Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia T.S. (Sala 3) de 7 de diciembre de 2010


 RESUMEN:

Energía eléctrica: Denegación de autorización de instalación de líneas de media tensión. Recurso de casación contra estimación del recurso por TSJ de Canarias: No se vulneraron los preceptos reglamentarios y normas urbanísticas. El promotor del proyecto urbanizador ejecutó a su costa la infraestructura eléctrica "necesaria", término cuya interpretación fue valorada de modo correcto por el tribunal de instancia. Es irrelevante la cualidad del suelo a los efectos de la obligación de costear los gastos de urbanización. Se desestima el recurso.

En la Villa de Madrid, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2641/2008 interpuesto por "MEGAHOTEL FARO, S.L.", representada por la Procurador D.ª Matilde Marín Pérez, contra la sentencia dictada con fecha 22 de febrero de 2008 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria en el recurso número 215/2005, sobre reparto de costes de instalación; es parte recurrida la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, representada por Letrada del Gobierno de Canarias, y "ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.", representada por el Procurador D. Carlos José Navarro Gutiérrez.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-"Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria el recurso contencioso-administrativo número 215/2008 contra la resolución del Director General de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias de 5 de noviembre de 2004, confirmada en alzada por silencio administrativo, que concedió autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución denominado Línea de Media Tensión y Centro de Transformación para el Hotel Costa Meloneras (término municipal de San Bartolomé de Tirajana), promovida por "Megahotel Faro, S.L.", bajo el número de referencia AT-04/070.

Segundo.-En su escrito de demanda, de 24 de febrero de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "declarando la nulidad del apartado 10.º de la resolución objeto de recurso por no ser ajustada a Derecho conforme a los términos que ya han quedado expuestos". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Tercero.-La Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias contestó a la demanda por escrito de 30 de marzo de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que se desestime en todos sus extremos declarando ajustado a Derecho la resolución impugnada, con expresa imposición de costas a la parte actora por temeridad y mala fe".

Cuarto.-"Megahotel Faro, S.L." contestó a la demanda con fecha 12 de mayo de 2006 y suplicó sentencia "desestimatoria del recurso contencioso-administrativo, con expresa imposición de costas a la demandante por su manifiesta temeridad procesal". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.-Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 15 de mayo de 2006 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia con fecha 22 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Ruth Arencibia Afonso, en nombre y representación de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., contra la desestimación del recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de 5 de noviembre de 2004, cuya prescripción décima, sobre reparto de costes de instalación, anulamos, por no ser conforme a Derecho. Sin hacer pronunciamiento sobre las costas del proceso."

Sexto.-Con fecha 27 de junio de 2008 "Megahotel Faro, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2641/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero.-al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional "en cuanto concurre en este supuesto una valoración irregular de la prueba".

Segundo.-al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por:

- "vulneración de los artículos 45.2, 3 y 4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y los artículos 14.1 y 2 y 18.3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones [...]".

- "Vulneración por la sentencia del artículo 14 de la Constitución Española sobre el principio de igualdad y la jurisprudencia que lo interpreta - STC 200/2001, de 4 de octubre - [...]".

Tercero.-al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por:

- "Vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala el carácter reglado del suelo urbano, de entre la que podemos citar, por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2001 [...] y la de 30 de junio de 1989 [...]".

- "Infracción, por parte de la sentencia recurrida, de reiterada doctrina jurisprudencial en cuanto al reparto equitativo de beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico, de entre la que podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2000 [...]".

- "Igualmente, se entiende vulnerada la jurisprudencia que anuda el régimen urbanístico del suelo en cuanto a derechos y deberes de los propietarios y las obligaciones derivadas de la normativa sectorial eléctrica, cuyo máximo exponente es la sentencia del Tribunal Supremo -citada en la sentencia impugnada- de 25 de noviembre de 2002 [...]".

Séptimo.-"Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó sentencia "declarando su inadmisibilidad o, subsidiariamente, su desestimación".

Octavo.-Por providencia de 23 de marzo de 2009 se tuvo por caducada en el trámite de oposición al recurso de casación a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Noveno.-Por providencia de 4 de octubre de 2010 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria con fecha 22 de febrero de 2008, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U." contra el apartado décimo de la resolución del Director General de Industria y Energía de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias de 5 de noviembre de 2004 (expediente n.º AT-04/070) que concedió la autorización administrativa y aprobó el proyecto de ejecución de la línea de media tensión y centro de transformación para el Hotel Costa Meloneras, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

La citada resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por "Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U." el 1 de diciembre de 2004, que debe entenderse desestimado por silencio.

Segundo.-El objeto de litigio se limitó a la discrepancia entre el promotor de la nueva instalación eléctrica, por un lado, y la empresa distribuidora obligada al suministro, por otro, sobre quién había de asumir los costes de dicha instalación. La Administración autónoma, al zanjar el debate en vía administrativa, consideró que "Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U." debía sufragar un determinado porcentaje (en este caso el 88,44) de los costes de ejecución material del proyecto porque era dicha empresa, en su condición de distribuidora, quien había "considerado oportuno dar una dimensión a la red superior para atender la demanda de potencia solicitada".

El contenido de esta prescripción, que citaba como fundamento el artículo 45.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, fue anulado por el tribunal de instancia. Contra la sentencia que declaró su nulidad anunciaron el presente recurso de casación tanto el promotor del proyecto de electrificación (la sociedad "Megahotel Faro, S.L.") como el Gobierno de Canarias (que lo hizo fuera de plazo).

Tercero.-La Sala de instancia dictó la sentencia ahora impugnada en los mismos términos en que lo había hecho al resolver otros recursos análogos, esto es, siguiendo el precedente de las que había pronunciado el 17 de octubre de 2007 (en el recurso 130/2005), el 29 de noviembre de 2007 (recurso 100/2005) y el 20 de diciembre de 2007 (recurso 73/2005). En el fundamento jurídico segundo de la sentencia que analizamos manifiesta, en efecto, el tribunal de instancia que se atiene "por razones de unidad de doctrina" a aquellos pronunciamientos.

La tesis de fondo mantenida en dichas sentencias y reiterada en la que ahora hemos de enjuiciar ha sido corroborada por esta Sala del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación interpuestos contra ellas. Mediante nuestras sentencias de 10 y 19 de junio de 2009, al desestimar respectivamente los recursos de casación número 1578/2008 y 1700/2008, confirmamos las dictadas por el tribunal territorial en los recursos 73/2005 y 130/2005.

Cuarto.-En el primer motivo de casación "Megahotel Faro, S.L." imputa a la Sala de instancia el quebrantamiento de las garantías esenciales del proceso en materia de prueba. Afirma que se ha producido una "valoración irregular de la prueba" y que la Sala ha vulnerado las reglas de la sana crítica al "otorgar toda la certeza y validez a las pruebas aportadas por la parte actora, sin valorar ni tener en cuenta [...] los informes contradictorios obrantes en el expediente [...] ni la prueba testifical del perito redactor del informe aportado por la actora". Critica que la Sala se haya basado en el informe aportado por "Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.", "elaborado más de un año antes de dictarse el acto administrativo impugnado" y sostiene que es "irracional y arbitrario" concluir que en este caso no existió sobredimensionamiento de la red. Afirma asimismo que no procedía considerar al suelo como urbanizable sino como urbano (en virtud de la certificación que aportó) aunque reconoce que ello no tiene consecuencias en orden al reparto de costes.

Planteada al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional esta alegación debe ser rechazada. Hemos dicho de modo reiterado que bajo la rúbrica del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional no se pueden plantear cuestiones que se refieran a la valoración de la prueba llevada a cabo por el tribunal de instancia. En los supuestos en que se impute a la sentencia de instancia haber incurrido en una valoración ilógica, irracional y contraria a la reglas de apreciación de las pruebas, o en infracción de los preceptos relativos a la carga de la prueba, la denuncia ha de hacerse al amparo del artículo 88.1.d) de la referida Ley, pues se trataría de una vulneración de las normas del ordenamiento jurídico, aunque se incluyan en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El cauce procesal que ofrece el artículo 88.1.c) queda circunscrito al error " in procedendo ", es decir al error en la actividad procesal desplegada por el órgano jurisdiccional desde la iniciación del proceso hasta la sentencia misma como acto formal.

Constituye asimismo doctrina constante que las discrepancias del recurrente con la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de instancia no bastan para fundar un motivo casacional. Este recurso no tiene por objeto repetir el debate de instancia sobre los hechos y no existe un motivo de casación específico que permita denunciar el error en que hubiese podido incurrir la Sala de instancia al apreciar los elementos de prueba. Es cierto que cabe aducir la infracción de normas o jurisprudencia reguladoras del valor tasado de determinadas pruebas, en los contados casos en que la apreciación de la prueba no es libre, o bien mantener que la llevada a cabo por la Sala de instancia resulta de todo punto ilógica o arbitraria. Tales imputaciones -que no pueden confundirse con la mera discrepancia de quien las suscribe respecto de la valoración de la prueba hecha en la instancia- deben encauzarse, repetimos, por el motivo previsto en la letra d) del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional.

Por lo demás, las críticas al informe pericial valorado por el tribunal de instancia y la preferencia de la sociedad recurrente por el que había emitido la Dirección General de Política Energética y Minas no serían suficientes para desvirtuar la conclusión del tribunal de instancia sobre el material probatorio, conclusión apoyada asimismo en el informe de la Comisión Nacional de la Energía cuyo contenido asume aquel tribunal. Reiteramos a estos efectos lo que ya dijimos en nuestras sentencias precedentes de 10 y 19 de junio de 2009, antes citadas.

Quinto.-En el segundo motivo de casación, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción de los artículos 45.2,3 y 4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y de los artículos 14.1 y 2 y 18.3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones.

Sus argumentos en cuanto la aplicación de dichos preceptos, legales y reglamentarios, bien del Real Decreto 1955/2000 bien de la Ley 6/1998, no son sino repetición de su tesis en la instancia, a saber, que no tiene por qué correr con los gastos de la instalación eléctrica si esta adquiere, por exigencias unilaterales de la empresa eléctrica distribuidora, unas dimensiones superiores a las que realmente demanda su proyecto.

El planteamiento de origen es correcto pero no sus conclusiones si, como ha sucedido, la apreciación de la prueba llevada a cabo por el tribunal de instancia le ha permitido concluir que en el caso de autos no había existido el sobredimensionamiento que afirma la sociedad recurrente. La Sala ciertamente admite que la instalación objeto de litigio requiere, para ser conectada a la red de distribución, unas características del cable conductor superiores a las que derivarían de la mera potencia demandada por el promotor. Pero considera, por las razones que transcribe y que en otras sentencias hemos reproducido, que ello no implica sino el cumplimiento de unas exigencias reglamentarias (la necesidad de que los centros de transformación se instalen "en anillo") que en todo caso deben respetarse, derivadas del hecho de que se trata de una red mallada única y no de meras instalaciones aisladas. De ello deduce que no se trata de una red "sobredimensionada" por mera imposición interesada de la distribuidora, en su propio beneficio, sino de una instalación necesaria para atender el suministro en condiciones de calidad y seguridad, hipótesis para la cual el artículo 45.4 del Real Decreto prevé que los costes derivados de la extensión deben correr a cargo del promotor.

A los efectos que aquí importan es irrelevante -como la propia recurrente admite- que el terreno tuviera la condición de urbanizable o de urbano, siempre que no fuese solar (lo que ella misma también reconoce) pues los deberes del promotor de costear las obras urbanizadoras son análogos. A partir de esta premisa, la invocación como infringidos de artículos de la legislación urbanística (en concreto, del artículo 8 de la Ley 6/1998 y su correlativo de la normativa específica de Canarias) carece de trascendencia.

Las críticas que en este recurso se vierten al dictamen del perito no pueden prevalecer sobre la apreciación de instancia que, además, se basa igualmente en el informe de la Comisión Nacional de Energía adoptado por su Consejo de Administración en la sesión del día 11 de mayo de 2006. Aquel dictamen tiene valor en cuanto análisis técnico para considerar si se produce "sobredimensionamiento" por la exigencia de conectar los centros de transformación a la línea mediante cables conductores de determinadas características. Y el informe emitido por la Comisión Nacional de Energía -en respuesta a las consultas planteadas por "Endesa Red, S.A."- lo era en relación precisamente con los conflictos existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias relativos al reparto de los costes de inversión en la extensión de redes eléctricas para el suministro a clientes.

Uno y otro informe contienen datos y criterios -avalados, en el caso de la Comisión Nacional de la Energía, por su función de organismo regulador independiente- que sin duda resultaban pertinentes para la solución del litigio, por más que en ellos no se hiciera referencia singular a todos y cada uno de los numerosos conflictos planteados. A la vista de su contenido el tribunal de instancia podía concluir, como hizo, que la nueva instalación eléctrica, configurada del modo en que fue aprobado el proyecto, no tenía en realidad una dimensión superior, sino adecuada, a la necesaria para atender a la demanda de potencia solicitada por el promotor sin por ello reducir la capacidad de la red misma. Conclusión que, insistimos, es correcta si, en virtud de las características físicas de las instalaciones proyectadas en la urbanización industrial y conforme a las normas reguladoras de las condiciones técnicas y de seguridad aplicables, debían respetarse determinados parámetros para conectar los nuevos centros transformadores a la red de distribución de energía eléctrica.

No se han vulnerado, pues, los preceptos reglamentarios y las normas legales invocados. Unos y otras parten de que el promotor del proyecto urbanizador debe ejecutarlo a su costa, incluida la infraestructura eléctrica "necesaria", término éste cuya interpretación realiza de modo adecuado el tribunal de instancia a la vista de la prueba practicada. Por lo demás, tras afirmar dicho tribunal que la dimensión dada a la instalación tiene las condiciones reglamentarias y que con ella se pretende, además de garantizar el suministro regular y de calidad, conectar la nueva instalación en las debidas condiciones a la red preexistente (evitando de este modo "cuellos de botella") no excluye que ello beneficie igualmente a ulteriores usuarios, hipótesis que el Real Decreto 1955/2000 expresamente prevé y para la que contempla la figura de los convenios de resarcimiento. El hecho de que no se hayan suscrito en este caso no obsta a que dicha posibilidad esté presente en la regulación de los costes de electrificación y pueda, en su caso, ser desarrollada.

Sexto.-En el tercer y último motivo casacional se imputa al tribunal de instancia la vulneración de la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo tanto sobre los caracteres del suelo urbano como sobre el reparto equitativo de beneficios y cargas derivados del planeamiento urbanístico.

A) En lo que se refiere a la cualidad de urbana -en vez de urbanizable- de la parcela sobre la que se asienta el hotel cuyos costes de electrificación se debaten, considera vulnerada la doctrina expuesta en las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo y 4 de diciembre de 2001, entre otras, sobre los requisitos exigibles a los suelos urbanos. Pero ya hemos significado cómo esta cuestión resulta irrelevante a los efectos del litigio pues corresponde a los propietarios del terreno -tanto si es urbanizable como urbano que aún no cuente con la condición de solar- costear los gatos de urbanización, entre ellos los correspondientes a las instalaciones eléctricas necesarias.

B) En cuanto al reparto de costes, invoca un pasaje de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2000 sobre la no exigencia a los promotores del coste de ulteriores "actuaciones de mejoras puntuales de servicios como los de energía eléctrica". Doctrina inaplicable al caso de autos pues aquí se trata de primeros costes de urbanización y el régimen normativo aplicable es distinto del que estaba vigente en el momento al que se refiere aquella sentencia.

C) Afirma también que el tribunal de instancia no aplica debidamente la doctrina contenida en nuestra sentencia de 25 de noviembre de 2002 pero realmente no explica por qué habría sido vulnerada cuando lo cierto es que en aquella sentencia corroboramos la legalidad de las normas del Real Decreto 1955/2000, entonces impugnado de modo directo, afirmando la validez de las disposiciones (en concreto, del artículo 45) que atribuían a los promotores la realización, a su costa, de las infraestructuras eléctricas necesarias para el suministro eléctrico. Es precisamente sobre esta base como debe decidirse, en atención a las características singulares de cada proyecto, el grado de "necesidad" de las instalaciones eléctricas en él comprendidas.

Séptimo.-Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español


FALLAMOS


 
No ha lugar al recurso de casación número 2641/2008, interpuesto por "Megahotel Faro, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas de Gran Canaria con fecha 22 de febrero de 2008 en el recurso número 215 de 2005. Imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.


Este documento reproduce el texto distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de las condiciones generales de reutilización establecidas por el artículo 3.6 del Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación