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Auto A.P. Madrid 125/2010, de 12 de mayo


 RESUMEN:

Demandas: Las demandas sólo pueden rechazarse si faltan los presupuestos exigidos en la ley o cuando se formulen con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley. Extralimitación del Juez a quo. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Inadmisión de la demanda por aplicación irrazonada y contraria a Derecho de la Ley Hipotecaria partiendo de una comunicación de la DGRN ajena a los requisitos procesales. Las normas procesales pertenecen a la esfera del Derecho Público y han de reputarse absolutas e imperativas salvo casos excepcionales en que las partes o el Juez puedan regular libre o convencionalmente la relación procesal.

MADRID

AUTO: 00125/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE MADRID

Sección 10

4530A

C/ FERRAZ 41

Tfno.: 914933847-48-918-16 Fax: 914933916

N.I.G. 28000 1 7003812 /2010

Rollo: RECURSO DE APELACION 237 /2010

Autos: JUICIO VERBAL 2513 /2009

Órgano Procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 31 de MADRID

De: BIENES FAMILIARES, S.A.

Procurador: ALICIA OLIVA COLLAR

Contra: DGRN_

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

SOBRE: Acción de impugnación jurisdiccional frente a la desestimación en virtud de silencio administrativo por la DGRN de recurso gubernativo contra calificación

de Registrador

Ponente: ILMO. SR. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS

A U T O

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS

D.ªM.ª ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

D.ªM.ª JOSEFA RUIZ MARÍN

En MADRID, a doce de mayo de dos mil diez.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos n.º 2513/09, procedentes del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 31 de Madrid, seguidos a instancia de como demandante-apelante BIENES FAMILIARES, S.A., representada por la Procuradora D.ª Alicia Oliva Collar y defendida por Letrado, seguidos por el trámite de juicio verbal.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANGEL VICENTE ILLESCAS RUS.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 31 de Madrid, en fecha 11 de enero de 2010, se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:"NO ADMITIR la demanda de juicio verbal presentada por la entidd BIENES FAMILIARES S.A. y en su representación la Procuradora DOÑA ALICIA OLIVA COLLAR, por encontrarse pendiente de resolución en la Dirección General de los Registros y del Notariado el recurso ante el mismo interpuesto, y en consecuencia, no haber transcurrido el plazo legal de dos meses previstos en el Art. 328 de la L.H., para poder ser recurrida la misma. No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.".

Segundo.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante. Admitido el recurso de apelación en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada. Elevándose los autos ante esta Sección, para resolver el recurso.

Tercero.-Por providencia de esta Sección, de fecha 20 de abril de 2010, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 11 de mayo de 2010.

Cuarto.-En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.


II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


 
Primero.-No se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, los cuales serán reemplazados por los que se expresan a continuación.

Segundo.-(1) Por Auto de 11 de enero de 2010 la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de los de Madrid resolvió no haber lugar a la admisión a trámite de la demanda de procedimiento verbal promovida por la representación procesal de la entidad mercantil "Bienes Familiares, SA" en ejercicio de la acción impugnatoria prevista en los arts. 327 y 328 LH, por entender que no había transcurrido el plazo para la interposición de la demanda.

(2) Mediante escrito con entrada en el Registro General en fecha 16 de marzo de 1010, la representación procesal de la entidad mercantil "Bienes Familiares, SA" interpuso recurso de apelación frente a la resolución recaída con fundamento en los siguientes motivos "... MOTIVO PRIMERO

Infracción del artículo 328 de la Ley Hipotecaria en relación con el articulo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que conducen a una vulneración de los apartados 2 y 3 del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Artículo 24 de la Constitución.

Las demandas sólo pueden rechazarse cuando falten los presupuestos exigidos en la ley o cuando se formulen con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley de modo que el derecho a la tutela judicial efectiva y principio "pro actione" proscribe si no faltan los presupuestos exigidos legalmente que las demandas sean inadmitidas e impone que éstas sean admitidas para dar al juicio la tramitación que corresponda

El régimen previsto en la LEC para la admisión o no de la demanda viene recogido en el artículo 403, derivándose de su contenido una visión muy restrictiva en orden a la inadmisión de la demanda que es aplicable a las demandas de juicio verbal, así en su apartado 1 ° "Las demandas sólo se inadmitirán en los caos y por las causas expresamente previstas en esta Ley". Alude el apartado 2° exclusivamente a las demandas de responsabilidad contra Jueces y Magistrados por daños y perjuicios -apartado claramente inaplicable al caso presente y el apartado 3° es del siguiente tenor "Tampoco se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales", siendo que en la demanda de que se trata en el presente caso, la normativa que rige respecto de la acción ejercitada no exige expresamente determinados documentos, intentos de conciliación o requerimientos de tal forma que tampoco son aplicables al caso de autos los cinco apartados del artículo 439 LEC salvo en quinto en cuanto remite a lo dispuesto en las leyes especiales que regulen la demanda.

Por eso, debemos acudir a la ley especial con arreglo a la que se ha planteado la presente demanda, esto es, la Ley Hipotecaria. En definitiva debemos estar al tenor literal de esa ley y partir del restringido ámbito que la Ley concede al Juzgador para la inadmisión de demandas como es el caso del artículo 439 LEC en el que se alude a la inadmisión en casos especiales en los que se imponen requisitos establecidos en la propia LEC o en otras leyes como establece el apartado 5 del artículo 439 LEC.

Esa remisión nos conduce a la Ley Hipotecaria puesto que la demanda rectora de este procedimiento se ha formulado al amparo del artículo 328 LH, concretamente de sus dos primeros apartados que disponen:

1) Las calificaciones negativas del registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal.

2) La demanda deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación o, en su caso, de la resolución dictada por la Dirección General, o, tratándose de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de cinco meses y un día desde la fecha de interposición del recurso, ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble y, en su caso, los de Ceuta o Melilla.

Quiere lo anterior decir que la presente demanda debiera haber cumplidos los presupuestos o requisitos que establezca la Ley Hipotecaria y de la lectura de los dos apartados antes transcritos se llega fácilmente al convencimiento que, el único requisito o presupuesto que la LH establece es el de un plazo de caducidad para la presentación del recurso, ya sea de dos meses desde la notificación de la resolución de la DGRN o ya sea de cinco meses y un día en aquellos casos en los que no se ha producido tal resolución y el recurso gubernativo debe entenderse desestimado por inactividad, por el transcurso del tiempo.

El Fundamento de Derecho Primero del auto recurrido abunda en lo anterior y declara que la demanda se ha presentado dentro del plazo previsto en el artículo 328 LH, en este caso, dentro del plazo de los cinco meses y un día. [...]

Lo que ocurre es que el Juzgador a quo no se detiene ahí, tras que comprobar que los plazos son correctos y las fechas que alega mi mandante y se desprenden de los documentos acreditan que los plazos para resolver el recurso por parte de la DGRN han sido superados y que, por tanto, el recurso ha sido desestimado por inactividad del Centro Directivo. El Juzgador a quo da un paso más allá, en contra del mandato de la ley y valora si esa inactividad del Centro Directivo es tal o no. El hecho de que la remisión del expediente venga acompañada de una comunicación de 14 de diciembre de 2009 firmada por la Jefa de Area de la Subdirección General del Notariado y de los Registros en el que se hace constar que el recurso gubernativo se encuentra pendiente de estudio y resolución le lleva al Juez a quo a hacer una valoración de ese oficio sobre el estado del procedimiento administrativo en la tramitación del recurso gubernativo. Y el Juzgador a quo concluye sosteniendo que como está pendiente de resolución porque está en estudio no puede considerarse que haya sido rechazado por inactividad y, por tanto, al no haber inactividad y convertirlo en algo pendiente, sostiene que el recurso debiera haberse interpuesto dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución. Como esa notificación no se ha producido, no hay ni posibilidad de recurso ni plazo para ello por lo que inadmite el recurso. [...]

No cabe duda que el Juez a quo, sin entrar ahora en la valoración de su planteamiento, se ha extralimitado, primero porque ha valorado si existía resolución desestimatoria por inactividad y transcurso del tiempo y convertido algo que podría ser un tema de fondo que debería resolverse en la sentencia que ponga fin al proceso en un presupuesto de comprobación de la procedencia de la admisibilidad de la demanda y ello sin entrar ahora a impugnar el razonamiento del Juez a quo.

Lo que resulta indudable es que la argumentación del Juez a quo conduce rectamente a privar a mi mandante del acceso a los Tribunales, puesto que no se admite la demanda por entender que no existe desestimación y que el transcurso del plazo no ha producido el citado efecto y utiliza la manifestación del Centro Directivo, permítaseme la expresión, diciendo que "estamos con el asunto" para que desoír el mandato de la LH en relación con el efecto del transcurso del plazo sin resolver. A partir de ahí, partiendo que la DGRN está "trabajando" en la resolución del recurso, concluye que no hay inactividad y que, por tanto, hay que esperar a que se dicte resolución expresa para poder recurrir.

Ese razonamiento, contrario a Derecho, lleva a mi representado a impedirle el acceso a los Tribunales y le coloca en una situación de inseguridad enorme por cuanto debería, según el Juzgador a quo, esperar a que se resolviese expresamente para poder accionar judicialmente contra la resolución en el caso de que no fuese favorable a sus intereses. Corrobora lo anterior el que al día de la fecha, aún no ha dictado resolución alguna. Y, por eso, en este caso el auto recurrido por el que se inadmite la demanda guarda una indudable conexión por cuanto que lo vulnera con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la CE desde el momento en que tal inadmisión impide la sustanciación del proceso y que recaiga la oportuna decisión judicial sobre la acción planteada. Es cierto que no toda inadmisión de demanda supone una vulneración del expresado derecho fundamental pero en este caso sí que estamos en presencia de esa vulneración porque la inadmisión no se produce por la falta de algún presupuesto procesal sino que la in admisión "a limine" de la demanda se produce, como se ha visto, haciendo aplicación irrazonable y contraria a Derecho de un precepto de la LH partiendo de una comunicación de la DRGN que nada tiene que ver con los presupuestos que el artículo 328 LH lista en sus dos primero apartados. Además, en todo caso, se impone a lo Tribunales la exigencia de interpretar los presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del expresado derecho a la tutela judicial si producir indefensión y, en definitiva, a obtener una resolución sobre el fondo, apurando todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico ofrece para propiciar la rectificación o subsanación de los defectos que aquejan a los actos procesales de las partes e impiden dar curso a sus pretensiones.

En definitiva, el Juez a quo sólo puede rechazar la admisión de la demanda a trámite en aquellos supuestos en que falten los presupuestos que la ley exige para darle curso, y en aquellos otros en que la pretensión se formule con manifiesto abuso de derecho o en fraude de Ley (art. 11.2 LOPJ) pero nada de eso ha ocurrido en el presente caso.

MOTIVO SEGUNDO

Infracción del artículo 327 de la Ley Hipotecaria en el apartado que dispone "La Dirección General deberá resolver y notificar el recurso interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada en Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que ello diere lugar" por cuanto que el mandato del citado apartado es claro y no sujeto a interpretación por parte de los Jueces.

Las normas procesales, como tiene reiteradamente declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo: "pertenecen a la esfera del Derecho Público y han de reputarse absolutas e imperativas, salvo en aquéllos supuestos excepcionales en los que de las palabras expresas de la ley o de la finalidad de la norma concreta de que se trata, se desprende que las partes o el Juez están autorizados para reglamentar convencional o libremente la relación procesal". Tanto las resoluciones judiciales de nuestro Tribunal Supremo como las opiniones de la doctrina han permanecido invariables en este punto, e incluso el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de subrayarlo en varias ocasiones al indicar que: para la ordenación adecuada del proceso existen presupuestos, formas, y requisitos procesales que, por afectar al orden público, son de necesaria observancia por su racionalidad y eficacia, y que no pueden dejarse en su cumplimiento al libre arbitrio de las partes y a los Jueces y Tribunales les corresponde velar por el cumplimiento de esos presupuestos, formas y requisitos procesales.

Ello quiere decir que el Juez a quo infringe y desoye el mandato del artículo 327 LH puesto que el legislador ha querido que la DRGN resuelva los recursos en el plazo de tres meses y que transcurrido el citado plazo, el recurso se entienda desestimado. Y el artículo 328 LH ha establecido, a su vez, los plazos dentro de los cuales se pueden interponer las correspondientes acciones judiciales.

En el caso que nos ocupa, el Juzgado a quo desoye ese mandato y el carácter imperativo de las normas procesales contenidas en el artículo 327 LH y, a pesar de que han transcurrido los tres meses sin que la DRGN haya resuelto el recurso.

Se comprueba ese extremo con una simple operación aritmética (con fecha de 3 de julio dice la DRGN que le llegó el recurso que se había presentado ante el Registro de la Propiedad y con fecha de 14 de diciembre del mismo año manifiesta que está pendiente de estudio y resolución). Pues bien, en ese caso, el mandado del artículo 327 LH es claro, se entiende desestimado el recurso y abierta la vía jurisdiccional. Ese carácter automático e imperativo del artículo 327 LH en los casos de desestimación por falta de resolución se confirma con el sólo examen de la profusa doctrina existente sobre la nulidad o no de las resoluciones a recursos gubernativos dictadas extemporáneamente por la DRGN. Vaya por delante que no es el caso que aquí nos ocupa por cuanto que no se ha producido esa resolución extemporánea pero traemos a colación los razonamientos porque la doctrina que se construye por las Audiencias Provinciales parte del carácter imperativo del 327.10 LH en relación con el silencio negativo.

En ese sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9, de 23 de abril de 2008 (JUR 20081187607) argumenta que "debe prosperar el aspecto relativo a la nulidad vinculada a la extemporaneidad de la resolución dictada por la DGRN, por cuanto el artículo 327 LH establece, en este punto, como argumenta la parte recurrente, una norma específica en la materia, con superiores consecuencias a las que, con carácter general, contempla la normativa administrativa, y evidentemente aunque la ratio essendi de tal instituto ha de hallarse en la valoración del beneficio del recurrente, abriéndole la posibilidad de combatir la resolución denegada presuntamente, en la vía jurisdiccional, que queda expedita por la falta de expresión de resolución en período oportuno, en este caso la regulación es imperativa, y, por tanto, al igual que en la sentencia dictada por la Sección Octava de esta Audiencia (Ponente Sra. Ortega Mifsud) de 5 de diciembre de 2006 (JUR 2007, 234977), consideramos que

por la resolución extemporánea del recurso ha de devenir nula la resolución dictada, porque aquel ya se había rechazado, en forma automática, por silencio administrativo, con anterioridad, y ello por ministerio de la Ley, dada la fórmula imperativa que el precepto utiliza ("se entenderá") compartiendo los argumentos de la recurrente en el sentido de diferenciar tal mención de la utilizada con carácter general, más flexible, que permitiría la interpretación que se acoge en primera instancia, que no procede, en este caso, por el tenor de la norma indicada".

Al respecto, de nuevo la Audiencia Provincial de Valencia en sentencia de 16 de julio de 2008 (PROV 2008\307741) destaca ese carácter imperativo del transcurso del plazo sin resolución y la consideración de la inactividad como una resolución expresa desestimatoria y señala que: "En cuanto a los efectos del incumplimiento de tal deber legal, la Sala ha de estimar la consecuencia jurídica proclamada en la demanda cual es que dicha resolución carece de eficacia y por ende es nula y no comparte el argumento jurídico de la Abogacía del Estado por cuanto se basa en una remisión legislativa a la Ley 30/92 (RCL 19921 2512, 2775 y RCL 1993, 246) no dispuesta en el precepto y entendemos por la especialidad o singularidad que tiene el propio sistema registra/ e intereses afectados, no es de aplicación en este punto esa ley ni pertinente la remisión legislativa defendida por los interpelados que el artículo 327 no efectúa. Es más, llama poderosamente la atención que en el Título legal ahora objeto de aplicación cuando el legislador ha querido ha dispuesto expresamente dicha remisión (artículo 322 párrafo segundo; artículo 326 último párrafo y artículo 327 párrafo tercero) y ser la literalidad del precepto, primer criterio de interpretación de las normas legales conforme al artículo 3.1 del Código Civil, claro y meridiano al afirmar que se "entenderá desestimado el recurso". Vistos y comparados el artículo 327 de la Ley Hipotecaria y el artículo 43 de la LRJPAC es clara la diferencia al establecer el primero que transcurrido el plazo se entenderá desestimado el recurso, a diferencia del segundo precepto, que establece que la desestimación por silencio administrativo tiene solo los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente".

La misma interpretación acoge la sentencia de la Sección 11 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de abril de 2007 (JUR 2007, 242708), que igualmente matiza que no procede acudir a normas supletorias del procedimiento general porque el artículo 327 contiene términos claros, concluyentes, que han de ser aplicables por su mayor especialidad.

A mayor abundamiento y en esta línea jurisprudencial señalamos la sentencia de la sección 17a Audiencia Provincial Barcelona en la sentencia de 22 enero 2008 (JUR 2008, 106449) que mantiene igual criterio al fijado añadiendo que la "aplicación incondicionada de los arts. 42 y 43 RJAPPAC [RCL 1992, 2512 y 2775 y RCL 1993, 246 ] a los arts. 327 y 328 LH (RCL 1946, 886) no puede realizarse sin conculcar el principio de seguridad jurídica y derechos de terceros, por lo cual, transcurridos tres meses sin que recaiga resolución por la Dirección General de los Registros y Notariado se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía judicial, con desapoderamiento a la administración para dictar una resolución tardía en tiempo indefinido, por lo cual, la resolución estimatoria posterior ha devenido carente de validez y afecta de nulidad total".

Y conviene traer a colación, por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 22 de febrero de 2007, (AC 2007\1079) que reconoce el valor supletorio de la Ley 30/1992 en materia de silencio positivo y negativo al asunto de que se trata por referirse a hechos que ocurrieron antes de la reforma de la LH y de la adición del apartado 10 del artículo 327 LH. Lo que nos debe llevar a sostener y reafirmar el carácter automático e imperativo del plazo de tres meses que el referido apartado del artículo 327 LH impone y que, por tanto, debe ser atendido y cumplido por los jueces y tribunales. Dice así: "Si esto es así habremos de convenir que el Registrador de la Propiedad, que está legitimado en la forma que establece el art. 328, pudo formular demanda para defender, frente a la resolución de la DGRN, que su actuación se ajustaba a derecho, lo que comportaba, ineludiblemente, pronunciarse también sobre si la resolución de la DGRN pudo ver la luz con el retraso en que lo hizo (se interpuso el recurso en 2808-2002 y se resolvió el 29-09-2005), lo que venía a conectar con los efectos del silencio negativo y la redacción del anteúltimo párrafo del art. 327, sin percartarse de que este segundo párrafo ha sido adicionado por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre (RCL 20051 2255), que no estaba vigente cuando los hechos ocurren y por lo tanto no puede valorarlo este Tribunal, de manera que siempre tendrá que conectarse el art. 327 en la redacción de la Ley de 2001 con las posibilidades que ofrece, en materia de silencio, la Ley de 1992 (RCL 19921 2512, 2775 y RCL 1993, 246) de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común"

Los razonamientos del Juzgador a quo contenidos en el fundamento de derecho segundo del auto recurrido no son sino un vano intento por justificar que no ha habido inactividad en contra del tenor y de la dicción del artículo 327 LH y en contra de la doctrina de las Audiencias que atribuyen claramente efectos desestimatorios al transcurso del plazo fijado en el artículo 327 LH.

El recurso gubernativo está desestimado por el transcurso del plazo y ese silencio negativo equivale a una resolución expresa por mandato del apartado 10 del artículo 327 LH y, por tanto, el Juzgado a quo incurre en una interpretación contraria a derecho. La anterior afirmación encuentra su sólido apoyo en la doctrina de las Audiencias Provinciales. Entre otras la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 28 de junio de 2007, (JUR 20071319742) en el último párrafo del fundamento de derecho segundo donde resalta el efecto automático y el carácter imperativo del artículo 327 LH y por eso sostiene: "Así pues, consideramos que la argumentación jurídica expuesta es de aplicación al presente recurso en el que lo decisivo para desestimarlo es que entendemos que debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 327, párrafo décimo de la Ley Hipotecaria (RCL 1946k 886), que es de aplicación por su especialidad, y que establece que: La Dirección General deberá resolver y notificar el recurso interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que ello diere lugar". Sin que pueda aceptarse el criterio de la parte recurrente que parte de la base errónea de que este precepto no establece ninguna especialidad en relación con la regulación del silencio negativo administrativo en la LRJ-PAC, cuando es clara la diferencia al establecer el artículo 327 que transcurrido el plazo se entenderá desestimado el recurso, a diferencia del artículo 43 de la LRJPAC (RCL 19921 2572, 2 775 y RCL 1993, 246), que establece que la desestimación por silencio administrativo tiene solo los efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o Contencioso-Administrativo que resulte procedente.

A diferencia de lo establecido en este precepto de la LRJPAC del artículo 327 de le L H que es el de aplicación al caso enjuiciado se desprende que transcurrido el plazo de tres meses sin que el recurso hubiera sido resuelto el mismo necesariamente debe entenderse desestimado, por lo que entendemos que es claro que la resolución expresa de la DGRN dictada con posterioridad a este plazo es nula por ser contraria a la resolución desestimatoria presunta y ello aun cuando aun no hubiese transcurrido el plazo para su impugnación judicial previsto en el artículo 328 párrafo segundo en su redacción aplicable al presente supuesto, anterior a le reforma operada por la Ley 24/2005 de 18 de noviembre (RCL 20051 22,55)porque lo importante es que Conforme a lo dlspues:to en la Lev Hipotecaria (RCL 19461 88 el efecto del silencio negativo es equivalente a una resolución expresa".

Se reproduce a continuación de nuevo e; fundamento de derecho segundo del auto recurrido en el que se contiene el discurso argumentativo del Juzgador a quo para comprobar cómo da un valor inadecuado a la comunicación de la DRGN para con ella atacar el transcurso del tiempo sin que se haya resuelto el recurso y desoír el mandato del artículo 327.10 LH que con carácter imperativo establece que en todos aquellos casos en los que la DRGN no resuelva los recursos gubernativos en el plazo de tres meses, éstos se entenderán desestimados abriéndose la vía jurisdiccional para que los interesados puedan recurrir contra esa desestimación presunta en el plazo de cinco meses y un día.

[...]

Lo dicho hasta ahora y la nueva lectura de ese fundamento de derecho deben conducirnos a sostener que el auto de inadmisión se ha dictado prescindiendo total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley (lo que evidentemente sucede cuando el Juzgador elige no considerar que el transcurso del plazo de tres meses significa la desestimación y aplica una interpretación extraída de una comunicación de la DRGN para crear un nuevo presupuesto procesal no exigido en la LH y entrar a valorar una cuestión que de existir, debería hacer si tratada en el fondo del asunto) y es nulo...".

Y terminaba solicitando que se acordase "... revocar el auto referido ordenando al Juzgado que lo dictó que admita la demanda y ésta siga su curso...".

Tercero.-En su vigente redacción, los arts. 327 y 328 LH establecen:

"Artículo 327. El recurso, en el caso de que el recurrente opte por iniciarlo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, se presentará en el registro que calificó para dicho Centro Directivo, debiéndose acompañar a aquél el título objeto de la calificación, en original o por testimonio, y una copia de la calificación efectuada.

Al recibir el recurso, el titular del Registro que calificó deberá expedir recibo acreditativo con expresión de la fecha de presentación del mismo o, en su caso, sellar la copia que le presente el recurrente, con idéntico contenido.

Asimismo, podrá presentarse en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en cualquier Registro de la Propiedad para que sea inmediatamente remitido al Registrador cuya calificación o negativa a practicar la inscripción se recurre. Al recibirse el recurso en este último, deberá procederse de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

A efectos de la prórroga del asiento de presentación se entenderá como fecha de interposición del recurso la de su entrada en el Registro de la Propiedad cuya calificación o negativa a practicar la inscripción se recurre.

Si no hubiera recurrido el notario autorizante, autoridad judicial o funcionario que expidió el título, el registrador, en el plazo de cinco días, deberá trasladar a éstos el recurso para que, en los cinco días siguientes a contar desde su recepción realicen las alegaciones que consideren oportunas.

El Registrador que realizó la calificación podrá, a la vista del recurso y, en su caso, de las alegaciones presentadas, rectificar la calificación en los cinco días siguientes a que hayan tenido entrada en el Registro los citados escritos, accediendo a su inscripción en todo o en parte, en los términos solicitados, debiendo comunicar su decisión al recurrente y, en su caso, al Notario, autoridad judicial o funcionario en los diez días siguientes a contar desde que realizara la inscripción.

Si mantuviera la calificación formará expediente conteniendo el título calificado, la calificación efectuada, el recurso, su informe y, en su caso, las alegaciones del Notario, autoridad judicial o funcionario no recurrente, remitiéndolo, bajo su responsabilidad, a la Dirección General en el inexcusable plazo de cinco días contados desde el siguiente al que hubiera concluido el plazo indicado en el número anterior.

La falta de emisión en plazo de los informes previstos en este precepto no impedirá la continuación del procedimiento hasta su resolución, sin perjuicio de la responsabilidad a que ello pudiera dar lugar.

La Dirección General deberá resolver y notificar el recurso interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada en Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que ello diere lugar.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado la resolución expresa por la que se estime el recurso, tendrá carácter vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los Tribunales. La anulación de aquélla, una vez firme, será publicada del mismo modo.

Habiéndose estimado el recurso, el registrador practicará la inscripción en los términos que resulten de la resolución. El plazo para practicar los asientos procedentes, si la resolución es estimatoria, o los pendientes, si es desestimatoria, empezará a contarse desde que hayan transcurrido dos meses desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", a cuyo efecto, hasta que transcurra dicho plazo, seguirá vigente la prórroga del asiento de presentación. En caso de desestimación presunta por silencio administrativo, la prórroga del asiento de presentación vencerá cuando haya transcurrido un año, y un día hábil, desde la fecha de la interposición del recurso gubernativo. En todo caso será preciso que no conste al registrador interposición del recurso judicial a que se refiere el artículo siguiente.

Si se hubieran inscrito los documentos calificados en virtud de subsanación de los defectos expresados en la calificación, la rectificación del asiento precisará el consentimiento del titular del derecho inscrito y surtirá sus efectos sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria ".

"Artículo 328. Las calificaciones negativas del registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia del recurso contra la calificación de los registradores serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional civil, siendo de aplicación las normas del juicio verbal

La demanda deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados de la notificación de la calificación o, en su caso, de la resolución dictada por la Dirección General, o, tratándose de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de cinco meses y un día desde la fecha de interposición del recurso, ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble y, en su caso, los de Ceuta o Melilla.

Están legitimados para la interposición de la misma los que lo estuvieren para recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. A este fin, recibido el expediente, el Tribunal a la vista de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, les emplazará para que puedan comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve días.

Carecen de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales. El notario autorizante del título o su sucesor en el protocolo, así como el registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares. El Juez que conozca del recurso interpuesto podrá exigir al recurrente la prestación de caución o fianza para evitar cualquier perjuicio al otorgante del acto o negocio jurídico que haya sido calificado negativamente.

La Administración del Estado estará representada y defendida por el Abogado del Estado. No obstante, cuando se trate de la inscripción de derechos en los que la Administración ostente un interés directo, la demanda deberá dirigirse contra el Ministerio Fiscal.

Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados a contender entre sí acerca de la eficacia o ineficacia del acto o negocio contenido en el título calificado o la de este mismo. El procedimiento judicial en ningún caso paralizará la resolución definitiva del recurso. Quien propusiera la demanda para que se declare la validez del título podrá pedir anotación preventiva de aquélla, y la que se practique se retrotraerá a la fecha del asiento de presentación; después de dicho término no surtirá efecto la anotación preventiva de la demanda sino desde su fecha".

Cuarto.-No se alcanza a comprender cuál puede ser la razón por la cual la Juzgadora "a quo" alude al plazo de "dos meses" con invocación del art. 328 LH para justificar la inadmisibilidad de la demanda interpuesta.

Hasta la lectura más apresurada de dicho precepto evidencia que se reconoce a los legitimados para el ejercicio de la acción dos posibilidades rigurosamente coevas: a) O bien se ejercita directamente la acción ante el órgano jurisdiccional correspondiente frente a la calificación del Registrador; o, b) Se interpone previamente recurso gubernativo ante la DGRN.

El plazo de dos meses rige cuando se ejercita la acción de forma directa frente a la calificación o frente a la resolución explícita del Centro Directivo.

En cambio, cuando el interesado prefiera acudir con precedencia al recurso gubernativo ante la DGRN puede suceder que: a) El órgano resuelva oportuna, formal y tempestivamente, caso en el cual el afectado podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria en el plazo de dos meses; o

b) Que la DGRN no emita resolución expresa en plazo, en cuyo caso, a la luz del art. 328 LH la acción de impugnación caduca por el transcurso de cinco meses y un día computados desde la presentación en el Registro cuya decisión se recurrió.

Quinto.-No obstante, el art. 327 de la LH, que regula el recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado contra una calificación negativa del Registrador, establece que "La Dirección General deberá resolver y notificar el recurso interpuesto en el plazo de tres meses, computados desde que el recurso tuvo su entrada en Registro de la Propiedad cuya calificación se recurre. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución se entenderá desestimado el recurso quedando expedita la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que ello diere lugar".

Si se toma en consideración que el recurso formulado tuvo entrada en el Registro de la Propiedad núm. 22 de los de Madrid en fecha 29 de junio de 2009, al tiempo de la interposición de la demanda de cuya inadmisión se trata había transcurrido sobradamente el plazo de tres meses prevenido para que la DGRN hubiera emitido resolución explícita por lo que, en aplicación de lo dispuesto en los preceptos transcritos, devino firme la calificación del Registrador al deberse entender desestimado el recurso gubernativo, sin que quepa que válida y eficazmente pueda la DGRN resolver en cualquier otro sentido, por cuanto supondría de alterar la norma imperativa contenida en el art. 327 LH; particular en que es conteste la doctrina mayoritaria.

En consecuencia, se impone, con acogimiento del recurso interpuesto, la revocación de la resolución impugnada.

Sexto.-La estimación del recurso de apelación interpuesto apareja que no haya lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas en esta alzada, ex art. 398 LEC 1/2000.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación


III. PARTE DISPOSITIVA


 
En méritos de lo expuesto, La Sala HA DECIDIDO: Con ESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil "Bienes Familiares, SA" frente al Auto dictado en fecha 11 de enero de 2010 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 31 de los de Madrid en el procedimiento verbal promovido por la representación procesal de la recurrente, entidad mercantil "Bienes Familiares, SA" en ejercicio de la acción impugnatoria prevista en los arts. 327 y 328 LH, procede:

1.º REVOCAR la expresada resolución, dejándola sin efecto y, en su lugar, se acuerda la ADMISIÓN a trámite de la demanda formulada, ordenando al Juzgado "a quo" que la de el curso prevenido en la Ley y siga el proceso por sus trámites hasta el dictado de una resolución definitiva.

2.º NO HABER LUGAR a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas en la sustanciación de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, previniéndolas que frente a la misma NO CABE interponer recurso alguno ordinario o extraordinario.

Así por este Auto, del que se unirá certificación literal y autenticada al Rollo de Sala núm. 0237/2010, lo pronunciamos y firmamos.

E./


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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