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Sentencia T.S. (Sala 1) de 11 de diciembre de 1990


 RESUMEN:

Compraventa de inmuebles: Falta la prueba de la falsedad de la causa del contrato para dar lugar a la nulidad del mismo. Recurso de casación: Denegación de prueba en segunda instancia. Los documentos cuya aportación se solicitaba no suponían una revelación influyente en la decisión del pleito.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-Por el Procurador don José María Torres Olmedo en nombre de don Manuel y mediante escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga, se dedujo demanda de mayor cuantía contra don Manuel y don Alejandro y doña Gloria sobre otorgamiento de escritura de compraventa y en cuya demanda después de alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes terminó suplicando que previos los trámites legales oportunos se dicte sentencia por la que, en atención a lo alegado por esta parte, se condene a los demandados a dar posesión a mi mandante del inmueble que compró, libre de cargas y gravámenes, procediendo al otorgamiento de la oportuna escritura pública en favor del señor Manuel, ejecutando toda suerte de actos para que la misma pueda ser inscrita a su nombre en el Registro de la Propiedad correspondiente, dando en definitiva, exacto y fiel cumplimiento a los documentos de fecha 13 de diciembre de 1969 y 4 de junio de 1971, con expresa imposición de las costas a los demandados por su evidente temeridad y mala fe.

Segundo.-Por la Procuradora doña Consolación Priego Cantarero en nombre y don Plácido y doña Mónica, se contestó a la demanda alegando los hechos que constan en autos indicó los fundamentos de Derecho que estimó aplicables y terminó suplicando se dicte sentencia declarando: 1.° El contrato de compraventa de 13 de diciembre de 1969 fue un contrato aparente, que encubrió en realidad un préstamo del señor Magliocco al señor Plácido y al señor Alejandro, por valor de 500.000 pesetas, a tres meses, comprendidos entre las fechas de libramiento y vencimiento délos cambiales, siendo el interés de 125.000 pesetas y que debieron aceptar por necesidades económicas. 2.° Los señores Werner y Manuel conocieron y participaron en dicho préstamo, repartiéndose el papel de tomadores de las cambiales, a través de la anónima «Alcántara, Werner y Asociados, S. A.», de manera que el documento de cesión al señor Manuel, de 4 de junio de 1971, no contiene más que una cesión de crédito y no una cesión de propiedad del inmueble, que temerariamente viene a reclamar a más de trece años vista. 3° En consecuencia, siendo la compraventa un contrato simulado, con un precio por debajo del real, como puede comprenderse, procede declarar su nulidad, sin perjuicio de la validez del negocio de préstamo realmente concluido y de la reserva de derechos que por tal deba hacerse al señor Manuel, invocó los fundamentos de Derecho que estimó aplicables y terminó suplicando tenga por interpuesta demanda de justicia gratuita, acuerde se reclamen de oficio los documentos a que alude el artículo 221 de la Ley Procesal y recibidas que sean, ordenar el curso de la demanda, con citación de la esposa y del señor Abogado del Estado, a los que se emplaza en legal forma, dictando en su día sentencia por la que se reconozca a mis mandantes el derecho a justicia gratuita.

Tercero.-Por las partes actora y demandada se evacuaron los trámites de réplica 779 y súplica insistiendo en lo alegado en la demanda y contestación para terminar suplicando se dictase sentencia de conformidad con lo que en las mismas se tenía solicitado.

Cuarto.-Practicada la prueba declarada pertinente y unida a sus autos el Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1 de Málaga dictó sentencia con fecha veintisiete de noviembre de 1985, cuya parte dispositiva dice así: Fallo: Que estimando la solicitud deducida por el Procurador seflor Gómez Bernal, en nombre de don Plácido, debe conceder y concede el beneficio de justicia gratuita a dicho solicitante por litigar contra don Alejandro en pleito sobre incumplimiento de contrato, reclamación de cantidad, declaración de derechos y otros extremos, sin expresa condena en costas.

Quinto.-Apelada la anterior resolución por la representación de la parte demandada y sustanciada la alzada con arreglo a Derecho la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Granada, dictó sentencia con fecha 13 de octubre de 1988, cuya parte dispositiva dice así: Que confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Málaga, debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de apelación interpuesto contra la misma, con imposición al recurrente de las costas de esta alzada.

Sexto.-Por la Procuradora doña María Teresa de las Alas Pumariño en nombre de don Plácido y su esposa doña Mónica se ha interpuesto contra la anterior sentencia recurso de casación al amparo de los siguientes motivos: 1.° El fallo infringe por no aplicación del artículo 1276 del Código Civil. 2.° Al amparo del número 3 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación de los párrafos 3.° y 4.° de la misma Ley Procesal del articulo 862 por ser segunda instancia en relación con el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dicha solicitud fue denegada mediante auto, interponiendo el apelante hoy recurrente recurso de súplica contra dicho auto.

Séptimo.-Admitido el recurso por la Sala y evacuado el trámite de instrucción se ha señalado día para la vista que ha tenido lugar el día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Se funda el primer motivo que examinamos (segundo en el orden de los formulados) en el número 3.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se denuncia el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por haber denegado la Sala de instancia el recibimiento a prueba solicitado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 862,3.° y 4.° y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con resultado de indefensión. La alteración de la secuencia expositiva de los motivos se apoya, obviamente en las consecuencias que habría de tener la acogida del mismo, en su caso, según las precisiones del artículo 1715.2.° De lo actuado se desprende, en efecto, que el recurrente pidió durante la segunda instancia, el recibimiento a prueba y propuso la práctica de determinadas pruebas documentales. La Sala de apelación por auto de 20 de octubre de 1987, denegó el recibimiento a prueba solicitado al interpretar acertadamente que no concurrieran en el caso los supuestos 3.° y 4.° del artículo 862, incoados como justificación. Desde luego, que como razona la sala sentenciadora, los referidos supuestos no están arbitrados para suplir las pretendidas deficiencias que en su quehacer profesional había incurrido el Letrado que, en concepto de pobre y por designación de oficio, defendió a la parte en la primera instancia, sino respecto de hechos nuevos necesitados de prueba, que hayan ocurrido con posterioridad al transcurso del plazo para proponer la prueba en primera instancia o respecto de hechos acontecidos antes, pero no conocidos, siempre, en ambos casos, que sean de influencia notoria en la decisión del pleito y, en el último que la parte jure que no tuvo antes conocimiento del mismo. Las circunstancias exigibles de ningún modo encajaban con los hechos que se intentaban probar, referidos al momento mismo de la contestación a la demanda, ni nuevos ni ignorados y conocidos posteriormente. Pero además, tampoco los documentos cuya aportación se solicitaba, suponían, en sí mismos por su anunciado contenido una revelación influyente en la decisión del pleito. Las razones precedentes que este Tribunal hace suyas, se consideran adecuadas para haber denegado la prueba sin que ello genere indefensión, pues el derecho a producir los medios de prueba pertinentes para la defensa se entiende, que debe ser ejercitado conforme a las leyes procesales. En consecuencia debe desestimarse el motivo.

Segundo.-El segundo motivo (primero de los expuestos en el escrito de recurso) se articula al amparo del artículo 1692.5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil por inaplicación del artículo 1276 del Código Civil y jurisprudencia interpretativa del mismo. Mal parece pretenderse la aplicación de un precepto que exige la prueba de la falsedad de la causa del contrato para dar lugar a la nulidad del mismo, si como reconoce el recurrente, la sentencia impugnada expresamente sienta, cuando entra en el fondo del asunto, esto es la pretendida simulación del contrato de compraventa, encubridora de una transmisión fiduciaria en garantía de un préstamo, que «tal aseveración no tiene ningún soporte probatorio», hecho probado que debemos respetar en casación por lo que procede desestimar también este segundo motivo.

Tercero.-Por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del número 4 del artículo 1715 de la Ley Procesal, deben imponerse al recurrente al declararse no haber lugar al recurso, las costas del mismo. Todo ello con los efectos inherentes a la resolución.

FALLAMOS

Se declare no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la Procuradora doña María Teresa de las Alas Pumariño, en nombre y representación a don Plácido y su esposa doña Mónica, contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Granada, con fecha trece de octubre de 1988, en recurso dimanante en autos y declarativo de menor cuantía del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Málaga instado por don Manuel, sobre otorgamiento de escritura pública de compraventa y otros extremos con condena en costas al recurrente y los demás pronunciamientos legales.




Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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