su incidencia a la mera o simple compensación indemnizatoria, propia de las reclamaciones de las que conoce el orden jurisdiccional civil.

Así, tal y como declaró en su veredicto el Jurado y aplicó debidamente la Sentencia dictada a continuación por el Magistrado- Presidente, la consideración como falta del art° 621.2 del Código Penal y no como delito de homicidio por imprudencia, se colige de tal incidencia o concausa de notoria relevancia derivada de la conducta del fallecido en tanto que, como nos recuerda la doctrina de nuestro más Alto Tribunal, "En estos casos el Derecho Penal, en principio, no tiene en cuenta el comportamiento del ofendido, sino que mide la responsabilidad criminal del autor por la propia conducta de éste, es decir, por la antijuricidad y por la culpabilidad de su propia acción u omisión. Tal concurrencia de comportamientos se ha venido teniendo en cuenta en materia civil para distribuir los daños producidos en proporción a la intensidad de la culpa de cada uno y a la consiguiente contribución causal de ambas al resultado dañoso. Pero no a efectos penales: en lo penal no había tal compensación de culpas.

No obstante, a partir de 1970 se abrió camino una jurisprudencia de esta sala, muy insistente y razonada (Ss. 22.12.70, 4.6.71, 4.12.71, 29.12.72, 5.1.73, 18.2.73, 16.5.74, 18.3.75, 31.7.82, 10.12.82 y otras muchas), construida fundamentalmente sobre la relación de causalidad, de modo que habría de medirse la incidencia de cada conducta en el resultado para atribuir éste al sobreviviente y a la víctima en proporción a la diferente contribución de cada una en la producción del daño. Si había mayor contribución en la conducta del acusado y se reputaba irrelevante a efectos penales la aportación causal de la víctima, o se podía rebajar aquélla, rebaja que habría de producirse cuando esas contribuciones fueran equiparables, o, incluso en casos extremos de desigualdad se llegaba a eliminar la responsabilidad criminal del imputado en el proceso cuando se podía considerar la de éste como irrelevante, con el criterio preponderante de medición de una y otra conducta en cuanto a su aportación causal.

Esta tesis jurisprudencial ha venido manteniéndose por esta sala (S. 29.2.92), si bien en los últimos años existen algunas sentencias que vuelven a la tesis tradicional de irrelevancia de la imprudencia de la víctima a efectos de fijar la responsabilidad penal del autor del delito, quedando en todo caso una eficacia compensatoria para la determinación de la cuantía de la indemnización civil.

Esto último se manifiesta con evidente claridad en materia de accidentes de trabajo (SS. de 19.10.2000, 17.5.2001, 5.9.2001 y 17.10.2001) en que se considera un principio definitivamente adquirido, como una manifestación más del carácter social que impera en las relaciones laborales, el de la necesidad de proteger al trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales (véase el fundamento de derecho 6° de la sentencia de 5.9.2001, que acabamos de citar).

En los casos de imprudencia relativa a la circulación de vehículos de motor es claro que, a diferencia de los accidentes laborales, no existe una legislación específica protectora de la víctima, pero también se ha puesto en tela de juicio la mencionada doctrina de la relevancia penal de la compensación de culpas (S. 22.9.99 que examina también un caso como el presente de atropello de un peatón por un vehículo de motor).

Así las cosas, en el caso presente, incluso aplicando esa doctrina que admite la compensación de culpas en materia penal, que es la más favorable a la tesis aplicada en la sentencia recurrida para calificar la imprudencia de autos como leve, hemos de llegar a la misma conclusión que venimos manteniendo: no tiene aptitud la participación de la víctima en el hecho para convertir en leve la imprudencia del acusado que en sí misma considerada, como ya ha quedado razonado, ha de reputarse grave:

a) Si examinamos el tema desde una perspectiva objetiva, tal y como hemos visto que la mencionada doctrina jurisprudencial lo trató en aquellas sentencias de los años 1970, 1971, 1972 y siguientes, es decir desde la perspectiva de la contribución causal a la producción del resultado del fallecimiento de Jose Ignacio, hay que afirmar la mucha mayor relevancia al efecto de la conducta del acusado que con la maniobra mencionada, de reinicio de la marcha del vehículo con una fuerte aceleración desde el principio, fue la que ocasionó la muerte del peatón. El acusado fue quien puso en marcha la situación de peligro en cuyo ámbito se produjo este suceso.

b) Y desde un punto de vista subjetivo teniendo en cuenta la intensidad de la negligencia de uno y otro, a medir por la mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado, que constituye la esencia del concepto de imprudencia punible, hemos de llegar a la misma conclusión. Entendemos que la falta de cuidado por parte de Cesar existió en un grado muy superior a la observada por Jose Ignacio. Aquél arrancó su vehículo sin percatarse de algo que tenía delante de sus ojos, el coche que acababa de pararse y la persona de su conductor que de inmediato se bajó y se puso a caminar hacia el Renault donde estaba el acusado. Nos parece inconcebible que pudiera realizar ese arranque del coche sin ver a Jose Ignacio. Parece que ocurrió porque estaba mirando hacia su izquierda, lugar por donde podían acercarse los coches a los que podría obstaculizar con esa arrancada; pero tal mirar a la izquierda es exponente de la gravedad de su imprudencia cuando tenía que haber visto al peatón que de frente se acercaba al coche cuando arrancó. Ante esta conducta de Cesar, tan negligente, el comportamiento de Jose Ignacio, asimismo culposo, lo fue en grado notoriamente inferior: tenía que saber que no debía circular como peatón por la carretera dentro de la zona destinada a la circulación de los coches, pero en modo alguno podía pensar que no le viera el conductor del otro vehículo al que él está viendo situado tras su parabrisas. Cómo iba a pensar que aquel que tenía de frente no le iba a ver a él, que iba por la calzada, muy próximo y a plena luz solar -eran sobre las 13,30 horas de un día del mes de junio-.

En conclusión, nos hallamos ante un homicidio cometido por imprudencia grave con vehículo de motor, lo que nos obliga a aplicar el art. 142 CP en sus apartados 1 y 2.

Además, al concurrir culpa de la víctima, hemos de estimar correcta la rebaja del 12% de las cantidades a indemnizar tal y como apreció la sentencia recurrida, por aplicación del apartado 7, del punto primero del Anexo del baremo introducido por Ley 30/1995 y porque tal porcentaje (12%) no ha sido discutido"(Sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo del 18-3-2002).

Se ha de señalar, a tal respecto, que, en realidad y tal y como informó oralmente en la vista celebrada ante la Sala la defensa de la acusada, la apreciación referida viene a soslayar la valoración probatoria y suficientemente motivada que efectuó con inmediación el Tribunal del Jurado, a lo que hay que apuntar que, de conformidad con la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 5-12-2000 -cuyo texto se recoge más adelante- el Veredicto emitido por el referido Tribunal del Jurado está suficientemente motivado, respondiendo a tal apreciación directa de las diligencias de prueba practicadas a su presencia con inmediación y valoración adecuadas. No puede, en caso alguno, atenderse a la sóla gravedad del letal resultado ocurrido para estimar que la imprudencia o negligencia circulatorias fueran graves, teniéndose en cuenta que, además, en el momento del evento se apreció en el atestado levantado por la Guardia Civil, tal y como recogió el Jurado al describir los elementos de convicción del punto 4° del veredicto, que en el lugar del accidente existía una señalización que indica precaución que el motorista va en 4.ª marcha a unos 100 Kms./H. cuando había limitación de velocidad a 90 Kms./H., lo que le impidió reaccionar para evitar la colisión siendo correcta la deducción de la apreciada negligencia leve del art° 621.2 del Código Penal.

Aparte de no cuestionarse la apelante sino la valoración de la prueba de cargo efectuada en la instancia por el Tribunal del Jurado, optándose por la degradación de los hechos a la consideración como falta y no como delito, el reexámen de las pruebas practicadas en el juicio oral, una vez que la propia recurrente reconoce la misma objetividad de le imprudencia aun agravándola por la falta de permiso de conducir de la acusada, revela como lógica la inferencia realizada por el Jurado en el sentido de que la negligencia debió ser leve, por el propio juego de los hechos declarados probados, la ausencia de prueba de la falta de pericia circulatoria de la conductora causante del accidente la misma existencia de un despinte de su parte, y, en definitiva, la incidencia de la presunción de inocencia aplicada correctamente al caso, sin que pueda concluirse en un elevado grado de negligencia por el sólo fatal resultado o la ausencia de licencia de conducción, a falta de prueba directa de la imprudencia máxima o de la falta de cuidado más relevante con incidencia criminal previsto por el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.-En cuanto al recurso supeditado de apelación formulado por el Ministerio Fiscal, lo primero que ha de resaltarse es que una vez conocido el veredicto del Jurado, consta al folio 275 que el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de penas a la falta de imprudencia leve del art° 621.2°, y, pese a ello, luego interpuso el recurso de apelación supeditado en cuestión.

Basa su recurso principalmente en la consideración de constituir la imprudencia grave, y, por lo tanto el delito de homicidio por imprudencia objeto de las iniciales acusaciones pública y particular, ya, de por sí el sólo hecho de no estar en posesión la conductora acusada del permiso de conducir, extremo éste sobre el que ya se ha razonado anteriormente con extensión suficiente al tratar del recurso de la acusación particular. Sobre las consideraciones expuestas allí, resta remitirnos a su integridad y plena extensión a lo allí expuesto para rechazar dicho razonamiento impugnatorio.

Al hilo de éste recurso, a la misma valoración de la prueba de cargo practicada en el juicio y a las conclusiones alcanzadas al respecto por el Jurado se ha de recordar (Sentencia de la Sala 2.ª del 5-12-2000) que "Finalmente el recurrente sostiene que no se ha dado cumplimiento al art. 70 de la Ley del Jurado, pues estima que en la sentencia no se ha concretado la existencia de prueba de cargo en la forma requerida por dicha disposición. El recurrente viene a sostener que la enumeración de los elementos de prueba contenida en la sentencia no es la "valoración que exige la ley". La Defensa entiende que no se ha verificado que dichos elementos de prueba puedan ser considerados "racionalmente de cargo". Sin embargo lo que la ley persigue es eliminar la posibilidad de arbitrariedad en el juicio sobre la culpabilidad. Ello, por lo tanto estará asegurado cuando quien observe la sentencia condenatoria pueda tener conocimiento de las pruebas que sostiene el fallo. No es necesario que el jurado haga una ponderación argumentada de los medios de prueba sino que ponga en conocimiento del público del acusado y, eventualmente del Tribunal que tenga facultades para revisar el fallo, los elementos que permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado, reconstruyendo el proceso mental que conduce a la condena. A tales efectos basta con la enumeración de los medios de prueba de los que el jurado ha partido, pues con ello ya es posible comprobar la corrección o incorrección del juicio sobre los hechos ocurridos.

El siguiente motivo del recurso es, en realidad una continuación del último argumento del anterior. En él sostiene la Defensa que se ha infringido el art.º 120.3 CE y el art.º 61.1.d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado puesto que -afirma- "una sucinta explicación no es una sucinta enumeración como (la que) ha tenido lugar en el presente caso". El motivo debe ser desestimado.

1. La argumentación del presente motivo exige un tratamiento diferenciado de las diversas cuestiones planteadas. En primer lugar el recurrente sostiene que en el acta de la votación sólo se ha expresado el resultado de los votos emitidos sin haber explicado sucintamente las razones por las que se adopta la decisión. Sin embargo, es evidente que de la misma manera que la enumeración de pruebas es adecuada para satisfacer las exigencias del art.º 70 de la Ley del Jurado lo es para dar cumplimiento al art.º 61.1.d) de dicha ley. No cabe exigir al veredicto del jurado más de lo que se requiere para la sentencia dictada por el Magistrado Presidente. La pregunta que se formula la Defensa referente a cómo puede saber "qué ha valorado el jurado como prueba de cargo", consecuentemente ha sido respondida con la enumeración de los elementos de prueba que permiten reconstruir el proceso mental para llegar a la conclusión, como ya lo hemos expuesto en el fundamento jurídico anterior.

2. En el segundo apartado del motivo la Defensa sostiene también que el Magistrado Presidente debería haber incluido para determinar el objeto del veredicto otras posibles calificaciones. Al parecer la Defensa se refiere a la calificación de homicidio imprudente, que cabría como consecuencia de no haber tenido el jurado por probado que el acusado "tenía intención de causarle la muerte" al occiso en el momento en el que ejecutó el disparo. Consecuentemente afirma que negada la intención se daban dos posibilidades: que el acusado hubiera actuado con dolo eventual o con imprudencia. Por tal razón el jurado debería haber votado sobre la posibilidad de la imprudencia, cosa que no pudo hacer. Sin embargo, el recurrente reconoce en este mismo motivo que el jurado estableció en el cuarto hecho probado que el acusado "era consciente de que existía una gran probabilidad de causarle la muerte". Es decir, que existió una alternativa a la intención consistente en el conocimiento del peligro de producción del resultado, aprobada por el jurado. Es indudable que si esta alternativa hubiera sido rechazada el veredicto hubiera sido absolutorio, dado que no se formuló como hecho que el jurado debería haber declarado probado o no la posibilidad de que el autor del disparo hubiera actuado inconscientemente sin el cuidado debido, que hubiera sido la base fáctica de una posible imprudencia. Por lo tanto, si hubo una omisión respecto de los hechos que son presupuesto del homicidio imprudente, tal omisión no ha perjudicado al acusado sino todo lo contrario. Por lo demás, y a mayor abundamiento, se debe considerar que la pregunta al jurado por la "gran probabilidad de causarle la muerte" (a la víctima) no excluía totalmente la posibilidad de admitir la culpa consciente, dado que el conocimiento de tal probabilidad no hubiera sido suficiente para afirmar el dolo si se hubiera seguido la teoría del asentimiento o de la ratificación o aprobación del resultado. Como es claro la discusión en torno a la noción de dolo y su diferenciación de la imprudencia no es una cuestión que pueda ser debatida fuera del marco establecido por el art° 849.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ".

Lo cierto es que, en atención a lo que se acaba de señalar hay que tener en cuenta que el Ministerio Fiscal, con la finalidad de desvirtuar la eficacia de la prueba pie cargo apreciada y valorada por el Tribunal del Jurado para alcanzar la conclusión de la existencia de una falta de imprudencia leve, estimó que por haberse considerado la culpa concurrente del motorista fallecido en la concausación del accidente ya para la reducción del montante indemnizatorio, debía reconducirse la ausencia comprobada de autorización administrativa para conducir en sí misma a la imprudencia grave extremo éste que supone una alegación ya tratada antes y sobre cuya eficacia la Sala estima adecuados los razonamientos ya expuestos con anterioridad.

No puede darse virtualidad alguna a dicha valoración contraria a la efectuada por el Jurado en su veredicto de culpabilidad como falta al estimar leve la negligencia concurrente en el caso. En realidad se está cuestionando la misma causalidad de la acción imprudente del conductor. Lo cierto es que, como antes se ha señalado, bien sea por o a consecuencia de la constatada existencia de una desatención despiste o falta de cuidado leve de la conductora, no existe duda de la existencia de prueba de cargo suficiente sobre la impericia constitutiva de la falta penal apreciada, degradándose la consideración de delito, justamente, por las circunstancias antes analizadas al tratar sobre el recurso de apelación principal formulado y, asimismo, rechazado, al coexistir con una correlativa existencia concausal de culpa del motorista accidentado y fallecido, de la entidad suficiente para degradar la responsabilidad penal culposa de la acusada, aparte de ser por sí sólamente leve en atención a lo antes indicado y relatado con detalle.

Tercero.-El tercer recurso de apelación, asimismo supeditado se formula por la defensa de la acusada al estimar erróneamente aplicada la regla punitiva de dosimetría contenida al respecto en el art.º 66.1 en relación con el art.º 195 del Código Penal, pretendiéndose reducir la penalidad impuesta a la mínima correspondiente al delito de omisión del deber de socorro, o sea la conjunta pena de 6 meses de prisión y la multa de seis meses en vez de la un año de prisión y 12 meses impuesta en la Sentencia objeto del recurso.

Razona, la recurrente condenada, en tal sentido, que la única justificación dada por el Magistrado-Presidente se refiere a la declaración de Magdalena en el sentido de haber manifestado que la acusada le dijo que llamara a la policía para decir que le habían robado el coche sin que dicho hecho desfavorable fuera incluido en el objeto del veredicto por lo que no se puede tener en cuenta.

Procede recordar, para rechazar la impugnación planteada, que el art.º 66.1 citado del Código Penal establece que se impondrá la pena señalada por la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, cuando no concurran circunstancias atenuantes ni agravantes razonándolo en la sentencia, y que, por su parte Ja Ley del Jurado dispone que el veredicto del Jurado se extiende a la declaración de culpabilidad o inculpabilidad sobre los hechos sometidos al mismo (art.º 60), siendo a continuación del de culpabilidad cuando el Fiscal y las demás partes informan sobre la pena que ha de imponerse a cada uno de los declarados culpables (art.º 68), extremos reiterados en cuanto al alcance del veredicto por el art.º 3 de la Ley y, en cuanto a la función del Magistrado-Presidente por el art.º 4 de la misma al indicar que dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá, en su caso, la pena.

Atribuyendo la Ley la decisión sobre el alcance de la pena correspondiente al Magistrado- Presidente, que no precisa someter sus presupuestos al Jurado, lo cierto es que su decisión puede ser controlada en atención a los parámetros de dosimetría penal establecidos por la Ley. Procederá la revisión de la impuesta si se apartó de las reglas de aplicación de penas o si existió cualquier atisbo de arbitrariedad en la medición concreta de su alcance.

Basada la pena cuestionada, referida al delito de omisión del deber de socorro cometido en su modalidad más agravada, seguido de una valorada intención de ocultar la propia causación del delito, en la declaración de tercera persona relacionada con la acusada, así como en la propia capacidad económica y cargas familiares de la misma, la Sala no aprecia motivo alguno para reducir la pena privativa de libertad impuesta ya que la declaración de la testigo D.ª Magdalena, propietaria del vehículo conducido por la acusada figura en los autos y fue practicada. con todas las garantías legales en el juicio oral, teniendo el alcance descrito por el Magistrado-Presidente señalando en el folio 236 que "Cree que le dijo: podrías denunciar el robo del coche pero no está segura".

No puede, pues, estimarse concurrente desproporción o arbitrariedad alguna en la imposición de la pena correspondiente al delito referido cuya protección encuentra su base en los esenciales y básicos deberes de solidaridad humana así como en la especial protección del caso concurrente de la causación del mal por la misma persona que, luego, omite el socorro y la atención a su propia víctima, siendo razonable la fundamentación de la decisión punitiva cuestionada, habiéndose tenido en cuenta la ausencia de antecedentes penales de la acusada, la gravedad patente de los hechos así como su propia y acreditada capacidad económica, no siendo excesiva la imposición de la multa de 12 meses a razón de una cuota de 6 euros, equivalentes a 1000 de la antiguas pesetas.

Cuarto.-En cuanto a las costas de la apelación, no apreciándose temeridad ni mala fe en ninguna de las partes apelantes, no procede efectuar especiales declaraciones sobre las causadas en ésta segunda instancia.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Tribunal del Jurado y Ley Orgánica del Poder Judicial,

En atención a todo lo expuesto y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución Española nos confiere.


FALLAMOS:


 
Que debemos desestimar como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de la acusación particular ejercida en la causa por la viuda del fallecido D.ª Andrea contra la Sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado D. Rafael Mozo Muelas, de la Sección 23.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el procedimiento del Tribunal del Jurado n° 1/2002, procedente del Juzgado de Instrucción n° 24 de Madrid.

Asimismo, debemos desestimar como desestimamos los recursos de apelación supeditados formulados por el Ministerio Fiscal y por el Procurador D. Javier Huidobro Sánchez Toscano, actuando éste en nombre y representación de la acusada Valentina, contra dicha Sentencia.

Y, en su virtud, debemos confirmar y confirmamos dicha Sentencia en todos sus restantes pronunciamientos, sin especiales declaraciones sobre las costas de éste recurso.

Notifíquese ésta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo que puede ser interpuesto, dentro del plazo de cinco días contados desde la última notificación de la Sentencia, por medio de escrito autorizado por Abogado y Procurador.

Dedúzcase testimonio de ésta resolución y, una vez firme, remítase, en unión de los autos originales al Tribunal de procedencia.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Diligencia.-La extiendo yo el Secretario para hacer constar que, al momento de la firma de la Sentencia n.º 12/04, el Magistrado Ilmo. Sr. Don EMILIO FERNÁNDEZ CASTRO, me hace entrega del Voto Particular que a continuación se inserta. Doy fe.


VOTO PARTICULAR

QUE FORMULA EL MAGISTRADO D. EMILIO FERNÁNDEZ CASTRO FRENTE A LA SENTENCIA NÚMERO 12/04, DICTADA POR LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID EN EL RECURSO DE APELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL JURADO NÚMERO 6 DEL AÑO 2.004.

En Madrid, a treinta de abril de dos mil cuatro.

Acogiéndose a lo que autoriza el artículo 260.1 de la Ley Orgánica 6/1.985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, el firmante se remite al Encabezamiento, a los Antecedentes de Hecho y a los Fundamento de Derecho Tercero y Cuarto de la sentencia mayoritaria, con cuyo contenido se muestra conforme. Su discrepancia se reduce a los Fundamentos de Derecho Primero y Segundo y, consiguientemente, a su Fallo, apartados que, según su parecer, debieron redactarse en los siguientes términos.:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Frente a la sentencia que condenó a la acusada Doña Valentina como autora de una falta de imprudencia leve, absolviéndola del delito de la misma naturaleza que le imputaba tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, se alzan ahora dichas dos partes del proceso que plantean paralelos recursos de apelación en los que se pretende la revocación de aquella resolución por entender que la conducta enjuiciada no es constitutiva de la falta de simple imprudencia con resultado de muerte a que se refiere el artículo 621.2 del Código Penal, sino del delito de imprudencia grave que describe su artículo 142.

Los dos recursos así fundados deben ciertamente prosperar. Basta, en efecto, con la simple lectura de relato fáctico que la sentencia de instancia declara probado, - y al que de modo ineludible hay que atenerse ahora, al no haberse cuestionado en absoluto tal narración -, para concluir que no nos encontramos ante una negligencia menor, ante una desatención simple y de escasa relevancia, o ante una infracción ligera de los normales deberes de atención y cuidado que han de observarse en el manejo de los vehículos de motor, sino que nos enfrentamos, antes bien, a una imprudencia de notable entidad, fruto del desconocimiento de normas elementales y primarias de prevención y cautela cuya omisión puede crear una grave situación de riesgo susceptible de provocar consecuencias de la máxima trascendencia, como fueron las que tristemente tuvieron lugar en la concreta situación que ahora se enjuicia.

Abordando el específico supuesto de hecho d que se contrae el presente recurso, no puede caber duda, - y tal es el criterio que a buen seguro mantendrá cualquier conductor medianamente responsable -, de que toda maniobra circulatoria que suponga la incorporación desde una pista secundaria o auxiliar a otra de carácter principal cuyos usuarios gocen de prioridad de paso, - y a los que les conste, como es normal, que la ordenación viaria les reconoce dicha consideración favorable -, ha de desarrollarse con toda atención y cautela para evitar que pueda interferirse la legítima trayectoria de quienes transiten por esta segunda amparados en la norma que les otorga preferencia y lo hagan en la confianza de que los demás conductores atenderán y respetarán la ordenación viaria que a unos y otros vincula.

Establecido este planteamiento, fácilmente se advierte que el comportamiento reprobable que con carácter abstracto queda en él mencionado, se identifica de modo pleno con la actuación concreta que durante la ocasión de autos llevó a efecto la conductora condenada en primera instancia y cuya sanción pretenden los aludidos recurrentes agravar en esta alzada. Refiere así el tercer párrafo de la narración de hechos probados que contiene la sentencia impugnada que " Valentina cuando circulaba por el carril izquierdo de la vía de servicio, por no ir atenta a la conducción, se desplazó al carril de la derecha sin respetar la preferencia de paso de la motocicleta Vespa 200, N-....-AT, conducida por Javier, obstruyéndole su trayectoria y originando que la motocicleta colisionara contra la parte trasera del Opel Corsa".

No parece dudoso que tal específica actuación circulatoria encaja con toda naturalidad en la modalidad de negligencia grave que, a la vista del lamentable resultado producido, debe subsumirse en el ya aludido artículo 142.1 del vigente Código Penal.

Segundo.-Partiendo de tan incuestionable conclusión jurídica y aceptando su realidad, la sentencia de primera instancia que en esta alzada se combate reduce, sin embargo, el reproche penal que en principio habría de merecer la actuación de la persona condenada con el recurso argumental de estimar que a la producción del luctuoso resultado final contribuyó de modo relevante la conducta descuidada y negligente que la propia víctima llevó a efecto con ocasión del suceso que se enjuicia. Por ello, y tal como queda anticipado, se rebaja en tal resolución la calificación penal de la acción que con motivo del evento de autos desarrolló la conductora en definitiva condenada, haciéndola descender desde aquél inicial nivel delictivo, hasta la categoría inferior de la falta de imprudencia leve que tipifica el inciso segundo del artículo 621 del Código Penal.

Para llegar a tan benévola conclusión se aplica la doctrina, - que encuentra sin duda un evidente respaldo en numerosas decisiones jurisprudenciales -, denominada de la compensación de culpas o, quizá mejor, de la concurrencia de varias causas eficientes en la producción final del resultado ilícito. Tal construcción jurídica se proyecta sobre el supuesto de autos partiendo de la base fáctica que aparentemente autoriza el párrafo cuarto de la narración de hechos probados de la sentencia de instancia. Dicho apartado reza así.: " Javier cuando conducía la motocicleta, Vespa 200, N-....-AT, por el carril derecho de la vía de servicio de la N-I, sentido Irún, por circular a una velocidad inadecuada de la vía o no ir atento a las circunstancias del tráfico, contribuyó a la colisión de la motocicleta contra la parte trasera del Opel Corsa, D-....-DN, conducido por Valentina ".

Frente al reseñado planteamiento jurídico, cabe, no obstante, entender que el relato histórico de que parte no sólo no ofrece una base sólida suficiente para llegar a tan notable degradación punitiva, sino que ofrece varios puntos débiles que impiden de modo radical que pueda llegarse legítimamente a tal operación jurídica. Ello es así por las tres diversas razones que a continuación se exponen.

Debe ponerse de manifiesto, ante todo, que el expresado párrafo cuarto de la declaración judicial de hechos probados, - que es copia literal del inciso I-4° del objeto del veredicto propuesto al jurado popular por el Magistrado Presidente -, no se ajusta en absoluto al contenido que la ley previene imperativamente para tal epígrafe de las sentencias penales, pues lejos de contener, como impone el artículo 142-2.ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una "declaración expresa y terminante" de los hechos que, en definitiva, se estimen probados, recoge con un simple criterio de posibilidad alternativa y sin mostrar preferencia alguna, dos diferentes eventualidades teóricas que, en su dualidad imprecisa, nada aseguran o concretan sobre el exacto y concreto desarrollo de los hechos, indicando, antes bien, dicho relato que la conducta de la víctima en el suceso que se analiza consistió "en circular a velocidad inadecuada de la vía o en no ir atento a las circunstancias del tráfico". Tan reprobable vaguedad o imprecisión impide ciertamente compartir el criterio de la sentencia apelada sobre el influjo de un factor ajeno al actuar de la persona inculpada que, procedente de la conducta circulatoria del sujeto pasivo, afectare de modo relevante a la calificación jurídica del proceder de aquélla. No existe, en definitiva, la necesaria certeza sobre cuál fuera en la ocasión de autos la concreta infracción en que incurriere la víctima y que coincidiere en el tiempo con la que sin duda protagonizó la condenada.

Parece evidente, en segundo lugar, que tan desafortunada relación de hechos probados no respeta en los términos que exige tanto la ley procesal como la propia estructura del razonamiento intelectual, la diferenciación que debe existir entre los elementos de hecho y las consideraciones o análisis de carácter jurídico. Contiene, en efecto, el tan referido párrafo de los hechos probados la mención expresa de que el comportamiento de quien, en definitiva, fue la víctima principal del evento que aquí se enjuicia, "contribuyó a la colisión" entre ambos vehículos. No sólo no resulta en modo alguno adecuada desde el punto de vista de la pura construcción argumental del razonamiento la inclusión en dicho epígrafe fáctico de tal mención causal, sino que en un estricto análisis procesal, tal referencia pudiere dar lugar al defecto casacional, - pero apreciable igualmente en otras instancias de la jurisdicción -, que el número primero del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cataloga como "predeterminación del fallo".

Además de las dos categorías de objeciones que acaban de indicarse y que son susceptibles, sin duda, de oponerse con eficacia a la conclusión final que contiene la sentencia apelada, hay que considerar también que, aún en el supuesto de que definitivamente se apreciara que en el suceso que ahora se analiza concurre tal dualidad efectiva de elementos de hecho que determinaron en forma simultánea la producción del resultado final, - esto es, el comportamiento de la víctima y el de la propia persona encausada -, en modo alguno puede admitirse que la acción antirreglamentaria que se pretende atribuir al sujeto pasivo de la colisión, - y que, no olvidemos, falleció a causa de ella -, tenga entidad suficiente para acarrear la muy notable degradación penal que contiene la sentencia recurrida, donde se rebaja la calificación de la conducta infractora desde el grado del delito que durante el proceso mantuvieron ambas acusaciones, hasta el de simple falta. Vista la muy diferente significación y relevancia causal que en el evento analizado tuvieron ambos comportamientos, - y que la sentencia recurrida distribuye con expresión muy significativa, aunque en exceso benévola para la persona condenada, en las proporciones respectivas de un veinte y un ochenta por ciento para cada uno de los dos conductores implicados en el suceso -, quizá fuere posible argumentar con indudable fundamento jurídico, la procedencia de atenuar la penalidad aplicable a la actora principal, o de rebajar cuantitativamente la entidad de su responsabilidad civil, pero resulta a todas luces improcedente, por excesivo, desproporcionado y, en definitiva, infundado, operar una disminución cualitativa de la infracción cometida que la sitúe, nada menos, que en la mínima categoría penal de la simple falta.

Tales son los argumentos que imponen la revisión de la sentencia apelada en cuanto a la gravedad penal del comportamiento que desarrolló en la ocasión de autos la conductora que fue condenada en primera instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de aplicación, atendiendo a todo lo que queda expuesto y actuando en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución Española confiere a este órgano jurisdiccional,

FALLO

Que estimando, como estimamos, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por el Procurador Don Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en nombre y representación de Doña Andrea contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado de la Sección Vigésimo Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, Don Rafael Mozo Muelas, en el ejercicio de sus funciones como Presidente del Tribunal del Jurado en el procedimiento número 1/98, procedente del Juzgado de Instrucción n° 24 de Madrid, rollo número 1/02, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y, en su consecuencia, debemos condenar y condenamos a la inculpada Doña Valentina, como criminalmente responsable en concepto de autora de un delito de homicidio por imprudencia grave, previsto y penado en el artículo 142 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años y seis meses de prisión y a la de privación del derecho de conducir vehículos de motor por un periodo de cuatro años.

Se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia respecto del delito de omisión del deber de socorro, el pago de las costas procesales y la declaración de responsabilidad civil, tanto la principal, como la subsidiaria.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que puede ser interpuesto, dentro del plazo de cinco días, mediante escrito autorizado por un Abogado y suscrito por un Procurador.

Firme que sea la presente sentencia, dedúzcase testimonio literal de su contenido y remítase, en unión de los autos originales, al Tribunal de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Fdo. EMILIO FERNÁNDEZ CASTRO


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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