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Sentencia A.P. Burgos 247/2010 de 26 de mayo


 RESUMEN:

Responsabilidad civil: Reclamación de cantidad. Daños y perjuicios por actuar negligente de letrada. Archivo de acción de despido por no aportar con la demanda el acto de conciliación. Falta de diligencia. Criterio del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de los abogados. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre requisitos formales de la demanda. Indemnización: Criterios de cuantificación.

BURGOS

SENTENCIA: 00247/2010

SENTENCIA N.º 247

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS

ILMOS/AS. SRES/AS:

PRESIDENTE:

DON JUAN MIGUEL CARRERAS MARAÑA

MAGISTRADOS/AS:

DOÑA ARABELA GARCÍA ESPINA

DON MAURICIO MUÑOZ FERNÁNDEZ

SIENDO PONENTE: DOÑA ARABELA GARCÍA ESPINA

SOBRE: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO

LUGAR: BURGOS

FECHA: VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL DIEZ

En el Rollo de Apelación número 389 de 2008, dimanante de Juicio Ordinario n.º 789/2007, del Juzgado de Primera Instancia n.º 5

de Burgos, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 12 de junio de 2008, siendo parte, como demandados-apelantes, D.ª Maite y ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, representados en este Tribunal por la Procuradora D.ª Belen Juarros González y defendidos por la Letrada D.ª Lydia Alvaro Espinar; y como demandante-apelada, D.ª Rosana, representada en este Tribunal por el Procurador D. Alejandro Junco Petrement y defendida por el Letrado D. Javier Sáenz de Santamaría Basco.


ANTECEDENTES DE HECHO


 
Primero.-Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador DON ALEJANDRO JUNCO PETREMENT, en nombre y representación de DOÑA Rosana, contra DOÑA Maite y ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, representadas por la Procuradora DOÑA BELÉN JUARROS GONZÁLEZ, debo condenar y condeno a las demandadas a pagar a la actora la cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS (18.342,17 €), más los intereses legales. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada".

Segundo.-Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D.ª Maite y ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, se interpuso contra la misma recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho.

Tercero.-El presente recurso de apelación ha sido deliberado y votado por la Sala en la fecha señalada al efecto el 10 de Septiembre de 2009.


FUNDAMENTOS DE DERECHO


 
Primero.-Contra la Sentencia que, estimando íntegramente la demanda formulada por D.ª Rosana contra D.ª Maite y contra la Compañía de Seguros Arch Insurance Company (Europe) Limited, Sucursal en España, en reclamación de indemnización de daños y perjuicios causados por la negligente actuación de la Letrada demandada en cumplimiento de sus obligaciones profesionales como Abogada de la actora ante la Jurisdicción Social, condena a la Letrada demandada y a su Aseguradora a abonar la cantidad reclamada de 18.342,17 €, formula recurso de apelación la parte demandada con la pretensión de que se desestime la demanda.

Fundamenta la parte apelante su pretensión de revocación de la sentencia recurrida y de que se desestime integramente la demanda, en que el archivo de la acción de despido por el Juzgado de lo Social y la correspondiente frustración del derecho de la demandante no es consecuencia del negligente obrar profesional de la Letrada demandada, sino por el contrario de una rigorista resolución judicial contraria a derecho que no se hubiera producido de ser otro el órgano judicial conocedor del asunto.

Alega la parte recurrente que no se puede partir del total éxito de la acción de despido frustrada, ya que "nadie puede prever con absoluta seguridad que la reclamación por despido nulo fuese a, en efecto, prosperar, ni que la declaración judicial de despido improcedente conllevará la suma indemnizatoria pretendida por la actora en virtud de la cuestionada antigüedad, dado que ambas pretensiones estaban sujetas a los correspondientes medios de prueba que se practicaran en el juicio, así como a los imprevisibles avatares que todo proceso suele conllevar, más si cabe cuando en este coexistían pruebas contradictorias"

Se opone, también, a la cantidad concedida en la Sentencia como indemnización de daños y perjuicios, alegando, que para el caso de que el despido hubiera sido declarado nulo, el único daño real y efectivo para la demandante sería "los 5 meses en que la misma no ha tenido ninguna percepción salarial que multiplicados por el salario base que percibía en su anterior empresa que suman 3.645,80 €; y si el despido hubiera sido declarado improcedente hubiera sido de 2.326,44 €.

La media de ambas cantidades da la cantidad de 2.984,62 € que alega la parte recurrente es más acorde con el daño real producido a la reclamante.

Segundo.-La parte recurrente reconoce, expresamente, en su recurso que la Letrada demandada D.ª Maite no acompañó con la demanda interpuesta a nombre de la actora, ejercitando acción de despido en la Jurisdicción de lo Social, la documentación acreditativa de la celebración de la conciliación o el intento de la misma, documentación que tampoco aportó cuando fue requerida para ello por resolución de 18 de Julio de 2006 del Juzgado de lo Social n.º 2 de Burgos; alegando que la omisión de su aportación fue un error meramente formal, que en ningún caso podía ocasionar el cierre del proceso.

Que como quiera que si aportó la documentación acreditativa de haberse celebrado el acto de conciliación sin avenencia (celebrado con anterioridad a la fecha de interposición de la demanda de despido) con el escrito de interposición del Recurso de Reposición contra el Auto de 13 de Septiembre de 2006 que, al no haber subsanado, en el plazo concedido, la falta de documentación advertida, acordó el Archivo de la acción de despido; el Juzgado de lo Social debería haber tenido por subsanado la misma y ordenar la continuación del procedimiento; siendo el cierre del proceso y la consiguiente frustración del derecho de la demandante fruto, no del negligente obrar profesional de la Letrada demandada, sino de una rigorista resolución judicial contraria a Derecho.

Para apreciar la responsabilidad del Abogado es preciso, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo SSTS de 30 de Noviembre de 2005, 30 de Marzo de 2006 y 22 de Octubre de 2008, que resulte probado que, como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, "se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto no susceptible de ser corregida por medios procesales de la actuación judicial- una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte suficiente para ser configurada como una vulneración objetiva del derecho a la tutela judicial efectiva y por ello un daño resarcible en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC "

"...Es menester, en suma, que exista una relación de certeza objetiva entre el incumplimiento de su obligación por parte del profesional jurídico y la inadmisión o desestimación de las pretensiones formuladas en defensa de su cliente, como ocurre de forma señalada, entre otros, en los supuestos de falta de presentación de escritos en los plazos establecidos o de omisión de trámites exigidos por la ley como carga para hacer valer las respectivas pretensiones...".

También el Tribunal Supremo, a título de ejemplo, ha señalado entre aquellos deberes, comportamientos o conductas, que en el marco de la prestación medial que exige la relación Abogado-cliente, pueden dar lugar a responsabilidad los siguientes: "informar de "pros y contras", riesgo del asunto, consecuencia o no del acceso judicial, costos, gravedad de la situación, probabilidad del éxito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, respeto y observancia escrupulosa de las Leyes Procesales, y como no, aplicación al problema de los indispensables conocimientos de la Ley del Derecho", (STS de 30 de Marzo de 2006). La infracción de estos deberes conlleva declaración de responsabilidad.

En el caso de autos se puede afirmar, sin dificultad ninguna que la Letrada demandada omitió la diligencia exigible en el cumplimiento de sus deberes profesionales al no acompañar con la demanda de despido el acta de conciliación, requisito exigido por el artículo 81.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y, sobre todo, al no subsanar la omisión en que había incurrido en el plazo de 15 días que le fue concedido por el Juzgado de lo Social en la Resolución de citación a juicio.

Consta acreditado, documentalmente en las actuaciones, sin perjuicio de haberlo reconocido también D.ª Maite en el acto del juicio, que no aportó con la demanda de despido el Acta de Conciliación, que en la citación a juicio se le requirió para subsanar el defecto y que no lo hizo porque no se percató de ello, lo que determinó se dictara el Auto de Archivo, reconocimiento que le ha llevado a la parte demandante a reconocer la calidad humana y profesional de la Letrada demandada.

Lo que se discute por la parte demandada es la concurrencia de elementos ajenos suficientes para desvirtuar la influencia de la conducta del Letrado en la producción del resultado dañoso.

Y así, -se alega- que la pérdida de acción de la demandante tuvo su única y principal causa no en la omisión de la Letrada demandada, "sino en la rígida, excesiva y equivocada decisión judicial contraria a la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva al no tener por subsanada la omisión, con la aportación de la certificación del acto de conciliación a posteriori del plazo concedido por el Juez de lo Social, después de acordado el Archivo del procedimiento, con el recurso de reposición formulado contra el mismo".

Es doctrina del tribunal Constitucional STC 13 de Enero de 1998 "que los requisitos formales no son valores autónomos que tenga sustantividad propia, sino que sólo sirven en la medida en que son instrumentos para conseguir una finalidad legítima, por lo que su incumplimiento no presenta siempre igual valor obstativo, con independencia de la transcendencia práctica del mismo; antes al contrario, los requisitos formales han de examinarse teniendo en cuenta la finalidad que con ellos pretende lograrse, para, de existir defectos, proceder a una justa adecuación de las consecuencias jurídicas por la entidad real del defecto mismo, pues debe existir proporcionalidad entre éste y aquéllas (SSTC 36/1986, 216/1989 y 172/1995).

De cuanto antecede se deriva que la interpretación y aplicación de la ley, en lo que atañe a los requisitos formales de la demanda, tiene transcendencia constitucional, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la interpretación de aquélla que sea más conforme con el principio pro accione, y lleva a favorecer la continuación del proceso, siempre que el interesado actúe con diligencia y que no se lesionen bienes o derechos constitucionales, no se grave injustificadamente la posición de la parte contraria, ni se dañe la integridad objetiva del procedimiento (SSTC 29/1985, 216/1989).

En aplicación de esta doctrina, el control constitucional ha sido especialmente riguroso en relación con decisiones judiciales que, apreciando irregularidades formales en las demandas decretaron el archivo de las actuaciones, o, en general, no dieron una respuesta sobre el fondo de la pretensión formulada (SSTC 118/1987, 11/1988, 216/1989, 25/1991, 335/1994, 84/1997, 112/1997, entre otras); respaldando este Tribunal la posibilidad de subsanar algunos de tales defectos de la demanda. En relación concretamente a la materia labora, la STC 118/1987 ya manifestó que el trámite de subsanación previsto en la Ley de Procedimiento Laboral "se propone garantizar que los importantes derechos de fondo deducidos en una demanda laboral no resulten ineficaces por el juego riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla" (fundamento jurídico 3.º".

Viene diciendo el Tribunal Constitucional que los órganos judiciales, desde luego, deben hacer una interpretación de las condiciones y requisitos de admisibilidad de la demanda, que supere el puro formalismo enervante o el simple rigorismo literalista.

Pero el que esto deba ser así, por imposición del art. 24 C.E., ni impone a los órganos judiciales soslayar la letra de la Ley, ni les permite justificar sin más una interpretación de las normas procesales, desviada de su recto sentido, en una supuesta comprensión de la Ley rituaria más favorable a la eficacia de ese mismo precepto constitucional, ni permite a las partes de la causa judicial sanar sus negligencias o impericias escudándose en un pretendido formalismo. El rechazo a toda interpretación rigorista y enervante de la legalidad procesal no debe confundirse con lo que en último término constituyen simples desconocimientos de los presupuestos procesales que las leyes establecen para la presentación de los escritos, haciéndolos del todo ineficaces; ya que de otra manera se estaría dejando al arbitrio de las partes su cumplimiento, prescindiendo de las formalidades queridas por la Ley, las cuales responden no al capricho puramente ritual del legislador, sino a la necesidad de dotar al proceso de ciertas formalidades objetivas de los derechos e intereses legítimos de los que en él intervengan. También ha declarado el Tribunal Constitucional que "cuando una vez advertido el defecto por el Órgano judicial y debidamente comunicado a las parte para que proceda a su subsanación, con expresa indicación de en que términos deba hacerse esta, se vuelve a incurrir en él o simplemente no se subsana. En casos como este ya no será exigible al órgano judicial otra cosa que la aplicación estricta del ordenamiento jurídico-procesal".

Como dice el Tribunal Constitucional en el Auto de 13 de Diciembre de 1999 "una vez cumplida la exigencia constitucional de conferir el plazo de subsanación, y habida cuenta de que ha sido la inoperancia o negligencia de la parte la causante en último término de la sanación del defecto de procedibilidad, no es posible sostener, como hacen los recurrentes que su decisión es fruto de un excesivo y desproporcionado formalismo que orilló su obligación de realizar una interpretación de las normas in favor acciones".

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de Enero de 1.998 en relación con la materia laboral ha declarado: "El art. 81 de la LP.L. prescribe, en efecto, que el órgano judicial advertirá a la parte de los defectos, omisiones o imprecisiones en que haya incurrido el actor al redactar la demanda, a fin de que lo subsane dentro del plazo de cuatro días con apercibimiento de que, si no lo efectuase, se ordenará su archivo. La doctrina elaborada por este Tribunal en torno a su precedente inmediato -el art. 72.1. de la L.P.L. de 1980 - ha tenido ocasión de precisar, de un lado, que tal atribución es constitucionalmente inobjetable puesto que responde a una finalidad razonable y necesaria, incluso de la brevedad del plazo de subsanación establecido, acorde con el principio de celeridad que preside los procesos labores (STC 154/1992, fundamento jurídico 3.º) y, de otro, que se trata, no de una mera facultad, sino de una auténtica obligación legal del órgano judicial dirigida a garantizar que los derechos e intereses legítimos deducidos en una demanda, laboral no resulten ineficaces por el jueto riguroso y formalista de la falta o defecto de los requisitos formales que pudieran imputársele a aquélla (STC 118/1987, fundamento jurídico 3.º).

El Juzgador debe advertir a la parte actora la existencia de defectos en la demanda y concederle un plazo para su subsanación, pero el incumplimiento del requerimiento judicial en el plazo legalmente establecido determina irremisiblemente el archivo de las actuaciones, excluyendo así la Ley una reiteración o cadena de subsanaciones sucesivas que podría significar el ampliar ad infinitum las posibilidades de subsanación de la demanda (STC 25/1991, fundamento jurídico 4.º)"

De conformidad con la doctrina expuesta no habiéndose subsanado la omisión en el plazo concedido a tal efecto, tal y como ha declarado del Tribunal Constitucional, la decisión judicial acordando el archivo del procedimiento, por no aportación en el plazo concedido la documentación no aportada con la demanda,no puede tacharse de rigorista y contraria a derecho, ni consecuentemente concurren elementos ajenos suficientes para desvirtuar la influencia de la conducta de la Letrado demandada en la producción del resultado dañoso en la terminología del Tribunal Supremo.

El archivo del procedimiento no es sino la consecuencia legal, lógica y razonable de la falta de aportación con la demanda de la documentación legalmente exigible, y de haber hecho caso omiso al requerimiento del órgano judicial para que procediera a su subsanación en el amplio plazo de 15 días.

Consecuentemente, la pérdida de la acción de despido por la parte actora deriva del error cometido por la letrada demandada, lo que determina su responsabilidad profesional por los perjuicios que se le hayan podido ocasionar.

Tercero.-La Sentencia recurrida para fijar la indemnización de perjuicios procedente parte del total éxito de la acción de despido pérdida, tal y como propone la parte actora.

Alega la parte demandada recurrente que "yerra el Juzgador al partir, siempre y en todo caso de la presunción del éxito absoluto de la acción de despido nulo o, subsidiariamente, improcedente, por el simple hecho de que mi patrocinada reconociera visos de éxito de la acción, ya que le Juez ad quo, para valorar la prosperabilidad de la acción, debía haber tomado en consideración todas las cuestiones que afectaban a la controversia del despido de la actora (o lo que se ha dado en llamar haber efectuado el "juicio dentro del juicio"); toda vez que en tal caso hubiera llegado a la conclusión de que no existe plena certeza del triunfo de la reclamación en su día interpuesta".

Así, con relación al despido nulo alega que por "mucho que se pretendan objetivar las causas del despido nulo, la jurisprudencia de lo social, en multitud de sentencias, ha matizado que siempre que el empresario demuestre en juicio la existencia de un motivo razonable del despido, ajeno a todo propósito discriminatorio, el Juez descartará la calificación o declaración judicial del despido nulo. Siendo, ante lo expuesto, viable como uno de los posibles resultados del procedimiento la demostración en juicio de los incumplimientos afirmados por la empresa de la trabajadora en cuanto a su menor rendimiento, sin ninguna base discriminatoria, en cuyo caso se hubiera desestimado su nulidad y reconocido judicialmente su improcedencia, por así haber sido reconocida por la empresa".

Y con relación a la petición de despido improcedente, reconoce que "no hay duda que se hubiera producido, al aceptarlo la propia empresa con el fin de evitar un juicio, acotándose la controversia judicial entre las partes sobre el importe de la indemnización a favor de la trabajadora, toda vez que la empresa entregó a la demandante la suma de 7.535,55 € y no la que pretendía aquella por valor de 17.037,81 €, en virtud de una mayor antigüedad (25.08.98), en vez de la reconocida por la empresa (02.01.2003)" y "considerando que en este juicio han surgido pruebas contradictorias, uno de los posibles resultados del procedimiento de despido podría haber sido la declaración judicial de improcedencia, pero estimando la antigüedad de la trabajadora señalada por la empresa el 2 de Enero de 2.003, no correspondiendo más indemnización que la ofrecida y ya entregada, ascendente a 7.534,55 €".

La parte recurrente, en la argumentación vertida en su recurso, para impugnar la consideración de la Sentencia recurrida del pleno éxito de las pretensiones de la demandante en el juicio de despido, olvida que D.ª Maite, en el acto del juicio, reconoció de forma inequívoca que, en su opinión profesional, el despido hubiera sido declarado nulo, pues teniendo en cuenta que la empresa ya había reconocido la improcedencia del despido, y se trataba de un caso de reducción de jornada por cuidado de hijo menor de 8 años, no había posibilidades de perder el juicio.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo último del n.º 5 del art. 55 del Estatuto de los Trabajadores ciertamente existe posibilidad teórica de despido a los trabajadores que disfruten de permisos o excedencias, en los supuestos que se declare la concurrencia de motivos de despido no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho de esos permisos; pero habiendo admitido la empresa, en la carta de despido la improcedencia del despido, precisamente por la dificultad de probar las causas del despido alegadas en justificación del mismo, como la propia Letrada demandada reconoció, no había posibilidad de perder el juicio.

En cuanto al despido improcedente, la parte señalaba que la controversia había quedado limitada al importe de la indemnización a recibir por la trabajadora, dependiendo de cual fuera la antigüedad en la empresa, si la fecha en que figura dada de alta en Instalaciones Telefónicas de Castilla y León (2 de enero de 2003) o la fecha en que figura dada de alta en TELYCAL (25 de Agosto de 1998).

Se alega por la recurrente que obra en las actuaciones prueba contradictoria respecto a este extremo. Señalando que por un lado se aporta el documento n.º 2 de la demanda, por el que se reconocía a la trabajadora que en caso de despido se le debía abonar una indemnización tomando en cuenta la antigüedad que mantenía en TELYCAL, S.L.; que por otro, la empresa Instalaciones Telefónicas de Castilla y León requerida, mediante oficio propuesto como medio de prueba por esa parte, para que determinara la antigüedad de dicha trabajadora, certificó que la fecha de alta de la citada trabajadora era el 02.01.2003, sin hacer mención o reconocer acuerdo alguno que dotara de mayor antigüedad a aquella; y que además, se presentó en el Acto de la Audiencia Previa por la demandante Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Burgos de 11 de Octubre de 2007; y que en ningún caso en dicha resolución se trata, fija o consta probado la antigüedad de la trabajadora, al no ser cuestión objeto del pleito.

Ninguna contradicción existe entre la documentación obrante en las presentes actuaciones, reseñada por la parte apelante.

Del documento n.º 2 de la demanda, documento privado de fecha 24 de Enero de 2003 (Folio 36), resulta el compromiso de los administradores de TELYCAL S.L., TELYCAS 2000 S.L. y de Instalaciones Telefónicas de Castilla y León S.L. respecto a que la indemnización que por despido le correspondiera, se fijaría "teniendo en cuenta la antigüedad que tenia en TELYCAL S.L. a la constitución de Instalaciones Telefónicas de Castilla y León S.L." y la que genere con posterioridad".

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Burgos de fecha 11 de Octubre de 2007 (aún cuando no es objeto de la misma cual es la antigüedad de la trabajadora en la empresa como señala la parte recurrente) sí dice que en el contrato suscrito el 24 de Enero de 2003 "se pactó de forma libre, 1.º) Indemnizar a los socios que sean despedidos con la indemnización correspondiente por despido computando su antigüedad real en la empresa, y además la cantidad que a la fecha del despido quede pendiente de amortizar por los citados préstamos; 2.º) La obligación de destinar todos los beneficios sociales generados por las tres sociedades al pago de las cuotas de amortización de los citados préstamos"

La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia no solo reconoce la validez y eficacia del documento privado de fecha 24 de enero de 2003, documento n.º 2 de la demanda, con base al cual estima íntegramente la demanda de la actora, sino que además declara "que las empresas interesadas pactan libremente reconocer a la demandada, en caso de despido el abono de la indemnización correspondiente a su antigüedad en "TELYCAL S.L."

Ninguna discrepancia puede extraerse o contradicción cabe inferir de la certificación emitida por Instalaciones Telefónicas de Castilla y León, que contestando a la pregunta de la recurrente respecto a la fecha de inicio de la actividad en dicha Empresa de la trabajadora D.ª Rosana, manifiesta que "según los registros de esta Sociedad así como los datos que figuran en el alta de la Seguridad Social, la fecha de incorporación en esa Empresa es el 02 de Enero de 2003"; dato que coincide con la fecha de alta en la Seguridad Social (folio 365).

Lógico era que la empresa requerida no hiciera mención alguna al acuerdo alcanzado respecto al reconocimiento de antigüedad en caso de despido, pues nada de eso se le preguntó; y una cosa es la fecha de inicio de la actividad en la empresa, que es lo que preguntó la recurrente, y otra, muy distinta, cual es la antigüedad computable a los efectos de fijar la indemnización por despido según lo pactado con la trabajadora al serle reconocido la antigüedad que la trabajadora tenía en la anterior empresa.

Las pruebas que obran en las actuaciones, lejos de introducir dudas respecto al éxito de la acción de despido, lleva a confirmar la opinión profesional de la propia letrada demandada del total éxito de la demanda de despido formulada.

Cuarto.-Se opone la demandada, en su recurso a la cuantía de la indemnización concedida por la Sentencia de primera instancia, la reclamada por la actora, 18.342,17 € que se corresponde con la media de la indemnización de daños y perjuicios que se consideraban procedentes, si hubiera sido declarado el despido mulo o se hubiere declarado el despido improcedente.

La parte actora cuantificó los daños y perjuicios en caso de despido nulo en la cuantía de 21.766,86 €, que resultaba de la suma de las partidas correspondientes a: Perdidas de Empleo durante dos años, + Salarios de tramitación durante 118 días + pérdida de la deducción por maternidad - indemnización consignada por la empresa.

En el caso de que el despido hubiera sido calificado improcedente se cuantificaba la indemnización procedente en 14.917,47 €, que resulta de las sumas de los siguientes conceptos: Indemnización legal de 45 días por despido improcedente, partiendo de una antigüedad desde el 25 de Mayo de 1998 + salarios de tramitación + pérdida de la deducción por maternidad - indemnización pagada por la empresa,

La parte demandada se opone a la inclusión como perjuicio en el caso del despido nulo, la perdida salarial por dos años, alegando que la actora a los 17 meses de la fecha del despido encontró trabajo. La Sentencia recurrida justifica la concesión de 24 meses de salario en "que el nuevo trabajo no reúne las mismas condiciones que el perdido, en cuanto es temporal, a tiempo parcial, el salario es inferior y las cotizaciones son a media jornada".

Se comparten las razones de la Juzgadora de Primera Instancia. El despido declarado nulo hubiera conllevado la readmisión de la demandada, que dado el régimen de reducción de jornada que tenía, le hubiera permitido conservar el empleo hasta que su hijo cumpliera los 8 años, en Agosto de 2012; El trabajo que encontró 17 meses después del despido tiene una duración hasta el 31 de Octubre de 2009. Frente al contrato que tenía, contrato a tiempo completo con reducción de jornada, el que ha conseguido es temporal y a tiempo parcial; con la consiguiente pérdida de cotización en la Seguridad Social. El salario liquido mensual que percibía hasta que fue despedida era de 584,74 €, siendo el actual de 415,74 €. Es evidente que su situación laboral actualmente es peor que la que tenía.

La falta de cotización, o la cotización en cuantía inferior, aun cuando la cantidad dejada de ingresar en la Seguridad Social no sea de forma directa e inmediata percibida por ella, constituye un perjuicio indemnizable.

Todas estas circunstancias justifican la concesión de las cantidades reclamadas por pérdida salarial y pérdidas de cotización durante 24 meses, aunque a los 17 meses la actora disponga ya de trabajo.

También se opone la parte demandada a la cantidad de 3914,21 €, que corresponde al importe de los salarios de tramitación por 118 días. Alega la recurrente que reclamándose la suma de los salarios no percibidos durante 24 meses, la reclamación de casi 4 meses más por salarios de tramitación, supone reclamar los mismos perjuicios dos veces.

Es cierto que los salarios de tramitación es un concepto indemnizable en el caso de despido nulo, pero es lo cierto también que los cuatro meses de salarios de tramitación reclamados han sido ya indemnizados al reconocerse una indemnización correspondiente a los salarios no percibidos durante dos años (24 meses), pese a que a los 17 meses ya estaba trabajando la actora. Procede deducir de la indemnización propuesta, la cantidad reclamada por este concepto.

Además, la parte demandada considera que de la indemnización procedente debe descontarse no solo los 7534,55 € ya recibidos de la empresa en concepto de indemnización por despido, sino también el importe de las prestaciones por desempleo percibidas, que según oficio del INEM han ascendido a 7.176,82 €.

La Sentencia de primera instancia rechaza la deducción de estas cantidades ya que la actora "de haber sido readmitida en la empresa, conservaría dichas prestaciones indemnes".

La parte demandada alega que las prestaciones son fácilmente recuperables por la actora si continúa trabajando, lo que obliga a computar el importe de la prestación por desempleo.

Es cierto que si la actora continua trabajando puede llegar a recuperar el derecho a esas prestaciones, ahora consumidas; sin embargo teniendo en cuenta que el contrato de trabajo que ha conseguido es temporal, la situación de la grave crisis económica con altísima tasa de desempleo; y que para lograr una prestación por desempleo de un año es preciso trabajar un mínimo de tres años, obliga a considerar el agotamiento de esas prestaciones como un perjuicio más, que resulta justificado compensar, no deduciendo el importe cobrado de la indemnización procedente.

Para el caso de que el despido hubiera sido declarado improcedente, resulta justificada la indemnización propuesta por la parte actora de 17.037,81 € a razón de 45 días de salario por año trabajado, partiendo de la antigüedad que resulta del documento n.º 2 de la demanda, cuya validez y eficacia, ya le ha sido reconocido a la actora en la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Burgos, de fecha 11 de Octubre de 2007, 25 de Agosto de 1998.

En este caso, despido improcedente, también procede la indemnización por los salarios de tramitación durante la tramitación del procedimiento, pues siendo un efecto legal de la declaración de despido improcedente, no se corresponde con ningún otro concepto reclamado, por lo que no existe la duplicidad de reclamación, que se alega pero no se explica en forma alguna.

Solo procede el descuento de las indemnizaciones abonadas por la empresa y no las percepciones por desempleo cobradas por la demandada, que de haber sido declarado el despido improcedente se hubieran percibido, igualmente, por la actora.

Ninguna alegación impugnatoria se hace respecto al cómputo a efectos de indemnización, de la pérdida de la deducción por maternidad, por lo que procederá mantenerla tanto a los efectos de fijar la indemnización para ambos en los casos de despido.

La media de las indemnizaciones procedentes por despido nulo y despido improcedente, respectivamente, 17.852,65 € y 17.037,81 €, asciende a 17.445,23 €, cantidad que conforme al cálculo propuesto por la parte actora ha de considerarse la indemnización procedente.

Quinto.-La parte recurrente alega que no procede el devengo de intereses sobre la cuantía fijada por la Sentencia recurrida, que -dice- "la misma acoge erróneamente".

La sentencia de primera instancia condena al pago de una cantidad en concepto de indemnización, "más los intereses legales".

Si tenemos en cuenta que no se dice en la Sentencia recurrida, ni en la parte Dispositiva, ni en los Fundamentos de Derechos qué tipo de intereses legales son los que se devengan; y que en la demanda solo se reclamaron los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; es claro que los intereses legales impuestos en la sentencia recurrida son los intereses legales derivados de la mora procesal.

Estos intereses por ministerio de Ley (artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sin necesidad de petición expresa y sin necesidad, siquiera, de que la sentencia contenga pronunciamiento expreso, se devengan a favor del acreedor por toda cantidad de dinero líquida a cuyo pago condena una sentencia desde que fuera dictada en primera instancia, por lo que su imposición por la sentencia recurrida resulta del todo procedente.

Sexto.-La estimación parcial del recurso de apelación y también de la demanda determina que no se ha imposición de las costas de ambas instancias (art. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).


FALLO


 
Por lo expuesto este Tribunal decide:

Se estima parcialmente el recurso de apelación formulado por la parte demandada D.ª Maite y Arch Insurance Company (Europe) Limited contra la Sentencia de fecha 12 de Junio de 2008, dictada por la Ilma. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Burgos, que se revoca, parcialmente, en el solo sentido de fijar la indemnización que deben abonar solidariamente las demandadas a la actora D.ª Rosana en la cantidad de 17.445,23 € que, desde la fecha de la Sentencia de primera instancia, devenga los intereses legales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se hace imposición de las costas de ambas instancias.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente D.ª ARABELA GARCÍA ESPINA, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario, certifico.


Este documento reproduce el texto oficial distribuido por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Lex Nova se limita a enriquecer la información, respetando la integridad y el sentido de los documentos originales.
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