Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Cádiz 253/2010 de 24 de mayo


 RESUMEN:

Acción de subrogación de compañía aseguradora en derechos del asegurado: Indemnización por daños sufridos por alteración en el suministro eléctrico. Prueba: Carga de la prueba. Valoración de la prueba pericial y documental.

- -

SENTENCIA N.º 253/2010

Iltmos. Sres.

Presidente

DON CARLOS ERCILLA LABARTA

Magistrados

DON ANGEL LUIS SANABRIA PAREJO

DON RAMON ROMERO NAVARRO

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Cádiz

Juicio Declarativo Ordinario n.º 212/2.008

Rollo Apelación Civil n.º 150/2.010

Año 2.010

En la ciudad de Cádiz, a día 24 de Mayo de 2.010.

Vistos en trámite de apelación por la Sección Quinta de esta Iltma. Audiencia Provincial de Cádiz los autos del Recurso de Apelación Civil de referencia del margen, seguidos por Juicio Declarativo Ordinario, en el que figura como parte apelante la Compañía Aseguradora ZURICH ESPAÑA S.A., representada por el Procurador Doña María Isabel Gómez Coronil y defendida por el Letrado Doña María Salud Luna Rodríguez, y como parte apelada la entidad ENDESA SEVILLANA, representada por el Procurador Don Antonio Medialdea Wandosell y defendida por el Letrado Don Jaime Jiménez Mateo, actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON ANGEL LUIS SANABRIA PAREJO.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Cádiz, en el Juicio Declarativo Ordinario anteriormente referenciado al margen, se dictó sentencia de fecha 14 de Octubre de 2.009 cuyo fallo literalmente transcrito dice: " Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª María Isabel Gómez Coronil en nombre y representación de Zurich España S.A., debo absolver y absuelvo a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., de las pretensiones deducidas de contrario; todo ello con imposición de las costas causadas a la parte actora".

Segundo.-Contra la antedicha sentencia por la representación de la Compañía Aseguradora ZURICH ESPAÑA S.A. se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación que fue admitido a trámite en ambos efectos por el Juez "a quo", quien dio traslado a las demás partes por un plazo de diez días a fin de que pudieran presentar los correspondientes escritos de oposición o impugnación, y una vez presentados dichos escritos se remitieron los autos originales a esta Audiencia Provincial de Cádiz.

Tercero.-Recibidas las actuaciones y repartidas a esta Sección Quinta, se formó el correspondiente rollo, turnándose la ponencia, y no habiéndose solicitado la práctica de prueba en esta segunda instancia, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo para el día 24 de Mayo de 2.010, tras lo cual se hizo entrega al Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, para el estudio y dictado de la presente resolución.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Basa la apelante su recurso, a tenor de las alegaciones que argumenta su dirección jurídica en el escrito de interposición del mismo que consta unida a las actuaciones, en la infracción del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro que posiciona a la Compañía Aseguradora apelante con los mismos derechos y obligaciones que el asegurado a quien ha satisfecho la indemnización concertada contractualmente.

Por lo que se refiere a la determinación del plazo de la prescripción que es motivo de apelación dispone el artículo 1.961 del Código Civil que las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley, regulando los siguientes preceptos de dicho texto legal los plazos generales, mas, en este sentido, hemos de manifestar nuestra disconformidad con las consideraciones realizadas por el Juez "a quo" al no encontrarnos ante un plazo prescriptivo especial o "ad hoc" que sea aplicable al supuesto contemplado en los autos. Efectivamente, la específica responsabilidad por producto defectuoso venia regulada a la fecha de los hechos en el artículo 12 de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, que hoy se halla integrada en Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en concreto en el artículo 143, que dispone que "La acción de reparación de los daños y perjuicios previstos en esta Ley prescribirá a los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de la indemnización".

Del precepto legal anteriormente transcrito se infiere que nos encontramos ante una dualidad no solo de plazos sino de acciones distintas correspondiendo el primero de ellos, de tres años, a las acciones ejercitables por el perjudicado frente al/los causante/s del daño mientras que el segundo y anual plazo corresponde a aquellos corresponsales del daño para resarcirse del pago efectuado frente a los demás corresponsables. Siguiendo la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Primera del Tribunal Supremo y en concreto la reflejada en la Sentencia de fecha 25 de Mayo de 1999 que cita como antecedente e iniciadora del cambio jurisprudencial la de fecha 11 de Noviembre de 1991 al interpretar la acción de subrogación y repetición del artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro nos vienen a decir que la conclusión no puede ser otra que la acción del asegurador contra el tercero responsable no ha de tener un plazo legal de prescripción "ad hoc", por más que se interprete el instituto restrictivamente, sino el correspondiente a la acción en que se ha subrogado, pues la subrogación que se opera en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 a favor de la Compañía Aseguradora es una sucesión en la acción, no una acción nueva, de modo que el subrogante asume el mismo plazo, por todo lo cual el motivo ha de estimarse declarando que la acción no ha prescrito para, a continuación, entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

Segundo.-Sentado cuanto antecede, la acción ejercitada por la Compañía Aseguradora apelante y actora es la de subrogación en los derechos de su asegurado, prevista en el artículo 43 de la Ley 50/1.980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, al haberle indemnizado los perjuicios que el día 27 de Octubre de 2.005 sufrió por los daños que se describen en la documental que consta al folio 14 de las actuaciones, básicamente motores de toldos y electrodomésticos, siendo la causa invocada la alteración de corriente eléctrica suministrada por ENDESA, presentando póliza del contrato con su asegurado, dictamen pericial confeccionado por Don Samuel, quien acudió al domicilio del asegurado para comprobar los daños, así como finiquito del abono al asegurado.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre reclamaciones por daños por el suministro de electricidad, debiendo dejar sentadas previamente unas premisas, antes de entrar sobre el fondo. Así, en primer lugar, debe descartarse, la aplicabilidad de los artículos 25 a 28 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y ello por la simple razón de estar exceptuada la aplicación de tal norma en el ámbito de la distribución y suministro de fluido eléctrico por la Disposición Final 1.ª de la Ley de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, ya hoy integrada en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre), pero con igual dicción que su texto originario. En segundo lugar, y consecuentemente con el anterior aserto, el asunto litigioso debe ser solucionado a través de las normas especialmente establecidas en la citada Ley que considera ella electricidad se considera un "producto" sujeto a la disciplina de la misma (artículo 2.2) y el eventual fallo del suministro eléctrico acaecido está claro que supone la distribución de un "producto defectuoso" a los efectos del artículo 3.1 de la Ley.

A la vista de lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Ley ("el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos"), de tal forma que de forma afortunado o no cara a la defensa de los consumidores, a éstos incumbe probar no ya la realidad y entidad del daño sufrido, sino también que el producto adquirido era defectuoso y que ello determinó la producción del daño. No existe, por tanto, ninguna inversión de la carga de la prueba, y, por mucho que puedan dulcificarse los efectos de tal carga acudiendo a los expedientes de la facilidad probatoria o de la proximidad respecto de la fuente de prueba que contempla el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es patente que al consumidor incumbe acreditar que el producto era efectivamente defectuoso. Significa todo ello que el régimen sobre la carga de elemento fáctico, consistente en la acción u omisión imputable a la demandada y de la relación o nexo de causalidad entre dicha acción u omisión y el daño sufrido, será el mismo que en la generalidad de los supuestos de Derecho de Daños, pues en todos los casos incumbe dicha carga de la prueba a la demandante. La inversión de la misma sólo alcanza al elemento de la culpabilidad ya que para la imputación de responsabilidad, cualquiera que sea el criterio que se utilice (objetivo o subjetivo) es requisito indispensable la determinación del nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño, el cual ha de basarse en una certeza probatoria, en la existencia de una prueba determinante sin que sean suficientes meras conjeturas, deducciones o probabilidades constituyendo "el cómo" y "el porqué" del accidente, elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso".

Asimismo, también hemos expuesto en anteriores resoluciones que el Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, obliga a los titulares de las instalaciones eléctricas a disponer de unos determinados sistemas de protección, cuya omisión es susceptible de hacer responsable a aquéllos de los perjuicios que se deriven de su omisión. Y así el artículo 16.3 del mismo expresamente ordena que "los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos", o en el apartado 2 de dicho precepto obliga a que "en toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una mínima parte de la instalación". Finalmente, conforme al apartado 4 del citado artículo 16, en general "en la utilización de la energía eléctrica para instalaciones receptoras se adoptarán las medidas de seguridad, tanto para la protección de los usuarios como para la de las redes, que resulten proporcionadas a las características y potencia de los aparatos receptores utilizados en las mismas".

Tercero.-De la prueba pericial practicada en la primera instancia, cuyo informe pericial consta a los folios 12 y siguientes de las actuaciones, la cual fue sometida a los principios de inmediación judicial y contradicción de las partes en la primera instancia, y que es objeto de valoración por la Sala mediante el visionado del soporte informático que complementa el acta de la misma, se infiere que debido a una avería en la red de suministro eléctrico de la demandada que produjo la rotura de uno de los tres conductores en las instalaciones de la misma, en concreto el conductor neutro, se produjo una subida de tensión en la vivienda asegurada por la Compañía Aseguradora sita en la Urbanización Sotogrande, Calle Barceló que ocasionó unos daños por valor de 5.219'58 €. Efectivamente, el perito explicó, suficientemente y con amplitud de datos a las preguntas de los Letrados de las partes, en la práctica de la prueba pericial, que si bien no había visto materialmente el conductor neutro a que antes hicimos referencia llegó a dicha conclusión, que la avería venia de las instalaciones extrañas a la finca en que se produjeron los daños, porque el cuadro eléctrico del interior de la vivienda no tenia daños sino tan solo los aparatos o dispositivos que se reseñaron en el informe pericial, y que una vez que se repararon o sustituyeron los mismos la vivienda seguía recibiendo suministro eléctrico; asimismo manifestó que la vivienda era de reciente construcción así como los aparatos e instalaciones eléctricas de la misma aunque no pudo afirmar si cumplía con la normativa vigente anteriormente referenciada.

Por lo que se refiere a la documental aportada por la apelada y demandada ENDESA queda acreditado que no han existido más quejas de vecinos de la zona en que se encontraba la vivienda asegurada por la actora, manifestando su extrañeza ante el hecho de que solo se vieran afectados los motores descritos y no otros eléctricos de la vivienda, así como que no hubiera dicha subida de tensión en las instalaciones de la propia demandada o de los vecinos, alegado que no tienen la obligación de vigilar la salida en media-baja tensión por no serles exigida por la Administración y la normativa contenida en el RD 1955/2000, RD 842/2002 e Instrucción Técnica Complementaria BT-23, descartando la Instrucción Complementaria MIBT047 por las razones que expuso.

Entendemos que, conforme a lo anteriormente expuesto, siendo de cargo de la entidad demandada la prueba no solo de la realidad del daño sino también la del nexo causal, la examinada resulta insuficiente, pues no olvidemos que tanto la pericial practicada a instancias de la actora como la documental presentada por la demandada son pruebas fabricadas unilateralmente por las mismas, resultando bastante significativo el hecho de que solo se vieran afectados los motores que se afirman y no otros, o todos, aparatos de la vivienda, como también que ningún vecino perteneciente a la misma línea hubiera denunciado en la fecha de los hechos haber tenido alguna avería, por todo lo cual y ante la referida deficiencia de prueba, procede la desestimación del motivo y del recurso.

Cuarto.-Estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Compañía Aseguradora ZURICH ESPAÑA S.A. y confirmado el fallo de la resolución recurrida, conforme al principio objetivo del vencimiento regulado en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer especial declaración en cuanto a las costas del recurso.

VISTOS los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los artículos citados y los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación.


FALLAMOS


 
Estimando parcialmente, como estimamos, el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Compañía Aseguradora ZURICH ESPAÑA S.A. contra la sentencia de fecha 14 de Octubre de 2.010 dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Cádiz en los autos de que este rollo trae causa, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos íntegramente el fallo de la misma, todo ello sin hacer especial declaración en cuanto a las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes conforme a los artículos 208 n.º 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248 n.º 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, con certificación de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de Primera Instancia de su procedencia para su conocimiento, efectos y la debida ejecución de lo resuelto.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación