Thomson Reuters
 
 
Asesoría & Empresa, tu portal de actualidad
Buscar
 
 
 
 
 
Jurisprudencia
 
 
Compartir por email
Imprimir
 
 

Sentencia A.P. Valencia 277/2010 de 24 de mayo


 RESUMEN:

Venta de inmueble: El demandante solicitaba que se condenara a la demandada a reintegrar en el patrimonio de su madre la cantidad obtenida por venta de vivienda. Negocio fiduciario: Reparto en vida de los bienes de los progenitores a los cuatro hijos. Transmisión de la vivienda a la demandada. Donación válida.

 

SENTENCIA N.º 000277/2010

SECCION OCTAVA

===========================

Iltmos/as. Sres/as.:

Presidente

D. EUGENIO SANCHEZ ALCARAZ

Magistrados/as

D. ENRIQUE E. VIVES REUS

D.ª CRISTINA DOMENECH GARRET

===========================

En la ciudad de VALENCIA, a veinticuatro de mayo de dos mil diez.

Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, siendo ponente la Ilma Sra. D.ª CRISTINA DOMENECH GARRET, los autos de Juicio Ordinario, promovidos ante el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 7 de VALENCIA, con el n.º 000950/2007, por D. Amadeo Y D.ª Coro representados en esta alzada por la Procuradora D.ª AMALIA TOMAS RODRIGUEZ y dirigido por el Letrado D.JOSE IGNACIO AYUSO CLIMENT contra D.ª Montserrat representado en esta alzada por la Procuradora D.ªCARMEN INIESTA SABATER y dirigido por la Letrado D.ªCARMEN GALLEGO CHINILLACH, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por D. Amadeo y D.ª Coro.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-La sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de 1.ª Instancia n.º 7 de VALENCIA, en fecha 8 de Enero de 2010, contiene el siguiente: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por Dña. Coro y D. Amadeo representado por el Procurador Sra. Tomás Rodríguez, debo absolver y absuelvo a Dña. Montserrat representada por la Procuradora Dña.Carmen Iniesta Sabater, de las pretensiones contra ella deducidas en el presente juicio, imponiendo a la parte demandante las costas procesales originadas en el mismo."

Segundo.-Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por D. Amadeo y D.ª Coro, que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, señalándose para Deliberación y votación el 5 de Mayo de 2010.

Tercero.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
SE ACEPTAN los Fundamentos de Derecho de la Sentencia impugnada,

Primero.-D. Amadeo, por sí y en nombre y representación de D.ª Coro, incapacitada durante la sustanciación del presente pleito, formuló demanda contra D.ª Montserrat, solicitando el suplico que se condenara a la demandada a abonar y reintegrar en el patrimonio de su madre D.ª Coro la cantidad obtenida por la venta de la vivienda sita en C/ DIRECCION000 n.º NUM000 - NUM001 de Valencia, a fin de realizar la liquidación de gananciales y las operaciones particionales subsiguientes, fijando el precio de la misma a efectos de determinar la clase de juicio en 660.000 €, sin perjuicio de que dicha cantidad se vea incrementada hasta los 829.396,70 € en función de la prueba que se practique en autos, con expresa condena en costas a la demandada.

Esencialmente alegaba que por razones económicas, fundamentalmente derivadas de la solvencia de la mercantil propiedad de D. Juan Carlos, que finalmente fue declarada en suspensión de pagos, se fueron poniendo a nombre de los cuatro hijos determinados bienes por títulos traslativos, reconociendo sin embargo todos ellos que su titularidad era meramente formal o fiduciaria, y admitiendo como verdaderos dueños a sus padres en documento suscrito por todos ellos en fecha 12 de noviembre de 1990, en que, entre otros, se reconoce que la vivienda sita en la C/ DIRECCION000 NUM000 - NUM001 está a nombre de la demandada D.ª Montserrat. No obstante, ésta, titular formal de dicha vivienda, incumpliendo la estipulación séptima del referido contrato, otorgó en fecha 26 de febrero de 2006 contrato de opción de compra a un tercero por precio y condiciones que en él se establecieron, sin reintegrar a su madre cantidad alguna del precio de la venta.

La sentencia de instancia desestima la demanda, apreciándose en ella que no existe prueba de que la vivienda sita en DIRECCION000 fuera propiedad de los padres de los litigantes en el momento del fallecimiento de D. Juan Carlos y de su esposa, si bien constituía el domicilio familiar. Razona la Juzgadora de instancia que los padres vendieron a la demandada dicho inmueble mediante escritura pública de 21 de marzo de 1984 y ésta ha venido satisfaciendo los gastos del inmueble y desde ese momento el actor no puso obstáculo a los pagos efectuados por su hermana. Considera que la causa del negocio fiduciario de fecha 12 de noviembre de 1990, coincidente con la fecha de otorgamiento de testamento por el padre, fue la de repartir en vida los bienes de los progenitores que a cada uno de los cuatro hijos iban a ser asignados por testamento, apreciando también que con la transmisión de la vivienda a la demandada D.ª Montserrat, se compensaba a la misma por la entrega de sumas o inmuebles asignados a sus hermanos. Razona que en la fecha en que los padres vendieron el repetido inmueble a su hija, la misma carecía de ingresos por lo que no resulta posible que abonara cantidad alguna sobre la fijada como precio, si bien, en realidad, concluye, se concretaba a través de dichos documentos una auténtica donación. Aprecia que la prueba practicada permite descubrir la voluntad de las partes del contrato de fecha 12 de noviembre de 1990 y la naturaleza real de la causa de los distintos contratos, lo cual, permite otorgar el verdadero sentido a los instrumentos otorgados a tal fin, y por ello aprecia que el contrato de compraventa del inmueble a la demandada era perfecto, atribuyendo la condición de propietaria a la demandada y que la inclusión de dicho bien en el contrato fiduciario y en el testamento, simulaba una donación, que fue válida. Sobre esta base considera que el contrato sucrito por la familia Montserrat Amadeo, no era sino la plena plasmación de la voluntad de los padres de disponer en vida de sus bienes a favor de sus hijos, incluyendo la vivienda adquirida por D.ª Montserrat instrumentalizada a través de la compraventa, por lo que se ha de señalar la validez de la donación que ha sido cubierta con causa verdadera y lícita y con cumplimiento de la exigencia formal sustancial exigida en el artículo 633 CC. Estima que la compraventa formalizada incorpora como causa para los vendedores el precio que efectivamente existió y fue percibido con la especialidad en ámbito relativo y exclusivo de los vendedores de simular o compensar éstos la aportación de aquél, ya que su hija no recibía cantidad alguna en metálico, ni participaba en el negocio familiar como sus hermanos, y bajo esa apariencia contractual pervive otro negocio válido. Por otro lado razona que la compraventa del inmueble se realizó con conocimiento y consentimiento del actor. Y por último, que el actor no puede exigir el cumplimiento cuando tampoco ha procedido a reintegrar cantidad alguna al patrimonio familiar, pese a que también suscribió el documento de 12 de febrero de 1990 y recibió otra vivienda en y dinero en metálico, lo que corrobora que la finalidad del mismo no era otra que efectuar una asignación de bienes entre los hermanos, sin necesidad de posteriores reintegros.

Segundo.-Frente a dicha sentencia se alza el actor solicitando en primer lugar que se declare la nulidad del proceso por infracción de garantías procesales e inaplicación de lo establecido en el artículo 299 CC, e infracción del artículo 238.3 LOPJ. Al efecto argumenta que la demandante D.ª Coro durante la sustanciación del presente proceso y muy especialmente en el acto del juicio no estuvo representada ni defendida por el Ministerio Fiscal, tal como se acordó mediante auto dictado por el propio Juzgado en fecha 18 de mayo de 2009.

La adecuada comprensión y resolución de la cuestión planteada requiere la consignación de los necesarios antecedentes que resultan de autos. En este sentido se ha de partir de que la demanda fue presentada en fecha 23 de julio de 2007, siendo que en fecha 3 de mayo de 2007 el Ministerio Fiscal presentó ante el Juzgado escrito solicitando la declaración de incapacidad de D.ª Coro, quien, debido a la enfermedad que padece, se encontraba internada en centro geriátrico para su adecuada protección y asistencia, lo que fue acordado mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2004. En fecha 1 de junio de 2007 el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia acordó admitir a trámite dicha demanda. Asimismo en fecha 8 de junio de 2007 el mismo Juzgado acordó, como medida cautelar de protección del patrimonio de la demandada en dicho proceso de incapacitación y en cuanto aquí interesa, la revocación de los poderes otorgados por aquélla a favor de D. Amadeo en fecha 3 de marzo de 1989, cuyo poder fue adjuntado a la demanda rectora del presente proceso a efectos de su presentación a nombre de D.ª Coro por D. Amadeo, si bien el mismo presentó escrito de oposición a dicha resolución y por lo tanto no quedó firme. En fecha 20 de septiembre de 2007 la aquí demandada-apelada, D.ª Montserrat, aceptó ante el Juzgado de Primera Instancia número 13 el cargo de defensor judicial de su madre para el que fue nombrada en el proceso de incapacitación. En fecha 4 de febrero de 2008 el Juzgado de Primera Instancia número 13 desestimó la oposición formulada por D. Amadeo contra la medida cautelar de revocación de poderes mencionada. En fecha 8 de febrero de 2008 la aquí apelada presentó escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 7, solicitando el nombramiento de defensor judicial de D.ª Coro en el presente proceso y suspensión del mismo hasta dicho momento. Mediante proveído de fecha 11 de febrero de 2008, fue acordada la suspensión solicitada. Mediante sentencia de fecha 7 de julio de 2008 se declaró la incapacitación de D.ª Coro. Tras los pertinentes trámites, en fecha 18 de mayo de 2009 el Juzgado de Primera Instancia número 7 acordó nombrar al Ministerio Fiscal defensor judicial de D.ª Coro para la tramitación del presente proceso, seguidamente se acordó alzar la suspensión decretada y la continuación del presente proceso, cuyas resoluciones fueron debidamente notificadas a las partes y al Ministerio Fiscal. Asimismo y por lo que ahora interesa, fueron notificadas al Ministerio Público cuantas resoluciones se dictaron en el seno de éste proceso. Mediante sentencia de fecha 7 de julio de 2008 se declaró la incapacidad de D.ª Coro. En fecha 6 de julio de 2009 se celebró la audiencia previa del presente proceso, a cuyo acto no compareció el Ministerio Fiscal, sin que D. Amadeo formulara alegación alguna al respecto, siendo además remitida copia del acta de dicho acto a la Fiscalía. Finalmente, en fecha 10 de diciembre de 2009 se celebró el acto del juicio sin que tampoco compareciera el Ministerio Fiscal y sin alegación alguna de la representación del ahora apelante al respecto.

De todo ello, en primer lugar, resulta que, revocados los poderes presentados por el ahora apelante a efectos de presentación de la demanda a nombre de su madre mediante el referido auto dictado por el Juzgado que conoció el proceso de incapacitación en fecha 8 de junio de 2007 y rechazada la oposición formulada por el mismo mediante auto del mismo Juzgado de fecha 4 de febrero de 2008, es claro que la representación de D.ª Coro por el mismo quedó extinguida y que por ello carece de toda legitimación para formular cualquier alegación que pudiera afectar a aquélla. Se debe recordar que la legitimación para formular cualquier clase de recurso contra las resoluciones judiciales requiere, en primer lugar la existencia de un interés por la parte en la revisión y modificación de la resolución recurrida, fundado, a su vez, en la existencia de un gravamen que resulta de la desestimación de las pretensiones formuladas, y junto a este requisito, que se interponga en defensa de derechos propios. Por lo tanto, aunque el fallo de la sentencia apelada desestime, en lo que ahora interesa, la demanda formulada por D.ª Coro inicialmente mediante la representación que en su día otorgó a favor de D. Amadeo y después revocada, el mismo no puede efectuar alegación alguna que afecta a la codemandante puesto que perdió su representación, resultando ajeno y no afectado por el sentido de dicho pronunciamiento, y por ello no puede entenderse que cause ningún gravamen al apelante, ni tampoco que la misma decisión afecte derecho propio del mismo. Por otro lado, como ha sido expuesto, ni en el acto de la audiencia previa, ni en el del juicio el aquí apelante efectuó alegación alguna ante la incomparecencia del Ministerio Fiscal, por lo que tampoco cumpliría la exigencia relativa a la oportuna denuncia de la infracción que ahora alega, conforme prevé el artículo 459 LEC, lo que además tampoco hubiera resultado admisible en cuanto, conforme a lo expuesto, en el momento de celebración de los actos en el curso de los cuales se produjo la alegada indefensión, D. Amadeo carecía de toda representación de su madre.

Tercero.-En segundo lugar, se alega en el recurso infracción por indebida inaplicación de lo dispuesto en los artículos 1255 y 1281 CC, por entender que la redacción del documento es clara y no deja lugar a interpretaciones, otorgando la titularidad formal de los bienes de los padres de los litigantes a sus cuatro hijos, reconociendo éstos mientras vivan aquellos la titularidad real de los referidos bienes. Por ello, entiende, no puede otorgarse mayor credibilidad a la declaración de los testigos que al propio tenor de las cláusulas del documento.

La resolución de tal cuestión requiere recordar que como declara la STS de 10 de octubre de 2006 [RJ 2006\6470] con cita de la STS de 30 de noviembre de 2005 (RJ 2006, 106) y STS de 6 de febrero de 1998 (RJ 1998, 703), así como la STS de 3 de julio de 2002 (RJ 2002, 5837), [e]l art. 1281 del CC recoge y proclama las grandes normas de la hermenéutica contractual, que doctrinalmente pueden resumirse en tres principios esenciales, como son: a) el principio de tomar en cuenta la voluntad común de las partes contratantes; b) el principio de autoresponsabilidad de dichas partes contratantes; y c) el principio de confianza, buena fe en ellas. La interpretación contractual tiene como finalidad la investigación de la verdadera y real voluntad de los contratantes para establecer el contenido y alcance de lo pactado fijando las obligaciones de cada uno de ellos en la relación contractual (STS de 15 de diciembre de 1992 [RJ 1992, 10406 ]). Aunque haya de partirse de las expresiones escritas, la interpretación de la relación creada no puede anclarse en su sentido riguroso o gramatical y ha de indagarse la intencionalidad, es decir, lo que en realidad quisieron las partes al contratar (sentencia de 21 de abril de 1993 [RJ 1993, 3110] que cita las de 20 de abril de 1944 [RJ 1944, 658] y 14 de enero de 1964 [RJ 1964, 153 ]) (STS de 30 de octubre de 2002 [RJ 2002, 9728 ]). La intención común de las partes de cuya indagación se trata (art. 1281 del Código Civil y STS de 2 de febrero de 1975), no se puede encontrar en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico que constituye el contrato (STS de 30 de noviembre de 1964), lo que obliga a utilizar otros medios hermenéuticos, como el de la totalidad expresamente reconocido en el art. 1285 del Código Civil (sentencia de 18 de junio de 1992 [RJ 1992, 5320 ]) (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1996 [RJ 1996, 1261 ]).

Así, el contrato de 12 de noviembre de 1990, suscrito por D.ª Coro y su esposo, así como sus cuatro hijos, en su estipulación primera establece que "por determinadas razones, fundamentalmente económicas, se han ido poniendo a nombre de los cuatro hermanos, (...), determinados bienes, por diferentes títulos traslativos, reconociendo sin embargo todos y cada uno de ellos que su titularidad respecto de los bienes es meramente formal, aparente o fiduciaria, pues los verdaderos dueños o titulares materiales siguen siendo sus padres...". Seguidamente relaciona los bienes a que se refiere y entre ellos se menciona la vivienda sita en "calle DIRECCION000, NUM000 puerta, que está a nombre de D.ª Montserrat.". Asimismo en la estipulación tercera se establece que "Aceptado, pues, por D. Agustín, D. Amadeo, D.ª Montserrat y D. Dimas, que los verdaderos dueños o titulares materiales de todos los bienes referidos, son sus padres,..., y consecuentemente con ello reconocen a sus padres, la plena y libre disposición sobre dichos bienes, y también, total legitimación activa y pasiva sobre los mismos, comprometiéndose a otorgar a su primer requerimiento, cualquier tipo de documento público que acredite la naturaleza de sus respectivas titularidades, o titularice formalmente dichos bienes a favor de sus verdaderos propietarios, otorgando en favor de éstos, si así lo quisieren, apoderamiento suficiente para disponer sin limitación los referidos bienes". Finalmente por lo que ahora interesa también, el inicio de la estipulación cuarta determina que "Si los fiduciantes o verdaderos propietarios no hicieran uso durante su vida, de las facultades de disposición que les corresponden y aquí se reconocen, los fiduciarios, es decir los cuatro hermanos Amadeo Agustín Montserrat Dimas, por razón de su titularidad meramente aparente,..."

Por lo tanto si se atiende al estricto tenor literal de tales cláusulas como si se está a la interpretación conjunta de las mismas, parece claro que la voluntad de los contratantes fue la de plasmar el carácter fiduciario de las distintas transmisiones patrimoniales efectuadas con anterioridad a la celebración de dicho contrato por los padres a favor de cada uno de sus hijos, comprendida la de la compraventa de la vivienda familiar otorgada a favor de la ahora apelada. Se desprende de todo ello que con dichos actos dispositivos previos se transmitió una titularidad formal y aparente oponible frente a los fiduciantes, sin haberse producido una verdadera transmisión del dominio, todo lo cual pone de manifiesto la divergencia entre el fin económico perseguido y el medio jurídico empleado, y que las partes se propusieron obtener un efecto distinto y más restringido del que es propio, en lo que ahora interesa, de la compraventa de dicha vivienda.

Cierto es que el artículo 1.282 del CC manda atender principalmente a los actos de los contratantes, coetáneos y posteriores al contrato, para conocer la voluntad de los mismos, y en ese sentido pudiera entenderse de interés tanto el testamento otorgado en la misma fecha por el padre de los aquí apelante y apelada, como las manifestaciones exteriorizadas por los padres de los mismos que resultan de las declaraciones testificales vertidas en el acto del juicio.

Así, en dicho testamento, junto a ciertos legados a favor de su esposa y sus hijos, entre otros, un derecho vitalicio de habitación sobre la vivienda en que vivía el testador, situada en calle DIRECCION000 n.º NUM000, puerta NUM001, a favor de sus hijos D.ª Montserrat y D. Dimas, mientras permanecieran solteros, así como otras cláusulas atinentes a la sucesión, el testador instituye herederos universales a sus cuatro hijos por cuartas partes iguales, sin que se recoja relación alguna de los bienes que habrían de integrar la masa hereditaria, ni establecer operaciones particionales, aunque contenga reglas al respecto. Por otra parte, las manifestaciones de los cuatro testigos que prestaron declaración en el juicio son coincidentes al expresar que la voluntad de los padres era que la vivienda sita en la calle DIRECCION000 fuera propiedad de la hermana del aquí apelante, con cuya atribución se pretendía compensar a D.ª Montserrat por no haberle sido efectuadas por sus padres otras atribuciones patrimoniales que por el contrario sí habían sido realizadas por los mismos a favor de sus tres hijos varones.

Sin embargo consideramos que ni el testamento ni dichas testificales permiten concluir que la voluntad de las partes del contrato de fecha 12 de noviembre de 1990 y la finalidad del mismo fuera atribuir en vida de los padres los bienes a sus hijos. En primer lugar porque de dicho testamento nada puede deducirse al respecto, en cuanto, al margen de ciertas disposiciones patrimoniales que no recaen sobre la propiedad de bienes inmuebles, no establece inventario de aquellos que pertenecen al testador y su determinación queda postergada al momento de la partición, para la que sí establece reglas, y por lo tanto no puede concluirse de manera indubitada que la voluntad del mismo hubiera sido, como parece resultar de las testificales, atribuir en vida en cuanto aquí interesa el inmueble litigioso a la ahora apelada. Por otra parte, consideramos que las manifestaciones efectuadas por los padres en el sentido indicado y que resultan de las testificales, no pueden ser tomadas en consideración para la interpretación del referido contrato en cuanto, no se puede olvidar, que los actos a que se refiere el citado artículo 1282 CC han de venir referidos precisamente al contrato objeto de interpretación y no a cualesquiera otras opiniones o deseos de los contratantes no plasmadas en él o relacionadas en alguna medida con el mismo, a que en realidad se contraen las manifestaciones vertidas por los padres que resulta de la referida prueba personal, cuyas manifestaciones, además, son actos unilaterales de dos de los contratantes, pero no de todos ellos, siendo que el citado precepto tiene como objeto la averiguación de la voluntad común de los mismos y no solo de uno o parte de ellos. El mismo precepto además solo puede entrar en juego en los supuestos en que la literalidad de las cláusulas ofreciere alguna duda, pues tiene un carácter subsidiario respecto del artículo 1281 CC, que ordena estar en primer lugar al sentido literal del contrato para averiguar la voluntad común de los contratantes, y en el presente caso la expresión literal no deja duda que la voluntad de los contratantes fue reconocer que las atribuciones patrimoniales realizadas previamente por los padres en favor de sus hijos era meramente formal y que la titularidad material (a efectos internos de los contratantes) de los bienes objeto de aquéllas continuaba perteneciendo a aquéllos sin excepción alguna, siendo recogida de manera expresa en la relación de aquellos a que se refiere el tan repetido inmueble de la DIRECCION000, lo que no deja duda de que dicho bien también queda afectado por dicho reconocimiento y negocio fiduciario.

Cuarto.-En el tercer motivo alega errónea interpretación del contrato fiduciario. Arguye que, contra lo apreciado en la sentencia de instancia, la prueba practicada acredita que la transmisión del inmueble fue anterior a la solicitud de declaración de suspensión de pagos de la empresa familiar y que el contrato de compraventa de dicho bien fue simulado, el cual, fue el instrumento necesario para materializar el contrato fiduciario. Así mismo entiende que no cabe concluir que la intención de los padres fuera donar en vida los bienes a sus hijos.

Debemos dar por reproducido ahora cuanto ha sido expuesto en el Fundamento de Derecho anterior respecto de la interpretación del contrato en lo referente a la indagación de la voluntad de las partes, reiterando por ello que efectivamente, como sostiene el apelante, de aquél no resulta que la intención de los padres fuera repartir y donar en vida los bienes a sus hijos que a cada uno de ellos iba a ser asignado por testamento. Asimismo, consideramos que la prueba practicada revela que la transmisión del inmueble litigioso fue anterior a la solicitud de la declaración de suspensión pagos, en cuanto el instrumento que formalizó la compraventa es de fecha 21 de marzo de 1984 y dicha solicitud fue formalizada en fecha 15 de mayo de 1984, como se expresa en el auto que aprueba el convenio, lo que a su vez enlaza con la referencia contenida en el contrato fiduciario a las "razones económicas" de las transmisiones patrimoniales previas a que se refiere, incluyendo la vivienda de DIRECCION000. Sin embargo, no se puede concluir que la compraventa de continua referencia fuera simulada, sino que precisamente la proximidad de las fechas referidas y la alusión a las "razones económicas" del contrato fiduciario, pone de manifiesto un negocio complejo, en el que la previa compraventa queda integrado, serio, válido y con causa fiduciae.

Quinto.-Por último alega el apelante infracción de la doctrina jurisprudencial conforme a la cual la nulidad de la escritura de compraventa impide considerar válida la donación que, se dice, encubría.

Asiste razón al apelante en cuanto la doctrina jurisprudencial más reciente niega que la escritura de venta sirva para cubrir el requisito de forma de la donación. En este sentido la STS 3 de febrero de 2010 aplicando la doctrina sentada por el Pleno de la Sala y recogida en las SSTS de 11 enero 2007, 20 junio de 2007, 10 septiembre 2007, 18 marzo 2008, 5 mayo 2008, 4 mayo de 2009 y 27 mayo de 2009, que cita, declara que la Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo "animus donandi" del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, (...). El art. 633 CC, cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia aquéllos".

Por ello apreciado en la sentencia de instancia que la compradora aquí apelada D.ª M.ª Luisa en la fecha del otorgamiento de la escritura pública carecía de ingresos y por ello no resulta posible que abonara cantidad alguna como precio, no cabe concluir, como así resulta de la misma resolución, que en realidad se concretaba a través de ella una donación. Y ello aún cuando también se afirme en aquella que dicha compraventa incorporaba para los vendedores el precio consistente en la "compensación" de los padres a favor de su hija por los bienes y sumas que habían sido entregadas por los mismos a sus hermanos y no percibidos por ella, lo que apuntaría a una donación remuneratoria, pues la expresada doctrina no se ve alterada por el hecho de que la donación se califique como tal, y así se declara expresamente en la STS 4 de mayo de 2009.

Sexto.-No obstante todo cuanto precede, no se puede acoger la pretensión del ahora apelante en cuanto la cláusula cuarta del contrato de 12 de noviembre de 1990 lo impide, llevando por el contrario a compartir el último razonamiento de la sentencia de instancia que funda la decisión combatida.

Dicha cláusula establece que si los fiduciantes no hicieren uso durante su vida de las facultades de disposición que les corresponden, los fiduciarios, "por razón de su titularidad meramente aparente, procederán al fallecimiento de sus padres a valorar entonces los bienes que cada uno de ellos tenga a su nombre para repartírselos, final y definitivamente, por partes iguales, salvo que de las disposiciones testamentarias de los fiduciantes, o de alguno de ellos, se deduzca otra cosa...". De ello se desprende la imposición de los fiduciantes a los fiduciarios de la obligación de valoración conjunta de todos los bienes atribuidos formalmente a los mismos para el reparto igualitario entre éstos de su valor total, lo que impide hacer la valoración y reparto del precio de un solo bien individualizado, que es precisamente lo pretendido por el ahora apelante, sin atender al valor de los demás bienes a que también se refiere el contrato y quedan comprendidos en dicha obligación, entre los que se halla la vivienda sita en la calle DIRECCION001 n.º NUM002 que fue transmitida con carácter exclusivo al ahora apelante.

Por ello y en ese sentido compartimos el razonamiento de la sentencia de instancia que expresa la inadmisibilidad de exigencia del cumplimiento del contrato por parte del ahora apelante por no haber procedido, como le incumbe, a reintegrar cantidad alguna al patrimonio familiar, o cuando menos, haber ofrecido la aportación de la valoración de los bienes que le fueron atribuidos, cuyo incumplimiento, por lo demás, fue efectivamente alegado en la contestación a la demanda.

Séptimo.-De cuanto antecede resulta la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia si bien por motivos no compartidos íntegramente, lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 LEC debe conllevar la imposición de las costas causadas en la alzada al apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,


FALLAMOS


 
Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Amadeo, contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia en fecha 8 de enero de 2.010, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 950 de 2.007, y CONFIRMAMOS la resolución impugnada, con imposición de las costas de la alzada al apelante.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.

Contra la presente no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

477.2.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su caso, se habrá de preparar mediante escrito presentado ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
Compartir por email
Imprimir
 
 
 
Oh happy Ley
Workshop Fiscalidad Madrid
Curso Incibe
III Congreso Compliance
 
Foros de formación