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Auto A.P. Madrid 74/2010 de 21 de mayo


 RESUMEN:

Demanda de incidente concursal: Impugnación de la lista de acreedores. Inadmisión a trámite por considerarla extemporánea. "Dies a quo" del plazo de 10 días para formular demanda de incidente concursal. Fecha del último edicto. Recepción por cada interesado de la comunicación personal. Criterios doctrinales.

MADRID

AUTO: 00074/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28.ª

Rollo de apelación n.º 418/2009

Materia: Concursal

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil núm. 7 Autos de origen: Incidente concursal núm. 503/2008, concurso necesario núm. 109/2006.

A U T O n.º 74/2010

En Madrid, a 21 de mayo de 2010.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 418/2009, interpuesto contra el auto de fecha 3 de febrero de 2009 dictado en el incidente concursal núm. 503/2008 del concurso núm. 109/2006 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid respecto de la entidad "CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO, S.A.".

Han sido partes en el recurso, como apelante IMPROVE CONSULTING SL, representado por la Procuradora Dña. M.ª Ángeles Martín Martín y defendido por el Letrado D. Miguel Ángel Hernández Hernández.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid se dictó, con fecha 3 de febrero de 2009, auto cuya parte dispositiva establece:

"Se inadmite la demanda de incidente concursal presentada por la Procuradora de los Tribunales D.ª M.ª Ángeles Martín Martín, en petición de impugnación de la lista de acreedores, sin imposición de costas."

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de IMPROVE CONSULTING SL se interpuso recurso de apelación que, admitido por el juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, habiéndose realizado la deliberación, votación y fallo del recurso el 20 de mayo de 2010.

Ha actuado como magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

Tercero.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.


RAZONAMIENTOS JURIDICOS


 
Primero.-La parte hoy recurrente pretendió impugnar la lista de acreedores elaborada por la administración del concurso de CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO S.A., anexa al informe elaborado por ésta (art. 75.2.2.º de la Ley Concursal), presentando demanda de incidente concursal a tales efectos. El Juzgado de lo Mercantil dictó un auto inadmitiendo a trámite la demanda de incidente concursal por considerarla extemporánea, al entender que el plazo para la impugnación de la lista de acreedores debía contarse a partir de la publicidad general que se establece en el art. 23, por remisión del art. 95.2, ambos de la Ley Concursal, de acuerdo con la doctrina mantenida en los diversos autos de fecha 15 de febrero de 2007 dictados por esta Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. La última publicación edictal que reseña la resolución apelada data del 24 de enero de 2007, por lo que el 7 de febrero de 2007 habría finalizado el plazo de impugnación para todos los interesados en el concurso de CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO ONCOLÓGICO, S.A. La demanda impugnatoria de IMPROVE CONSULTING SL se presentó, sin embargo, el 21 de julio de 2008.

La parte recurrente considera que la administración concursal no puede contradecirse y no reconocerle un crédito que, tras diversos trámites litigiosos, parecía dispuesta a reconocerle y que no puede ignorarse la comunicación de crédito que efectuó por medio de su letrado en el mes de junio de 2006 ni su posterior personación en julio de 2008.

La cuestión fundamental se centra, en opinión de este tribunal, en interpretar los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal para decidir cuál debe ser el "dies a quo" del plazo de diez días para formular la demanda de incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores, si la fecha en que se publicó el último edicto de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal, o el de recepción por cada interesado de la comunicación personal que debe remitir la administración concursal, a la que se refiere el art. 95.1 de la Ley Concursal.

Significamos que las citas legales que efectuaremos en esta resolución están referidas a la redacción originaria de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, antes de su reforma por RDL 3/2009, de 27 de marzo, pues era aquélla, y no la modificada tras ella (según prevé la disposición transitoria octava del citado RDL), la que resulta aquí aplicable, pues estaba en vigor al tiempo de presentarse el informe de la administración concursal (e incluso cuando se presentó la demanda incidental cuya inadmisión es objeto de recurso).

Segundo.-Los antecedentes legislativos pueden ayudar a comprender la génesis de una regulación, como la es la que se contenía en los artículos 95.1 y 96. 1 de la redacción originaria de la Ley 22/2003, Concursal, que planteaba problemas interpretativos. El Proyecto de Ley Concursal (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2002, núm. 101-1) preveía en su art. 95.1 un único y común plazo de 15 días para todos los interesados, que se computaría desde la última de las notificaciones o comunicaciones realizadas, fuera ésta la inserción del anuncio en el B.O.E. o fuera la comunicación personal a alguno de los acreedores cuyo crédito fuera rechazado o modificado, respecto de la pretensión del acreedor, por la administración concursal en su informe. Durante el trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria propuso una enmienda, la núm. 628 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2002, núm. 101-15), por la que el art. 95.1 quedaba con la siguiente redacción: "dentro del plazo de diez días a contar desde la inserción del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" (.) cualquier interesado podrá impugnar el inventario y la lista de acreedores. Para el destinatario de la comunicación a que se refiere el número 2 del artículo 94 [el acreedor que haya sido excluido o incluido por cuantía inferior o con calificación distinta de la pretendida], dicho plazo contará desde la fecha de esa comunicación si fuera posterior". Como justificación de la enmienda, se decía: "mejora la redacción anterior, aclarando la diferencia en el cómputo de los plazos de impugnación, según se haya producido comunicación personal o no". Sin embargo, ni la redacción del Proyecto de Ley permaneció en la versión final de la ley, ni tampoco fue acogida la citada enmienda. Y donde el primitivo precepto preveía un "dies a quo" para el cómputo del plazo que sería la publicación general o la comunicación personal a los acreedores, según cuál se verificara en último lugar, y la enmienda preveía dos plazos de igual duración, pero con inicio de cómputo distinto para el caso de que la comunicación personal a los acreedores se produjera con posterioridad a la publicación de alcance general, el texto definitivo de la ley, en el art. 96.1, suprimió en la regulación del inicio del cómputo del plazo de impugnación cualquier referencia a la fecha de la comunicación personal a los acreedores, para dejar como único "dies a quo" para el cómputo de tal plazo, reducido de 15 a 10 días, la fecha de "la comunicación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior", que a su vez se remite al art. 23 de la Ley Concursal, y que en todo caso se trata de la comunicación edictal de carácter general.

El legislador no "cerró" completamente el cambio sufrido por el texto legal en su tramitación parlamentaria, al no modificar la redacción del último inciso del primitivo art. 94.1 del Proyecto de Ley, art. 95.1 de la Ley definitiva, de modo que todavía se preveía que en la comunicación a remitir por la administración concursal a los acreedores cuyo crédito en el informe concursal difiera del comunicado en el plazo de comunicación de créditos, se les señalará "un plazo de diez días desde su recibo para que formulen las reclamaciones que tengan por conveniente".

Tercero.-El recto entendimiento del texto de la Ley 22/2003, Concursal, nos permite afirmar que no existen dos cauces alternativos para discrepar de la decisión adoptada por la administración concursal respecto al reconocimiento y calificación de un crédito. Sólo existe uno, el incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores que contempla el artículo 96.4 de la Ley Concursal, por más que el art. 95.1 utilice la expresión "reclamación" y el art. 96 emplee la de "impugnación". Aunque el art. 95 de la Ley Concursal impone a la administración concursal la obligación de efectuar comunicaciones personales exclusivamente a determinados acreedores cuyos créditos resultan especialmente afectados por su informe (porque se les excluya el crédito insinuado, se les incluya sin haberlo pedido, se les rebaje la cuantía solicitada o se les califique de modo distinto al que pretendían) y de advertirles de su derecho a reclamar, no ha de olvidarse que tales comunicaciones han de remitirse de modo simultáneo a la presentación del informe en el Juzgado, por lo que la administración concursal no dispone ya de posibilidad de cambiar su contenido, debiendo estarse, en aras a un criterio de seguridad jurídica, a resultas de lo que se resuelva en los correspondientes incidentes concursales de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, si éstos se suscitasen. De modo que no cabe interpretar que el acreedor pueda optar entre dos vías diferentes para impugnar el criterio de la administración concursal, pues sólo tiene una a su disposición.

Cuarto.-El plazo de que disponen los interesados para impugnar el inventario y la lista de acreedores es, en cualquier caso, de diez días, y en ello ya coincidían las previsiones de los artículos 95.1 y 96.1 de la Ley Concursal. Existía, sin embargo, una palmaria contradicción, con anterioridad a la reforma por RDL 3/2009, entre el tenor literal de estos preceptos legales a propósito de cuándo debía iniciarse el cómputo del mismo. Era preciso, pues, llegar a una interpretación razonable que salvase tal discrepancia, puesto que el análisis de los antecedentes legislativos y los argumentos precedentes advertían de que no había duplicidad de regímenes impugnatorios. Resultaba imprescindible, a juicio de la Sala, evitar situaciones de incertidumbre respecto a la fijación del momento hasta el que resulta admisible el planteamiento de impugnaciones contra la lista de acreedores, pues ello condiciona que ésta pueda adquirir el carácter de definitiva y permita el cierre de la fase común del concurso. De otro modo, se impediría la continuación de la tramitación del concurso, para lo que es preciso la conclusión de la fase común y la apertura de la de convenio o liquidación, o se sometería a dicha conclusión de la fase común y apertura de la siguiente fase a un riesgo grave de anulación por no haberse tramitado todas las impugnaciones de la lista de acreedores o del inventario, inaceptable por las graves consecuencias que traería para los intereses legítimos de todos los afectados por el concurso.

Tal contradicción podía ser salvada si no se perdía de vista cuál era la función concreta que vendría a cumplir la notificación del artículo 95.1 de la Ley Concursal, que exclusivamente sería la de avisar a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, ya que su vocación es que, salvo extraños, preceda a la publicación general. En cambio, la previsión legal del art. 96.1 de la Ley Concursal tenía vocación unificadora, por lo que se mencionaba en ella a "cualquier interesado", lo que comprende a todo tipo de acreedor (se hayan aceptado o no sus pretensiones por la administración concursal y, por tanto, según proceda, se le haya enviado o no la comunicación personal) y a otros posibles afectados, con independencia de que estuvieren o no personados en el concurso (y por tanto de que hayan podido recibir noticia al respecto con cierta antelación), debiendo todos ellos atender como única referencia, objetiva y fácilmente determinable para cualquiera, a la publicación general de la presentación del informe, que supondrá el momento de apertura del plazo común para plantear la posible impugnación. Si común fue el plazo para comunicar los créditos (pues así lo establecen los artículos 21.1.5.º y 85.1 de la Ley Concursal), que es la clave para el reconocimiento de los mismos, tenía pleno sentido que también lo fuese aquél para impugnar la lista de acreedores elaborada al respecto por la administración concursal (al amparo de la previsión del n.º 1 del artículo 96).

Además, la prevalencia de la norma contenida en el artículo 96.1 era también la interpretación más lógica para salvar la mencionada contradicción legal, pues podría peligrar la eficacia y agilidad del proceso concursal, que por definición afecta a una pluralidad de interesados (en ocasiones, como es el caso de autos, a miles de personas físicas y jurídicas), si se obviase aquel precepto en favor del 95.1, de modo que la progresión del concurso quedase comprometida al albur de la comprobación de la recepción de todas y cada una de esas paralelas comunicaciones individuales, pues el acreedor siempre habrá podido tener noticia suficiente para actuar en defensa de sus derechos por vía de la publicidad general, que supone garantía bastante para ello, puesto que existe conocimiento previo de la existencia del proceso

Por último, si no se tratase de un plazo común cuyo "dies a quo" fuera determinable de modo claro se generaría incertidumbre sobre cómo computar un lapso temporal cuya expiración va a ser asimismo referente para otras relevantes actuaciones del concurso, no sólo para finalizar la fase común (artículo 111 de la Ley Concursal), sino también para la posibilidad de manifestar adhesiones a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), o, si no mediaren impugnaciones, para la presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o para la petición de liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal).

Este fue el criterio mantenido por esta Sala en los autos de fecha 15 de febrero de 2007, 29 de febrero de 2008, 6 de marzo de 2008 y 22 de mayo de 2008, en los que abordó de modo directo, y no como mero "obiter dicta", la cuestión del término inicial del plazo de presentación de la demanda incidental de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por los acreedores a los que la administración concursal hubiera realizado la comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal, definiendo de modo expreso su postura al respecto. Y éste ha de ser, por tanto, el criterio al que, por razones de coherencia e igualdad de trato a los afectados en concursos que se tramitaban bajo dichas previsiones legales, debe ser fiel este tribunal, hasta que resulte aplicable al caso el nuevo régimen que deriva de la reforma introducida por el RDL 3/2009, que aquí todavía no lo es.

Quinto.-La interpretación que el Juzgado de lo Mercantil (y por extensión esta Sala, al compartir y confirmar el criterio de aquél) realizaba sobre el "dies a quo" del cómputo del plazo para impugnar la lista de acreedores y el inventario no vulnera el art. 24 de la Constitución ni es contraria al principio "pro actione" ni a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido sobre el cómputo de los plazos para ejercitar las acciones, interponer recursos o formular en un proceso judicial cualquier otra petición en defensa de sus derechos por un interesado.

Esta doctrina puede sintetizarse en que el cómputo de estos plazos "es cuestión de mera legalidad ordinaria que, no obstante, puede adquirir dimensión constitucional cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefensión, siempre que tal decisión haya sido adoptada partiendo de un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE " (SSTC 1/1989, de 16 de enero, F. 3; 201/1992, de 19 de noviembre, F. 2; 220/1993, de 30 de junio, F. 4; 322/1993, de 8 de noviembre, F. 3; 191/1997, de 10 de noviembre, F. único; 215/1997, de 27 de noviembre, F. único; 89/1999, de 26 de mayo, FF. 3 y 4; 133/2000, de 16 de mayo, F. 3; 179/2003, de 13 de octubre, F. 3, 222/2003, de 15 de diciembre, entre otras muchas).

Este criterio interpretativo desfavorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión consistiría en que, como declara la STC núm. 199/2007, de 24 septiembre, la resolución judicial de inadmisión de la demanda, del recurso o de la solicitud de que se trate ".por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican (STC 88/1997, de 5 de mayo, F. 2). Como las normas que establecen plazos para la evacuación de trámites procesales suponen "el reconocimiento del derecho a disponer del plazo en su totalidad" (SSTC 269/2000, de 30 de octubre, F. 5; 38/2001, de 12 de febrero, F. 2; 54/2001, de 26 de febrero, F. 2; y 222/2003, de 15 de diciembre, F. 4), constituye una interpretación de las reseñadas como vedadas en materia de acceso a la jurisdicción, por el desproporcionado sacrificio de intereses que comporta, la que produce como resultado final un acortamiento del plazo para dicho acceso, haciendo "impracticable el derecho al disfrute del plazo para interponer el recurso en su totalidad" (SSTC 64/2005, de 14 de marzo, F. 3; 239/2005, de 26 de septiembre, F. 2; 25/2007, de 12 de febrero, F. 2)".

La Sala entiende que la interpretación que veníamos realizando de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal, en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009, que es la empleada por el Juzgado de lo Mercantil en el auto recurrido, no vulnera la doctrina constitucional expresada en las citadas sentencias del Tribunal Constitucional. En los razonamientos expresados en los anteriores fundamentos de derecho la Sala ha intentado excluir cualquier riesgo de fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria. Y en cuanto a la contrariedad al art. 24 de la Constitución constituido por una interpretación que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revele una clara desproporción entre los fines que las causas de inadmisión preservan y los intereses que sacrifican, la Sala no sólo entiende que su interpretación no peca de rigorismo ni de formalismo, sino que además guarda un adecuado equilibrio entre los fines que se persiguen en la regulación del plazo de impugnación y los intereses sacrificados, los de los acreedores que han impugnado una vez transcurrido el plazo de diez días desde la última de las publicaciones generales realizadas conforme al art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal.

Efectivamente, como ya se ha apuntado anteriormente, en un proceso concursal se halla afectada una pluralidad de personas, que en muchos casos de pueden llegar a decenas e incluso centenares de miles. Habida cuenta que la estimación o rechazo de las impugnaciones contra la lista de acreedores y el inventario mediante la sentencia que resuelva el incidente o simplemente la constatación de que ha expirado el plazo para dicha impugnación constituyen un hito indispensable para trámites tal fundamentales como la conclusión de la fase común del concurso (artículo 111 de la Ley Concursal), la conclusión del plazo de manifestación de la adhesión a la propuesta anticipada de convenio (artículos 108.1 y 109 de la Ley Concursal), la presentación de propuesta de convenio por el concursado (artículo 113.1 de la Ley Concursal) o la petición de liquidación por el deudor (artículo 142.1.2 de la Ley Concursal), una interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal como la propugnada en el recurso traería como consecuencia la imposibilidad práctica de tramitar el concurso de acreedores, puesto que el plazo para formular impugnaciones de la lista de acreedores y el inventario no sería único sino tantos como personas a las que se haya realizado por la administración concursal, que no por el órgano judicial, la comunicación personal prevista en el art. 95.1 de la Ley Concursal. Ello traería como consecuencia la imposibilidad práctica de aprobar judicialmente el convenio anticipado (art. 109 de la Ley Concursal), concluir la fase común (art. 98 de la Ley Concursal) y abrir la fase de convenio (art. 111 de la Ley Concursal) o de liquidación (art. 142.2 de la Ley Concursal) o la permanente inseguridad jurídica consistente en que hubiera de anularse la resolución de aprobación de la propuesta anticipada de convenio o de conclusión de la fase común y apertura de las fases de convenio o de liquidación (y lo que es peor aún, de las actuaciones ya realizadas en dichas fases) y procederse a la reapertura de la fase común por la formulación de demanda de impugnación de la lista de acreedores o del inventario por un acreedor al que la comunicación personal del art. 95.1 de la Ley Concursal llegó con mucho retraso o no llegó por cualquier circunstancia y ha tenido conocimiento tardío de la lista de acreedores o del inventario, obligando con su demanda incidental a reabrir la fase común en lo relativo al trámite de impugnación de la lista de acreedores o del inventario, con la posibilidad de modificación de tales lista e inventario de modo incompatible con lo ya actuado en la fase de convenio o de liquidación aperturada.

Estando caracterizado el proceso concursal por la afectación de una pluralidad de interesados (que como se ha dicho pueden llegar a ser miles o cientos de miles), la enorme dificultad de continuar la tramitación del procedimiento concursal con un mínimo de seguridad jurídica tras la realización de la publicidad general prevista en el art. 95.2 de la Ley Concursal y las gravísimas consecuencias que puede traer consigo tal inseguridad jurídica anudada a la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso, por la dificultad práctica de que el juez del concurso pueda conocer si el plazo de impugnación de la lista de acreedores o del inventario ha finalizado para todos los interesados, supone un perjuicio para la tutela judicial efectiva de la inmensa mayoría de los afectados por el procedimiento concursal que no se ve compensado por el beneficio que para algunos interesados podría suponer la interpretación de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal sostenida en el recurso. Sobre todo si tenemos en cuenta que el conocimiento de la existencia del procedimiento concursal por parte de una generalidad de los afectados por el mismo, la posibilidad de personarse en el proceso y conocer por medio del procurador las sucesivas incidencias que se vayan produciendo en tal proceso (entre otras, la presentación por los administradores concursales de la lista de acreedores y el inventario), y el alcance de la publicidad general prevista en el art. 95.2 en relación al 23 de la Ley Concursal permitía a los afectados, con un mínimo de diligencia, tener cabal conocimiento de cuando se inició el plazo de impugnación de la lista de acreedores y el inventario, por la publicación de los anuncios propios de la publicidad general prevista en dichos preceptos legales, y formular de forma temporánea la impugnación de la lista de acreedores o del inventario que a su derecho convenga. Lo que tenía poco sentido es que un interesado pudiera pretender, como aquí ocurre, que más de año y medio después de haberse dado la publicidad general que prevé la ley, se tuviese todavía derecho a interferir en el proceso con nuevas demandas impugnatorias que vendría a lastrar el normal devenir del mismo en perjuicio de todo el colectivo de afectados.

Sexto.-Todos los acreedores deben insinuar sus créditos en el plazo de un mes, computado desde la última de las publicaciones obligatorias del concurso, tal como establece el artículo 21.1.5.º de la LC en relación con el artículo 85 del mismo texto legal. No obstante, si por la razón que fuese, el crédito no hubiera sido incluido en la lista de acreedores que contempla el artículo 94 de la LC, todavía dispone el interesado de la posibilidad de impugnarla, por medio de demanda de incidental, en el plazo de diez días a raíz de la publicación general de la misma (artículo 96.1 de la LC, en su redacción anterior a la reforma por RDL 3/2009). De ese modo se cierra el sistema concursal para que, contando con la normal diligencia de los interesados, no escape del mismo ningún crédito contra el concursado. Expirado el plazo para impugnar la lista de acreedores la ley prohíbe de modo terminante (artículo 97.1 de la LC) que puedan plantearse pretensiones de modificación del contenido de la misma. Ese es el único modo de que pueda concluir con agilidad la fase común del concurso, tras finalizar el plazo para impugnaciones sin que éstas se planteen o ser resueltas las que se hubiesen presentado. No cabrá, por tanto, que se pretenda modificar la lista definitiva de acreedores resultante tras esos trámites (artículos 96.4, 97.1 y 98 de la LC).

La parte recurrente no se atuvo, sin embargo, a ese cauce procesal, pues, aunque hubiese insinuado su crédito en un primer momento, mediante comunicación, que no personación, efectuada en junio de 2006 por medio de su abogado, no reaccionó luego como debía, según resulta de las actuaciones, cuando no apareció incluido, del modo que le interesaba, en la lista provisional de la administración concursal, a raíz de darse publicidad a la misma, pues no planteó entonces (conforme al artículo 96.1 de la LC) impugnación contra ella por la cuantía de sus derechos (motivo previsto en el artículo 96.3 de la LC). No fue sino transcurrido año y medio desde la última de las publicaciones generales cuando se produjo una tardía reacción de la ahora apelante, personándose en forma e intentando presentar su demanda impugnatoria tras haberse ya operado la preclusión de toda posibilidad de que pudieran exigir la modificación del contenido de la lista de acreedores para tratar de incluir su crédito. De ahí que el Juzgado de lo Mercantil tuviera que inadmitir, a tenor del artículo 97.1 de la LC, la pretensión incidental que solo perseguía ese objeto.

Séptimo.-La previsión del artículo 95.1 de la LC tiene como directa destinataria a la administración concursal, por lo que es ésta, bajo su responsabilidad, la que debe velar por su cumplimiento. Si no procediese al envío de la comunicación personal a la que se refiere dicho precepto legal con la finalidad de avisar a determinados acreedores, aquéllos cuyos créditos van a aparecer en el informe de modo distinto al que fueron insinuados, para que no les pase inadvertida tal circunstancia y el motivo de la misma, informándoles de su derecho a reaccionar frente a ello, podría el perjudicado exigir a aquélla, en su caso, la responsabilidad correspondiente (artículo 36.7 de LC) por las consecuencias dañosas que se derivasen del incumplimiento de sus obligaciones (si es que la producción del daño resultase imputable a ellas y hubiese mediado relación de causalidad entre su conducta y aquél). Mas ello no puede influir en el cómputo del plazo para impugnar la lista, que bajo la redacción originaria de la Ley Concursal era común para todos los interesados desde la publicidad general que se confería a la misma, según se explicó con anterioridad.

Octavo.-No sólo el auto de declaración de concurso que contiene el llamamiento a todos los acreedores para que insinúen sus créditos (artículo 21.1.4.º de la LC) es objeto de una publicidad general en prensa y en el BOE (artículo 23 de la LC) que garantiza la posibilidad a cualquier interesado de enterarse de aquél y de ejercer en plazo (que, por cierto, es común para todos, como establece el artículo 21.1.5.º de la LC) el derecho a comunicar sus créditos, con independencia de que la administración concursal hubiese o no enviado, exclusivamente a aquéllos que entonces le constasen como acreedores y cuya identidad y domicilio conociese, la circular informativa individualizada a que alude el artículo 21.4 de la LC. Sino que los interesados, que deben ser diligentes en la defensa de sus derechos, disponen de una segunda oportunidad para hacer valer sus pretensiones cuando se anuncia la presentación del listado de acreedores que acompaña al informe de la administración concursal, pues la ley establece mecanismos publicitarios adecuados (haciendo harto improbable que un acreedor diligente pudiera desconocer la situación), que podían permitir a cualquier interesado, con independencia de que hubiese recibido o no la comunicación personal del art. 95.1 de la LC, tener noticia suficiente de él y haberlo impugnado si no respetaba sus derechos. Si la parte apelante no aprovechó esta oportunidad para accionar en el concurso, en tiempo y forma, mediante demanda incidental en defensa del reconocimiento o incremento del mismo (artículo 96 de la LC), no puede admitírsele que lo haga luego de forma extemporánea. Lo que no bastaba era con el envío de una comunicación a la administración concursal, sino que se debió impugnar, pero en tiempo y forma, la lista acompañada al informe, a la que se refieren los artículos 75.2 y 94 de la LC, si discrepaba de la misma o consideraba que, por la razón que fuese, no reflejaba el importe que debía corresponderle.

Constatamos que el correo electrónico que aporta la parte recurrente como documento n.º 14 de su demanda está fechado en junio de 2008, y aunque no consta en el mismo que se refiera a trámite formal alguno del concurso, lo cierto es que, en cualquier caso, es posterior al transcurso del plazo que ya hemos referido para poder impugnar la lista de acreedores. Es por ello que entendemos que carece de incidencia alguna en la decisión inadmisoria adoptada por el juzgado.

Noveno.-Con independencia de los trámites litigiosos en que estuvo inmersa con anterioridad la pretensión de la parte apelante, el problema estribaba en el necesario cumplimento de los mecanismos previstos en la ley concursal para llegar al cierre del listado de acreedores, lo que ofrece a éstos un cauce procesal para poder exigir, en un momento determinado, que sus títulos resulten debidamente reflejados en él. Si no se atiende a este mecanismo (que es el que hubiera permitido volcar en el concurso el crédito, como definitivo -si ya existía sentencia- o contingente -si todavía estaba pendiente de juicio-, según el caso), de modo que no se insinúa el derecho de crédito cuando debió hacerse, o, incluso habiéndolo hecho, no se impugna, en tiempo y forma, su falta de inclusión o el modo en que ha sido incluido, el resultado será que el mencionado derecho no podrá ser tenido en cuenta en el concurso, por no haber sido atendidas las reglas reguladoras de éste, o quedará en el seno del mismo en el modo en que hubiese sido reflejado por la administración concursal.

Décimo.-- Pese a ser plena la desestimación del recurso de apelación, las dudas de derecho que podía suscitar la redacción de los arts. 95 y 96 de la Ley Concursal, en su versión previa a la reforma por RDL 3/2009, justifican que no se haga expresa imposición de costas en el recurso.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, este tribunal dicta la siguiente


PARTE DISPOSITIVA


 
1.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de IMPROVE CONSULTING SL contra el auto dictado el 3 de febrero de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, en el procedimiento núm. 503/2008 del que este rollo dimana.

2.- Confirmamos íntegramente la resolución recurrida.

3.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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