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Sentencia T.S. (Sala 1) de 22 de noviembre de 1990


 RESUMEN:

Recurso de casación: Si hay determinación, aunque sea relativa y no excede de los tres millones de pesetas, aunque el proceso se tramite por el menor cuantía, teniendo ésta como inestimable, no tiene acceso a la casación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-El Procurador de los Tribunales don Pedro Vidal Bosch, en nombre y representación de la Comisión de Acreedores de la «Empresa Pascual» formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Hospitalet, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra don Diego, sobre rendición de cuentas y entrega de cantidades netas a fijar en ejecución de sentencia, estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia que declare: a) La obligación de don Diego, de entregar las rentas netas deduciendo los gastos de la administración y los honorarios de administrar, de las fincas Ceravall, número 7 y Virgen de Nuria, número 41, desde la admisión de trámite de la suspensión de pagos de la «Empresa Pascual» hasta la interposición de la presente demanda, b) Que desde la interposición de la denuncia que motivó la apertura de diligencias previas, en el Juzgado, debe los intereses de la cantidad a liquidar, c) Que la cantidad que debe el señor Diego se fijará en el trámite de ejecución de sentencia, d) Que condene al demandado a las costas del juicio. Admitida la demanda y emplazado el demandado, compareció en su nombre el Procurador de los Tribunales don Manuel Sugrañes Perotes, quien contestó a la demanda estableciendo los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando al Juzgado: Tenga por presentado este escrito, documentos acompañados y sus copias, por contestada en tiempo y forma la demanda; siga el juicio por sus trámites, lo reciba oportunamente a prueba, y en su día lo resuelva por sentencia por la que desestimando la demanda se absuelva libremente de la misma a mi representado con expresa imposición de costas a la parte actora. Recibido el pleito a prueba se practicaron las que propuestas por las partes fueron declaradas pertinentes y figuran en las respectivas piezas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en autos. El Juez del Juzgado número 1 de Hospitalet dictó sentencia con fecha 25 de junio de 1985, cuyo fallo dice literalmente así: Fallo: Que debiendo desestimar, desestimo la demanda formulada por el Procurador don Pedro Vidal Bosch, en nombre y representación de la Comisión de Acreedores de la «Empresa Pascual» absolviendo de todos los pedimentos de la misma, al demandado don Diego, con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a dicha parte demandante.

Segundo.-Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la representación de la Comisión de Acreedores de la «Empresa Pascual» y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sala tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona dictó sentencia con fecha 26 de octubre de 1988, cuyo fallo dice literalmente así: Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la representación de Comisión de Acreedores de la «Empresa Pascual» con revocación de la sentencia dictada el veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco por el limo. Sr. Juez de Primera Instancia número 1 de Hospitalet, en autos de menor cuantía instados por dicha apelante contra don Diego, debemos condenar y condenamos al demandado señor Diego, a que rinda cuentas y entregue a la actora las cantidades netas, deducidos los gastos de administración, de las fincas Ceravall, 7 y Virgen Nuria, 41 de Hospitalet de Llobregat, desde la admisión a trámite de la suspensión de la «Empresa Pascual» hasta la interposición de la demanda, a fijar en ejecución de sentencia, absoviéndole del resto de los pedimentos, y todo ello sin expresa imposición de las costas de ambas instancias a alguno de los litigantes. Y firme que sea esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Tercero.-El Procurador de los Tribunales don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en nombre y representación de don Diego ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: Motivos de casación: 1.º Al amparo del número 3.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio estimándose infringido por inaplicación el artículo 533, 2.º de dicha Ley Procesal por existir falta de personalidad en la actora para comparecer en juicio y, en todo caso, por no acreditar el carácter o representación con que reclama. 2.º Al amparo del número 3.º del artículo 1,692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio apreciándose infringido el artículo 533, 3.º por inaplicación de la referida Ley Rituaria por falta de personalidad en el Procurador por insuficiencia o ilegalidad del poder. 3.º Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas del ordenamiento jurídico, estimándose infringido por violación el artículo 35, 2.º del Código Civil . 4.º Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas del ordenamiento jurídico, estimándose infringido por violación el artículo 39, del Código Civil . 5.º Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas del ordenamiento jurídico, estimándose infringido tanto el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído y de extensión de los efectos de la cosa juzgada a terceros, como el de la doctrina legal que lo consagra recogida en las sentencias de este Alto Tribunal de 20 de septiembre de 1950, 25 de enero de 1963, 25 de febrero de 1963, 23 de febrero y 5 de marzo de 1963, 9 de diciembre de 1965, 19 de abril de 1966, 28 de febrero de 1970, 23 de marzo de 1972 y 13 de octubre de 1983, entre otras, muchas relativas al litisconsorcio pasivo necesario de auténtico interés público. 6.º Al amparo del número 5.º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de normas del ordenamiento jurídico, apreciándose infringidas por errónea interpretación los artículos 1.719, 1.720 y 1.726 del Código Civil .

Cuarto.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para celebración de vista el día 8 de noviembre de mil novecientos noventa.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. don Eduardo Fernández Cid de Temes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Decretada la suspensión de pagos de la «Empresa Pascual» sus titulares don Miguel Ángel y «Suministros y Estructuras de Teches, S. L.», alcanzaron convenio con sus acreedores, comprometiéndose a otorgar poderes irrevocables a una Comisión de éstos, formada por cinco empresas o sociedades, para que procedieran a la administración y liquidación de todos los bienes de su activo, salvo la tercera parte de un solar y el ajuar doméstico del señor Miguel Ángel y dos vehículos, llevándose a cabo tal otorgamiento en 22 de junio de 1977 a favor de «Promotora de Financiación Catalana, S. A», «Financiera General de Inversiones, S. A.», «Bartolomé Valls Sistach, S. A.», «Financiera de California, S. A.» y «Banco Condal, S. A.», con facultades de delegación entre ellos; tres representantes de tales sociedades integrantes de la comisión (en la misma se había acordado que sería suficiente) autorizaron: a don Juan «para otorgar poderes a Procuradores causídicos o sustituir el referido poder de 22 de junio del corriente año», quien lo otorgó a favor del Procurador señor Vidal Bosch, el cual a su vez, como de la Comisión de acreedores, demandó a don Diego, como Administrador de dos casas pertenecientes al señor Miguel Ángel, para que le entregase las rentas que hubiera cobrado, tal como consta en los antecedentes de esta resolución. El Juzgado desestimó la demanda, pero la Audiencia Territorial de Barcelona, Sala Primera de lo Civil, revocando la resolución del órgano unipersonal, condenó al demandado a que rindiese cuentas y entregase a la actora las cantidades netas, deducidos los gastos de administración; de las fincas Caravall, 7 y Virgen de Nuria, 41, de Hospitalet de Llobregat, desde la admisión a trámite de la Suspensión de la Empresa Pascual hasta la interposición de la demanda, a fijar en ejecución de sentencia. Pues bien, contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por el señor Diego, pero ha de tenerse en cuenta." 1 .º) Que la demanda se presentó vigente ya la Ley 34/84 de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 2.º) Que las rentas reclamadas eran las netas, deducidos los gastos de administración y honorarios, desde la admisión a trámite de la suspensión de pagos de la «Empresa Pascual» hasta la interposición de la demanda, habiendo de fijarse la cuantía en ejecución de sentencia. 3.º) Que si bien el procedimiento siguió el trámite de menor cuantía, conforme a la regla 3.º del artículo 484 -«Las demandas cuya cuantía sea inestimable o no pueda determinarse ni aun de forma relativa por las reglas que se establecen en el artículo 489»-, el demandante, cumpliendo el mandato de la regla 8.º de este último precepto, en cuanto establece que, si falta la determinación, la demanda se considerará de cuantía inestimable, «pero siempre que el actor haga una estimación del valor de lo reclamado, aunque no figure determinado en el título, habrá de tener el correspondiente reflejo en la cuantía de la demanda», concretó en el hecho quinto, apartado e), que no sabía el producto neto de dicha administración, pero calculaba que ascendería a la suma de más de 850.000 pesetas, sin que tal extremo fuere contestado por el demandado -aunque presentó alguna liquidación que refleja no se alcanza tal valor-, ni discutido en la comparecencia prevista en el artículo 691 en relación con la regla 1.ª del 693 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil.

Segundo.-En consonancia con cuanto queda expuesto, tienen acceso al recurso extraordinario de casación las demandas cuya cuantía exceda de 3.000.000 de pesetas, sea inestimable «o no haya podido determinarse ni aun en forma relativa por las reglas que se establecen en el artículo 489» y ello quiere decir que: si hay una determinación, aunque sea relativa, y esa determinación no excede de los tres millones de pesetas, aunque el proceso se tramite por el menor cuantía, teniendo ésta como inestimable, viene vedado el acceso a la casación; y es que con la preceptiva citada se trata de impedir el absoluto arbitrio de las partes -hoy convertido en frecuente y reiterada arbitrariedad- para llevar al Tribunal Supremo pretensiones cuyo valor, como ocurre en el caso que nos ocupa, es notoriamente inferior.

Tercero.-Como las causas de inadmisión se convierten en este trámite de sentencia en causas de desestimación (sentencias de 7 de diciembre de 1989 y 20 de octubre 1987, y 20 de febrero de 1986), queda fuera de toda duda que en modo alguno es susceptible de recurso de casación la sentencia recurrida, que en este trámite ha de ser confirmada sin necesidad de más amplios razonamientos, desestimándose la casación conforme a la regla 2.a del artículo 1.710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuarto.-Por imperativo legal ( artículo 1.715, párrafo último de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), al no haber lugar al recurso, han de imponerse las costas del mismo al recurrente, sin hacer especial pronunciamiento sobre depósito, no constituido al ser disconformes las sentencias de instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS:

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador don José Luis Ortiz-Cañavate y Puig-Mauri, en nombre y representación de don Diego, contra la sentencia dictada, en 26 de octubre de 1988, por la entonces Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenamos a dicho recurrente al pago de las costas; y a su tiempo, comuníquese esta resolución a expresada Audiencia, devolviéndole los autos y rollo de Sala que en su día remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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