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Sentencia A.P. Málaga 266/2010, de 12 de mayo


 RESUMEN:

Concurso de acreedores: Créditos tributarios. En fase de liquidación, la prelación que corresponde al crédito tributario será la que contempla el articulo 77 de la LGT. Prevalece lo previsto en la LGT sobre la clasificación que establece la normativa concursal.

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE MALAGA

JUICIO DE INCIDENTE CONCURSAL N.º 455.5.1/2006

ROLLO DE APELACION CIVIL N.º 483/09

SENTENCIA N.º 266/10

Iltmos. Sres.

Presidente D.ANTONIO ALCALA NAVARRO

Magistrados:

D. JOSE JAVIER DIEZ NUÑEZ

D.ª SOLEDAD JURADO RODRÍGUEZ

En la ciudad de Málaga a 12 de Mayo de 2010

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio de Incidente concursal n.º 455.5.1/2006, procedentes del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga sobre prelación de crédito tributario, seguidos a instancia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria representada en el recurso y defendida por el Iltmo. Sr. Abogado del Estado, contra CG Constructora General de Obras S.L. y la Administración Concursal, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia dictada en el citado juicio.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga dictó sentencia de fecha 9 de Enero de 2009 en el juicio de Incidente Concursal n.º 455.5.1/2006 del que este rollo dimana, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO.- QUE DESESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA INCIDENTAL planteada por LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, en reclasificación de su crédito de conformidad al artículo 77 LGT, absolviendo a la demandada de las pretensiones del actor, sin expresa imposición de costas."

Segundo.-Contra la expresada sentencia se tuvo por preparada la apelación en virtud de escrito presentado por el demandante, que interpuso el recurso en plazo y forma, del que se dio traslado a las otras partes, presentado escrito de oposición al recurso, remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni considerarse necesaria la celebración de la vista, previa deliberación de la Sala quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

Tercero.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma. Sra. D.ª SOLEDAD JURADO RODRÍGUEZ.


FUNDAMENTOS DE DERECHOS


 
Primero.-La sentencia de instancia desestima la demanda incidental formulada por la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que interesa que "los créditos tributarios incluidos en la lista definitiva de acreedores sean calificados y se les reconozca la prelación establecida en el artículo 77. L.G.T, una vez abierta la fase de liquidación.....", fundamentándose el recurso de apelación frente a dicha resolución en la infracción del artículo 77 de la Ley General Tributaria, teniendo reiterado esta Sala (entre otras, sentencia n.º 471/2007 y 262/2008) que para determinar la prelación que corresponde al crédito tributario, en aquellos supuestos en los que el concursado entra en fase de liquidación, como es el caso que nos ocupa, bien porque así se haya determinado desde el inicio del proceso concursal, bien porque no se haya podido alcanzar un convenio, resulta evidente que, para la resolución de la misma, habrá de ser tenida en cuenta tanto la Ley Concursal, como la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, estableciendo el artículo 77 de esta última Ley: "1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurran con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta Ley. 2. En caso de Convenio Concursal, los créditos tributarios a los que afecta el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal ". El problema radica en la interpretación que se haya de dar a dicho precepto en su relación con los preceptos de la Ley Concursal, y conocer así el alcance de los preceptos legales en concurrencia y, lógicamente, cuál haya sido la voluntad del legislador, para lo que es obligado acudir a los criterios de interpretación de las normas que contiene el artículo 3 del Código Civil, que dispone: "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas". Pues bien, el precepto discutido permite desde un punto de vista sistemático concluir que, por razón del interés público a satisfacer, está incluido, indudablemente, en una ley especial en la materia que nos ocupa y bajo la rubrica "derecho de prelación"; desde un punto de vista literal y según el sentido propio de sus palabras, observamos, en primer lugar, que el precepto o artículo se integra por dos apartados, lo que conlleva que la interpretación que haya de hacerse del mismo, no puede hacerse sobre ambos apartados de una forma individual o aislada, sino, que, necesariamente, se ha de conectar el apartado primero, que establece una regla general, con el apartado segundo que establece una regla especial, ocupándose el apartado primero de establecer la prelación que, con carácter general, corresponde al crédito tributario cuando concurra con otros acreedores, y el segundo, como se desprende de la dicción literal del mismo, de la prelación que corresponde a dichos créditos "en caso de Convenio Concursal" y a "los que afecte dicho Convenio", en cuyo caso dice la norma textualmente, el crédito tributario, en cuando a prelación "quedará sometido" a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal". Como el apartado segundo establece una regla especial, según sus propias palabras, frente a la regla general del apartado primero, cabe concluir que si no se dan los dos presupuestos que fija, es decir, Convenio Concursal y créditos tributarios afectados por tal Convenio, habrá de estarse a la prelación del crédito tributario que genéricamente dispone el apartado 1. De ello cabe concluir que cuando el concurso no haya entrado en fase de Convenio, sino en fase de liquidación, la prelación que corresponde al crédito tributario será la que contempla el articulo 77.1 L.G.T, y no por una interpretación a "contrario sensu" siempre peligrosa, como entiende el juzgador a quo, sino, porque de la propia dicción literal del precepto objeto de análisis y de forma expresa, así puede colegirse, distinguiendo, claramente, la Ley Concursal, entre la "Fase de Convenio" y la "Fase de Liquidación", a las que dedica el titulo V, y dentro de él el Capitulo I al Convenio, y el II a la liquidación, fases que aparecen ya contempladas como soluciones del Concurso en la propia exposición de motivos de la Ley. Por tanto, si el articulo 77.2 L.G.T, que es posterior a la Ley Concursal, a la que contempla, y además cita expresamente, se refiere específicamente al "Convenio Concursal", como condición a la que somete una prelación especial y singular del crédito hipotecario, es porque está excluyendo de tan singular prelación aquellos supuestos en los que el concurso entre en fase de liquidación, a los que habrá que aplicar la norma general del articulo 77.1 L.G.T, máxime si tenemos en cuenta que,a tenor de los artículos 163 y 164 de la L.G.T, la existencia de un concurso, por si solo, no implica que desaparezca la potestad de autotutela ejecutoria de la Hacienda Pública, que subsiste, aunque, lógicamente afectada por la existencia del concurso, cuando concurran los presupuestos previstos en dicha Ley, en relación con el articulo 55 L.C.

Segundo.-Las conclusiones interpretativas sentadas en el anterior fundamento de derecho, a las que se llega a través de una interpretación gramatical y sistemática del precepto, vienen a ser corroboradas mediante una interpretación efectuada a través de los antecedentes legislativos e históricos del artículo 77 analizado. En efecto, el proyecto de Ley General Tributaria, remitido por el gobierno a las Cortes (Boletín del Congreso de los Diputados de 6 de Junio de 2003), en cuando al artículo 77.2, era del tenor literal siguiente: "En el caso de Concurso, los créditos tributarios, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedaran sometidos a lo establecido en la Ley Concursal", es decir, los créditos tributarios en cuanto a prelación, quedaran sometidos a lo establecido en la L.C, por el solo hecho de la existencia del concurso, con independencia del cuál fuera la solución del mismo. Más, ante el Senado, se presentó la enmienda 332 (Boletín Oficial del Senado de 21 de Octubre de 2003), que proponía la redacción del articulo 77.2 L.G.T., de forma coincidente con la que actualmente rige, es decir, suprimiendo la expresión del proyecto " en el caso de concurso....", por la expresión " En caso de Convenio Concursal....", lo que, a todas luces no es lo mismo; pues bien dicha enmienda se justificaba por el grupo parlamentario que la presentó, diciendo literalmente que.".....la redacción del apartado 2, mencionado "Concurso" en lugar de " Convenio Concursal" podía interpretarse como una perdida del derecho de prelación de la Hacienda Pública con independencia de la suerte que corriera el procedimiento concursal, interpretación que no resultaría justificada para el caso de que el proceso entre en liquidación puesto que en estos supuestos ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la entidad concursada que era la razón ultima que justificaba la perdida del privilegio de la Hacienda Pública. De esta forma, la preferencia establecida en el apartado 1 se mantendría para los supuestos de liquidación, pero no en aquellos en los que se suscriba un Convenio Concursal que incluya los Créditos Tributarios". De esta justificación y puesto que la redacción actual del precepto coincide con la de la enmienda, se puede llegar a la conclusión que la inclusión de la expresión "Convenio Concursal" ha sido querida e intencionada por el legislador, y ello para garantizar la prelación que corresponde al crédito tributario, cuando el concurso entre en fase de Convenio, que será la fijada en la Ley Concursal, más no cuando el Concurso entre en liquidación como ocurre en estos autos, criterio que se ve reforzado por los antecedentes históricos sobre la materia, por cuanto en la anterior legislación concursal se establecían privilegios para el crédito tributario, salvo contadas excepciones, concediendo a la Administración Tributaria, además, el derecho de abstención. Por otra parte, desde un punto de vista teleológico, no cabe duda de que la intención del legislador ha sido la de mantener este privilegio del crédito tributario para los supuestos de liquidación, por cuanto que si bien es cierto que la vigente Ley Concursal, se ha caracterizado por una notoria reducción de los privilegios, como expresamente se hace constar en la exposición de motivos de la misma, no obstante, en lo que afecta al crédito tributario, tales privilegios no han desaparecido de una forma radical, según se desprende del contenido del articulo 91.2.º y 4.º de la L.C., por lo que, es obvio que la prelación del crédito tributario en los supuestos de fase de liquidación que pretende la recurrente al amparo del articulo 77 de la L.G.T, no resulta contraria a la propia legislación concursal, siendo una decisión consciente del legislador, por cuanto que si la pérdida de la prelación general del crédito se funda en la necesidad de atender al interés público de que el concursado continúe con su actividad, lo que redunda en beneficio de la economía nacional, tal interés público no concurre cuando el concursado va a desaparecer, en cuyo caso el interés público vendrá determinado por la necesidad de satisfacer en su integridad los créditos públicos, pues todos tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, tal y como expresa el articulo 31 de la Constitución Española, debiendo prevalecer este interés general, sobre los intereses particulares, según determina el articulo 103 de la norma fundamental citada, por lo que, ante una situación de insolvencia, y en liquidación el concursado, es de absoluta necesidad que predomine el interés general de sostenimiento del gasto público, al particular de satisfacción de los acreedores. La nueva Ley ante los supuestos de Convenio en aras del interés superior de sostener las empresas viables con el consiguiente beneficio de la economía nacional, ha previsto el sacrificio de parte de los privilegios del crédito tributario, más ese interés no existe cuando el concursado ha entrado en fase de liquidación, lo que ha de conllevar la recuperación del privilegio por parte del crédito tributario, so pena de hacer primar los intereses particulares, frente a los generales, lo que resulta contrario a las previsiones de la Constitución, y que además, podría constituir una evidente invitación para utilizar el cauce del concurso para gozar de beneficios fiscales no recogidos en las Leyes.

Tercero.-Se hace preciso, además de todo lo expuesto, y a fin de resolver la cuestión planteada, analizar lo previsto en la Ley General Tributaria, interrelacionándolo con la propia Ley Concursal. Ambas Leyes, se publicaron en el año 2003, la Concursal en 10 de Julio (BOE n.º 164) y la Tributaria en diciembre (BOE n.º 302), y ambas normas, son evidentemente Leyes Especiales, la Tributaria lo es en la materia que nos ocupa, por lo que, conforme al contenido del articulo 2.2 del Código Civil, si se entendiere que existe algún tipo de incompatibilidad entre el contenido del articulo 77 de la L.G.T y la normativa de la Ley Concursal, obviamente habrán de prevalecer las normas posteriores, es decir, las de la Ley Tributaria, lo que implica que, si esta última regula específicamente la prelación del crédito tributario en su artículo 77, remitiendo a la normativa de la Ley Concursal para "los casos del Convenio", en caso de liquidación, prevalecerá la prelación que marca el articulo 77.1 L.G.T, es decir, la prelación de créditos tributarios que regula el articulo 77 citado, habrá de prevalecer sobre la clasificación que establece la normativa concursal. Frente a ello no resulta dable oponer el contenido del articulo 89 2.L.C "no se admitirá en el Concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley", por cuanto que resulta impensable que una Ley despliegue efectos prohibitivos sobre normas posteriores de igual rango, en una especie de blindaje de la misma, siendo obvio que el articulo 77 L.G.T. al referirse expresamente a un crédito concreto, el tributario, constituye Ley especial frente a la clasificación que pueda contener la L.C. Tampoco resulta dable oponer, como hace el juzgador a quo, el contenido de la disposición Adicional 8.ª de la L.G.T, pues, la misma, se limita a remitirse a la Ley Concursal, pero ello no puede utilizarse como base para dejar sin contenido un precepto que contiene la propia Ley de remisión, careciendo de toda lógica que el legislador se ocupe de especificar que solo en los supuestos de Convenio, resultan aplicables, en cuanto al crédito tributario, las normas de clasificación que contiene la Ley Concursal, para luego, por el cauce de la disposición Adicional octava de la propia Ley Tributaria, deja sin efecto el contenido del tan repetido articulo 77. Otro de los argumentos en los que se apoya el juzgador a quo, va referido a los principios generales que contiene la exposición de motivos de la L.C, fundamentalmente al de igualdad de tratamiento de los acreedores del concurso como regla general, siendo las excepciones excepcionales y justificadas, más si bien ello es verdad, no pueden ir tales principios contra las propias previsiones de la Constitución Española, que consagra los principios de justicia, igualdad y progresividad en materia Fiscal, que son los que justifican y fundamentan el privilegio del crédito tributario, privilegio, por demás, histórico, sin poderse olvidar que la propia Ley Concursal, pese a lo expuesto en la exposición de motivos de la misma contempla la existencia de créditos con privilegio especial, créditos que obedecen a intereses particulares y que solo indirectamente podrían afectar al interés general.

Cuarto.-De acuerdo a lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando sean estimadas las pretensiones de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Vistos los artículos citados y los demás de legal y oportuna aplicación,


FALLAMOS:


 
Que estimando el recurso de apelación formulado por el Abogado del Estado en nombre y defensa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga el día 9 de Enero de 2009 en los autos de Incidente Concursal n.º 455.5.1/2006, debemos revocar y revocamos íntegramente dicha resolución, y en su lugar declaramos que el crédito tributario reconocido y adeudado por la entidad Mercantil CG Constructora General de Obras S.L., ostenta la prelación prevista en el apartado 1 del artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, sin imposición de las costas causadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales con certificación de esta Sentencia, al Juzgado del que dimanan para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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