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Sentencia A.P. Burgos 241/2010 de 25 de mayo


 RESUMEN:

Procedimiento concursal: Acción de impugnación de lista de acreedores e inventario de bienes y derechos. Impugnación de inclusión en masa activa del inventario de derecho de crédito de hacienda. Devolución de cantidad. Crédito contingente. Legitimación activa: Fogasa. Doctrina. Distinción entre interesados y partes procesales. No acredita el pago de salarios reclamados para acción subrogatoria legalmente prevista.

BURGOS

SENTENCIA: 00241/2010

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio: SAN JUAN 2

Telf: 947259950

Fax: 947259952

Modelo: SEN00

N.I.G.: 09059 42 1 2008 0011588

ROLLO: RECURSO DE APELACION (LECN) 0000147 /2010

Juzgado procedencia: JDO.DE LO MERCANTIL N.1 de BURGOS

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001071 /2008

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados DON JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, DOÑA MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR y doña MAR JIMENO BULNES, ha dictado la

siguiente.

SENTENCIA N.º 241

En Burgos a veinticinco de Mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003 de la Audiencia Provincial de BURGOS, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001071 /2008, procedentes del JDO.DE LO MERCANTIL N.1 de BURGOS, a los que ha correspondido el Rollo 0000147 /2010, en los que aparece como apelantes LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, asistida por el Sr. Abogado del Estado y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), asistida por el Letrado don RAFAEL SANTAMARÍA VICARIO, y como apelada PLASTICOS SOPLADOS TECNICOS SA (PLASOTEC), representada por el procurador D. EUGENIO ECHEVARRIETA HERRA y dirigida por el Letrado don FERNANDO QUINTANA DE UÑA. Siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Doña MAR JIMENO BULNES, que expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
1.º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente como estimo la Demanda Incidental promovida por la representación procesal de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria, debo declarar y declaro que para el supuesto en que finalmente se dictara Auto de apertura de la fase de liquidación, que en la calificación dada por la Administración Concursal a los créditos reconocidos a favor de la Hacienda Pública se modifique en el sentido de que la totalidad del crédito tributario reconocido le sea de aplicación el privilegio general previsto en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, debiendo desestimar y desestimo el resto de pretensiones instadas por la representación de la demandante, en cuanto a las costas cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

2.º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de la Agencia Estatal Tributaria y el Fondo de Garantía Salarial, se presentaron escritos preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizaron, mediante otro escrito, dentro del término que les fue concedido al efecto. Y dado traslado a la otra parte, presentaron escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que les fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 18-5-2010 en que tuvo lugar.

4.º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.


FUNDAMENTOS JURIDICOS


 
Primero.-En los procedimientos acumulados de los que dimana el presente rollo de apelación formula en primer lugar la parte demandante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) recurso de apelación contra la sentencia n.º 219 de fecha de 30 de julio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos sobre acción de impugnación de la lista de acreedores y de inventario de bienes y derechos en procedimiento concursal contra la entidad mercantil PLÁSTICOS SOPLADOS TÉCNICOS S.A. (PLASOTEC). La sentencia recaída en primera instancia estimó parcialmente la demanda incidental promovida por la actora declarando la modificación de la calificación otorgada por la administración concursal a los créditos reconocidos a favor de la Hacienda Pública siéndoles de aplicación el privilegio general previsto en el art.77 Ley General Tributaria en el caso de que fuera finalmente dictado auto de apertura de la fase de liquidación concursal con desestimación de las restantes pretensiones instadas por la demandante y sin existir imposición de costas en la instancia.

Así también y en segundo lugar es formulado recurso de apelación por parte de la también actora Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) contra la sentencia n.º 207 de fecha de 15 de julio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos sobre acción de impugnación de la lista de acreedores en relación con la clasificación de los créditos laborales de la entidad mercantil deudora PLÁSTICOS SOPLADOS TÉCNICOS S.A. La sentencia objeto de recurso desestimó la demanda incidental en su día promovida confirmando el informe emitido por la Administración Concursal y con expresa imposición de costas a la parte demandante.

Segundo.-En el recurso de apelación interpuesto primeramente por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) solicita la parte apelante la revocación de la sentencia de instancia y así estimación del presente recurso conforme a las alegaciones presentadas. En esencia el presente recurso tiene por objeto la discusión respecto de las alegaciones siguientes y así, en primer lugar, la impugnación de la inclusión en la masa activa del inventario a tal fin elaborado por la administración concursal del derecho de crédito de la Hacienda Pública a favor de la concursada consistente en la solicitud de devolución de una cantidad total de 25.979,46 euros, por cuanto dicho crédito a su favor todavía no ha sido reconocido sin perjuicio de que tenga lugar el correspondiente apunte contable a los efectos meramente informativos; en segundo lugar, la impugnación de la calificación como "crédito contingente" respecto de las liquidaciones giradas a la entidad mercantil por importe de 222.839,39 euros resultado del acta de inspección que tuvo lugar a tal efecto en tanto en cuanto dicho importe ha sido ya cuantificado; en tercer y último lugar, la impugnación respecto de la calificación como "créditos concursales" de aquellos derivados de parte de la retención del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente a las nóminas de los trabajadores del mes de enero que alcanza un importe de 2.780,5 € y que a su juicio merece la calificación de "crédito contra la masa", toda vez que dicho abono de renta mensual se produce en su totalidad una vez dictado auto de declaración de concurso de acreedores.

Por su parte, el recurso de apelación promovido por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) solicita igualmente la revocación de la sentencia de instancia con base en las siguientes alegaciones. Así, en primer lugar, aquella relativa al carácter de "interesado" que reúne el FOGASA en virtud de los arts.96.1 y 184 Ley Concursal con independencia de la acción subrogatoria que legalmente se le reconoce para la reclamación de los salarios de los trabajadores una vez procedido a su abono por su parte; carácter de interesado que justifica en virtud del papel que le reconoce la legislación social básica en calidad de responsable legal subsidiario de los trabajadores por imperativo del art.33 Estatuto de los Trabajadores así como por la existencia de un perjuicio potencial o futuro como demuestra el hecho de que ya ha sido solicitado el abono de tales salarios como acredita en autos. En segundo lugar y toda vez reconocida esta legitimación activa, solicita la calificación como "créditos privilegiados" conforme al art.91.1 Ley Concursal respecto de aquellas cantidadades en concepto de diferencia salarial reclamadas por los trabajadores, cuyo reconocimiento judicial obra en autos.

Tercero.-De este modo y respecto del conjunto de alegaciones expuestas en sendos recursos de apelación se procede en primer lugar a discutir aquellas presentadas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para las que se realizan las consideraciones siguientes.

Respecto de la primera de las impugnaciones formuladas en relación con aquellas cantidades resultado de solicitudes de devolución por parte de la Hacienda Pública a favor de la empresa concursada, ciertamente pudiera resultar más acorde con la normativa contable actualmente en vigor y así RD 1514/2007, de 16 de diciembre en regulación del nuevo Plan General de Contabilidad, la inclusión de tales partidas dentro de la masa activa en consonancia con el activo computado en el balance contable. Es por ello que existe jurisprudencia dictada por ciertas Audiencias Provinciales y en particular la de Barcelona en sentencia n.º 322/2007 de 11 de junio (AC 2007/1695) señalada en la sentencia de instancia así como otras posteriores como la n.º 251/2009, de 16 de julio (JUR 2009/464639) en las que se admite la inclusión en la masa activa del inventario de tales créditos frente a la Hacienda Pública aún pendiente su efectivo reconocimiento por parte de esta última, dejando constancia que ello no supone una declaración de la existencia del derecho de crédito sino tan sólo la procedencia de su inclusión con la finalidad predominantemente informativa que le atribuye la ley y entendiendo que en este caso el inventario no recoge con exactitud la masa activa, por cuanto se da prioridad a esta finalidad informativa. No obstante, existe otra línea jurisprudencial a partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de fecha de 25 de junio de 2007 (RJ 2007/4902) citada por la recurrente y de la que participa esta Sala en sentencias como la n.º 251/2009, de 5 de junio (JUR 2009/289656) también alegada por la apelante que opta en su lugar por reflejar de una forma más exacta el contenido de la masa activa del inventario, sin que en ningún caso ello suponga la desaparición de los mismos del inventario sino su indicación con carácter condicionado; en suma, se opta por la exclusión de tales derechos de crédito resultado de solicitudes de devolución de la Hacienda Pública de la masa activa del inventario operando en cambio su calificación como "créditos condicionales" atendiendo a la consideración de que el concreto acto administrativo-tributario todavía no se ha llevado a efecto a fin de que tal derecho a la devolución sea un derecho cierto, líquido y exigible. Por todo ello y en conclusión se estima el presente motivo de apelación declarando que no procede el mantenimiento en el activo del inventario de bienes y derechos formulado por la administración concursal el derecho a la devolución por importe global de 25.979,46 euros hasta que tenga lugar el efectivo reconocimiento de dichos créditos por parte de los órganos de la Administración Tributaria en los términos previstos en la correspondiente legislación operando en cambio, aquí y ahora, su calificación como condicional.

En cuanto a la segunda de las impugnaciones relativa a la calificación como "crédito contingente" respecto de aquél relativo a las liquidaciones giradas a la entidad mercantil por importe de 222.839,39 euros derivado de la obligación de ingreso de la deuda tributaria contraída en el ejercicio 2004-2005, ciertamente esta obligación de ingreso se encuentra actualmente en suspenso con motivo de la interposición de reclamación econónmico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su resolución entendiendo así aplicable el art.87.2.II Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Alega la recurrente la improcedencia de la aplicación de dicho precepto en tanto en cuanto no existe pendencia de "cuantificación" respecto de la deuda contraída y proponiendo en su lugar su calificación como "condicional" en virtud de la remisión operada por el art.87.2.I al art.87.1 Ley Concursal. Procede a este respecto recordar el criterio mantenido por las Audiencias Provinciales de considerar tales créditos aún pendiente de resolver su impugnación como "créditos contingentes" en tanto en cuanto son aún créditos "litigiosos"; siendo además esta calificación mantenida para el caso de la pendencia de recurso en sede jurisdiccional (a modo de ejemplo, SAP de Málaga n.º 28/2009, de 20 de mayo, JUR 2009/199521), cuanto más si la pendencia de recurso tiene todavía lugar en sede administrativa como aquí tiene lugar pudiendo aún continuar, en su caso, la impugnación en vía jurisdiccional, sin olvidar que, precisamente, el que aquí se discute es derivado de un procedimiento de comprobación o inspección como señala el art.87.2.II Ley Concursal. Item más, la doctrina científica sitúa a estos créditos impugnados por cualesquiera cauces procesales válidos (no sólo en sede judicial sino también administrativa como la que ahora nos ocupa y entre ella de modo concreto, la reclamación administrativa) en la categoría de "créditos litigiosos", en todo caso también merecedores de la calificación de contingentes junto con los de condición suspensiva (art.87.3 Ley Concursal) entendiendo que los mismos son "créditos ya existentes cuya validez está impugnada" (VALPUESTA GASTAMINZA, E., "Comentario al art.87 " en Cesar, coord., Comentarios a la Ley Concursal, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor 2004, p.691). Por todo ello y en todo caso procede mantener la calificación a estos efectos otorgada por la Administración Concursal respecto del importe de 222.839,39 € como "crédito contingente" y desestimar el presente motivo de apelación.

En tercer y último lugar se discute por la recurrente la calificación atribuida a parte de las retenciones derivadas del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondientes a las nóminas de los trabajadores del mes de enero por un importe de 2.780,34 y que la Administración Concursal entendió como "crédito concursal" y no contra la masa reconocida por la sentencia de instancia en tanto en cuanto la declaración del concurso tuvo lugar a la fecha de 15 de enero de 2009. Entiende la parte apelante la procedencia de su calificación como "créditos contra la masa" al igual que la reclamada para las retenciones por arrendamiento así como por pago del IVA, cuya estimación ha tenido lugar en la instancia y no así para esta partida ahora objeto de recurso; aduce así que el momento temporal del devengo del IRPF se sitúa en el momento de abono de la correspondiente nómina, hecho que conforme al art.29 Estatuto de los Trabajadores tiene lugar a mes vencido y de ahí el abono del mes de enero en los primeros días de febrero. En efecto, ha sido vertida cierta doctrina legal como recuerda la parte apelante en este sentido con cita de la STS de 5 de diciembre de 2007 (RJ 2008/3017) en la que se sitúa el momento temporal de tal descuento o devengo del IRPF en el momento en que tiene lugar la satisfacción o abono de la renta correspondiente y no en momento anterior; este mismo criterio es confirmado en sentencias posteriores y así SSTS n.º 589/2009, de 20 de septiembre (RJ 2009/5482) y 590/2009, de 1 de septiembre (RJ 2009/4583) así como respetado por las Audiencias Provinciales (por todas, SAP de Madrid n.º 108/2009, de 30 de abril, AC 2009/2060) entendiendo igualmente que el momento de nacimiento del crédito a favor de la Hacienda Pública por tales retenciones por el IRPF es el del abono de tales rentas o salarios, hecho que determinará que el crédito tenga carácter concursal si el abono se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso o contra la masa si se produce después. Toda vez que no es discutido para los presentes autos ni por la mercantil en concurso ni por la administración concursal el momento del abono de tales rentas de las que deriva el IRPF ahora discutido, ha de entenderse que dicho abono de rentas y/o salarios ha tenido lugar a mes vencido, por tanto, una vez declarado el concurso por lo que procede estimar la alegación realizada por la recurrente y así calificar el crédito de 2.780,34 euros como "crédito contra la masa".

Cuarto.-En cuanto a las alegaciones realizadas en el recurso de apelación formulado por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) procede entrar a considerar de modo inicial aquella de naturaleza procesal y asi en concreto la discutida legitimación activa de la ahora apelante que le fue negada en la instancia. Defiende la recurrente su condición de "interesada" al hilo de los arts.96.1 y 184 Ley Concursal justificando su interés en la correcta calificación de los créditos laborales con independencia de su subrogación en los mismos en tanto en cuanto reconoce la improcedencia de la misma a la fecha al no haber hecho efectivo el oportuno pago a los trabajadores en cuestión. Articula su argumentación con base al concepto amplio de "interesado" empleado por parte de alguna Audiencia Provincial y en concreto la de Madrid, sección 28.ª, en sentencia n.º 243/2008 de 4 de diciembre (JUR 2009/72085) así como en la propia doctrina científica, de nuevo la obra coordinada por el profesor Cesar en su comentario al art.96.1 Ley Concursal elaborado por VALPUESTA GASTAMINZA (pp.755 y ss).

Procede aquí indicar que tanto la resolución como la doctrina científica alegada consideran que, si bien la expresión de "cualquier interesado" contenidas en los preceptos mencionados pudiera tener un contenido amplio, en todo caso la referencia ha de entenderse hecha a "un sujeto de derecho con interés propio" (SAP n.º 243/2008, cit., FJ 2.II) y en todo caso, como continúa la argumentación de la sentencia alegada, estar en posesión de "una aptitud real y efectiva que le dote de la oportuna legitimación" teniendo lugar de hecho en la resolución recurrida la desestimación respecto de la legitimación activa pretendida por la entonces recurrente. Por su parte, la doctrina científica alegada añade que dicho interés "habrá que alegar y demostrar (lo)" (p.756). En todo caso, pues, se observa que es condición sine qua non en el proceso la ostentación de legitimación para aspirar a una estimación de las pretensiones procesales en el mismo ejercitada.

A mayor abundamiento, conviene recordar que el concepto procesal de legitimación parte de una doble definición dando lugar a los dos supuestos de legitimación únicamente admisibles en el ordenamiento jurídico, entendiendo así la primera como la "titularidad activa o pasiva de la relación jurídica material que se deduce en el proceso, la cual ha de regularse por normas de Derecho material" (legitimación ordinaria) y la "posición habilitante para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra él se formule (legitimación pasiva)... regulada por normas de naturaleza procesal" (legitimación extraordinaria) según la opinión de MONTERO AROCA, J. Derecho Jurisdiccional, t.II, proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia 2007, p.74. Por tanto, el Fondo de Garantía Salarial de no poseer la primera tendrá que disponer de la segunda pues sólo estos dos tipos de legitimación son los legalmente admisibles, a fin de serle reconocida la cualidad de parte siquiera procesal en el proceso; legitimación extraordinaria que sólo le será reconocida precisamente a través de la acción de subrogación prevista en el art.33.4 Estatuto de los Trabajadores, el cual exige la satisfación de las oportunas cantidades salariales a fin de poder reclamar su reembolso y la consideración de tales créditos como privilegiados, facultad que le confiere el art.32 de la misma ley.

En el mismo sentido se pronuncia la jurisprudencia dictada por el conjunto de las Audiencias Provinciales en sintonía con la STS de 27 de junio de 1989 (RJ 1989/4787) indicada en la sentencia de instancia; así, entre otras, SSAP de León n.º 255/2008, de 19 de junio (JUR 2008/338034) y n.º 494/2008, de 17 de diciembre (JUR 2009/212314) siendo exigido en todo caso la acreditación de la condición de abono de tales cantidades salariales a fin de poder ejercer dicha acción subrogatoria y con ello poseer la legitimación activa extraordinaria en el correspondiente procedimiento concursal. Como ha sido así indicado, el art.33.4 Estatuto de los Trabajadores "no atribuye carácter privilegiado a los créditos del FOGASA sino que otorga a este organismo una acción de reembolso. Regula, por lo tanto, una acción subrogatoria por sustitución en la posición del trabajador como titular de los créditos salariales. Y, por lo tanto, dicho precepto se limita a atribuir la acción de reembolso y a regular las consecuencias jurídicas de la subrogación" (SAP de León n.º 255/2008, cit., FJ 2.V).

No existe por el contrario otro tipo de legitimación prevista en el Estatuto de los Trabajadores respecto del FOGASA más allá de la indicada por cuanto las normas referidas por la recurrente y así, art.33.5 Estatuto de los Trabajadores o el art.6.1 RD 505/1985 de 6 de marzo, son normas procesales que regulan la exigencia de la oportuna notificación a los interesados -aquí FOGASA- a fin de preservar su derecho de defensa en el procedimiento concursal pero en absoluto le otorgan una legitimación distinta a la inicialmente prevista en el comentado art.33.4 de la primera norma, tanto más cuanto, precisamente, ambas normas mencionadas hacen referencia en este caso a su legitimación (siempre extraordinaria) pasiva y la que, en virtud del principio de igualdad procesal, sólo podrá disponer si dispone así también de legitimación activa con idénticos requisitos. Por tanto, podrá ser interesado pero desde luego la condición de parte al menos procesal y la oportunidad de ejercitar con éxito acciones procesales (en cuanto la legitimación es condición de fondo) únicamente se adquiere mediante legitimación que, en el sentido indicado, podrá ser ordinaria o extraordinaria en los términos previstos. Careciendo de la primera tendrá que cumplir los requisitos legales previstos en la norma material y así art.33.4 Estatuto de los Trabajadores, para serle atribuida la segunda.

Una distinción similar entre interesados y partes procesales se realiza el art.96.1 Ley Concursal disponiendo un dies a quo diferente para el cómputo del concreto plazo procesal y dando la oportunidad de intervención procesal a otros interesados a los que todavía no les ha sido conferido dicho carácter de parte procesal y para cuya atribución exigirá en igualdad de condiciones la correspondente legitimación. Por tanto, sólo le hubiera bastado al FOGASA en el presente caso haber acreditado el pago de los salarios reclamados para que la misma le hubiera sido reconocida en virtud de la acción subrogatoria legalmente prevista. Por el contrario, no siendo acreditado este extremo, por cuanto consta únicamente en autos la reclamación de su abono por parte de los trabajadores afectados, no puede entenderse reunida la condición exigida por el art.33.2 Estatuto de los Trabajadores para que proceda la subrogación en el derecho al pago y así conferida la legitimación activa extraordinaria a tal fin dispuesta. Y por lo que aquí respecta, no reuniendo este carácter, no procede entrar a considerar el segundo motivo de apelación alegado por la recurrente.

Por todo ello y en conclusión, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte apelante.

Quinto.-En virtud de la aplicación de las reglas de los arts.394.2 y 398.2 LEC, no procede hacer expresa imposición de costas en primera y segunda instancia para la parte apelante en el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) toda vez que ha tenido lugar la estimación parcial de su recurso. Por el contrario, respecto del recurso de apelación interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) procede hacer expresa imposición de costas a la parte apelante de las causadas en esta instancia conforme la regla contenida en el art.398.1 LEC.


FALLAMOS


 
Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) contra la sentencia de fecha de 30 de julio de 2009 dictada por el Ilmo.Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos en los autos de Incidente Concursal n.º 453/2009 y, en consecuencia, estimar la impugnación del inventario realizada en lo que respecta a la solicitud de devolución del IVA por importe de 25.979,46 euros que deberá ser excluida de la masa activa del inventario operando su señalamiento como condicional en tanto no tenga lugar el efectivo reconocimiento por los órganos de la administración tributaria; así también se declara la modificación de la calificación operada para el crédito relativo a la retención del IRPF operada respecto de los salarios de los trabajadores por importe de 2.780,34 euros que habrá de ser calificado como "crédito contra la masa". Se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia. Sin imposición de costas ni en primera ni en segunda instancia.

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) contra la sentencia de fecha de 15 de julio de 2009 dictada por el Ilmo.Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Burgos en los autos de Incidente Concursal n.º 480/2009 confirmando la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos, con imposición de las costas procesales causadas en esta instancia a la parte apelante.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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