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Sentencia A.P. Santa Cruz de Tenerife 145/2010 de 17 de mayo


 RESUMEN:

Cumplimiento de contrato de compraventa: La sentencia de instancia ordena su cumplimiento. No adolece de nulidad radical por imposibilidad de objeto. No confundir imposibilidad de objeto con imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de su obligación. Vicios ocultos y deficiencias constructivas: Reconvención. Reclamación de cantidad por tales vicios.

Rollo núm. 138/10.

Autos núm. 652/08.

Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife.

Ilmos. Sres.:

PRESIDENTE

Don Pablo José Moscoso Torres.

MAGISTRADOS

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

===================================

En Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete de mayo de dos mil diez.

Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los Ilmos. Sres. antes reseñados, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, en los autos núm. 652/08, seguidos por los trámites del juicio ordinario y promovidos, como demandante, por DON Cosme, representado por la Procuradora doña Begoña Pintado González y dirigido por el Letrado don José Juan Quevedo Álvarez, contra la entidad mercantil ABB SOIMI ENGINEERING AND CONTRACTING, S.L., que ha comparecido ante este Tribunal representada la Procuradora doña Cristina Togores Guigou y dirigida por el Letrado don Rafael León Rubio; esta entidad formuló en primera instancia reconvención contra el actor ya mencionado y contra DON Jeronimo, que ha comparecido ante este Tribunal representado por la Procuradora doña Begoña Pintado González; ha pronunciado, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la presente sentencia siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Pablo José Moscoso Torres, con base en los siguientes


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.

Segundo.-En los autos indicados la Magistrada- Juez doña Gabriela Reverón González dictó sentencia el nueve de octubre de dos mil nueve cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda promovida D.ª Begoña Pintado González, en nombre y representación de D. Cosme, defendido por el letrado D. José Juan Quevedo Alba contra la mercantil "ABB Soimi Engineering And Contracting, S.L." representada por la procuradora D.ª Cristina Togores Guigou y defendida por el letrado D. Rafael León Rubio, debo declarar y declaro la obligación de la mercantil demandada a otorgar la escritura pública de compraventa de las dos viviendas objeto del contrato de compraventa suscrito por las partes y cuatro plazas de aparcamiento del edificio sito entre las calles Puerta Canseco, San Francisco de Paula y Carmen Monteverde a favor del actor y frente al pago por éste de la cantidad de doscientos dieciocho mil quinientos catorce con un céntimos, condenando a la mercantil demandada a estar y pasar por dicha declaración y, en consecuencia, al otorgamiento de la escritura pública en la fecha y ante el fedatario que se indique, y ello con condena al pago de las costas procesales de la mercantil demandada.

Asimismo, desestimando íntegramente la demanda reconvencional promovida por la mercantil "ABB Soimi Engineering And Contracting, S.L." representada por la procuradora D.ª Cristina Togores Guigou y defendida por el letrado D. Rafael León Rubio contra D. Cosme y contra D. Jeronimo, representado por la procuradora D.ª Begoña Pintado González y defendido por el letrado D. Francisco Montoya Ezquerra, debo absolver y absuelvo a éstos de todos los pedimentos contenidos en la demanda; y ello con imposición de las costas procesales a la entidad mercantil demandante".

Tercero.-Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandada, la entidad Abb Soimi Engineering And Contracting, S.L. en el que solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante providencia en la que se acordó, además, emplazar a dicha parte por veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en que se fundaba la apelación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante y de la parte demandada en reconvención, don Jeronimo, presentaron escrito de oposición al mencionado recurso.

Cuarto.-Remitidos los autos en esta Sala, se acordó, una vez recibidos y mediante providencia de diecinueve de marzo de dos mil diez, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día cinco de mayo del año en curso, fecha en la que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

Quinto.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-1. La sentencia apelada estimó en su integridad la demanda interpuesta por el actor y desestimó, también íntegramente, la reconvención formulada por la entidad demandada contra aquél y contra don Jeronimo.

En la primera el demandante pretendía el cumplimiento del contrato de compraventa concertado con la entidad demandada sobre dos viviendas y cuatro plazas de garaje en construcción del edificio "Chorros de Icota" de esta Capital (entre las calles Puerta Canseco, San Francisco de Paula y Carmen Monteverde), promovido por esta entidad y del que el demandante era el autor del proyecto y el director superior de la obra.

En la reconvención la mencionada entidad reclamaba de los demandados en ella (Arquitecto y Arquitecto Técnico de la obra mencionada) la cantidad de 996.039,13 euros como consecuencia, en primer lugar, "de la responsabilidad legal por vicios ruinógenos (Art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación / Art. 1591 del CC)", y, en segundo lugar, "de la responsabilidad civil del Arquitecto y del Aparejador de la Obra en las deficiencias constructivas y de la indemnización por los daños y perjuicios causados (Artículo 1.101 del Código Civil)", según se reseña en los epígrafes del primero y segundo, respectivamente, de los fundamentos de derecho de carácter sustantivo de la demanda reconvencional.

En ésta se desglosan los diferentes conceptos y partidas que integran el importe total de la reclamación; la primera por la cantidad de 174.472 euros, que corresponde al presupuesto para la subsanación de las deficiencias de las obras de la cubierta y respecto de las construcciones por encima de la altura que no se ajustaban al proyecto y que no eran legalizables, según los informes urbanísticos emitidos para la concesión de la licencia de ocupación y cédula de habitabilidad; la segunda, por importe de 562.500 euros, como consecuencia de la pérdida de 24 plazas de garaje de las 63 proyectadas en el edificio; la tercera, por un total de 259.067,13 euros por los intereses ordinarios y moratorios que había tenido que abonar hasta la obtención definitiva de la licencia de primera ocupación.

2. Como se ha señalado, la sentencia apelada ha estimado la demanda entendiendo, en síntesis, que el contrato tenía como objetos varias fincas en construcción (cosa futura) claramente determinables, siendo plenamente válido, y ello al margen de las modificaciones producidas durante su construcción en una de las plazas de garaje y en una de las viviendas; considera, por otro lado, que es cuestión distinta que "al promotor le resultase imposible la entrega de esa concreta vivienda por las continuas modificaciones en la división horizontal pero, en todo caso, esa imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de su obligación no convierte el objeto contractual en indeterminado".

Por otro lado y en lo que se refiere a la reconvención, que desestima en su integridad, dicha resolución sostiene, con carácter previo, "que las reformas de la plantas de sótano, la creación de una nueva y la modificación de la cubierta del edificio se llevó a cabo a petición de la promotora" (la demandada y actora en reconvención), y sobre esa base examina las partidas reclamadas entendiendo, en síntesis, lo siguiente:

(i) En lo que se refiere a la reclamación por la demolición de la cubierta, advierte con sorpresa que esa misma pretensión, con base en el mismo informe pericial, fue ya reclamada en otro proceso anterior a la constructora, proceso que no se dirigió contra los ahora demandados en reconvención pudiendo hacerlo, de manera que considera de aplicación lo dispuesto en el art. 400.2 de la LEC, respecto de la proyección de la cosa juzgada a los hechos que hubieran podido ser alegados en otro juicio anterior.

Además, señala que tampoco puede estimarse la reclamación del "importe de una obra de demolición que no ha tenido lugar, porque lo que no puede dudarse es que las construcciones de las cubiertas siguen existiendo y han sido debidamente legalizadas sin necesidad de ejecutar demolición alguna". Por otro lado, entiende que no cabe hablar en este apartado de "defectos de proyecto" imputables al arquitecto, sino de desajustes entre el proyecto con licencia y la obra ejecutada, derivados de la modificación de la cubierta "a instancia de la promotora demandada" que dificultaron la concesión de la licencia de ocupación y cédula de habitabilidad. En definitiva, considera que no cabe considerarlos "como defectos de proyecto imputables al arquitecto y mucho menos defectos de ejecución de los que respondería el aparejador".

(ii) Respecto de la segunda partida, señala que la modificación en las dimensiones de los garajes (con la supuesta pérdida de algunas plazas) guarda relación "con la modificación operada en la cubierta..., en la que con alteración del proyecto inicial que obtuvo licencia de obras, se construyeron seis dependencias de una superficie mayor, entre 13 y 23 m2, a la de los 24 pequeños cuartos lavaderos proyectados debe hacerse irremediablemente toda vez que como consecuencia de la ejecución tuvo que aumentarse el diámetro de los pilares con el consiguiente estrechamiento de las plazas de garaje"; por ello y si bien puede resultar evidente el reajuste o la redistribución para cumplir con la normativa supuso la pérdida de plazas de aparcamiento... "lo que no es tan evidente es que se pueda responsabilizar de esa pérdida a la dirección facultativa de la obra como pretende la promotora", pues es ésta la que solicita del arquitecto la modificación del proyecto inicial para crear una nueva planta de aparcamiento y alterar la cubierta con dependencias de mayor superficie, suponiendo ello una mayor anchura de los pilares con la consiguiente reducción de las plazas de aparcamiento; en consecuencia, no cabe deducir responsabilidad frente al arquitecto.

(iii) Sostiene, por todo lo anterior, que no debe pechar el autor del proyecto con las consecuencias reparadoras, de modo que procede rechazar la reclamación relativa al perjuicio por la inutilización de las plazas de garaje "así como la petición de abono de los intereses ordinarios y moratorios del préstamo concertado...", destacando además que la cédula de ocupación se obtuvo finalmente por resolución de la Gerencia de Urbanismo de 11 de diciembre de 2007. Finalmente, también señala la sentencia que no se comprende la responsabilidad que podría atribuirse al aparejador "en un supuesto defecto de proyecto como el mantenido en la demanda reconvencional", sin que en definitiva se hayan podido determinar cuáles son las negligencias que pueden imputarse al mismo.

3. La mencionada resolución ha sido recurrida por la entidad demandada que solicita tanto la desestimación de la demanda formulada en su contra como la estimación íntegra de la reconvención. Respecto de la primera pretensión insiste en la "imposibilidad sobrevenida del objeto del contrato de compraventa" (señalando que a ello "alude la propia sentencia") que determina su nulidad radical por la falta de ese elemento esencial del contrato (art. 1272 del CC). Por lo demás y con relación a las pretensiones de la reconvención, insiste en sus alegaciones de primera instancia y trata de refutar los fundamentos de derecho de dicha sentencia.

Segundo.-1. El recurso, en lo que se refiere al pronunciamiento estimatorio de la demanda de la sentencia impugnada, no puede estimarse, pues el contrato sobre el que decide su validez y cuyo cumplimiento se ordena, no adolece de nulidad radical por imposibilidad de su objeto (art. 1272 del CC), imposibilidad que, por otro lado y para determinar la nulidad radical postulada, habría que referir a la totalidad del objeto y que, incluso en el planteamiento del apelante, no se proyecta todas las fincas que integran el mismo (dos viviendas y cuatro plazas de garajes) sino únicamente sobre una o dos de ellas.

Es decir, se trataría de un caso de imposibilidad parcial del objeto que no tiene porqué producir de forma automática y necesariamente la nulidad del contrato (así, por ejemplo, el art. 1460 del CC contempla el supuesto de la pérdida parcial de la cosa en el momento de la celebración de la venta, en cuyo caso faculta al comprador para reclamar la parte existente, con la rebaja proporcional del precio, o desistir del contrato), sino que habría que estar a la interpretación o integración de la voluntad de las partes en el supuesto planteado.

2. En cualquier caso, no cabe hablar en este caso y propiamente de imposibilidad del objeto, ni la sentencia impugnada alude expresamente a esta imposibilidad. Dicha resolución hace referencia a la imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de su obligación, pero no cabe confundir esta imposibilidad con la del objeto del contrato ni cabe hablar, en rigor, de imposibilidad "sobrevenida" de tal objeto. Porque una cosa es la imposibilidad del objeto en el momento de la perfección del contrato (el mismo art. 1460 citado alude a la pérdida ya "al tiempo de celebrarse la venta", es decir en el momento de su perfección), y otra diferente que, teniendo por objeto el contrato una cosa posible, cierta y determinada o determinable, incluso de existencia futura, posteriormente el cumplimiento devenga imposible por otras circunstancias, pues esto afecta ya a la fase de la consumación y no a la de su perfección y validez; naturalmente al margen de que esa imposibilidad pueda producir otras consecuencias en función de las circunstancias concurrentes (el cumplimiento por equivalente o bien la resolución, que es una clase de ineficacia del contrato diferente a la de su nulidad).

3. En este caso y teniendo por objeto el contrato dos viviendas y cuatro plazas de garaje en construcción, no cabe hablar de un objeto imposible y ello pese a las vicisitudes del período constructivo y las modificaciones que pudieran efectuarse sobre las fincas, incluso las de su supresión, lo que afecta a la fase de su cumplimiento, pero que no tiene incidencia en la existencia y validez del mismo contrato; y es que, en realidad, la imposibilidad contemplada en el art. 1272 del CC es la imposibilidad originaria y total, y, además, duradera; es decir y como se ha resaltado en la doctrina, la posibilidad del contrato como requisito del mismo es la posibilidad originara, esto es, la existente en el momento de contratar, toda vez que la imposibilidad sobrevenida que se produce en un momento posterior al de su celebración (y perfección), posee un tratamiento distinta y afecta al cumplimiento, pues el contratante se ha obligado eficazmente (en este caso a construir y entregar las fincas vendidas) aunque después ese cumplimiento no resulte posible en los términos previstos.

4. Sobre esta base y desde esta perspectiva no cabe duda de la validez del contrato y de la obligación de la demandada de proceder a su cumplimiento, sin perjuicio de lo que se puede proveer sobre este cumplimiento cuando se trata de hacer efectivo si es que, en realidad, no puede cumplirse en los concretos términos estipulados.

Tercero.-1. En lo tocante a la reconvención, habría que hacer algunas precisiones; en concreto y sobre la primera partida que es objeto de reclamación, que o bien se refiere a defectos ruinógenos o constructivos (defectos de la construcción) que ya fueron reclamados al constructor en otro proceso anterior por la actora en reconvención, viendo la actora estimada en parte su pretensión en dicho litigio, o bien se deriva de las deficiencias del proyecto modificado respecto del inicial confeccionado (sobre el que se concedió la licencia de obras), por su falta de concordancia con la normativa urbanística de aplicación en lo que se refiere a la altura del edificio.

Naturalmente, se trata de dos aspectos distintos que merecen un tratamiento también diferenciado, pues el primero es trasunto de un incumplimiento de los deberes que corresponden a los distintos agentes que intervienen en el proceso constructivo e imputable al que de ellos haya incurrido en tal incumplimiento, teniendo su encaje legal en el art. 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación (que justamente comienza advirtiendo que tal responsabilidad lo es "sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales..."). El segundo aspecto, sin embargo, no deriva de un vicio técnico de la construcción (imputable a uno u otro de los diferentes agentes), sino de un defecto de diseño o de concepción del proyecto (o de su modificado), por no ajustarse a las normas urbanísticas de aplicación, y que hay que contemplar en la relación directa entre el promotor y el Arquitecto proyectista, calificada en la jurisprudencia como un arrendamiento de obra aunque en alguna ocasión se ha mantenido que se trata de un arrendamiento de servicios; es decir se trataría ya de esas otras responsabilidades contractuales a las que alude el precepto citado y que no incluye en su seno.

2. Ni en la reconvención ni en el recurso de la demandada se advierte con nitidez de esa diferencia, que sí se viene a señalar (al menos implícita pero de forma inequívoca) en la sentencia apelada cuando analiza, por un lado, la reclamación imputada a una "mala ejecución", y después se detiene en el análisis de los "desajustes" por no concordar lo ejecutado con el proyecto inicial sobre el que se concedió la licencia y que demoró la concesión de la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad finalmente concedida.

Pues bien, ni en uno ni en otro aspecto resulta procedente la pretensión, y ello en esencia, por las razones señaladas en la sentencia apelada, que no han sido desvirtuadas por las alegaciones del recurso.

3. Así y en el primero de los aspectos mencionados, hay que aludir a la anterior reclamación de la promotora frente a la constructora que incluía esa primera partida y, según se señala en la sentencia apelada, "con base en el mismo informe pericial y en el acta de recepción de edificio terminado que, también ahora se aporta con la demanda". Por otro lado y si bien ahora en el recurso se alude a las aclaraciones de la audiencia previa y a las obras realizadas en la cubierta para adecuarlas a lo permitido, se insiste en que la primera partida por el importe ya mencionado, se refiere a los "daños y defectos apreciados a consecuencia de la mala ejecución de obra". Estos defectos, como se ha señalado, fueron ya reclamados a la constructora y, en el propio planteamiento del recurso, tendrían su origen en la mala ejecución, de manera que no pueden ser imputados al Arquitecto en su condición de proyectista (no se deriva de algún defecto técnico del proyecto) ni de director superior de la obra. Sí podría tener alguna implicación el otro demandado en reconvención en su condición de director de la ejecución material de la obra, pero como señala la sentencia apelada, la reclamación al efecto ya se ha resuelto en el proceso anterior, siendo estimada en parte, sin que la parte demandada pueda obtener algún tipo de duplicidad en su reparación; y lo que no se ha acreditado es que, al margen de los defectos que han sido objeto de reparación en el otro proceso, existan otras que sean imputables específicamente a éste demandado. Por tanto y en este aspecto debe desestimarse el recurso.

4. La misma conclusión desestimatoria se alcanza con relación al otro aspecto, que, en realidad, no se articula en el quantum de la partida reclamada cuya dimensión cuantitativa se concreta, tal y como se ha señalado, en razón del valor de los daños derivados de la "mala ejecución" y no de los perjuicios derivados de los desajustes entre la obra finalmente realizada respecto de la proyectada.

En cualquier caso, son de aplicación los argumentos de la sentencia apelada, pues las obras de la cubierta han sido "debidamente legalizadas", como se deriva de que finalmente se haya concedido la licencia de ocupación y la cédula de habitabilidad, siendo también de destacar, como destaca dicha resolución, el informe emitido por el Arquitecto propuesto por el actor reconvenido, en el sentido de que la documentación y las justificaciones presentadas por la dirección técnica "se tuvieron en cuenta finalmente, es decir, dando por cumplimentada con la documentación presentada...".

Por otro lado y en este aspecto, ninguna responsabilidad tendría el Arquitecto técnico demandado en reconvención, pues fue ajeno al proyecto, inicial y modificado, y a las decisiones sobre la alteración de las obras respecto de las inicialmente proyectadas, de manera que no puede responder por tales circunstancias.

Cuarto.-1. Tampoco en lo que se refiere a las otras dos partidas o concepto de la reclamación el recurso puede estimarse.

2. Con relación a la segunda, ya la sentencia matiza que no se ha formulado reclamación alguna respecto de las deficiencias en las rampas de los garajes (que, según la misma resolución, fueron finalmente admitidas por la Gerencia de Urbanismo tal y como se habían ejecutado al otorgarse las oportunas autorizaciones) y se centra en la disminución de las plazas de garaje respecto de las previstas. Esa reducción se debió a las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción del edificio, pues al construirse seis dependencias en la cubierta de una superficie mayor a la proyectada, tuvo necesariamente que aumentarse el diámetro de los pilares con el consiguiente estrechamiento de las plazas de aparcamiento; tales modificaciones se realizaron a instancia de la promotora demandada (y actora en reconvención) que, según recoge la sentencia apelada, interesó la reforma de "la planta sótano garaje -1, de la planta sótano, garaje -2 y se crea una nueva planta garaje -3", al mismo tiempo que también queda reformada la cubierta del edificio.

Sobre esta base y pese a la pérdida de las plazas de garaje (que en todo caso habría que contemplar con relación al proyecto inicial y no al modificado con una planta más de sótano), no se puede desconocer que esa pérdida se produce precisamente a consecuencia de la iniciativa e interés de la propia promotora que, por tanto, no puede considerarse ajena a la misma cuando es su actuación la que la ha promovido y propiciado; es por ello por lo que la sentencia apelada, de forma correcta, señala que si bien la "perdida" es evidente, no resulta tan evidente "que se pueda responsabilizar de la misma a la dirección facultativa", al ser consecuencia del incremento de los pilares impuesto por la modificación solicitada de la cubierta y reducción del espacio; lo cual conducía necesariamente a la redistribución de las plazas de garaje en función de la superficie exigida reglamentariamente.

3. Tales argumentos no ha sido desvirtuados en el recurso de apelación, en el que la promotora sigue trasladando la responsabilidad y tratando de eximirse de la que le corresponde cuando tales consecuencias fueron debidas a su actuación no pudiendo por tanto exonerarse, cuando además como profesional del sector tenía o debía de tener conocimiento de las mismas.

En realidad, la situación es muy similar a la contemplada en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Undécima) de 19 de julio de 2002 que resuelve el litigio de acuerdo con los criterios de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2001 que también contempla un supuesto análogo en el que al igual que en este caso se había producido, según su tenor, "una reducción de la superficie útil de las plantas sótanos que se presentó finalizada la construcción del edificio... de exigirse estrictamente la reglamentación municipal"; en tal supuesto, las obras de referencia fueron realizadas a la vista de la promotora, de modo que aceptó la disminución superficial de los sótanos; por ello "el consentimiento de la recurrente, asistida de conocimiento suficiente de los hechos,... hace aplicable la doctrina jurisprudencial consolidada y conocida que proclama que los supuestos de modificaciones sobrevenidas y aceptadas conformen acto propio que vincula al autorizante y le veda ir contra los mismos para postular las indemnizaciones que reclama en el pleito".

De igual modo la sentencia de la Audiencia Provincial mencionada contempla el supuesto de una reducción a consecuencia de las modificaciones en la estructura que determinó una superficie útil menor, hechos conocidos y admitidos por la constructora propietaria, condición que, en este caso, tiene la actora en reconvención; y ello implica, según dicha sentencia, una novación contractual conocida y asumida por la propietaria que impide la reclamación dineraria objeto de la demanda y recurso, pues ni el terreno resultante de las modificaciones, admite más plazas, ni dicha disminución es imputable a una mala praxis del arquitecto demandado al haber distribuido los elementos arquitectónicos del edificio que han producido ese resultado, añadiendo que dada la condición de promotora de la reclamante, debía saber que las plazas reseñadas en los planos no cumplían en sus dimensiones con las ordenanzas municipales.

4. Estos criterios son también de aplicación al presente caso y con más justificación, si cabe, ya que las modificaciones que dieron lugar a la reducción fueron instadas por la promotora porque favorecían a sus intereses, al derivarse de la necesidad de ampliar los pilares como consecuencia de las obras de la cubierta que, como se ha señalado, fueron legalizadas al concederse y obtenerse las correspondientes licencias.

5. Finalmente y por las mismas o similares razones, no cabe estimar la reconvención en lo que se refiere a la última partida reclamada, pues el importe de los gastos que se reclaman tampoco reconocen su origen inmediato y directo en un incumplimiento del contrato por parte del Arquitecto demandado, sino por las razones ya señaladas.

Y menos aún pueden responsabilizarse de tales gastos y de los anteriores al arquitecto técnico también demandado en reconvención, pues aparte de las peculiaridades en esta materia de la responsabilidad solidaria a la que se alude en el recurso, no se trata de la reclamación por vicios o defectos en los cometidos propios de su función, sino en otros ajenos que no le serían imputables de acuerdo con lo ya señalado.

Quinto.-1. Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso interpuesto y confirmar en todas sus partes la sentencia apelada.

2. Respecto de las costas y procediendo la desestimación íntegra del recurso, deben imponerse a la parte apelante por disponerlo así el art. 398.1, en relación con el art. 394, ambos de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLO


 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto y confirmamos la sentencia apelada, imponiendo a la parte apelante las costas del recurso.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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