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Sentencia T.S. 810/2010 (Sala 1) de 29 de noviembre


 RESUMEN:

Propiedad Horizontal: Impugnación de acuerdos de Junta de Propietarios. Abuso de derecho. Supuesto de la cuestión. Se desestima. Nulidad del acuerdo de la Junta de una Asociación de Vecinos de una urbanización, relativo a la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios, para pagar las obras de acondicionamiento de un camino y la aprobación de una derrama para hacer frente a los gastos extraordinarios de la comunidad.

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los señores al margen indicados, el recurso de casación que con el n.º 2214/2006 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de la "ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN DIRECCION000 ", representada por el procurador D. Luis Alfaro Rodríguez, contra la sentencia de 29 de junio de 2006, dictada en grado de apelación, rollo n.º 220/2006, por la Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1.ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario 383/2005, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palencia. Ha comparecido en calidad de parte recurrida la procuradora D.ª Elena Yustos Capilla, en nombre y representación de D. Felix, D. Benigno, D. Candido, D.ª Estibaliz y D. David.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-- El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palencia dictó sentencia de 9 de marzo de 2006 en el juicio ordinario n.º 383/2005, cuyo fallo dice:

"Fallo.

"Desestimo la demanda instada por D. Felix, Don Candido, Doña Estibaliz, Don Benigno, Don David y Don Geronimo contra la Comunidad de Propietarios de la Urbanización " DIRECCION000 " de Becerril de Campos (Palencia) a la que absuelvo de las peticiones contra ella articuladas.

"Se imponen las costas a la parte actora".

Segundo.-- En los fundamentos de Derecho de la sentencia se declara, en síntesis, que:

1. Los actores instaron la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta de propietarios de 28 de marzo de 2005 relativos al establecimiento de una derrama de 1 200 euros y la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios. Consideraban que los acuerdos se habían adoptado con abuso de derecho para dejar sin efecto los acuerdos válidamente adoptados en las juntas de 8 de marzo de 2003 y 13 de abril de 2004.

2. La comunidad demandada opuso que los acuerdos estaban amparados por el artículo 11 LPH y por la necesidad de dar cumplimiento a la normativa urbanística.

3. Para apreciar abuso de derecho, la Jurisprudencia exige que, tratándose de una actuación aparentemente correcta, no obstante representa en realidad una extralimitación a la que la Ley no concede protección alguna.

4. En la junta de 8 de marzo de 2003 se aprobó el acuerdo de ejecutar la obra de urbanización del camino superior.

5. El 13 de abril de 2004 se celebró junta general extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de aprobar presupuesto definitivo para la realización de las obras de pavimentación.

6. Pese a que el Ayuntamiento de Becerril de Campos autorizó en fecha 30 de abril de 2004 a la comunidad demandada a realizar las obras de pavimentación del camino, el proyecto de obra no se ha presentado ni dicha obra cuenta con las autorizaciones sectoriales.

7. En la actualidad el Ayuntamiento no puede conceder ninguna licencia urbanística en el sector de conformidad con lo dispuesto en la DT 8.ª del Reglamento de Urbanismos de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero.

8. Las obras aprobadas en las Juntas de 8 de marzo de 2003 y 13 de abril de 2004 han devenido imposibles porque la legislación urbanística aplicable es diferente.

9. No se aprecia en la comunidad demandada abuso de derecho al adoptarse los acuerdos de 28 de marzo de 2005, por cuanto no se aprecia voluntad de perjudicar.

Tercero.-- La Audiencia Provincial de Palencia, Sección 1.ª, dictó sentencia de 29 de junio de 2006, en el rollo de apelación n.º 220/2006, cuyo fallo dice:

"Fallamos.

"Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Felix, Don Candido, Doña Estibaliz, Don Benigno, Don David y Don Geronimo, contra la sentencia dictada el día 9 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palencia, en los autos de que este Rollo de Sala dimana, debemos revocar, como revocamos la mencionada resolución, y estimando parcialmente la demanda interpuesta, declaramos la nulidad del acuerdo adoptado el 28 de marzo de 2005 por la Junta de la entidad demandada, "Asociación de Vecinos Urbanización DIRECCION000 ", relativo a la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios, dejándolo sin efecto, confirmando la sentencia en lo que se refiere al acuerdo adoptado en la misma fecha estableciendo una derrama extraordinaria de 1 200 euros, todo ello con revocación del pronunciamiento condenatorio en costas de primera instancia, las cuales no se imponen a ninguna de las partes. Tampoco se hace expresa imposición de las costas del presente recurso".

Cuarto.-- En los fundamentos de Derecho de la sentencia, se declara:

"PRIMERO.- Contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palencia, en la que se desestimó la demanda interpuesta por la parte actora, Don Felix, Don Candido, Doña Estibaliz, Don Benigno, Don David y Don Geronimo, contra el demandado, la Asociación de Vecinos Urbanización DIRECCION000, en la que se ejercitaba una acción impugnación de un acuerdo adoptado por dicha Comunidad de propietarios, se interpone ahora por la parte demandante el presente recurso de apelación, en el que se insiste de nuevo en las mismas pretensiones de la demanda, consistentes en que se declare que los acuerdos adoptados en la Junta de 28 de marzo de 2005 y relativos al establecimiento de una derrama por importe de 1 200 euros y a la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios son nulos, dejándolos sin efecto.

"SEGUNDO.- En el recurso, como motivación de la impugnación, se sostiene básicamente que ha habido error en la valoración de la prueba por parte del Juez de Primera Instancia al considerar que los concretos acuerdos impugnados son ajustados a Derecho.

"Considera el Juez en su sentencia que los acuerdos adoptados el 28 de marzo de 2005 no representan un abuso de derecho porque no se aprecia una voluntad de perjudicar o una falta de interés legítimo en su adopción pues, entiende, que la devolución de las cantidades pagadas para ejecutar una determinada obra es consecuencia de que ésta ni se ha ejecutado "ni se va a poder ejecutar (al menos en las condiciones en su día aprobadas), por la imposibilidad de llevarlas a cabo conforme a la norma administrativa ahora vigente".

"Frente a esta argumentación, entiende la parte recurrente que la devolución de las derramas acordada en el acuerdo impugnado tiene como finalidad dejar sin efecto, por esta vía, los acuerdos en que se adoptó la realización de las obras a las que responden esas derramas, acuerdos de fechas 8 de marzo de 2002 y 13 de abril de 2004 y que precisamente se dejaron sin efecto en la Junta que se celebró el 22 de diciembre de 2004, si bien el acuerdo que en tal sentido se adoptó en esta Junta fue dejado sin efecto por abusivo tras la oportuna impugnación realizada por los ahora actores. Precisamente, consideran éstos que la sentencia que ahora se apela contradice la doctrina sentada por la sentencia de esta Audiencia Provincial de fecha 2 de marzo de 2006 al resolver el recurso de apelación en aquella impugnación y, en concreto, la apreciación de que no cabe justificar la actuación de la Asociación demandada en cuestiones urbanísticas ni estimar imposibles las obras para cuya realización se efectuaron las derramas.

"Ciertamente, entiende esta Sala, que la resolución de la cuestión que ahora se plantea respecto del acuerdo de devolución de las derramas abonadas por los vecinos para la pavimentación y reparación del denominado camino de Becerril, no puede considerarse de forma aislada o al margen del litigio anterior entre las mismas partes y de la resolución de esta Audiencia que le puso fin. Cuestión distinta será el acuerdo, también impugnado, de realizar una derrama de 1 200 euros "para hacer frente a gastos extraordinarios de la Comunidad".

"Acordada la urbanización del mencionado camino en acuerdos adoptados en las Juntas de la comunidad de 8 de marzo de 2003 y 13 de abril de 2004 (acuerdos no impugnados), y realizadas por los vecinos las derramas económicas necesarias para su realización, por un nuevo acuerdo adoptado en Junta celebrada el 22 de diciembre de 2004 se acordó por mayoría dejar sin efecto aquellos acuerdos de realización de las obras de urbanización del camino de Becerril. Impugnado dicho acuerdo por los vecinos disidentes, fue dejado sin efecto al estimar el Juzgado de Primera Instancia la demanda basada en la existencia de abuso de derecho, siendo confirmada su sentencia por la de la Audiencia Provincial antes citada. Encontrándose en trámite este pleito, la Asociación acuerda por mayoría en Junta celebrada el 28 de marzo de 2005 la devolución de las derramas que precisamente habían tenido por objeto aportar fondos para la realización de aquellas obras de pavimentación.

"Esta Sala considera evidente que tal acuerdo no tiene por objeto sino dejar sin efecto, por vía indirecta, los mismos acuerdos de 8 de marzo de 2003 y 13 de abril de 2004, cosa que ya se intentó con el acuerdo de 22 de diciembre de 2004 que ha sido dejado sin efecto por las decisiones judiciales firmes. Sin dinero, la realización de las obras es imposible. Y si la sentencia de esta Audiencia de 2 de marzo de 2006 (que por cierto no necesita ser objeto de prueba como pretende la parte apelada) estimó que el acuerdo de 22 de diciembre de 2004, revocatorio de los anteriores que aprobaban la realización de las obras y de las derramas necesarias para ello, era nulo porque constituía "claramente un supuesto de abuso de derecho", no puede ahora sostenerse una idea distinta respecto del nuevo acuerdo de 28 de marzo de 2005 de devolución del dinero abonado como derramas para la ejecución de las obras, acuerdo que es objeto de impugnación. Si dicha sentencia consideró que el acuerdo de 22 de diciembre de 2004, por responder sólo a los intereses de los vecinos a quienes las obras de pavimentación no beneficiaban, perjudicando a los que sí tenían necesidad de ellas, constituía "un uso anormal del derecho de la mayoría, desde la óptica subjetiva y objetiva" siendo, por ello, "inadmisible", difícilmente puede considerarse de otra forma el acuerdo de devolución de derramas que se impugna en este proceso, máxime cuando, en definitiva, con este acuerdo se está dejando nuevamente sin efecto, aunque parcialmente y por vía material y no formal, el acuerdo de 8 de marzo de 2003 en lo que a la prestación de la derrama se refiere. En definitiva, debe afirmarse que el acuerdo impugnado relativo a la devolución de las derramas debe considerarse, en principio, adoptado en abuso del derecho de la mayoría frente a los intereses legítimos de la minoría, intereses concretados en sus legítimas expectativas de que los acuerdos firmes, adoptados con anterioridad y en su interés, se cumplan.

"Abstractamente considerado el caso, esta es la solución. La cuestión se complica si, como sostiene la sentencia de instancia, la devolución está justificada porque la realización de las obras ha devenido imposible. Parece claro que si así fuera ya no podríamos hablar de abuso de derecho sino de otras circunstancias que legitimarían el acuerdo adoptado al margen del perjuicio que podría suponer para los vecinos afectados. Sin embargo, esta Sala no comparte la conclusión alcanzada por el Juez de instancia, razón por la cual entendemos que procede en este punto la revocación de su sentencia.

"Como afirmaba la reiterada sentencia de esta Audiencia de 2 de marzo de 2006, las cuestiones urbanísticas son ajenas a esta jurisdicción y "lo único claro es que no hay inconveniente alguno de tipo administrativo" a la hora de realización de la urbanización del camino. No debe confundirse el necesario cumplimiento de la normativa urbanística con la imposibilidad de realizar las obras. Éstas deberán sujetarse al procedimiento administrativo que sea preceptivo, con intervención del Ayuntamiento de Becerril, pero eso no quiere decir que estemos ante obras de realización imposible como erróneamente concluye la sentencia de instancia. Buena prueba de ello es que el propio Ayuntamiento autorizó las obras propuestas por el hoy actor en su calidad de Presidente de la urbanización "Las Ventas", sin exigir las correspondientes tasas por las obras (así se certifica por el Secretario municipal). Es palmario que si autorizó las obras el Ayuntamiento, difícilmente puede justificarse en cuestiones derivadas de la normativa urbanística la supuesta imposibilidad de ejecutar las obras discutidas, máxime cuando lo único que parece exigir el Ayuntamiento para la realización de la citada obra y por tratarse de un bien de dominio público que le pertenece, es que su ejecución se efectúe con su intervención. De una atenta lectura de la certificación municipal en modo alguno se deduce que la ejecución de las obras discutidas sea imposible, sólo que deberán ajustarse a la intervención del Ayuntamiento por afectar a un bien de su titularidad y, hemos de suponer, a los permisos de obra correspondientes, pues no parece, a tenor de las contestaciones a las preguntas cuarta y quinta, que esa obra necesite ser englobada en un proyecto mas amplio, lo que se denomina, en las preguntas que constan en la certificación referida, "desarrollo del Plan Parcial La Venta 1". Pero aun en el supuesto hipotético que así fuera no estaríamos ante una situación de imposibilidad, sino de necesidad de cumplir los requisitos de la normativa administrativa aplicable en la materia, como se desprende claramente de la propia Disposición Transitoria octava del Reglamento de Urbanismo de Castila y León, referido a "recepción de urbanizaciones", citado en la certificación municipal, cita que ha sido tenido en cuenta en la sentencia de instancia como justificación de imposibilidad de ejecutar las obras conforme a la norma urbanística. Dicha Disposición ciertamente establece la imposibilidad de que el Ayuntamiento pueda conceder licencias urbanísticas en el sector o ámbito afectado una vez trascurrido el plazo que establece de un año desde su entrada en vigor sin que se haya recibido por dicho Ente la urbanización o los terrenos destinados a vías públicas, espacios libres públicos y demás usos y servicios públicos no hayan sido aún cedidos al Ayuntamiento, pero tal imposibilidad es transitoria, pues queda sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 206 y 207 del propio Reglamento (a los que expresamente se remite el precepto) referidos a entrega, recepción y destino de la correspondiente urbanización. Por tanto, aun en el supuesto de que la nueva normativa urbanística exigiese nuevos requisitos para la realización de la pavimentación del camino, es evidente que tampoco se convierte en imposible lo que hasta entonces había sido posible, solo exige cumplir las nuevas exigencias, si es que estas realmente son necesarios, pues de la certificación municipal no parece que lo sean.

Y si las obras son posibles, aunque tengan obviamente que cumplir las exigencias administrativas y la intervención del Ayuntamiento propietario del camino, decae la única razón por la cual podría ser asumible la conclusión que contiene la sentencia de instancia, y faltando esa razón, como afirmamos con anterioridad, se impone la consideración abusiva del acuerdo impugnado relativo a la devolución del dinero producto de las derramas acordadas en la Junta de 8 de marzo de 2003, siendo procedente dejarlo sin efecto, tal y como pedía la demanda inicial y ahora el recurso de apelación interpuesto.

"TERCERO.- Ahora bien, estimada la pretensión referida al acuerdo de devolución de las derramas, esta Sala no considera abusivo el segundo acuerdo que es objeto de impugnación, el referido al establecimiento de una derrama extraordinaria de 1.200 euros para atender los gastos de la comunidad y, en concreto, hacer frente al saldo negativo que presentaban las cuentas comunitarias. Siendo cierto ese saldo negativo, pues nada se ha probado en sentido contrario, y afectando la derrama a todos los vecinos, no se entiende porqué esa concreta previsión debe estimarse abusiva, pues aparece como necesaria y a nadie discrimina. Por ello, en este punto se impone la confirmación de la sentencia con desestimación del recurso interpuesto.

"CUARTO.- La estimación parcial del recurso determina la parcial estimación de la demanda inicial y por ello procede revocar el pronunciamiento condenatorio en costas que contiene la sentencia apelada, sin que se haga expresa condena a ninguna de las partes de las de primera instancia, conforme al art. 394-2 de la L.E.Civil, y sin que tampoco proceda la imposición de las costas de esta segunda instancia a ninguna de las partes, dada la estimación parcial del recurso, en aplicación del artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Quinto.-- En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de la "ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA URBANIZACIÓN DIRECCION000 " se formulan el siguiente motivo al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 LEC:

Motivo único. "[...] la sentencia recurrida vulnera el art. 7.2 del C.Civil con relación al art. 18.1 c) de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960 de 21 de julio y la interpretación jurisprudencial que de tal institución jurídica ha venido realizando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que ha quedado plasmada en las más recientes que a continuación señalamos", citando para ello las SSTS de 25 de septiembre de 1996, de 21 de diciembre de 2000, de 16 de mayo de 2001 y de 23 de octubre de 2003.

Se alega, en síntesis, lo siguiente:

1. La Junta de propietarios es soberana para adoptar todo tipo de acuerdos al amparo del artículo 14 LPH e incluso para dejar sin efecto algunos anteriores.

2. Los acuerdos adoptados en la Junta de propietarios impugnada son acordes a derecho y no pueden ser calificados de abusivos.

3. La sentencia de apelación incurre en incongruencia al declarar nulo un acuerdo y válido el otro, por cuanto están relacionados de tal forma que se podría llega a obligar a la comunidad de propietarios a ejecutar un presupuesto sin darle la posibilidad de estar dotada de ingresos presupuestarios.

4. Los acuerdos adoptados en la Junta no tenían voluntad de perjudicar ni carecían de un interés legítimo, a tenor de la doctrina sobre abuso de derecho recogida en las sentencias que cita.

5. Los acuerdos objeto de impugnación, no son contrarios a la Ley o a los Estatutos ni son lesivos para los intereses de la comunidad, en beneficio de uno o varios copropietarios.

6. La sentencia recurrida ha interpretado de forma errónea la institución del abuso de derecho, puesto que no se acredita el daño al interés no protegido por la prerrogativa jurídica ni determina la inmoralidad o antisocialidad del daño producido.

Sexto.-- Por auto de 29 de enero de 2008 se acordó admitir el recurso de casación.

Séptimo.-- En el escrito de impugnación del recurso presentado por la representación procesal de D. Felix, D. Benigno, D. Candido, D.ª Estibaliz y D. David, en síntesis, se expusieron los siguientes argumentos:

1.º El recurso carece de interés casacional, puesto que se limita a citar cuatro sentencias del Tribunal Supremo sin que se desarrolle la argumentación siguiente con base en estas sentencias.

2.º Las sentencias alegadas no se refieren a la aplicación del artículo 18 LPH, sino que contienen pronunciamientos generales sobre la doctrina del abuso de derecho.

3.º El escrito de interposición carece de contenido casacional, por cuanto se limita a volver a exponer todos los datos de pleito según la perspectiva del recurrente.

4.º El análisis que el recurrente efectúa sobre la doctrina del abuso de derecho consiste en una constante reiteración de opiniones carentes de sustento jurídico.

Octavo.-Para la deliberación y fallo del recurso se fijó el día 23 de noviembre de 2010 en que tuvo lugar.

Noveno.-- En los fundamentos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas jurídicas:

CC, Código Civil.

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

LPH, Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.

RC, recurso de casación.

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Rios, que expresa el parecer de la Sala.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.--Resumen de antecedentes.

1. En Junta general ordinaria de la comunidad de propietarios demandada de 8 de marzo de 2003, se acordó la reparación del "camino superior" de la Urbanización " DIRECCION000 ", así como el pago de la correspondiente derrama por parte de los propietarios.

2. En Junta general extraordinaria de la misma comunidad de 13 de abril de 2004, se aprobó el presupuesto definitivo de las citadas obras. Ni este acuerdo ni el anterior fueron impugnados.

3. En Junta de 22 de diciembre de 2004, se "dejaron sin efecto" los acuerdos de 8 de marzo de 2003 y de 13 de abril de 2004.

4. Los demandantes, un grupo de vecinos, impugnaron judicialmente la Junta de 22 de diciembre de 2004. Por sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia n.º 3 de Palencia, se acordó dejar sin efecto los acuerdos adoptados en dicha Junta. Dicha sentencia ha sido recurrida.

5. El 28 de marzo de 2005 se celebró nueva Junta general, en la que se acordó la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios para pagar las obras de acondicionamiento del "camino superior" y la aprobación de una derrama para hacer frente a los gastos extraordinarios de la comunidad.

6. Esta última Junta ha sido objeto de impugnación por los demandantes.

7. El juez de primera instancia desestimó la demanda al considerar que las obras aprobadas en las Juntas de 8 de marzo de 2003 y 13 de abril de 2004 habían devenido imposibles porque la legislación urbanística aplicable era diferente. No apreciaba en la comunidad demandada abuso de derecho al adoptarse los acuerdos de 28 de marzo de 2005, por cuanto no existía voluntad de perjudicar.

8. La Audiencia Provincial, sin embargo, estimó el recurso de apelación, con estimación parcial de la demanda. Entendía que el acuerdo relativo a la devolución de las derramas debía considerarse adoptado en abuso de derecho de la mayoría frente a los intereses legítimos de la minoría, al anular, por vía indirecta, unos acuerdos válidamente adoptados. Además, no debía confundirse el necesario cumplimiento de la normativa urbanística con la imposibilidad de realizar las obras. No consideró abusivo, sin embargo, el acuerdo relativo a la aprobación del pago por los vecinos de unas derramas para hacer frente a los gastos de la comunidad.

Segundo.--Enunciación del único motivo del recurso.

El motivo se introduce con la siguiente fórmula:

"[...] la sentencia recurrida vulnera el art. 7.2 del C.Civil con relación al art. 18.1 c) de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960 de 21 de julio y la interpretación jurisprudencial que de tal institución jurídica ha venido realizando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que ha quedado plasmada en las más recientes que a continuación señalamos", citando para ello las SSTS de 25 de septiembre de 1996, de 21 de diciembre de 2000, de 16 de mayo de 2001 y de 23 de octubre de 2003.

Se alega, en síntesis, lo siguiente:

1. La Junta de propietarios es soberana para adoptar todo tipo de acuerdos al amparo del artículo 14 LPH e incluso para dejar sin efecto algunos anteriores.

2. Los acuerdos adoptados en la Junta de propietarios impugnada son acordes a derecho y no pueden ser calificados de abusivos.

3. La sentencia de apelación incurre en incongruencia al declarar nulo un acuerdo y válido el otro, por cuanto están relacionados de tal forma que se podría llega a obligar a la comunidad de propietarios a ejecutar un presupuesto sin darle la posibilidad de estar dotada de ingresos presupuestarios.

4. Los acuerdos adoptados en la Junta no tenían voluntad de perjudicar ni carecían de un interés legítimo, a tenor de la doctrina sobre abuso de derecho recogida en las sentencias que cita.

5. Los acuerdos objeto de impugnación, no son contrarios a la Ley o a los Estatutos ni son lesivos para los intereses de la comunidad, en beneficio de uno o varios copropietarios.

6. La sentencia recurrida ha interpretado de forma errónea la institución del abuso de derecho, puesto que no se acredita el daño al interés no protegido por la prerrogativa jurídica ni determina la inmoralidad o antisocialidad del daño producido.

El motivo debe ser desestimado.

Tercero.--Jurisprudencia de la Sala en materia de interés casacional.

Esta Sala ha mantenido que "el "interés casacional", que constituye ese indispensable y especial requisito del recurso, debe existir realmente y justificarse adecuadamente, como deriva de una interpretación finalista del art. 479.4 LEC, que al imponer que se "expresen las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial en que se funda el interés casacional que se alegue", no puede entenderse que se limite a exigir la simple mención de unas resoluciones por sus fechas, sin que baste tampoco hacer referencia a su contenido, sino que hace imprescindible explicar cuál es la concreta vulneración de la jurisprudencia que se ha cometido por la Audiencia Provincial, en la Sentencia de segunda instancia, en relación con la concreta infracción legal que se considera cometida, imponiendo también identificarla con precisión en el escrito preparatorio, siendo insubsanable el defecto adolecido en la preparación, pues la acreditación del "interés casacional" a que se ha venido haciendo mención y con el alcance expresado, ha de estar completada en el preclusivo término del art. 479.1 de la LEC 20001, sin que pueda suplirse después, pues su carácter de presupuesto de recurribilidad determinará que deba necesariamente quedar cumplido en el plazo legal de cinco días que ordena ese precepto, lo que ha sido refrendado expresamente por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 46/2004, el 23 de marzo y 3/2005, de 17 de enero " (AATS de 13 de julio de 2010 [RC 1407/2009 ] y de 7 de septiembre de 2010 [RC 1497/2009 ], entre otros).

Cuarto.--Inexistencia de interés casacional.

A) El recurrente no llega a identificar en qué punto la Sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial apuntada ni tampoco en qué medida y de qué forma las sentencias de esta Sala han sentado la jurisprudencia vulnerada.

B) Las tres primeras sentencias alegadas - SSTS de 25 de septiembre de 1996, de 21 de diciembre de 2000, de 16 de mayo de 2001 - recogen de forma literal qué ha de entenderse por abuso de derecho, mientras que en la cuarta sentencia, esto es, la de 23 de octubre de 2003, se hace simplemente referencia, sin definición, a tal concepto jurídico.

C) Las citadas resoluciones no guardan identidad de razón, por cuanto la de 25 de septiembre de 1996 resuelve un litigio sobre impugnación de acuerdos sociales, la de 21 de diciembre de 2000 se dictó en el marco de una reclamación basada en un contrato de cuenta corriente con una entidad financiera, y solo la de 16 de mayo de 2001 y la de 23 de octubre de 2003 fueron dictadas en sede de procedimientos de Propiedad Horizontal, aunque los supuestos de hecho de estas dos últimas sentencias no guardan relación con el de la que ahora nos ocupa.

D) La construcción del recurso, por tanto, resulta artificiosa.

Quinto.-- La desestimación del recurso de casación comporta la procedencia de confirmar la sentencia impugnada de acuerdo con el art. 487 LEC y de imponer las costas a la parte recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 394. LEC, en relación con el 398 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.


FALLAMOS


 
1. Se desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Asociación de vecinos de la DIRECCION000 ", contra la de 29 de junio de 2006, dictada por la Audiencia Provincial de Palencia (Sección 1.ª) en el rollo de apelación n.º 220/2006, cuyo fallo dice:

"Fallamos.

"Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Felix, Don Candido, Doña Estibaliz, Don Benigno, Don David y Don Geronimo, contra la sentencia dictada el día 9 de marzo de 2006, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Palencia, en los autos de que este Rollo de Sala dimana, debemos revocar, como revocamos la mencionada resolución, y estimando parcialmente la demanda interpuesta, declaramos la nulidad del acuerdo adoptado el 28 de marzo de 2005 por la Junta de la entidad demandada, "Asociación de Vecinos Urbanización DIRECCION000 ", relativo a la devolución total o parcial de las tres últimas derramas extraordinarias ingresadas por los copropietarios, dejándolo sin efecto, confirmando la sentencia en lo que se refiere al acuerdo adoptado en la misma fecha estableciendo una derrama extraordinaria de 1 200 euros, todo ello con revocación del pronunciamiento condenatorio en costas de primera instancia, las cuales no se imponen a ninguna de las partes. Tampoco se hace expresa imposición de las costas del presente recurso".

2. No ha lugar a casar por el motivo formulado la sentencia recurrida, que resulta confirmada con este alcance.

3. Se imponen las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos Juan Antonio Xiol Rios, Jesus Corbal Fernandez, Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Antonio Salas Carceller. Rubricado.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Juan Antonio Xiol Rios, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
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