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Sentencia T.S. (Sala 3) de 28 de noviembre de 1990


 RESUMEN:

Falta de competencia: La decisión judicial prevalece sobra la que resuelva, antes o después,  el recurso administrativo. Régimen jurídico: Se entiende por Administración Pública, entre otras, las corporaciones sometidas a la tutela del Estado entre las que están los Colegios Profesionales. Legitimación del Ministerio Fiscal para promover acción en defensa de la legalidad. Acuerdos que suspenden la prestación de turno de oficio: Lesionan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-La sentencia apelada contiene parte dispositiva que copiada es del tenor literal siguiente. «Fallamos: En atención a todo lo expuesto, esta Sala ha decidido desestimar las causas de inadmisibilidad opuesta por la representación del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y por los Letrados don Cosme, don Luis Enrique, don Juan Francisco y estimar el recurso contencioso-administrativo promovido por el Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, contra los acuerdos adoptados por la Junta General del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo en sesiones celebradas los días 15 de junio y 29 de octubre de 1987 y 10 de octubre de 1989, en los que se acordó la suspensión del servicio de turno de oficio, declarando la nulidad de dichos actos por vulnerar el art. 24 de la Constitución Española ; con expresa imposición de las costas causadas en este recurso a la parte demandada. A esta sentencia le sirvieron entre otros los siguientes Fundamentos Jurídicos: 1.º Por el Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en la representación que le es propia, acudiendo al procedimiento especial establecido por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, para la protección en vía contencioso-administrativa de las libertades y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, se impugnan en este proceso los acuerdos adoptados por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con fecha 15 de junio y 29 de octubre de 1989, al entender que su contenido, en cuanto determina la suspensión indefinida e incondicionada del turno de oficio, vulnera derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de nuestra Constitución . 2.º Frente a las pretensiones deducidas por la parte adora, se oponen por la representación del Ilustre Colegio de Abogados y por los Letrados don Cosme, en su propio nombre y en el de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Oviedo, don Luis Enrique y don Juan Francisco, comparecidos como codemandados, una serie de causas de Ínadmisibilidad que han de ser examinadas con carácter previo, debiendo estudiarse en primer término, en atención a su propia naturaleza, de la incompetencia de esta Sala, excepción prevista bajo la letra a) del art. 82 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, que se apoya en la consideración de que al haberse interpuesto recurso administrativo por el colegiado don Rafael Moutas Meras contra el acuerdo de la Junta General del Colegio de Oviedo de 29 de octubre de 1987, ante el Consejo General de la Abogacía Española, es a este Consejo al que corresponde decidir sobre el fondo del asunto y quien, en consecuencia, estaría legitimado pasivamente, pero aparte de que no existe constancia alguna en el expediente administrativo acerca de si dicho recurso fue admitido a trámite a si, por el contrario, siguiendo la propuesta del Colegio, fue rechazado inicialmente por el Consejo General por considerarlo caducado, como en definitiva lo que se está alegando es la incompetencia de este Tribunal, que nunca se daría según enseñan los arts. 10 de la Ley Jurisdiccional y 74, párrafo 1, apartado a), en relación con el 76, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, resulta obligada la desestimación de la causa de inadmisibilidad estudiada. 3.º Igual suerte han de correr las de extemporaneidad en la interposición de este recurso y falta de legitimación del Ministerio Fiscal para promoverlo, motivos de oposición recogidos, respectivamente, en los apartados f) y b) del art. 82 de la Ley Jurisdiccional y que deben ser verdad que conforme al art. 8.º, párrafo 1, de la Ley de 26 de diciembre de 1978, el recurso contencioso-administrativo debería interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación del acta que se combaten por su notoriedad eran o no conocidos por el recurrente, es lo cierto que en el presente caso la suspensión del turno de oficio, cuya desviación constitucional se invoca, tiene la naturaleza de un acto continuado, que como tal subsistía en el momento de la interposición del recurso, permaneciendo, por tanto, viva la acción contenciosa, sino que puede apreciarse, por ende, la extemporaneidad alegada, criterio que ha sido mantenido en los términos que han quedado expuestos, por la reciente sentencia de la Sala Quinta de nuestro Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1988 ; y está legitimado el Fiscal para esgrimir la acción ejercitada, porque tanto el art. 124 de la Constitución de 1978, como el 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le facultan para promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, y en el art. 3.°, párrafo 3, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 30 de diciembre de 1981, se afirma que le corresponde velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, con cuantas acciones exijan su. defensa, una de ellas, como es lógico, es la permitida por la Ley 62/1978, pero es más, esa legitimación se deriva de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979, ya que el recurso contencioso- administrativo de protección de derechos fundamentales se configura en dicha disposición como previo al recurso de amparo, y quienes tienen legitimación para recurrir en amparo constitucional la tienen también para agotar la vía judicial previa, como ha declarado el Tribunal Constitucional en autos de 21 de noviembre y 3 de diciembre de 1984 . 4.º Para terminar con el estudio de los motivos de oposición previos, alegados por los distintos demandados, queda por examinar la causa de inadmisibilidad opuesta por los señores Luis Enrique y Juan Francisco, que se funda en la consideración de que el Ilustre Colegio de abogados de Oviedo no tiene el carácter de un órgano de la Administración pública, cuando el art. 6.º de la Ley 62/ 1978 establece que el recurso contencioso-administrativo en la misma previsto tendrá por objeto los actos de la Administración pública sujetos a Derecho administrativo, causa de inadmisibilidad que sería subsumible en el apartado c) del art. 82 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, al no existir acto susceptible de impugnación, pero también esa excepción deberá ser rechazada, porque como previene el párrafo 2 del art. 1.º de la precitada Ley se entenderá, a efectos de la interposición del recurso contencioso, por Administración pública las Corporaciones e Instituciones públicas sometidas a la tutela del Estado, carácter que tienen los Colegios Profesionales en todo lo concerniente al interés público, según se deduce de lo dispuesto en los arts. 2.º y 6.º de la Ley de 13 de febrero de 1974, reguladora de tales Colegios, modificada por la Ley de 26 de diciembre de 1978, y porque definitivamente así lo vienen a reconocer los propios codemandados que esgrimen ese motivo de inadmisibilidad, cuando afirman que el cauce utilizable sería la vía ordinaria contencioso- administrativa y el procedimiento aplicable el de la antes citada Ley Jurisdiccional de 27 de diciembre de 1956, toda vez que dicha Ley en su art. 1.º determina el ámbito de la Jurisdicción en análogos términos a como lo hace el art. 6.º de la Ley 62/1978, al decir que "la Jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la Administración pública sujetos al Derecho administrativo". 5.º Relacionado con lo anterior se encuentra el contenido del párrafo penúltimo del 5.º de los fundamentos legales de la contestación a la demanda formulado por la representación del Colegio de Abogados, en el que, después de reconocer la naturaleza administrativa de los actos emanados de aquél, se afirma que los acuerdos recurridos no tienen la naturaleza de un acto administrativo, ya que constituyen una norma, es decir, tienen carácter reglamentario. Esa circunstancia en nada empece a la posibilidad de impugnar por esta vía los acuerdos combatidos, pues la posibilidad de debatir en este especial procedimiento disposiciones generales fue ya tempranamente admitida por el Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de agosto de 1979, y se ha mantenido a lo largo de múltiples resoluciones en las que se declara que los derechos fundamentales de la persona se infringen no sólo por los actos, sino también por las disposiciones de carácter general, ya que ellas son una manifestación de la potestad reglamentaria de la Administración y ésta, según el art. 106 de la Constitución, queda sometida a la fiscalización de los Tribunales, añadiendo que la palabra acto a que se refiere el art. 6.° de la Ley 62/1978 tiene un sentido omnicomprensivo de todo el actuar administrativo, siempre que con su ejercicio se vulnere alguno de los derechos protegidos, así se sostiene en las Sentencias del antes citado Alto Tribunal de 1 de julio de 1985, 9 de diciembre de 1986, 12 de junio de 1987 y 9 de marzo de 1988, doctrina recientemente ratificada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 3 de febrero de 1989 . 6.° Desechadas las causas de inadmisibilidad invocadas por las razones que han quedado expuestas, procede entrar a conocer de la cuestión que constituye la esencia de este litigio, estudio que debe realizarse partiendo de la base de que nuestro Tribunal Supremo ha venido declarando con reiteración, desde su Sentencia de 14 de agosto de 1979, hasta la más reciente de 6 de abril y 17 de junio de 1989, que este proceso excepcional sumario y urgente tiene como finalidad específica la de comprobar si el acto que en el mismo se combate afecta o no al ejercicio de un derecho fundamental de la persona, tal como disponen los arts. 1.º y 6.° de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, y 53, párrafo 2, de la Constitución Española, rebasándose su ámbito cuando, para presentar la situación aparentemente violadora de un precepto constitucional, se ha de analizar previamente la legalidad del propio acto a la luz de normas legales de inferior rango jerárquico, por lo que en el presente caso debe prescindirse del estudio de la naturaleza del llamado turno de oficio y del análisis de las normas estatutarias que lo rigen, para ceñirse a determinar si los actos impugnados quebrantan el derecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, consagrado en el art. 24 de nuestra Constitución, que es el único derecho fundamental que la parte actora considera infringido en sus escritos de interposición del recurso y formalización de la demanda, derecho como se sabe de gran protagonismo en la práctica judicial, pues probablemente no habrá otro tan citado con cualquier tipo de ocasión, sin duda debido a la dificultad de delimitar la fórmula en que ese derecho se define, concebida como una cláusula general, lo que ha dado lugar, con frecuencia, a que haya sido interpretado con gran amplitud, pero en el caso de autos ese derecho se estima vulnerado en lo que podríamos considerar su prístina y más fundamental expresión, esto es, el derecho de toda persona al acceso efectivo a los Tribunales para la tutela de sus derechos, dando lugar a un proceso sin dilaciones indebidas y con la defensa y asistencia de Letrado, y es evidente que la suspensión por tiempo indefinido e incondicionada de la actuación letrada en el turno de oficio ordinario en todas las jurisdicciones, con respecto a las personas con derecho a la asistencia judicial gratuita, ha supuesto la paralización de numerosos procesos de toda índole y la no incoación de otros muchos, privando a las partes del derecho a la defensa, hechos no negados y cuya existencia actual se acredita por la documentación acompañada al escrito de demanda, por lo que hay que concluir que se ha producido una continuada violación de ese derecho fundamental en su expresión más genuina. 7.º Finalmente, por los codemandados señores Luis Enrique y Juan Francisco se alega que los acuerdos objeto del presente litigio fueron adoptados en defensa de derechos fundamentales de la persona, por lo que nos encontramos ante una situación de conflicto entre derechos de tal naturaleza, pero con independencia de que de los preceptos invocados para fundar ese aserto, el art. 10, situado al inicio del Título I de la Constitución, constituye en auténtico preámbulo del mencionado Título, de ahí su tono marcadamente didáctico, y los arts. 31 y 35 no están comprendidos en la Sección relativa a los derechos fundamentales, sin que se comprenda bien por qué se aduce el principio de igualdad, concretándonos el art. 28 y prescindiendo de si la suspensión del turno de oficio crea o no una situación de hecho que pueda ser calificada de huelga constitucionalmente prevista en el precitado artículo como se alega por el Ministerio Fiscal, es lo cierto que tanto la doctrina científica como la jurisprudencial, a lo largo de numerosas sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional, ha venido declarando que cualquiera que sea la concepción -«iusnaturalita», ética o histórica- que se acepte sobre la base y raíz de los derechos fundamentales reconocidos como tales en la Constitución, éstos no sólo no son derechos absolutos e ilimitados, sino que tales derechos, ni en su alcance, ni en su jerarquía, ni en su limitabilidad ostentan igual significación, por lo que resulta necesario, en los supuestos de colisión eventual de derechos de naturaleza fundamental, establecer una gradación jerárquica entre los mismos, por lo que la situación de conflictos denunciada, atendiendo a las características de los derechos en pugna, debe resolverse en este caso a favor del proclamado en el repetidamente citado art. 24 de nuestra Ley fundamental, no sólo porque en el mismo se reconocen una serie de derechos sin los cuales no se concibe la existencia de un Estado de Derecho, sino porque aquéllos protegen intereses generales, mientras que con la huelga se tratan de defender intereses que, por muy respetables y fundados que sean, afectan al grupo que la plantea, y siendo así, al no desvirtuar esa alegación las consideraciones que se contienen en el fundamento de Derecho que antecede, resulta obligada la estimación de la demanda. 8.º Al ser aceptadas íntegramente las pretensiones deducidas en la demanda, es preceptiva la imposición de las costas causadas a la parte demandada, de acuerdo con lo prevenido en el párrafo 3 del art. 10 de la Ley de 26 de diciembre de 1978 .»

Segundo.-Notificada la anterior sentencia por el Procurador don Melquíades Alvarez-Buylla Alvarez, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, y los Abogados don Luis Enrique y otros en representación propia, mediante escrito en el que suplican a la Sala respectivamente que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, tenga por interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia dictada el día 2 de marzo de 1990, notificada el siguiente día 3. en el recurso contencioso-administrativo núm. 2.096/1989 y. previos los trámites legalmente preceptivos, emplace a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo, igualmente suplican los Abogados tenga por presentado este escrito, con sus copias, y sirviéndose admitirlo, tener por interpuesto recurso de apelación en un solo efecto, con todos los respetos debidos, contra la sentencia dictada por esa Sala en el recurso 2.096/1989 de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, con el fin de dar traslado al Tribunal Supremo las actuaciones llevadas a cabo ante esa Sala del Tribunal Superior de Justicia, y ser emplazada esta parte ante el superior jerárquico.

Tercero.-Remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo personado y mantenida la apelación por los apelantes el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, representado por el Procurador don Melquíades Alvarez-Buylla Alvarez y los Abogados don Luis Enrique y otros en representación propia, el Ministerio Fiscal emitió su informe en el sentido de que se acuerde la desestimación de los recursos de apelación interpuestos.

Cuarto.-Por providencia de fecha 23 de mayo de 1990 se señaló para votación y fallo de este recurso de apelación el día 22 de noviembre de 1990.

Visto siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don César González Mallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los de la sentencia apelada, que se aceptan, y

Primero.-El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y los Letrados don Luis Enrique, don Juan Francisco y don Cosme recurren en apelación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 2 de marzo de 1990, que declaró la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta General de dicho Colegio en sesiones celebradas los días 15 de junio de 1987, 29 de octubre del mismo año y 10 de octubre de 1989, sobre suspensión del servicio de turno de oficio, dictada en procedimiento especial y sumario de la Ley 62/1978, promovido por el Ministerio Fiscal por estimar que dichos acuerdos vulneraban los derechos fundamentales de defensa y asistencia de Letrado reconocidos en el art. 24 de la Constitución, reiterándose en el recurso los motivos de oposición ya planteados en la instancia, unos de carácter formal, relativos a la falta de jurisdicción, de competencia, de legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso y extemporaneidad del mismo, y, en cuanto al fondo, que no ha habido infracción del derecho fundamental alguno, como lo prueba el hecho de que ninguno de los afectados por los acuerdos recurridos ha comparecido en el proceso, alegándose también la situación de conflicto entre el derecho fundamental que se trata de proteger en el recurso con los de igualdad y huelga reconocidos en los arts. 14 y 28.2 del texto constitucional, invocados por una de las partes apelantes.

Segundo.-El art. 6 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección de los derechos fundamentales de la persona, establece que podrán impugnarse en dicho procedimiento los actos de la Administración pública, sujetos al Derecho administrativo, que afecten al ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, precepto que en lo sustancial reproduce el contenido del art. 1.º 1 de la Ley Jurisdiccional, cuyo apartado 2 c), de aplicación por remisión que a ésta se hace en el art. 6.º de la primera, concreta que a tales efectos se entenderá por Administración pública, entre otras, las Corporaciones sometidas a la tutela del Estado, entre las que se encuentran los Colegios Profesionales de acuerdo con los arts. 1.°, 2.º, 4.º y 8.º de la Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero de 1974, modificada por la de 26 de diciembre de 1978, normas anticonstitucionales que por ahora siguen cumpliendo el mandato del art. 36 de la Constitución, y en concreto respecto de los Colegios de Abogados, el art. 99 del Estatuto General aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1982, de forma que tales Colegios, además del cumplimiento de fines privados de interés para los colegiados, cumplen otros que son propios de la Administración pública, para lo que se hallan facultados por sus normas reguladoras, como ha declarado una jurisprudencia reiterada y constante, por ello de cita innecesaria, en recursos contra actos colegiales en que se discutía la obligatoriedad de la colegiación, denegación de la misma, competencias en el orden profesional, sanciones a sus miembros, fijación de los turnos de guardia en las oficinas de farmacia, etcétera, entre los que se halla comprendido la prestación del servicio de turno de oficio, previsto con carácter general en el art. 119 de la Constitución, cuya designación se halla delegada en los Colegios de Abogados por el párrafo 2.º del art. 33 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y regla 2.ª de su art. 1.708, supletoria de la Ley Jurisdiccional de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta de ésta, y cuya delegación ha sido asumida y regulada su prestación por las normas que aprobaron los Estatutos colegiados, siendo en consecuencia rechazable el primero de los motivos de inadmisibilidad alegados.

Tercero.-Igualmente desestimable el que se basa en una supuesta falta de competencia de la Sala de Oviedo, que se fundamenta en haberse interpuesto un recurso de alzada contra los acuerdos del Colegio de Abogados de dicha ciudad, pues el art. 7.º 1 de la Ley 62/1978 permite la interposición del recurso sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa, careciendo de relevancia el hecho de que esos mismos acuerdos hayan sido recurridos en vía administrativa por otra persona, ya que la decisión jurisdiccional siempre prevalecerá sobre la que, antes o después, resuelva el recurso administrativo, incluso la dictada en la primera instancia judicial, habida cuenta que, de conformidad con el art. 9.º 1, el recurso de apelación es admisible en un único efecto.

Cuarto.-La legitimación del Ministerio Fiscal para interponer esta clase de recursos se deduce: A) De los arts. 124 de la Constitución, 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que confieren al Ministerio Fiscal la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, actuación que tiene especial relevancia cuando afecta a derechos y libertades que según el art. 53.1 de la Constitución vinculan a todos los poderes públicos. B) Del art. 3.º 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en cuanto le encomienda la misión de velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa. C) De la necesaria distinción entre aquellos procesos en que el Ministerio Fiscal se limita a emitir informes o dictámenes y aquellos otros en que tienen la condición de parte, que la Ley 62/1978 le reconoce expresamente en el art. 12 para el procedimiento civil e implícitamente en el 8.º 4 para el contencioso-administrativo, condición que le faculta para formular alegaciones, proponer prueba, interponer recursos y, desde luego, promover el recurso. D) Si los apartados a) y b) del art. 46.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reconocen legitimación al Ministerio Fiscal para interponer recurso de amparo constitucional en los casos de los arts. 42, 43, 44 y 45, parece evidente que debe estarlo también cuando, para restablecer los derechos y libertades fundamentales lesionados, es necesario agotar previamente la vía judicial procedente, como ocurre en los casos del art. 43.1.

Quinto.-En las distintas ramas del Derecho se distinguen los actos jurídicos de tracto único, con independencia de las consecuencias que a posteriori puedan derivarse del mismo, y los de tracto sucesivo, que subsisten o se prolongan en el tiempo, sujetos a normas específicas en lo que se refiere al cómputo de los plazos para el ejercicio de acciones. Los contratos de arrendamiento o de depósito civil o mercantil y el ejercicio por los trabajadores del derecho de huelga durante un determinado período de tiempo son actos de tracto sucesivo, aunque el plazo para el ejercicio de acciones se limite en ciertos casos por razones de seguridad jurídica. La aprobación y publicación de un escalafón de funcionarios con datos erróneos o la disposición que fija a un funcionario un coeficiente o nivel de proporcionalidad inferior al que le corresponde no supone que, cuando no se haya formulado en su momento reclamación por el funcionario, haya de quedar vinculado a los mismos durante toda su vida profesional activa y también a efectos de clases pasivas. La suspensión de la prestación del turno de oficio a que se refieren los sucesivos acuerdos de los órganos de gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo, es un acto de tracto sucesivo que subsiste y se prolonga en el tiempo mientras se mantenga esa situación, recurrible en tanto continúe la lesión de derechos fundamentales o libertades públicas. Es más, en esta clase de procedimiento, habida cuenta de la trascendental importancia de los derechos y libertades que se pretenden proteger, son también recurribles las vías de hecho o actos materiales de los órganos de la Administración que los lesionan, incluso los de mera ejecución de un acto administrativo ajustado en principio a la legalidad, de la que se aparta al darle cumplimiento, lesionando al ejecutarlo tales derechos y libertades. Si añadimos que el cómputo del plazo para recurrir se inicia desde que se notifica cumpliendo todos los requisitos legales o desde que se ha tenido conocimiento pleno del acto y circunstancias, lo que en este caso no se ha acreditado en lo que respecta al Ministerio Fiscal, ha de concluirse que también es rechazable la alegada extemporaneidad en la interposición del recurso.

Sexto.-Señalada con anterioridad la obligación impuesta a los Colegios de Abogados de asegurar la prestación del servicio de turno de oficio y las normas en que se establece dicha obligación, los acuerdos que lo suspenden lesionan el derecho fundamental o la defensa de Letrado y, en definitiva, a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 de la Constitución, para cuya protección, como ya se dijo, se halla legitimado el Ministerio Fiscal, sin que sea admisible la alegación contraria de que no ha comparecido ninguno de los afectados, que son precisamente las personas a las que los acuerdos recurridos han privado de su derecho a la defensa en juicio. Frente a ello, una de las partes apelantes opone la situación de conflicto que a su juicio se plantea entre el derecho fundamental cuya tutela se pretende en el recurso con los de igualdad y huelga que deben ser reconocidos a los colegiados de conformidad, respectivamente, con los arts. 14 y 28.2 del texto constitucional . En cuanto al primero, señalar que falta la necesaria identidad y están sometidos a reglamentaciones distintas la prestación del servicio de turno de oficio encomendada a los Colegios de Abogados y las de carácter sanitario, sea médico o farmacéutico, que corresponde a otras Administraciones respecto de personas que carecen de medios económicos, igualdad que, por la distinta naturaleza de una y otra clase de servicios, tampoco podría invocarse en lo referente a su aspecto retributivo, y, sobre todo, que la igualdad, como establece el art. 14, es ante la Ley, pero en ningún caso podría invocarse para tratar de justificar el incumplimiento de los preceptos legales que establecen, garantizan y regulan el derecho de defensa de los que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. De otra parte, el art. 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus derechos, que sigue regulado por el Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977, en el que se establece quiénes pueden declararla, obligación de preaviso, servicios mínimos, etc., que nada tienen que ver con los acuerdos del Colegio de Abogados impugnados en el recurso, en los que ni siquiera se hace referencia a ese supuesto derecho a la huelga que ahora se invoca. Finalmente, en todo caso, reiterar por acertada la afirmación de la sentencia apelada de que, supuesta hipotéticamente una colisión de derechos fundamentales, debe resolverse en favor del invocado por la parte recurrente, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes referentes a las personas necesitadas de protección, intereses que tratan de protegerse, etcétera.

Séptimo.-Por lo expuesto, reafirmando los aceptados argumentos de la sentencia apelada, procede la desestimación del recurso de apelación, con imposición a los apelantes de las costas de este recurso por imperativo de lo establecido en el art. 10.3 de la Ley 62/1978.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación interpuestos por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y por los Abogados don Luis Enrique, don Juan Francisco y don Cosme contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con sede en Oviedo de fecha 2 de marzo de 1990, recaída en el recurso tramitado en la misma con el núm. 2.906 del año 1989, seguido por las normas de la Ley 62/1978, sobre la suspensión del servicio del turno de oficio; imponemos a las partes apelantes las costas devengadas en la tramitación de los recursos de apelación.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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